Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A — Res. 195-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas); Participación en las utilidades (Sub materia: Pago); Remuneraciones (Sub materias: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios); Gratificaciones; y, Pago de bonificaciones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Vacaciones; y, No goce de vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); y, Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades). Luis Mendoza Legoas DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 23 de abril de 20212; en atención a la denuncia interpuesta por el señor Oswaldo Jonel de Jesús Otoya Tasayco (Gerente de tienda), por el supuesto incumplimiento del pago de beneficios sociales, entre otros.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el goce vacacional en forma oportuna, correspondiente a los periodos 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 y 2018-2019, respecto al extrabajador Otoya Tasayco Jones de Jesús, por lo que corresponde el pago de una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado por cada periodo indicado; así como no acreditar el pago de una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso, correspondiente al periodo 2018-2019, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de las boletas de pago de remuneraciones del 01 de setiembre de 2014 al 21 de diciembre de 2020, respecto al extrabajador Otoya Tasayco Jones de Jesús, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 1,144.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de utilidades del año 2019, respecto del extrabajador Otoya Tasayco Jones de Jesús, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar la medida inspectiva de requerimiento de fecha 29 de abril de 2021, a las 10:00 am, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 11,572.00.

2 Véase folio 1042 (reverso) y 1043 del expediente inspectivo.

i. Señala que, el órgano sancionador solamente se limita a reiterar lo señalado por la autoridad instructora y en base a ello señala que ha quedado acreditado que ha cometido infracciones en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva, lo cual resulta arbitrario; por cuanto, no se han tomado en cuenta sus argumentos, ni tampoco se han valorado los medios de prueba presentados a través de sus descargos, y presentados en los requerimientos de comparecencia. ii. Mencionan que la rectificación de la declaración del impuesto a la renta corresponde al año 2019 no del 2018; asimismo, señala que se verificó en el sistema que obtuvieron ingresos en el año 2018 y que le obligan a pagar utilidades en el año 2019, pero que el periodo reclamado por el denunciante es respecto a utilidades generadas en el 2019 y no del 2018. iii. Reiteran que en el año 2019 no han generado utilidades, por lo que no le han otorgado su pago ni al denunciante, ni a los demás trabajadores, refiere que, si bien en la declaración anual de impuestos a la renta se observa que, si generó utilidades en el 2019, lo cierto es que en dicho año no se generaron utilidades, motivo por el que se inició un procedimiento de rectificación ante la SUNAT, para lo cual adjuntan la solicitud de rectificación mediante Carta N° 2707-2021/Gestión de Desarrollo Humano, la cual se encuentra pendiente de resolver. iv. Manifiestan que ni el inspector asignado, ni la autoridad inspectiva, ni la sancionadora han realizado una comprobación de datos referente a solicitar información necesaria a las dependencias del sector público, como a la SBS y AFP, sobre sus estados financieros del año 2019. v. Adjuntan su escrito denominado estado de resultados, con el cual se condice con la información publicada en la página web de la SBS, en donde se aprecia que su representada ha tenido una pérdida de 1´817,886.69 soles en el ejercicio 2019, por lo que, no era posible una repartición de utilidades. vi. Sostienen que resulta arbitrario que se haya sancionado por incumplimiento de pago de utilidades, cuando ni siquiera se ha corroborado por la autoridad inspectiva y sancionadora sus argumentos de defensa con la información que poseen otras entidades públicas, a través de la comprobación de datos. vii. Alegan que no existe norma alguna que obligue al empleador a contar con las boletas de periodos de vacaciones firmadas en señala de conformidad de goce físico como único medio idóneo para acreditar dicho goce. viii. Indican que de la hoja de liquidación de beneficios socio laborales de fecha 21 de diciembre de 2020, se evidencia que en los periodos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, el denunciado ha realizado goce físico de vacaciones, pero fuera del periodo, habiéndose cancelado por tal concepto la suma de S/ 32,372.00.

asimismo, precisan que, respecto al goce físico, fuera del plazo, fue reconocida y realizado el pago por concepto de indemnización, se ha realizado el pago de acuerdo a ley, por lo que todos los puntos han sido debidamente acreditados. ix. Respecto a la indemnización por no haber disfrutado del descanso por el periodo 2018-2019, manifiestan que el demandado gozo de su descanso vacacional dentro del plazo establecido para ello. Por tanto, no habría motivo alguno para que el denunciante pretenda ser indemnizado por una omisión que nunca existió, toda vez que, su derecho a gozar al descanso vacacional fue otorgado conforme a ley, lo que también se acredita con el Memorando de encargatura N° 310-2020/GN-CAJA, dirigida a William Zapata, a quien se le encargó la Gerencia de Tienda durante el periodo de vacaciones del señor Oswaldo Otoya, por lo que, teniendo en cuenta ello el denunciante sí ha gozado oportunamente de su derecho vacacional en periodo 2018-2019. x. Argumentan que la entrega de boletas al denunciante fue de manera electrónica desde el correo boletasdepago@cajasullana.pe, al correo institucional ootoya@cajasullana.pe, precisando que han adjuntado la constancia de aceptación de boleta de remuneraciones de forma digitalizada y recepción mediante medios electrónicos. xi. Adjuntan prints en los que se visualiza el envío de las boletas correspondientes a los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2020, enero del 2017 y enero a noviembre del 2020, en donde se puede apreciar el envío de manera oportuna de las boletas de pago al señor Otoya y que la confirmación de la recepción de las boletas era de responsabilidad del trabajador. xii. Aducen que no existen elementos suficientes de haber cometido infracciones, por lo que, no podían dar cumplimiento a la medida de requerimiento. xiii. Por último, alegan que la resolución de sub intendencia no se encuentra debidamente motivada por cuanto no ha valorado conjuntamente la totalidad de medios probatorios, ni ha tomado en cuenta los fundamentos contraviniendo el artículo 3 del TUO de la LPAG.

i. De la revisión del expediente inspectivo y sancionador se advierte que la Carta N° 2707-2021, no está dirigida a SUNAT, sino a SUNAFIL, con atención al Inspector Auxiliar de Trabajo, en donde le informa que una vez culminada la fiscalización de la SUNAT realizará la rectificación de la Declaración Jurada Anual 2019, sin embargo hasta la fecha no se advierte que se haya iniciado dicho procedimiento o en su defecto SUNAT haya procedido a rectificar la Declaración Jurada Anual 2019, y por ende que no le corresponda al señor Otoya el pago de las utilidades del 2019.

ii. Respecto a la remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado del periodo 2014 al 2018, debe tenerse en cuenta que, si bien del expediente inspectivo se evidencia la liquidación de beneficios sociales, del contenido de la misma se advierte que se señala S/ 32,372.00 por el concepto de vacaciones indemnizables, no acreditándose el pago de la remuneración de los años 2014 al 2018, es más a la fecha tampoco se ha acreditado pago alguno respecto a dicho concepto.

3 Notificada a la impugnante el 20 de marzo de 2023. Ver folio 94 del expediente sancionador.

iii. Conforme lo señala la Caja Municipal, en el detalle que adjunta, indica que gozó las vacaciones del 01 de agosto de 2020 al 30 de agosto de 2020, y que ello se evidencia con la boleta de pago de octubre 2019, es decir una boleta de un año anterior a la fecha que supuestamente gozó sus vacaciones el señor Otoya, así mismo señala que acredita la orden de salida con el Memorando N° 5212-2020-CMACS/GDH; sin embargo, dicho documento no está suscrito por el trabajador afectado, con lo cual se podría acreditar que efectivamente se hizo llegar dicho documento al señor Otoya, y con ello haber hecho uso de sus vacaciones, así mismo no se acredita con boleta alguna respecto al pago de dicho periodo.

iv. Respecto a no haber acreditado la entrega de boletas de pago, se tiene que el administrado no ha acreditado contar con la autorización (acuerdo) del trabajador afectado para que la entrega de las boletas de pago se efectúe por medio del empleo de tecnologías de la información y comunicación, como el correo electrónico u otro medio, ni con el envío de éstas, debe precisarse que no se evidencia que se haya confirmado la recepción de los correos electrónicos que señala la Caja haber remitido, en consecuencia, no puede tenerse por entregadas las boletas de pago.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 20555195444 soft

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 21 de marzo de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 056-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, señalando los siguientes alegatos:

i. Solicitan la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, en tanto que, advierten sobre la existencia del proceso judicial N° 00322-2022-0-2501-JR-LA-09 sobre pago de beneficios sociales, tramitado ante el Juzgado Especializado Laboral del Santa, el cual actualmente se ha elevado a la Corte Suprema en virtud a un recurso de casación.

ii. Al respecto, precisan que, en la demanda, el señor Otoya plantea el pago de vacaciones adquiridas y no gozadas de los periodos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, pago de indemnización vacacional del periodo 2018-2019, y pago de utilidades del año 2019. Por lo que, observan que existe similitud de sujetos, hechos y fundamentos entre el PAS y el proceso judicial; asimismo, precisan que el proceso judicial cuenta con una sentencia de vista, y que varias de las pretensiones del señor Otoya fueron declaradas infundadas.

iii. Sostienen que, teniendo en cuenta que hasta el momento en el proceso judicial se ha determinado que no existe incumplimiento respecto al pago de vacaciones no gozadas, indemnización vacacional y pago de utilidades -aunque consideran que la sentencia debió ser declarada infundada en todos sus extremos- reiteran que el proceso aún sigue en trámite; por lo que, solicitan que el PAS sea suspendido hasta lo resuelto por la Corte Suprema.

iv. En relación a la infracción por supuestamente no acreditar el goce vacacional de forma oportuna correspondiente a los periodos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, el órgano sancionador se ha limitado a señalar que “no se evidencia que el administrado haya acreditado el goce de vacaciones o pago de la misma”, lo cual resulta arbitrario; por cuanto, no se han tomado en cuenta sus argumentos ni tampoco se han valorado los medios de prueba que presentaron, los cuales acreditan que no han infringido ninguna normativa laboral.

v. Alegan que el denunciante sí gozó de su derecho vacacional, pero fuera del periodo al que le correspondía. Al respecto señalan que, en su oportunidad presentaron ante la autoridad administrativa los memorandos de salida de vacaciones que contienen la firma del denunciante como señal de conformidad, lo que permite colegir que sí gozó del descanso vacacional.

vi. Por otro lado, refieren que no existe norma alguna que obligue al empleador a contar con las boletas de pago del periodo de vacaciones firmadas por el trabajador en señal

de conformidad del goce físico, como único medio idóneo para acreditar que se ha gozado del derecho vacacional.

vii. Sin perjuicio de lo mencionado, deducen que, bajo el razonamiento de la Subintendencia, sí las boletas estuvieran firmadas por el denunciante, entonces acreditarían el goce de vacaciones; siendo así, por qué no tienen valor probatorio los memorandos de salida que sí están suscritos por el denunciante. Al respecto, señalan que los memorandos sí acreditan de manera fehaciente que el denunciante gozó de su derecho vacacional (extemporáneo); más aún si, mediante Informe Final de Instrucción, la Sub Intendencia de actuación inspectiva determinó que el descanso vacacional le correspondería haber gozado en el periodo 01 de setiembre de 2015 hasta el 01 de setiembre de 2016; sin embargo, como figura en el Memorando N° 082-2016, el goce físico se haría efectivo a partir del 03 de octubre de 2016, por lo que, queda demostrado que el goce vacacional fue fuera del periodo que le correspondía.

viii. Cuestionan que, ahora la Intendencia, en clara contradicción con la Subintendencia de actuación inspectiva determina que el extrabajador denunciante nunca ha gozado de su derecho vacacional sin expresar los fundamentos que lo han llevado a tener un razonamiento y percepción diferente, lo cual afecta gravemente el derecho al debido procedimiento.

ix. Respecto al pago por descanso vacacional adquirido y no gozado, manifiestan que han presentado las boletas de pago del denunciante por todo su récord laboral, a fin de acreditar el pago por derecho vacacional, asimismo, también han explicado las políticas de pago del derecho vacacional a sus colaboradores, en tanto que, dicho concepto es pagado en la fecha de aniversario de cada colaborador; motivo por el cual, mediante resolución de sub intendencia, numeral 32, se ha señalado que los pagos respecto a la remuneración por el trabajo realizado se encuentran acreditados con las boletas de remuneraciones de setiembre 2014 a noviembre 2020.

x. Sobre el pago de la indemnización por no haber disfrutado del descanso por el periodo 2018-2019, la Intendencia señala que el memorando N° 5212-2020 no contiene la firma del denunciante, y que, con ello, pudo haberse acreditado el goce de las vacaciones; ante ello, cuestionan que no se haya tomado el mismo criterio para valorar los memorandos N° 082-2016, N° 3838-2017-CMACS/GDH y N° 1679-2019-CMACS/GDH, los mismos que sí se encuentran firmados por el denunciante.

xi. Refieren que con el Memorándum N° 5212-2020 -CMACS se acredita la salida de vacaciones del denunciante, si bien no se encuentra firmado por el denunciante, fue puesto a su conocimiento a través de su correo institucional. Al respecto precisan que, para el periodo 2018-2019, el denunciante sí gozó de su derecho vacacional dentro del

periodo que le correspondía, lo que también han acreditado con el Memorando de encargatura N° 310-2020/GN-CAJA de fecha 31 de julio de 2020, dirigida al funcionario de negocios William Zapata, quien se encargaría de la Gerencia de Tienda por el periodo de vacaciones del señor Oswaldo Otoya, así también el correo de fecha 31 de julio de 2020 insertado como parte de sus argumentos de apelación; sin embargo, no ha sido valorado ni tomado en cuenta por la Intendencia.

xii. En relación a la infracción por supuestamente no acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, sostienen que no se ha valorado la “Constancia de aceptación de boleta de remuneraciones, liquidación de pago de CTS, certificado de distribución de utilidades, certificado de retención de quinta categoría y otros, de forma digitalizada y recepción mediante medios electrónicos”, documento debidamente firmado por el denunciante.

xiii. Consideran que el envío de las boletas a través del correo institucional del denunciante, con su previa aceptación, constituye un medio que garantiza un adecuado y razonable acceso por parte del trabajador, y que, no existe norma legal que obligue al empleador a presentar la confirmación de la recepción de los correos electrónicos. Asimismo, que, al requerirles la confirmación de la recepción, la Intendencia está imponiendo una carga de la prueba excesiva, de difícil acreditación, e incluso de acreditación prácticamente imposible, por cuanto significaría acceder al correo electrónico del denunciante a fin de acreditar la recepción, lo cual resulta ser ilegal.

xiv. Con respecto a no haber entregado la documentación que acredita el pago de utilidades, sobre el particular, sostienen que para el año 2019 no han generado utilidades. Es por ello que, en su escrito de descargos y en el de apelación, han expresado sus argumentos de defensa respecto a que la Declaración jurada anual de impuesto a la renta que ha tomado en cuenta la Intendencia, contiene errores que se encuentran en procedimiento de rectificación.

xv. Asimismo, manifiestan que, la intendencia no se ha pronunciado de un aspecto muy importante respecto de la información pública de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, a la que puede acceder desde su página web donde se observa que, al año 2019, han tenido una pérdida de 1´817,886.69 soles en el ejercicio 2019.

xvi. Observan que existe vulneración del debido procedimiento, pues la resolución impugnada vulnera el derecho constitucional a una debida motivación, ya que no se ha cumplido con la obligación de analizar los argumentos expuestos en su escrito de apelación, asimismo, ninguno de los medios de prueba ha sido valorados, lo que les causa perjuicio. Por lo tanto, debe declararse la nulidad total de la Resolución de Intendencia N° 056-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, y se deje sin efecto la multa impuesta.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los siguientes criterios:

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre el conflicto de competencias por la tramitación del proceso judicial 6.6 La impugnante solicita la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, en tanto que, existe el proceso judicial N° 00322-2022-0-2501-JR-LA-09 sobre pago de beneficios sociales, tramitado ante el Juzgado Especializado Laboral del Santa; por lo que, advierten que existe similitud de sujetos, hechos y fundamentos entre el PAS y el proceso judicial.

10 Constitución Política del Perú de 1993 “Artículo 139°. - Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno”. 11 Ver: https://dle.rae.es/avocar 12 TUO de la LPAG, “Artículo 80.- Avocación de competencia

al concepto de “avocación de competencia”. No se aprecia, cómo es que la inspección o el procedimiento sancionador pueden interferir en la esfera de competencias jurisdiccionales, ni mucho menos producir el efecto del avocamiento; como erróneamente afirma el recurrente en su recurso de revisión.

139 de la Constitución y la prohibición de avocamiento a una causa judicial, contenidas en los artículos 4 y 13 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial14 .

14 “Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Artículo 4.- Cumplimiento obligatorio de las decisiones judiciales Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia. (…) Artículo 13.- Suspensión del procedimiento administrativo Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en cada caso.” 15 “Constitución Política del Perú Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia (…) 2. La independencia en el órgano jurisdiccional: Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.”

Figura N°01

16 “TUO de la LPAG, Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.”

17 “Ibídem, “(…) 75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio”.

“El principio non bis in ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal:

a) Desde el punto de vista material, el enunciado según el cual, “(...) nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho (...)”, expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

b) En su vertiente procesal, tal principio significa que “(...) Nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos(...)”, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)”.

18 El inciso 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala que “no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.” 19 Estos componentes son reiterados, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de marzo de 2018 recaída en el expediente 68849-2015-PA/TC, Fj.12.

20 https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ffd9f5004075ba4fb70ff799ab657107/acuerdo_plenario_01- 2007_ESV_22.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ffd9f5004075ba4fb70ff799ab657107 21 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tomo II., 14va edición, Lima: Gaceta Jurídica S.A., p. 467

Sobre el pago de la remuneración vacacional y el pago de la indemnización por no haber disfrutado del descanso 6.27 De los actuados se verifica que, el inspector comisionado dejó constancia en el párrafo 3 y 4 del numeral 4.12.8 de los hechos constatados del Acta de Infracción que la impugnante no acreditó el pago de la remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, correspondiente a los periodos 2014-2015, 2015-2016, 2016- 2017, 2017-2018 y 2018-2019, así como, no acreditó el pago de la indemnización

22 “LGIT, Artículo 16.- Actas de Infracción Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten.” 23 Ibídem, “Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso, correspondiente al periodo 2018-2019, respecto del señor Oswaldo Jonel de Jesús Otoya Tasayco.

“Artículo 10.- El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Dicho derecho está condicionado, además, al cumplimiento del récord que se señala a continuación: a) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de seis días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos sesenta días en dicho período. b) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria sea de cinco días a la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos diez días en dicho período. c) En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en sólo cuatro o tres días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajadores tendrán derecho al goce vacacional, siempre que sus faltas injustificadas no excedan de diez en dicho período. Se consideran faltas injustificadas las ausencias no computables para el récord conforme al artículo 13 de esta Ley. Por acuerdo escrito entre las partes, pueden adelantarse días de descanso a cuenta del período vacacional que se genere a futuro conforme a lo previsto en el presente artículo. En caso de extinción del vínculo laboral, los días de descanso otorgados por adelantado al trabajador son compensados con los días de vacaciones truncas adquiridos a la fecha de cese. Los días de descanso otorgados por adelantado que no puedan compensarse con los días de vacaciones truncas adquiridos, no generan obligación de compensación a cargo del trabajador”.

“Artículo 11.- El año de labor exigido se computará desde la fecha en que el trabajador ingresó al servicio del empleador o desde la fecha que el empleador determine, si compensa la fracción de servicios correspondiente”.

“Artículo 12.- Para efectos del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo los siguientes: a) La jornada ordinaria mínima de cuatro horas.

b) La jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el número de horas laborado. (…)”.

El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago.

corresponde; es decir, el extrabajador afectado laboró de forma continua, más aún si las boletas de vacaciones no están firmadas por el recurrente en señal de conformidad.

del extrabajador Oswaldo Jonel de Jesús Otoya Tasayco. En consecuencia, se confirma la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

24 Considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4

prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”25, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

25 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

Figura Nº 02

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió íntegramente con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador 6.53 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido)

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido)

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al

conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación

de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el goce vacacional en forma oportuna, correspondiente a los periodos 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017- 2018 y 2018-2019, respecto al extrabajador Otoya Tasayco Jones de Jesús, por lo que corresponde el pago de una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

gozado por cada periodo indicado; así como no acreditar el pago de una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso, correspondiente al periodo 2018-2019. Relaciones Laborales No acreditar la entrega de las boletas de pago de remuneraciones del 01 de setiembre de 2014 al 21 de diciembre de 2020, respecto al extrabajador Otoya Tasayco Jones de Jesús. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de utilidades del año 2019, respecto del extrabajador Otoya Tasayco Jones de Jesús. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No acreditar la medida inspectiva de requerimiento de fecha 29 de abril de 2021, a las 10:00 am. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 056-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, de 16 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Ancash dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 301-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 056-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A., y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL DESIRÉE BIANCA ORSINI WISOTZKI

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante. Fundamento el presente voto en las siguientes consideraciones:

1. La impugnante solicita la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, en tanto que, existe el proceso judicial N° 00322-2022-0-2501-JR-LA-09 sobre pago de beneficios sociales. Por tanto, corresponde dilucidar si amerita la suspensión del presente PAS, de conformidad al ordenamiento administrativo de la materia. Al respecto, debe indicarse que el artículo 13 del Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, TUO de la LOPJ) establece que “cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio (…)”26

2. De esto último, Morón Urbina27 expresa que: “el supuesto de la cuestión judicial previa a la vía administrativa (...) se refiere a aquellos casos en los cuales la autoridad administrativa se convenza que una situación contenciosa surgida en el procedimiento que instruye no permita su resolución, se suspenda hasta que la autoridad judicial declare el derecho. Orientándose a preservar la función administrativa dentro de sus propios límites, sin asumir implicancias jurisdiccionales, es que ha desarrollado la figura contemplada en estas normas y que se conoce en la doctrina como la preadministratividad de la vía judicial o “carácter prejudicial civil ante la Administración”. Se suscita esta figura cuando, anticipadamente a la resolución administrativa sobre alguna materia de su competencia, resulta necesario obtener la decisión en la vía judicial sobre una cuestión litigiosa o contenciosa cuya competencia es natural del órgano jurisdiccional” (énfasis añadido).

3. De la misma manera, es importante analizar las implicancias del presente dispositivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 75 del TUO de la LPAG sobre el conflicto con la función jurisdiccional, el cual establece que:

“Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio”.

26 En igual sentido, tenemos el artículo 4 del TUO de la LOPJ, cuyo texto estipula que “ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional” 27 Morón Urbina, J. (2011), Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 9na Ed., Lima: Gaceta Jurídica, p. 313

4. En el caso en particular, se evidencia que la impugnante pone en conocimiento la existencia del proceso judicial N° 00322-2022-0-2501-JR-LA-09 sobre pago de beneficios sociales, tramitado ante el Juzgado Especializado Laboral del Santa, conforme se aprecia del Sistema de Consultas de Expedientes Judiciales, reflejado en la siguiente imagen:

Figura N° 01

5. Cabe señalar que, conforme lo dispone la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública y el Decreto Supremo N° 060-2001-PCM, por el cual se crea “el Portal del Estado Peruano”, éste se constituye una herramienta informática, que facilita el acceso a la información sobre la gestión institucional a partir del cual, la ciudadanía puede tener acceso a una versión sencilla de la información de las entidades públicas, con definiciones en un lenguaje claro e iconografía manejable. Asimismo, el Poder Judicial cuenta con el Sistema Integrado Judicial (en adelante SIJ), que fue implementado a través de la Resolución Administrativa N° 245- 2009-CE-PJ, y la Resolución Administrativa N° 129-2021-CE-PJ, las cuales establecen la obligatoriedad del descargo de los actos procesales de todas las actuaciones judiciales en el SIJ, bajo responsabilidad.

6. De lo que se desprende que tales actuaciones se encuentran contenidas en el Sistema de Consultas de Expedientes Judiciales, al que tiene acceso la ciudadanía, tal como se colige de lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 00020-2020-P-CSJLI-P, cuando precisa en su numeral 4.2, sobre la atención de consultas sobre el estado de expediente, que es la actividad relacionada a la verificación de sentencias y autos que pongan fin al proceso o varíen situaciones jurídicas y cualquier otra información descargada por los

órganos jurisdiccionales a través del SIJ - Expedientes, que pueden ser visualizados por los usuarios a través del Módulo de Consulta de Expediente Judiciales- CEJ.

7. Así las cosas, como se ha señalado previamente, en el portal del Poder Judicial, específicamente el sistema de consultas de expedientes judiciales, se puede apreciar todas las actuaciones realizadas en el expediente antes señalado, hasta la fecha. En ese entendido, es oportuno señalar que, de la verificación de los actuados, se advierte que la demanda referida fue interpuesta con fecha posterior a la emisión de la Acta de Infracción, de fecha 29 de abril de 2021.

8. En dicho contexto, considerando que la acción judicial interpuesta por el extrabajador Oswaldo Jonel de Jesús Otoya Tasayco, generará efectos de manera directa sobre la Resolución de Intendencia N° 056-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, esto es, de ser declarada fundada, podría implicar la disposición del pago vacaciones no gozadas, indemnización vacacional y pago de utilidades al trabajador demandante, exigido en la medida de requerimiento, o de lo contrario, de no ser amparada la demanda, permitiría corroborar el cumplimiento por la impugnante del pago de las materias citadas. Esto es, el presente procedimiento administrativo sancionador, requiere necesariamente del pronunciamiento previo de la instancia judicial.

9. Por lo tanto, atendiendo que el proceso judicial se encuentra pendiente de ser resuelto, corresponde suspender el presente procedimiento administrativo sancionador, respecto del pronunciamiento del Tribunal, hasta que la sentencia que resuelve el expediente judicial en trámite tenga carácter de cosa juzgada. Así también, debe poner en conocimiento del órgano jurisdiccional lo dispuesto en la presente resolución y la necesidad de ser informados cuando el proceso judicial culmine. Por consiguiente, carece de objeto evaluar la procedencia de los demás argumentos del recurso de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque se declare la SUSPENSIÓN del presente procedimiento administrativo sancionador, respecto del pronunciamiento que debe emitir este Tribunal, hasta que la sentencia que resuelva el expediente judicial en trámite tenga calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, deben quedar suspendidos los efectos de la Resolución de la Intendencia N° 056-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, hasta que la Sala del Tribunal tome conocimiento de la resolución firme dictada en vía judicial, a fin de emitir pronunciamiento sobre el recurso de revisión interpuesto.

20250226MCR - HR 3653-2021