Camposol S.A — Res. 1159-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Trabajador extranjero (Sub Materia: Autorización por la Autoridad Administrativa de Trabajo; Formalidad del contrato de trabajo extranjero); Contratos de trabajo (Sub Materia: Condiciones de trabajo); y Remuneraciones (Sub Materia: Pago de bonificaciones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE, por contratos de trabajo, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascedente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción GRAVE, por el incumplimiento de las formalidades del contrato de trabajo extranjero, tipificada en el numeral 42.1 del artículo 42° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascedente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE, por no acreditar la autorización por la autoridad administrativa de trabajo para la contratación con el personal extranjero, tipificada en el numeral 43.1 del artículo 43° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascedente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE, por no dar cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascedente a S/. 11,572.00.

i. Corresponde señalar que, al momento de suscribirse el primer contrato de trabajo con fecha 10 de octubre de 2018, la empresa contaba con toda la documentación necesaria e idónea para acreditar la calidad migratoria correspondiente, por lo que no existió incumplimiento en este aspecto. ii. En relación con los contratos celebrados el 15 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, si bien en estos no se incluyó la cláusula referida al pago de pasajes de retorno, ello obedeció a la aplicación de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 008-2018-TR, la cual dejó sin efecto la exigencia normativa contenida en el artículo que disponía dicha obligación. En consecuencia, la exclusión de la mencionada cláusula se encuentra plenamente justificada y, al momento de la extinción del vínculo laboral, la empresa no se encontraba obligada a asumir el transporte al país de origen, ni mucho menos a acreditar documentalmente su cumplimiento. Sin perjuicio de ello, la empresa efectuó el pago de la suma de S/.

i. En virtud del Principio del Debido Procedimiento, se reconoce a las partes del procedimiento administrativo sancionador todas las garantías necesarias para ejercer adecuadamente su derecho de defensa, incluyendo la posibilidad de presentar argumentos, ofrecer pruebas y recibir una decisión debidamente fundamentada por parte de la SUNAFIL. En este marco, corresponde destacar que SUNAFIL, como autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo según la Ley N° 29981, tiene la función de imponer sanciones por el incumplimiento de las normas sociolaborales. A su vez, el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad establece que la Intendencia Regional actúa como segunda instancia dentro del procedimiento administrativo sancionador, ejerciendo la competencia resolutiva en los casos sometidos a su conocimiento. ii. En lo relativo a las obligaciones del empleador en la contratación de trabajadores extranjeros, el Decreto Legislativo N° 689 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-TR, establecen que dichos contratos deben celebrarse por escrito, a plazo determinado y presentarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para su aprobación, debiendo también contar con cláusulas específicas y requisitos formales. Además, según lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 176-2018-TR, aplicable a ciudadanos venezolanos con Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario-Provisional, se exige que el contrato no exceda la vigencia del permiso migratorio y que este constituya

una condición necesaria para su validez. La pérdida de dicho permiso extingue automáticamente la relación laboral, siendo responsabilidad del empleador verificar y cumplir estas condiciones. iii. En este contexto normativo, se ha verificado en el Acta de Infracción que el ciudadano venezolano laboró para la inspeccionada desde el 11 de octubre de 2018 hasta el 15 de marzo de 2021, sin que se hayan cumplido las formalidades exigidas para la contratación de trabajadores extranjeros. Asimismo, se constató que no se respetaron las condiciones establecidas en el contrato de trabajo, incurriendo así en infracción conforme al artículo 9° del Decreto Legislativo N° 689 y sus disposiciones reglamentarias. Esta omisión implica responsabilidad administrativa del empleador al no haber gestionado adecuadamente la aprobación del contrato ni garantizado el cumplimiento de las obligaciones legales exigidas en la contratación de personal extranjero. iv. Al respecto, si bien la impugnante sostiene que, al momento de suscribir el primer contrato de trabajo con el extrabajador extranjero en octubre de 2018, la empresa contaba con toda la documentación necesaria para acreditar su calidad migratoria. No obstante, conforme a lo consignado en el Acta de Infracción, no se acreditó la existencia de una calidad migratoria vigente ni documentación que la respalde al momento de suscribir los contratos de trabajo celebrados en julio de 2019, marzo de 2020 y junio de 2020, en contravención de lo exigido por la normativa vigente sobre contratación de personal extranjero. Cabe precisar que, según los artículos 16° y 47° de la LGIT, los hechos verificados por los inspectores y consignados en las actas de infracción, cuando se emiten cumpliendo los requisitos legales, gozan de presunción de veracidad. En este caso, no se han aportado pruebas suficientes para desvirtuar lo constatado por el personal inspectivo, motivo por el cual corresponde desestimar el argumento del recurso de apelación, al haberse evidenciado el incumplimiento de las formalidades exigidas para la contratación de trabajadores extranjeros. v. De otra parte, ante la omisión de la cláusula sobre el pago de los pasajes de retorno en los contratos suscritos en marzo y junio de 2020, por el cual, la impugnante alega que se debe a la derogación normativa dispuesta en la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 008-2018-TR, ya que, al haber quedado sin efecto el artículo que exigía dicha cláusula, ya no era obligatorio incluirla, ni correspondería acreditar su cumplimiento con algún documento al finalizar la relación laboral. Sin perjuicio de ello, la impugnante señala que se entregó al trabajador extranjero una suma destinada a cubrir sus pasajes, lo cual se acreditó mediante constancia de abono y conformidad de recepción. Sobre este aspecto, si bien se ha verificado que efectivamente se realizó el depósito del monto señalado y que existe correspondencia electrónica que acredita la conformidad del trabajador respecto al dinero recibido, se considera que ello constituye una subsanación de la infracción originalmente detectada. Por lo que, en aplicación del artículo 40° de la LGIT y el artículo 49° de su reglamento, al acreditarse la subsanación antes del vencimiento del plazo para interponer recurso de apelación, corresponde reducir la multa originalmente impuesta al 30%, quedando ésta en la suma de S/. 2,072.40. vi. En cuanto a la normativa vigente, establece que, al verificarse el incumplimiento de las normas sociolaborales, el personal inspectivo está facultado para adoptar medidas correctivas, como lo es la medida de requerimiento. Esta tiene por finalidad ordenar al sujeto inspeccionado que subsane las infracciones detectadas en un plazo determinado, garantizando así el cumplimiento del ordenamiento jurídico. En ese sentido, el incumplimiento de dicha medida constituye una infracción muy grave a la labor inspectiva, conforme lo señala el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al

no atenderse oportunamente una orden expresa emitida por la autoridad competente. vii. En efecto, la medida inspectiva de requerimiento reviste una naturaleza correctiva que busca revertir los efectos de la conducta infractora de forma previa al inicio del procedimiento sancionador. Su incumplimiento afecta gravemente la eficacia del sistema de fiscalización, ya que debilita el objetivo preventivo y restaurador de la labor inspectiva. En tal sentido, debe entenderse que esta infracción es de carácter insubsanable, dado que la subsanación fuera del plazo otorgado no revierte el impacto producido por la desobediencia durante el proceso de inspección. viii. Frente a ello, la impugnante manifestó que existe una duplicidad, esto al sancionarse tanto las infracciones sociolaborales como el incumplimiento de la medida de requerimiento, sosteniendo que ello vulneraría el Principio de Non Bis In Ídem. No obstante, este principio solo se configura cuando concurren tres elementos: identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. En el presente caso, la sanción por no acatar una medida inspectiva responde a una conducta distinta: el incumplimiento de una orden de corrección emitida dentro de un procedimiento específico, con lo cual no existe superposición total de los elementos exigidos por el citado principio. ix. Más aún, tanto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Fiscalización Laboral han señalado que para que opere la prohibición de doble sanción deben coincidir exactamente el sujeto infractor, los hechos imputados y los fundamentos jurídicos de ambas infracciones. En este caso, la sanción por incumplimiento de las obligaciones laborales y la sanción por desobedecer una medida de requerimiento no son equivalentes, ya que protegen bienes jurídicos distintos: el primero busca salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores, mientras que el segundo garantiza la autoridad y eficacia del procedimiento inspectivo. Por ello, no se configura una doble punición indebida. x. Con respecto a la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, no resulta aplicable al presente caso, ya que los hechos sancionados son distintos. Mientras en aquella resolución se trataba de un incumplimiento vinculado al pago de beneficios pactados en un convenio colectivo —ya sancionado de manera individual—, en este procedimiento se evalúan infracciones referidas al incumplimiento de las formalidades y condiciones del contrato de trabajo extranjero, así como el incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento, tratándose de hechos y fundamentos jurídicos diferentes. Además, si bien el apelante efectuó el pago del pasaje de retorno del ex trabajador durante la fase sancionadora, ello no implica cumplimiento oportuno de la medida inspectiva, por lo que dicho acto no enerva la infracción cometida. En consecuencia, y considerando que las infracciones a la labor inspectiva son de carácter insubsanable, corresponde confirmar la sanción impuesta por este concepto. xi. En relación con la multa impuesta, se confirma su procedencia al haberse verificado las infracciones administrativas cometidas por la inspeccionada, aplicándose

correctamente la tabla del Decreto Supremo N° 008-2020-TR, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 38° de la LGIT. Dicha norma establece que las sanciones deben graduarse según la gravedad de la infracción, el tipo de empresa —en este caso, no MYPE— y el número de trabajadores afectados, que fue uno (01). Asimismo, el artículo 47° del RLGIT contempla criterios especiales como los antecedentes del infractor y el respeto a los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, los cuales fueron observados en la determinación de la sanción. xii. En cuanto al cuestionamiento de la impugnante respecto a una supuesta vulneración de los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, este no resulta atendible, ya que la multa se ha impuesto conforme al artículo 48° del RLGIT, que regula la aplicación de sanciones. Además, el acta de infracción da cuenta clara del incumplimiento de las normas sociolaborales, lo que justifica plenamente la sanción impuesta. En consecuencia, y considerando la naturaleza de las infracciones cometidas, graves y muy graves, se confirma la multa ajustada a los parámetros legales, ascendiendo el monto total a S/. 33,523.60.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 5 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CAMPOSOL S.A.

7 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 8 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de julio de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de agosto de 2023, CAMPOSOL S.A., fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 230-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Sobre el debido procedimiento y la inobservancia de los requisitos de validez del acto administrativo, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 44° de la LGIT y el artículo 2° del TUO de la LPAG, tanto el Acta de Infracción como la resolución impugnada presentan un análisis incompleto, al no haberse valorado adecuadamente los medios probatorios ofrecidos en los diferentes requerimientos de información, los cuales acreditan el cumplimiento del pago correspondiente a los pasajes de retorno del trabajador extranjero denunciante. ii. Se ha señalado que la empresa no habría cumplido con las formalidades del contrato de trabajo para personal extranjero, indicando que no se acreditó la calidad migratoria vigente ni la documentación necesaria para su celebración en las fechas de 26 de julio de 2019, 15 de marzo de 2020 y 30 de junio de 2020. iii. Sin embargo, al momento de suscribir el primer contrato de trabajo se contaba con toda la documentación necesaria e idónea que acreditaba la calidad migratoria, en tanto el trabajador poseía un permiso temporal vigente y pasaporte. iv. Respecto a los contratos de fechas 15 de marzo de 2020 y 30 de junio de 2020, si bien no se incluyó la cláusula relativa a los pasajes de retorno, ello obedeció a la derogatoria de la obligación contenida en el Decreto Supremo N° 008-2018-TR. No obstante, la empresa cumplió con otorgar al trabajador extranjero la suma de S/. 974.64 para la compra de sus pasajes de retorno, lo cual se encuentra acreditado con la constancia de abono y la conformidad de recepción correspondiente. v. Pese a ello, se advierte que la autoridad administrativa ha realizado una exposición genérica de los argumentos de la empresa, sin profundizar en el análisis de las pruebas presentadas durante el procedimiento inspectivo, las cuales demuestran que los supuestos incumplimientos carecen de sustento. vi. En cuanto al derecho de defensa, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 246° del TUO de la LPAG, corresponde señalar que el Acta de Infracción efectuó una comprobación de hechos de manera parcial e incompleta, afectando dicho derecho, al no considerar las pruebas aportadas al procedimiento, sin que se haya producido perjuicio alguno al trabajador.

vii. En relación con el Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad de la sanción, previsto en el artículo 38° de la LGIT y en concordancia con los criterios del artículo 47° del RLGIT, se advierte que la multa propuesta por S/. 33,523.60 carece de sustento, al no haberse efectuado un análisis integral de los medios probatorios, ni ponderado adecuadamente los criterios de graduación de la sanción. viii. Finalmente, a través de un otrosí, se otorga a la persona consignada la representación a efectos de acceder al expediente, participar en audiencias, presentar escritos, recibir notificaciones y realizar los actos de tramitación correspondientes.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR),

tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la contratación de trabajadores extranjeros

nacional; en consecuencia, regula determinados límites para la contratación de trabajadores extranjeros.

“La solicitud de aprobación de los contratos de trabajo de personal extranjero debe acompañar lo siguiente:

(i) Contrato de trabajo por escrito, preferentemente según modelo; (ii) Declaración Jurada, preferentemente según modelo, donde se señala que la contratación de extranjero cumple las condiciones establecidas por la Ley y cuenta con la capacitación o experiencia laboral requerida por la misma; y, (iii) Comprobante de pago del derecho correspondiente a la Autoridad Administrativa de Trabajo”.

presentación de su contrato ante la Autoridad Administrativa de Trabajo y obtenida la calidad migratoria habilitante. En ese sentido, señala también que la pérdida de la calidad migratoria habilitante constituye una condición resolutoria que extingue automáticamente el contrato de trabajo, en aplicación de lo dispuesto en el literal c) del artículo 16°9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

(i) Que la aprobación del contrato no autoriza a iniciar la prestación de servicios hasta que no se cuente con la calidad migratoria habilitante, otorgada por la autoridad migratoria correspondiente, bajo responsabilidad del empleador; (ii) El compromiso del empleador de transportar al personal extranjero y los miembros de la familia que expresamente se estipulen, a su país de origen o al que convengan al extinguirse la relación contractual; y (iii) El compromiso de capacitación del personal nacional en la misma ocupación.

9 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR Artículo 16.- Son causas de extinción del contrato de trabajo: (…). c) La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad.

automáticamente conforme a la prórroga del permiso, por un plazo igual o menor. Finalmente, la pérdida de vigencia o el no otorgamiento del PTP o del Acta constituye una condición resolutoria que extingue automáticamente el contrato de trabajo, conforme al literal c) del artículo 16 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

a) Omisión del trámite de aprobación del contrato de personal extranjero comprendido en la presente Ley; b) Fraude en la declaración jurada o en la documentación acompañada para la aprobación del contrato del trabajo; c) Incumplimiento en la ejecución de los contratos de trabajo; d) Realización de fines distintos al propósito legal que mereció la aprobación del contrato; e) Incumplimiento del compromiso de capacitar al personal nacional; f) Incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en la presente Ley y su reglamento.

“Artículo 38.- Tipos de sanciones y criterios de graduación de las sanciones Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa.

10 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…). 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 11 Ocampo Vásquez, F. (2011). El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los organismos reguladores. Ius et Veritas, (42), 2.

El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, con respecto a la función inspectiva señala que, esta es entendida como: “la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, (…)”. Bajo este marco, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del Principio de Razonabilidad12.

12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. (…)”.

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones

13 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas efectuadas en mérito a la Orden de Inspección N° 14410-2017-SUNAFIL/ILM.

calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”14, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

14 Artículo 2° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR. 15 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

FIGURA N° 01

Sobre la infracción tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT

derecho, dentro de las facultades que les sean atribuidas, y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas.

(i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); y (ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto16. (Énfasis añadido).

“Artículo 25.- Infracciones muy graves en materia de relaciones laborales Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 25.5 El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, y su uso para violar el principio de no discriminación. (Énfasis añadido).

16 Nieto, A. (2017), Derecho administrativo sancionador (1.ª reimpresión), Madrid: Editorial Tecnos, p. 269.

existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece (…)”; por lo que, la temporalidad de la contratación se presume indeterminada, siendo la celebración de los contratos a plazo determinado una regla excepcional.

a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido; b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación; c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando; d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley.

17 De Lama Laura, M. G., & Gonzales Ramírez, L. Á. (2010), Desnaturalización en las relaciones laborales, Gaceta Jurídica S.A., p. 16.

podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades previstas en este Título, salvo que haya transcurrido un año del cese”.

correspondiente, debe ser tipificada bajo este numeral y no bajo el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT, que se aplica únicamente a desnaturalización o uso fraudulento de contratos a plazo determinado, asegurando así la correcta subsunción de la conducta y el respeto a los Principios de Legalidad y Tipicidad.

Sobre la vulneración al Principio del Debido Procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (Énfasis añadido).

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis añadido).

motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al Principio del Debido Procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al Principio de Verdad Material18.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente

18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)” (Énfasis añadido).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis añadido).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

19 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

competencia. En ese sentido, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

20 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Información Adicional

N° Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Incumplimiento de las formalidades del contrato de trabajo. Numeral 42.1 del artículo 42° del RLGIT GRAVE No acreditar la autorización por la autoridad administrativa de trabajo para la contratación del personal. Numeral 43.1 del artículo 43° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CAMPOSOL S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 230-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 07 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 782-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 284-2022- SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 29 de marzo de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 782-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT.

TERCERO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo al momento en el que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Resolución de Sub Intendencia N° 284-2022- SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 29 de marzo de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Resolución de Sub Intendencia N° 284-2022-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 29 de marzo de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 230-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 07 de julio de 2023, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

QUINTO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 230-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 07 de julio de 2023, en el extremo referente a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 43.1 del artículo 43° del RLGIT.

SEXTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto al extremo de la infracción muy grave en materia de contratación de trabajadores extranjeros, tipificada en el numeral 43.1 del artículo 43° del RLGIT y al extremo de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

SÉPTIMO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.90 de la presente resolución.

OCTAVO. – Notificar la presente resolución a CAMPOSOL S.A., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

NOVENO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250903MABJ – HR: 69421-2021