Cantarana Sociedad Anónima Cerrada en Liquidación — Res. 891-2026

Mediante Orden de Inspección N° 1903-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral en materia de relaciones laborales, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 140-2020-SUNAFIL/IRE-ANC (en adelante, el Acta de Infracción). Las actuaciones inspectivas se iniciaron en mérito a la denuncia formulada

Que, mediante Imputación de cargos N° 007-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, notificado el 08 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 119-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIAI, notificado el 19 de abril de 2021 (en adelante, el Informe Final) que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Áncash, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 235-2021- SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, notificada el 14 de junio de 2021, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 02 de julio de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 235-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE.

Mediante Resolución de Intendencia N° 066-2021-SUNAFIL-IRE-ANC, notificada el 04 de octubre de 2021, la Intendencia Regional de Áncash declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 26 de octubre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Áncash el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 066-2021- SUNAFIL-IRE-ANC.

La Intendencia Regional de Áncash admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, los mismos que fueron recibidos el 05 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante Resolución N° 203-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, notificada el 29 de marzo de 2022, el Tribunal de Fiscalización Laboral declaró fundado en parte el recurso de revisión únicamente en el extremo referido a la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, disponiendo suspender el trámite del presente procedimiento al advertir que tres de las personas consideradas como trabajadores afectados habían promovido procesos judiciales sobre desnaturalización de contratos, en los que se discutía la existencia de una relación laboral con la inspeccionada. En ese contexto, concluyó que el pronunciamiento jurisdiccional resultaba previo y necesario para resolver la controversia administrativa relativa a la configuración de las infracciones por falta de registro en planilla, omisión de inscripción en los regímenes de seguridad social y el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

Respecto del trabajador B.D.A.S., el proceso judicial tramitado en el Expediente N° 02247- 2020-0-2501-JR-LA-082 concluyó con la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° Doce, de fecha 25 de enero de 2024, que confirmó la sentencia de primera instancia y declaró infundada la demanda sobre desnaturalización de contratos de locación de servicios, indemnización por despido arbitrario y pago de beneficios sociales, al determinar que no se acreditó la existencia de una relación laboral entre el demandante y las empresas Cantarana S.A.C. y Corporación Pesquera 1313 S.A. Dicha decisión quedó consentida mediante Resolución N° Trece, de 1 de abril de 2024, al no interponerse recurso de casación, disponiéndose posteriormente el archivo definitivo del proceso mediante Resolución N° Veintiuno, de 9 de abril de 2024. Asimismo, de la consulta efectuada al Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial se advierte que el citado proceso registra actualmente el estado de "Archivo Definitivo". En consecuencia, al haberse emitido un pronunciamiento judicial firme en el proceso judicial cuya resolución se encontraba pendiente al momento de disponerse la suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo del recurso de revisión interpuesto.

Respecto del trabajador A.A.M.S., el proceso judicial tramitado en el Expediente N.° 02250-2020-0-2501-JR-LA-01 concluyó con la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° Veintiuno, de 10 de septiembre de 2025, que revocó la sentencia de primera instancia y declaró infundada la demanda sobre desnaturalización de contratos de locación de servicios, indemnización por despido arbitrario y pago de beneficios sociales, al determinar que el demandante no acreditó la existencia de una relación laboral, al no haberse demostrado los elementos de subordinación ni los rasgos de laboralidad necesarios para desvirtuar la naturaleza civil de la contratación. Dicha decisión quedó consentida mediante Resolución N° Veintidós, de 29 de septiembre de 2025, al no interponerse recurso de casación. Asimismo, de la consulta efectuada al Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial se advierte que el citado proceso registra actualmente el estado de "En ejecución". En consecuencia, al haberse emitido un

Respecto del trabajador M.A.M.M., el proceso judicial tramitado en el Expediente N° 02248-2020-0-2501-JR-LA-06 concluyó sin emitirse pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En efecto, mediante Resolución N° Diecisiete, de fecha 7 de diciembre de 2022, el Sexto Juzgado Laboral de Chimbote declaró la conclusión del proceso por la inconcurrencia de ambas partes a la audiencia de juzgamiento en dos oportunidades, ordenando el archivo definitivo del expediente. Dicha decisión quedó consentida mediante Resolución N° Dieciocho, de 10 de enero de 2023, al no haberse interpuesto recurso de apelación, disponiéndose la remisión de los actuados al archivo definitivo. Asimismo, de la consulta efectuada al Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial se advierte que el citado proceso registra actualmente el estado de "Archivo Definitivo". En consecuencia, al haber culminado de manera definitiva el proceso judicial cuya tramitación motivó la suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo del recurso de revisión interpuesto.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CANTARANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN LIQUIDACION presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 066-2021-SUNAFIL-IRE-ANC, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 05 de octubre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CANTARANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN LIQUIDACION.

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (en adelante TUO del DL 728), establece en el artículo 4 la presunción de existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado en “…toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados”, siendo ésta una presunción iuris tantum.

De lo expuesto, se colige que existe un vínculo de naturaleza laboral cuando se presenten los siguientes tres (3) elementos: (i) prestación personal del servicio, (ii) remuneración, y (iii) subordinación; siendo este último el elemento distintivo entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios, el cual adopta una serie de manifestaciones cuyo descubrimiento nos lleva a concluir el carácter laboral de una relación contractual.

Por su lado, el contrato de locación de servicios es definido en el artículo 1764 del Código Civil como aquel acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga sin estar subordinados al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. De lo anterior, se advierte que el elemento esencial diferenciador entre uno y otro contrato es la subordinación.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 22 de octubre de 2012 recaída en el Expediente N° 03146-2012-PA/TC, en cuyo fundamento 3.3.3, señala: “Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud”. (énfasis añadido).

En ese contexto, sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo en nuestro ordenamiento laboral, el profesor Guillermo Boza señala que, “Son dos los datos que merecen rescatarse de lo prescrito en el artículo 4 de la LPCL. De un lado, se requiere de la conjunción de todos los elementos, y allí radica su esencialidad, para generar una relación de naturaleza laboral, por lo que si faltara alguno de ellos estaríamos ante una relación de naturaleza distinta -civil o comercial-. Pero, por otro lado, que su sola presencia -de los elementos esenciales- hace presumir la existencia de una relación laboral de carácter indefinido. La presunción establecida ex lege supone, por tanto, únicamente una preferencia por los contratos a plazo indefinido, al mismo tiempo que muestra el carácter excepcional de los contratos bajo modalidad (temporales), pero correspondiéndole siempre a quien alega la existencia de una relación laboral que, en su caso, confluyen los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. Acreditada la existencia del contrato de trabajo se presume que la duración del mismo es indefinida. No obstante, se trata de una presunción relativa, por lo que podrá demostrarse en cada

Sobre el particular, el profesor Guillermo Boza señala que: “Estos elementos, llamados «típicos», cumplen, en estricto, una doble función: de un lado, actúan como indicios o rasgos de laboralidad de la relación, por lo que permitirán calificar como laboral una relación si, en ella, alguno de los elementos esenciales no está claramente acreditado. (…) Los elementos que suelen calificar a una relación de trabajo como típica son los siguientes: • La duración de la relación: el contrato de trabajo puede ser a plazo indefinido o encontrarse sujeto a modalidad; • La duración de la jornada: que puede ser a tiempo completo o tiempo parcial; • El lugar de prestación del servicio: el mismo que puede realizarse en el centro de trabajo o fuera de él; y, • El número de empleos (o empleadores) que tiene el trabajador: los servicios que se presten pueden ser exclusivos —para un solo empleador— o se puede estar pluriempleado.11 ”

En el presente caso corresponde analizar si la autoridad inspectiva acreditó y motivó suficientemente la existencia de una relación laboral entre la impugnante y las personas intervenidas, presupuesto necesario para atribuir el incumplimiento de las obligaciones sociolaborales relativas al registro en planilla y a la inscripción en los regímenes de seguridad social en salud y en pensiones.

En efecto, conforme se verifica del Acta de Infracción, en el numeral 4.3 de los Hechos Constatados se deja señalado lo siguiente:

De la revisión del Acta de Infracción se aprecia que la autoridad inspectiva desarrolló actuaciones dirigidas a verificar la naturaleza de los servicios prestados por las personas intervenidas, identificando a quienes fueron encontrados en el centro de trabajo,

Sin embargo, esta Sala advierte que la actuación inspectiva se concentró principalmente en describir los hechos constatados y en desestimar los argumentos y medios probatorios ofrecidos por el sujeto inspeccionado, sin desarrollar una motivación suficiente que permitiera explicar de qué manera tales hechos acreditaban la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, en especial la subordinación, elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y la locación de servicios. En efecto, la autoridad inspectiva se limitó a afirmar la existencia del vínculo laboral sin exteriorizar el razonamiento inferencial que justificara dicha conclusión.

En este contexto, resulta determinante tener en cuenta que, mediante Resolución de Sala Plena N° 006-2022-SUNAFIL/TFL, vigente a partir del 19 de setiembre de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria respecto al principio de primacía de la realidad, señalando lo siguiente:

Por lo anotado, en caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley Nº 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación”.

Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación a este principio debe estar justificada en la comprobación directa o indirecta de la infracción imputada.” (énfasis añadido).

Conforme al precedente citado, la aplicación del principio de primacía de la realidad no se agota en la constatación de determinados hechos ni en la desestimación de los descargos formulados por el sujeto inspeccionado. Por el contrario, exige que la autoridad administrativa exteriorice una motivación suficiente que permita explicar, a partir de los hechos comprobados durante la fiscalización, por qué estos evidencian la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo y justifican la calificación de la relación jurídica como laboral.

En el presente caso, si bien la autoridad inspectiva desarrolló diversas actuaciones de investigación y valoró los medios probatorios incorporados al procedimiento, la motivación contenida en el Acta de Infracción no permite advertir de qué manera los hechos constatados acreditaban la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo. En particular, no explicó cómo tales hechos evidenciaban el ejercicio del poder de dirección por parte del sujeto inspeccionado, elemento esencial para afirmar la existencia de subordinación.

La insuficiencia de dicha motivación resulta particularmente relevante si se considera que varios de los hechos valorados por la autoridad inspectiva, como la presencia de las personas intervenidas en el centro de trabajo, la prestación personal de los servicios, las labores que realizaban e incluso la referencia a una determinada jornada de trabajo, constituyen únicamente elementos típicos o indicios de laboralidad. Conforme se señaló en el fundamento 6.15 de la presente resolución, dichos elementos pueden coadyuvar a la determinación de la naturaleza laboral de una relación jurídica cuando son apreciados conjuntamente con los elementos esenciales del contrato de trabajo; sin embargo, por sí solos no permiten acreditar la existencia de subordinación. En ese sentido, aun cuando tales circunstancias fueron valoradas por la autoridad inspectiva, ello no la eximía del deber de motivar de qué manera los hechos comprobados evidenciaban el ejercicio del poder de dirección por parte del sujeto inspeccionado, exigencia que no se aprecia satisfecha en el presente caso.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la actuación inspectiva no acreditó ni motivó suficientemente la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, especialmente la subordinación, requisito necesario para aplicar el principio de primacía de la realidad y atribuir a la impugnante las obligaciones derivadas de una relación laboral. En tales condiciones, la determinación del vínculo laboral carece de sustento suficiente para sustentar las infracciones tipificadas en el numeral 25.20 del artículo 25 y en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, referidas al registro en planilla y a la inscripción en los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Del mismo modo, al encontrarse sustentada la medida inspectiva de requerimiento en dicha determinación, también corresponde dejar sin efecto la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado reglamento.

En tal sentido, esta Sala determina que no se ha acreditado en las actuaciones inspectivas que la impugnante incurriera en las infracciones imputadas, correspondiendo amparar el recurso de revisión en dichos extremos y dejar sin efecto las infracciones muy graves tipificadas en el numeral 25.20 del artículo 25, en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B (respecto de la omisión de inscripción en los regímenes de seguridad social en salud y pensiones) y en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT (por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento).

Complementariamente se debe precisar, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, que no constituye causal de nulidad la apreciación distinta de la valoración de los medios probatorios y de la aplicación del derecho por parte de las instancias anteriores en el presente caso.

Finalmente, en atención al sentido de la presente decisión, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás alegatos formulados por la impugnante en su recurso de revisión.