CAL & Cemento Sur S.A — Res. 865-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Discriminación en el trabajo (Sub materias: En la remuneración; Cuadro de categorías y funciones y/o política salarial; Deber de informar sobre la política salarial o remunerativa implementada). 20555195444 soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de las relaciones laborales, por no cumplir con acreditar la existencia de una justificación objetiva y razonable del trato diferenciado en la determinación de la remuneración, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 152,478.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Se han presentado pruebas documentales que acreditan que el señor Alipio Canaza no ejercía el puesto de Ingeniero de Producción, sino que, por el contrario, estaba en proceso de entrenamiento. ii. Resulta desproporcionado que en el requerimiento notificado el inspector exija que cumplamos con pagar reintegros al supuesto trabajador afectado desde el año 2018, hecho que evidentemente vulnera nuestro derecho a un debido procedimiento como administrados. iii. El inspector debió precisar el monto determinado como deuda y que finalmente ordenaba pagar a mi representada, pues el hecho de no colocar este monto transgrede el principio de legalidad, específicamente la Directiva N° 001-2016- SUNAFIL/INII.

i. Lo desarrollado en la resolución venida en alzada, obedece a una correcta calificación de los hechos, así como de la fundamentación objetiva de las infracciones cometidas

2 Notificada a la impugnante el 10 de enero de 2022, véase folio 160 del expediente sancionador.

por el sujeto inspeccionando, la misma que no vulnera el principio de presunción de licitud. ii. Referente a las pruebas aportadas por el sujeto inspeccionado en este extremo, debemos resaltar que no se evidencia un procedimiento claro respecto a las condiciones laborales que posibiliten el entrenamiento en el puesto de ingeniero de producción, situación que deja en indefensión al trabajador afectado, si bien, como señala el administrado existe un programa interno de entrenamiento, no se acredita en el procedimiento inspectivo y sancionador la forma de cómo acceder a dicho programa y cuáles son las condiciones laborales. iii. Según los medios probatorios alcanzados por el sujeto inspeccionado y estando a los hechos constatados del Acta de Infracción, no se tiene establecidas las diferencias remunerativas entre trabajadores que realizan similares labores (Ingeniero de procesos en entrenamiento o ingeniero de producción training con el de Ingeniero de producción) fundado en causas objetivas y razonables, vulnerándose evidentemente el principio de igualdad de trato y no discriminación, ya que el cuadro de categorías y funciones no establece el rubro puesto - cargo de Ingeniero de procesos en entrenamiento o ingeniero de producción training a efectos de establecer una diferenciación objetiva que guarde relación con el procedimiento de entrenamiento alegado; además, se dijo que el trabajador se encontraba en entrenamiento, pero no se prueba con documento alguno sobre las condiciones laborales en el tiempo de duración dicho entrenamiento. iv. El sujeto inspeccionado no ha cumplido con la medida inspectiva de requerimiento, pese a que con la notificación de dicha medida se le informó que su incumplimiento constituiría infracción muy grave a la labor inspectiva, razón por la cual el inspector comisionado ha propuesto en el Acta de Infracción, sanción económica por las conductas infractoras incurridas en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva. v. No resulta desproporcionado la medida inspectiva de requerimiento, cuando se requiere pagar reintegros al trabajador afectado desde mayo de 2018, ya que las obligaciones de cumplimiento de la referida Ley de acuerdo a la Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley N° 30709, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-TR, regula que: "Las obligaciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento son objeto de fiscalización a partir del 1 de enero del 2019 (. . .)". vi. Los argumentos esbozados por el sujeto inspeccionado no han desvirtuado las infracciones en las cuales ha incurrido, la misma que ha sido debidamente determinadas por el inferior en grado, con estricta observancia del debido procedimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CAL & CEMENTO SUR S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 001-2022-SUNAFIL/IRE-PUN, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del artículo 44 de la LGIT, pues no ha existido una debida motivación ni se han valorado los medios probatorios ofrecidos. Asimismo, no se han valorado debidamente los argumentos que han sido expuestos para acreditar que el señor Alipio Canaza no ejercía el puesto de Ingeniero de Producción. ii. Existe una causa objetiva justificada del por qué el trabajador percibía una remuneración distinta, pues estaba en una etapa de entrenamiento para poder ser promovido a un puesto de trabajo. iii. La Intendencia no realizó una correcta valoración del perfil del puesto desempeñado por el señor Canaza. No se realiza ninguna mención al contenido concreto del procedimiento, sino que el mismo es descartado de plano porque no tenía, a criterio de la Intendencia, todas las condiciones laborales necesarias. iv. La Intendencia no ha valorado las causas de diferenciación alegadas en el supuesto de que se establezca que el señor Canaza ejerció el puesto de Ingeniero de producción. Existía más de una causa objetiva que justificaba que la remuneración que percibía no fuese igual que la de un Ingeniero de Producción. No puede homologarse a dos trabajadores simplemente porque tienen una misma denominación de cargo. v. No se valoró debidamente la carta de aceptación del señor Alipio Canaza, mediante la cual manifiesta su voluntad de formar parte del programa. Así como tampoco se valora la Carta de Promoción del señor Alipio Canaza al puesto de Ingeniero de Producción. Tampoco se valoró la Carta de desistimiento del procedimiento. vi. Falta de motivación. La Intendencia llega a la conclusión de que existe discriminación sin fundamentar sólidamente su posición. vii. Interpretación errónea del artículo 25.17 del RLGIT. El artículo referido, prevé expresamente un mandato de prohibición de discriminación, conforme dicta nuestro texto constitucional. Sin embargo, ese mandato de no discriminación no implica que situaciones diferentes puedan tener un trato diferenciado. viii. Inaplicación del artículo 3 del RLGIT. No existe ningún documento de carácter legal y vinculante que establezca que en los procedimientos de entrenamiento deben

contemplar explícitamente como parte de su contenido el concepto remunerativo que recibirá el trabajador en entrenamiento. Por tanto, se ha vulnerado el principio de legalidad. ix. Inaplicación del artículo 47.3 del RLGIT. La Resolución de Intendencia persiste en sancionar a CALCESUR tomando en consideración la totalidad de los trabajadores que la empresa tiene en planilla. El contenido del artículo 48.1 debe ser interpretado desde una perspectiva sistemática. En ese sentido, es imprescindible tener en cuenta el artículo 47.3 de ese mismo cuerpo normativo que señala que la determinación de la sanción debe estar acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 246 del TUO de la LPAG. x. Inaplicación del artículo 48-A del RLGIT. La Resolución de Intendencia no está tomando en cuenta que en el presente caso existe un concurso de infracciones. xi. Inobservancia de la Resolución de la Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL. Por medio de la cual se reconoce que no todo trato desigual es discriminatorio, sino que la igualdad solo se ve vulnerada cuando la desigualdad carece de justificación objetiva. xii. En el presente procedimiento ha operado la caducidad administrativa de modo que el presente caso debe archivarse al haber transcurrido el tiempo sin actuación procedimental que determine la comisión de una infracción.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (…)” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la garantía de la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente

9 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio trascendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”12.(énfasis añadido)

10 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 11 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 12 El subrayado no es del original.

13 TUO de la LPAG Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 14 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

Acta de Infracción, sin efectuar un mayor análisis y comprobación objetiva de la diferencia remunerativa, a fin de desvirtuar los alegatos expuestos en el recurso de apelación; en ese entendido, no se advierte que haya absuelto los agravios planteados en dicho recurso. Asimismo, se verifica que no se ha pronunciado sobre las pruebas presentadas por la inspeccionada en el procedimiento sancionador (Carta de desistimiento del procedimiento y Carta de Promoción); así como tampoco se ha pronunciado respecto a la supuesta inobservancia del pronunciamiento de la Resolución de Sala Plena N° 001- 2021-SUNAFIL/TLF. En tal sentido, se advierte que la resolución impugnada carece de una debida motivación.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

15 TUO de la LPAG “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”. 16 TUO de la LPAG Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.

uniformidad de los pronunciamientos de las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo. Por tanto, al apreciar la vulneración de principios del procedimiento administrativo, según fue invocado por la impugnante, el Tribunal se encuentra en la obligación de revisar el cumplimiento de esta normativa adjetiva en materia sociolaboral. Cabe resaltar que la normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujeto del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídica procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sobre los efectos de la declaración de nulidad

17 TUO de la LPAG “Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.” 18 TUO de la LPAG Artículo 227.- Resolución (…) 227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CAL & CEMENTO SUR S.A., en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 001-2022-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 06 de enero de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Puno, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento sancionador recaído en el expediente sancionador N° 024-2021-SUNAFIL/IRE-PUN.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Intendencia N° 001-2022-SUNAFIL/IRE- PUN, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a CAL & CEMENTO SUR S.A., y a la Intendencia Regional de Puno, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Puno y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.25 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA