Casa Grande S.A.A — Res. 337-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Discriminación en el trabajo (sub materia: otras discriminaciones). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por realizar actos de discriminación remunerativa, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole la multa ascendente a la suma de S/ 283,500.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo del RLGIT. Imponiéndole la multa ascendente a la suma de S/ 9,450.00.

i. Se debe declarar la nulidad de la resolución apelada, pues la imputación de cargos no cumple con su finalidad de dar a conocer a la inspeccionada de forma clara, precisa y suficiente el hecho por el cual se inicia el procedimiento sancionador. Asimismo, la autoridad instructora no revisó el acta de infracción, no advirtiendo el incumplimiento de requisitos insubsanables, como la firma del supervisor inspector.

ii. La diferenciación remunerativa debe basarse en el artículo 6 del DS. 002-2018-TR; es decir, en criterios objetivos, al igual que en el numeral 8.2.2.2. del Protocolo N° 004-2019- SUNAFIL/INII. Estos criterios pueden ser la antigüedad, la experiencia laboral, el perfil académico, entre otros que permitan la diferenciación entre trabajadores de la misma categoría.

iii. El señor Roncal Centurión ostentaba el cargo de maestro mecánico que es superior a la del trabajador Gutiérrez Salazar, quien ostentaba un cargo menor, obrero ayudante- caldero; siendo que, cuando paso a ocupar la labor de menor nivel, su remuneración no puede ser disminuida por el derecho adquirido, considerando además que el mencionado trabajador tiene mayor antigüedad, pues culmino sus estudios en el año 1998, mayor antigüedad laboral, y mayor experiencia laboral. Por tanto, no se afecta el derecho de igualdad, al existir causas objetivas y razonables debidamente acreditadas.

iv. Los trabajadores Díaz Tapia y Flores Bautista tienen mayor experiencia laboral, según los certificados de trabajos presentados; respecto al trabajador Chávez Villarreal, incluso el trabajador Díaz Tapia tiene mayor perfil académico o educativo, al ser mecánico de mantenimiento de SENATI graduado en 1989, lo cual demuestra su mayor experiencia y extensa trayectoria al momento que fue contratado, cumpliéndose con acreditar objetivamente la diferencia remunerativa, siendo que se ha inobservado el principio de legalidad y de jerarquía.

v. No se ha obtenido una resolución debidamente motivada y se ha vulnerado el derecho a la prueba, pues no existe pronunciamiento expreso de los siguientes documentos: “Carpeta con el nombre de SUNAFIL”, aquella que acredita las diferencias remunerativas; copia de la sentencia de vista que orienta cual es el razonamiento para seguir en caso de homologación, y todos los documentos presentados en el expediente técnico.

vi. Mediante escrito de fecha 30 de noviembre del 2020, la impugnante presentó un CD con una carpeta que contiene: 1) evolución remunerativa, 2) soldadores auxilio mecánico, 3) soldadores mantenimiento mecánico, 4) informe que permite acreditar y sustentar los criterios objetivos.

i. Al respecto, el acta de infracción forma parte de la imputación de cargos, la cual describe los hechos imputados y contiene la propuesta de sanción realizada por el personal inspectivo. Por tanto, se verifica que no se afectó el derecho de defensa o el debido procedimiento de la impugnante. Asimismo, el inspector de trabajo se encuentra facultado para emitir el acta de infracción, no siendo necesaria la intervención o refrendo para su emisión, toda vez que el inspector de trabajo goza de independencia y autonomía técnica y de acuerdo a las competencias del artículo 6 de la Ley N° 28806.

ii. Sobre el CD del expediente de actuaciones inspectivas presentado por la inspeccionada, se verifica que el trabajador Chávez Villarreal y el señor Días Tapia, tienen un similar nivel profesional técnico e incluso respecto al señor Chávez se puede evidenciar mayor capacitación especializada. Por tanto, lo señalado por la inspeccionada carece de sustento; en ese sentido, siendo el señor Chávez Villlareal un profesional técnico acreditado, a diferencia del señor Flores Bautista, quien no tienen título profesional, este goza de menor remuneración respecto al señor Bautista, pese a no tener mayor especialización en la profesión como técnico.

iii. Respecto al trabajador Gutiérrez Salazar, si bien la impugnante señalo que el señor Roncal Centurión ostentaba el cargo de maestro mecánico (2007 al 2010), y el señor Gutiérrez Salazar un cargo menor, obrero-ayudante-caldero; no se puede verificar que dicho cargo sea superior al cargo de soldador, por tanto, el argumento carece de sentido. Asimismo, precisa que durante la tramitación del expediente inspectivo, así como durante la tramitación del expediente sancionador, la impugnante no ha presentado documento alguno que sustente el hecho de considerar la antigüedad y especialización de los

2 Notificada a la inspeccionada el 12 de julio de 2021, ver fojas 62 del expediente sancionador. trabajadores al momento de su contratación, como un criterio para poder determinar si corresponde un mayor o menor sueldo; así como no presento algún documento que pueda acreditar que el cargo de maestro es superior al de soldador.

iv. Del numeral 21 al 29 de la resolución apelada, se verifica que la Subintendencia de Resolución si se pronunció sobre los hechos verificados, incluso realizó un cuadro con el detalle de las observaciones respecto de los trabajadores afectados, señalando que no se acreditó con un documento probatorio la justificación de la diferenciación salarial verificada, por lo que correspondió desestimar lo señalado.

v. La nueva prueba se puede presentar solo a través del recurso de reconsideración. Si bien en el presente caso la apelante presentó un nuevo CD (adicional a los presentados durante las actuaciones inspectivas); sin embargo, los informes del señor Chávez Villarreal Jorge Luis y del señor lGutiérrez Salazar Víctor Hugo, no fueron presentados durante el procedimiento inspectivo ni sancionador, por lo que no corresponde presentarlos a través del recurso de apelación o como un adicional al recurso de apelación, para ser analizado por una segunda instancia al no ser la vía idónea.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 “Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa

Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que sean sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 6 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR CASA GRANDE S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- Sobre la Imputación de Cargos

Precisa que, de la revisión de la imputación de cargos, no se describe la supuesta conducta infractora que se le imputa a la impugnante, y si bien la imputación de cargos hace referencia al acta de infracción, no se precisa que extremos del acta de infracción describen en forma concreta los alcances de la imputación, desconociéndose uno de los requisitos para el correcto ejercicio de la potestad sancionadora, que es el notificar a los administrados los hechos que se le imputen, la calificación de las infracciones que tales hechos puedan constituir y la expresión de la sanciones. Sin embargo, la resolución impugnada ha considerado que dicha circunstancia grave no vulnera algún derecho como administrado.

Existe una interpretación errónea del artículo 254.1.3 del TUO de la LPAG respecto a la notificación de la imputación de cargos, toda vez que la Resolución de Intendencia concluye que no se habría producido alguna vulneración porque la imputación de cargos se encontraría sustentada en el acta de infracción; no obstante, ese razonamiento vulnera la finalidad del Decreto Legislativo N° 1272. En ese sentido, la Intendencia ha realizado el

análisis de la imputación sobre el acta de infracción, mas no sobre la imputación de cargos en sí misma, lo que supone una interpretación errónea del artículo 254.1.3 del TUO de la LPAG.

- Respecto a no acreditar las causas objetivas

Precisa que la Resolución de Sub Intendencia concluyó que la impugnante no acreditó la existencia de causas objetivas que justifiquen la diferencia salarial entre los supuestos trabajadores afectados, Víctor Gutiérrez Salazar -soldador de mantenimiento mecánico- y Jorge Luis Chávez Villarreal -soldador de auxiliar mecánico-, y sus presuntos homólogos. Sin embargo, en los descargos sobre el informe final, se señaló que los homólogos cuentan con distinta experiencia laboral debido a que ocuparon el puesto de maestro soldador. Entonces, se ve que existie vulneración al debido procedimiento, ya que la imputación de cargos, la resolución de sub intendencia y la resolución impugnada no emitieron pronunciamiento sobre dicho aspecto trascendental, a pesar de que constituye un criterio objetivo (la trayectoria laboral distinta) contenido en la Casación N° 208-2005-PASCO y que la Corte Suprema ha ratificado. Asimismo, el homólogo Ulises Díaz Tapia culminó sus estudios de mantenimiento en marzo de 1989, mientras que el trabajador Jorge Chávez Villarreal recién terminó sus estudios como técnico en diciembre de 1994, existiendo una diferencia de 5 años respecto de la formación profesional. Además, la Intendencia ha desconocido que el homologo Marco Flores Bautista cuenta con estudios superiores sobre contabilidad computarizada. Así también, se precisó que el trabajador afectado, Víctor Gutiérrez Salazar, y su homólogo, Alfredo Roncal Centurión, cuentan con trayectoria laboral distinta, porque ocuparon cargos disímiles antes de marzo de 2010.

Respecto a ambos argumentos, la resolución intendencia no se ha pronunciado, confirmando la resolución de primera instancia.

- Respecto a la falta de valoración de los medios probatorios

Precisa que la impugnante presentó diversos medios probatorios el 30 de noviembre del 2020 que evidenciaban que no había ocurrido en alguna conducta infractora; sin embargo, la Intendencia, vulnerando su derecho de defensa, debido procedimiento, entre otros principios administrativos, señaló que no corresponde pronunciarse sobre los medios de prueba extemporáneos. Tras excluir dichas pruebas, concluye que no se habría presentado documentación que acredite la existencia de causas objetivas que justifiquen la diferencia salarial, vulnerándose el principio de verdad material y de presunción de licitud; asimismo, se vulnera el principio de licitud, ya que se le trasladó a la impugnante la carga de probar su inocencia, en lugar de que la Intendencia demuestre y justifique porque ambos trabajadores pueden ser comparados pese a ocupar cargos distintos (cargo de maestro y de soldador).

Ahora, ya que la impugnante acreditó que los trabajadores afectados y los supuestos homólogos cuentan con una trayectoria laboral distinta, debido a que ocuparon cargos distintos, para la imposición de una multa corresponde a la Intendencia determinar si los trabajadores podían ser comparados, y de ser así, debió determinar porque las diferencias remunerativas entre ellos supondrían un acto de discriminación, hecho que no ha ocurrido en el presente caso. Además, conforme se evidencia del considerando 22 de la resolución impugnada, el trabajador Víctor Gutiérrez Salazar ocupo el cargo de soldador, mientras que el señor Alfredo Roncal Centurión ocupo el cargo de maestro, existiendo una trayectoria laboral distinta que impide compararlos. Sin embargo, en la resolución impugnada no se detalla como dos personas que tienen cargos distintos podrían compararse, existiendo una diferencia objetiva que impedía hacerlo.

- Sobre la vulneración al principio del debido procedimiento por falta de motivación.

Precisa que los inspectores proponen una multa administrativa por no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento, la cual suponía adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones presuntamente vulneradas. Sin embargo, como se ha demostrado, nunca existió una vulneración a dicho ordenamiento. Además, al tener la medida inspectiva de requerimiento un carácter unitario, en caso se verifique que no se respeta el principio de legalidad, vulnerándose el artículo 14 y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, la impugnante alega que no se encontraba obligada a cumplir con la medida impuesta, criterio ratificado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la Resolución N° 82-2021-SUANFIL/TFL.

- Sobre la vulneración al principio de razonabilidad

Precisa que, ni la imputación de cargos, ni en la resolución de sub intendencia e intendencia, se han presentado medio probatorio alguno que fundamente que la impugnante ha incurrido en discriminación. Por ello, se le imputa una infracción al ordenamiento solo con el hecho de verificar que los trabajadores a la fecha cuentan con cargo similar.

Este supuesto vulnera el principio de razonabilidad, del debido procedimiento, y falta de motivación, toda vez que además de no estar justificados los presuntos incumplimientos mediante un medio probatorio que brinde certeza, se ha demostrado que la diferencia salarial se encuentra sustentada válidamente en criterios objetivos y razonables reconocidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, por lo que la imposición de un multa en dichas circunstancias vulnera el principio de razonabilidad

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la alegada vulneración al derecho a la igualdad salarial sin discriminación laboral

Sociales y Culturales por vía de interpretación habilitada por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política7.

7 Constitución Política del Perú Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: (…) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. (…) “Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.” (…) Disposición Final y Transitoria de la Constitución Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Exp. N° 048-2004 PI/TC, fundamento 62. responsabilidad y son ejecutados en el mismo establecimiento bajo similares condiciones, salvo que la diferencia se base en la antigüedad del mérito o la calidad o cantidad de producción o cualquier factor objetivo distinto”9 (énfasis añadido).

9 BLUME MOORE, Ivan, Mejoras salariales y principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores. En http://revistas.puc. Edu.pe/index/php.iusetveritas/article/viewfile/12090/12657.

Sobre la Medida Inspectiva de Requerimiento 6.14. Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, pueden adoptar acciones orientas a la misma, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”(énfasis añadido).

- Resolución de Sub Intendencia N° 250-2020-SUNAFIL/IR-LL/SIRE

- Resolución de Intendencia N° 089-2021-SUNAFIL/IRE-LIB

Sobre la aplicación del incremento de sanción establecido en el numeral 48.1-C del artículo 48 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo en el presente caso

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la SUNAFIL, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

10 Fundamento jurídico 35 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de marzo de 2004, exp. 04293-2012-PA/TC

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CASA GRANDE S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 089-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 09 de julio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de la Libertad dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 192-2019-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 089-2021-SUNAFIL/IRE-LIB en todos sus extremos.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a CASA GRANDE S.A.A. y a la Intendencia Regional de la Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de la Libertad.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga