Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A — Res. 1358-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planes y programas de SST (Sub materia: Otros planes y programas de SST); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre SST (Sub materia: Incluye todas); Condiciones de seguridad: En lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad); Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: Incumplimiento en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial); Identificación de peligros y evaluación de riesgos – IPER (Sub materia: Incluye todas); Sistema de gestión SST en las empresas (Sub materia: Incluye todas).

riesgos, respectivamente, causas del accidente de trabajo. Infracciones identificadas en las actuaciones inspectivas realizadas en la orden de inspección generada de oficio.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por incompleta e insuficiente identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), siendo causa del accidente de trabajo mortal, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 362,457.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no disponer de una supervisión efectiva, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 362,457.00.

i. Se está sancionando a la Empresa, bajo la conclusión errada de que fue aplastamiento pese a que el parte policial determinó que fue provocado por el deslizamiento. El aplastamiento fue la consecuencia. La resolución impugnada confunde causa del accidente (alud de piedras) con consecuencia (volcadura de vehículo), no puede desconocer los hechos que han sido constatados por la policía, estamos ante un accidente de tránsito, en el que la Sunafil no posee ni la competencia, ni las herramientas y los conocimientos técnicos necesarios para determinar sus causas. ii. No sería apropiado ni justo que se exija cumplir con las mismas medidas de control que empresas con actividades distintas y riesgos diferentes. No se toma en cuenta que el IPERC desplegó medidas de control suficientes como capacitación al trabajador, lo cual está acompañado de otros mecanismos de control como la revisión constante del vehículo, el procedimiento para solicitar vehículos, entre otros. iii. Para aplicar el agravante del artículo 28.11 es necesario que se acredite que el incumplimiento generó el accidente, en este caso el accidente fue generado por el deslizamiento de piedras.

iv. La empresa si tiene supervisión efectiva pues desplegó mecanismos de supervisión efectivos y razonables, la Empresa si cuenta con un procedimiento para identificar a quien se le hace entrega de los vehículos. v. La Subintendencia impone a la Empresa dos sanciones a partir de un mismo hecho cuando, en aplicación del Principio de Concurso de Infracciones, se debió proponer sólo la infracción de mayor gravedad. vi. En este caso estamos ante un caso fortuito o fuerza mayor porque tanto el inspector como el informe final han reconocido que existió deslizamiento de piedras a la carretera.

i. La SUNAFIL si es competente para investigar el incumplimiento de las normativas en seguridad y salud en el trabajo, puesto que más allá de un accidente de tránsito, es también un accidente de trabajo mortal, por lo que sí es correcto bajo los parámetros Ley, que tanto la PNP como la SUNAFIL emitan pronunciamientos distintos y coherentes conforme a sus competencias y facultades. ii. Si bien es cierto el inspeccionado es una entidad financiera, ello no enerva que entre sus actividades este contemplado el desplazamiento de sus trabajadores como parte de su trabajo al realizar viajes o visitas para evaluaciones de créditos financieros, etc. Por lo que de igual manera está obligado a identificar los peligros y riesgos concernientes a todos los puestos de trabajo. iii. La infracción sancionada no es por condiciones inseguras del vehículo, conforme lo argumenta el inspeccionado, sino por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo mortal, debido a una incompleta e insuficiente identificación de peligros y evaluación de riesgos, siendo causa del accidente de trabajo mortal. iv. Si bien es cierto la aplicación de todas estas medidas de control no hubieran evitado el desplazamiento de piedras; no obstante, si pudieron haber mitigado el accidente hacia los trabajadores, pues de haberse identificado todos los peligros y riesgos relacionados a la actividad, se pudieron haber aplicado mayores medidas de control que protejan y resguarden la vida y seguridad de los trabajadores, considerándose aún que solo capacitar y entrenar al personal a todas luces deviene en insuficiente para la actividad realizada, configurándose de esta manera el nexo causal entre el accidente de trabajo y la infracción sancionada. v. Si bien la circunstancia en que se produjo el accidente fue por un deslizamiento de piedras, no obstante, el inspeccionado tiene el deber de prevención en verificar el

2 Notificada el 11 de setiembre de 2023.

cumplimiento y medir los resultados del esquema o diseño que conlleva la supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que, si el inspeccionado hubiera realizado una supervisión efectiva de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los fundamentos expuestos, hubiera prevenido o mitigado el accidente de trabajo. vi. Siendo que se encuentra determinado el nexo causal de las infracciones imputadas conforme se ha argumentado, queda claro que no existe algún acto arbitrario contra del debido procedimiento, ni mucho menos nos encontramos frente a una vulneración del principio de concurso de infracciones. Por lo que ambas infracciones corresponden ser sancionadas de forma independiente. vii. No resulta cierto que la resolución apelada adolezca de una debida motivación, toda vez que existe una clara correspondencia entre los hechos constatados y las normas jurídicas infringidas, se advierte que los cuestionamientos a la resolución apelada son insubsistentes e incongruentes con lo expuesto en ella, por ende, no se encuentra razón o causal para declarar la nulidad de la misma.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A. EN LIQUIDACION

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 29 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 153-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

i. Ni en el acta de infracción, informe final de instrucción, ni en la resolución subintendencia ni en la resolución de intendencia se ha señalado cuál es el nexo causal al amparo del cual se sanciona, apartándose de los precedentes del Tribunal.

ii. La resolución de segunda instancia reconoce que el accidente se originó como consecuencia del deslizamiento de piedras del cerro a la carretera y ha señalado que las acciones de la empresa no habrían podido evitar este deslizamiento de piedras.

iii. La resolución de intendencia no ha motivado ni acreditado la relación de culpabilidad y causalidad entre los presuntos incumplimientos y el accidente de trabajo. Así, no puede imputarse responsabilidad a la empresa en tanto, hasta el momento, no se ha establecido el nexo de causalidad entre la responsabilidad de la empresa y la producción del accidente.

iv. Se ha vulnerado el derecho de defensa al variar los hechos constitutivos de infracción. Así, en el acta de Infracción se señaló que incurrimos en una infracción a la supervisión efectiva por no que no renovamos oportunamente la Carta No. 160- 2021; sin embargo, en la Resolución de Subintendencia señala que esta infracción se debió a que no se tomaron en consideración las actitudes y condiciones físicas de los trabajadores.

v. El inspector confunde causa de accidente con consecuencia del accidente, la resolución de primera instancia repite este error y la de segunda instancia guarda silencio sobre la apelación en este sentido.

vi. La multa debe dejarse sin efecto porque el accidente se produjo por un caso fortuito no relacionado con las normas de SST.

vii. Se ha vulnerado el debido procedimiento, pues es contrario a derecho que este PAS tenga dos informes finales de instrucción.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a

cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.” 10 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 11 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 12 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.”

13 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 14 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 16.

15 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 16 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

“6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”17. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

17 MONTEAU, M. “Análisis y presentación de informes: investigación de accidentes” En Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tomo II, cap. 57, Madrid: OIT, p. 57.26.

infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción.” (énfasis añadido)

“(…) el sujeto inspeccionado no acreditó haber desarrollado una completa y oportuna supervisión de las medidas preventivas contenidas en su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, toda vez que, luego de revisado el IPER se pudo comprobar que corresponde a la versión 01 de fecha 09 de enero de 2021; por lo que, se infiere que las versiones anteriores carecían también de los controles necesarios para minimizar los riesgos de aplastamiento, cuya mejora continua y supervisión efectiva hubiesen evitado la ocurrencia del accidente de trabajo con consecuencias mortales; por ello, en ese orden de ideas, se colige que la supervisión fue ineficiente. También se pudo corroborar que, en el documento denominado flujograma de uso de vehículos que permite la autorización para el uso de vehículos mediante solicitud del trabajador hacia el gerente de tienda, no evidencia un mecanismo exacto y documentado de la

18 LSST, el artículo 41 “La supervisión permite: a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. b) Adoptar las medidas preventivas o correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo. c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.”

ocurrencia de dicha solicitud, pudiendo transcurrir en forma verbal, por escrito o por otros medios tecnológicos de ser el caso; siendo, esta falta de precisión, una deficiencia que evita la adecuada supervisión del objetivo del flujograma mencionado, que es la asignación o autorización de uso del vehículo institucional al trabajador idóneo para dicho fin. Cabe indicar que, el origen del documento cuenta con referencia de aprobación: “CN N° 133-2021 del 23 de julio de 2021, por tanto, se advierte que, a la fecha del accidente de trabajo con consecuencias mortales, no se han desarrollado mejoras al documento producto de la deficiente supervisión”.

“6.5.14. En tal sentido, la supervisión en la seguridad y salud en el trabajo constituye un concepto amplio que define a acciones significativas que posibilitan la mejora continua, siendo entonces un instrumento trascendente en el diseño, desarrollo, guía y parámetros dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la “supervisión” no se reduce a la figura de un personal (“supervisor”) cuya función en concreto sea la de realizar la labor de ejecutar dichas acciones de control (“supervisar”). El concepto, en realidad, alude a los procedimientos y métodos diseñados y establecidos por el empleador —deudor de seguridad— para medir, recopilar y prevenir con ello los riesgos y peligros en el trabajo. Dicha metodología y procedimientos deben ser comprobables por la inspección del trabajo a través del deber de colaboración y el ejercicio de las facultades de la inspección del trabajo.

efectúe, en mérito al precedente antes señalado, el análisis de los procedimientos con los que contaba la impugnante, las medidas de control implementadas y las condiciones de trabajo presentes el día del accidente de trabajo, en concordancia con lo establecido en sus procedimientos.

“(…) si bien es cierto, el vehículo contaba con mantenimiento, flujograma para la entrega de vehículos y un lugar para guardarlo, se debió prever la aptitud y condiciones físicas de los trabajadores, ya el señor Campos, aunque, contaba con licencia de Conducir con clase y categoría AI, este no estaba con las condiciones físicas para conducir, toda vez que se encontraba cansado y/o agotado dado que venía manejando desde la ciudad de Barranca hasta Huacho donde se encontraron y partieron a las 06:00 a.m., y por otra parte el señor Montes no contaba con licencia al momento de conducir el vehículo, siendo evidente las omisiones incurridas por administrado, poniéndolos en riesgo en la conducción del vehículo, pues ninguno de los dos se encontraban en las condiciones óptimas para conducir, por tanto, el control eficaz de las labores de los trabajadores afectados, debieron darse previos a la conducción del vehículo.

En cuanto a la bitácora de fecha abril de 2022, no se observa la información mínima respecto al lugar de destino ya que no se le identifica, y si bien es cierto, aparece como conductor el señor Campos, dicho documento resulta ser impreciso, ya que no se verifica la placa del vehículo, el estado del vehículo, etc. (véase fojas 479); asimismo la fecha de salida se encuentra alterada no dando credibilidad y certeza de los plasmado, por lo que se evidencia un inadecuado control suficiente y un mecanismo que permita reconocer con certeza la identidad del conductor, al momento de la salida de la comisión de servicios estando dentro del ámbito de control de la empresa, por tanto, la empresa no desplego mecanismos de supervisión efectivos y razonables, para la conducción del vehículo.”

“3.12. (…) conforme se puede evidenciar de los actuados en la orden de inspección y de lo constatado en el acta de infracción, el trabajador autorizado para maniobrar la unidad móvil el día de la comisión, fue el Sr. Campos, y no el Sr. Juvenal, asimismo, se observa la constancia de recepción y cumplimiento de documentos recibido por los trabajadores (MOF, Manual de procedimientos, RIT, RISST, entre otros), aunado a ello, consta en el acta de infracción que en el capítulo IV del RISST referidos a los ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, respecto al uso de los vehículos, se indica como una de las obligaciones de todos los conductores autorizados: “No confiar el manejo del vehículo a personas no autorizadas”, del cual permite determinar que el trabajador Campos, conocía de esta obligación contemplado en el RISST; por lo que, cambiar su lugar con el trabajador Juvenal, no fue una decisión acertada en aras al cumplimiento del RISST; sin embargo, la supervisión efectiva no se reduce a la figura de un personal (“supervisor”) cuya función en concreto sea la de realizar la labor de ejecutar dichas acciones de control (“supervisar”), conforme lo deja entrever el inspeccionado al alegar que “en el lugar del accidente (carretera de retorno de PUNA) no existía posibilidad de que la empresa controle/supervise si el señor Campos le cedía el vehículo a otra

persona”, más conforme se ha señalado líneas arriba el concepto de supervisión efectiva, en realidad, alude a los procedimientos y métodos diseñados y establecidos por el empleador — deudor de seguridad— para medir, recopilar y prevenir con ello los riesgos y peligros en el trabajo. En tal sentido, la supervisión en la seguridad y salud en el trabajo constituye un concepto amplio que define a acciones significativas que posibilitan la mejora continua, siendo entonces un instrumento trascendente en el diseño, desarrollo, guía y parámetros dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme lo establecido el Precedente observancia obligatoria emitido por el TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL mediante RESOLUCIÓN DE SALA PLENA Nº 011-2022-SUNAFIL/TFL.

vehículo era respecto del señor Montes, que en efecto no tenía licencia al momento de los hechos. Asimismo, se advierte una conclusión ligera por parte de la instancia de sanción al señalar, sin mayor análisis, por qué el señor Campos manejó de Barranca a Huacho, se encontraba cansado y/o agotado; esto es, sin considerar el tiempo de distancia recorrida entre dichas ciudades.

“El sujeto inspeccionado presentó el documento denominado Identificación de peligros y evaluación de riesgos (en adelante IPER) que incluyen las actividades de los puestos de trabajo asesor de negocios (…) y Negocios (…). En el IPER incluyen para ambos puestos de trabajo el riesgo asociado a APLASTAMIENTO (tal como ocurriese al momento del accidente de trabajo); ante ello, el sujeto inspeccionado consignó en el IPER el control denominado Capacitar y entrenar al personal. Esto último, no constituye un control eficaz o suficiente que permita minimizar o reducir el riesgo y sus consecuencias o daños a la salud, debido a que, su aplicación como control se desarrolla durante el uso del vehículo y tiene como objetivo ejecutar acciones seguras durante el manejo del vehículo; a cargo del albedrío o decisión del conductor, detectándose las posibles acciones inseguras durante el uso del vehículo en forma tardía o posterior a la conducción del vehículo. El establecimiento de controles durante el uso del vehículo, tales como la notificación en tiempo real del control de velocidad (GPS o por otros medios), jaula o estructura de protección interna implantada al vehículo considerando que pudiesen ocurrir eventos naturales inopinados (sismos, derrumbes u otros), reporte telefónico de posibles incidencias ejecutadas por el conductor durante las pausas activas de la comisión de servicios; entre otras posibles medidas de control permiten determinar la ineficacia de los controles establecidos en el IPER, durante el uso del vehículo. Por otro lado, tampoco se implantó en el IPER medidas de control antes del uso del vehículo, tales como, check list de pre uso vehicular u otro documento similar que por medios físicos o virtuales permitan reconocer oportunamente posibles condiciones inseguras del vehículo antes de su uso o conducción, asimismo, no cuentan con un mecanismo que permita reconocer la identidad del conductor al momento de dar inicio a la conducción del vehículo, siendo importante esto último, pues hubiese permitido al sujeto inspeccionado determinar la suficiencia del conductor autorizado (cumpliendo con lo establecido en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo del sujeto inspeccionado), esto último hubiese evitado la secuencia de hechos que determinaron la ocurrencia del accidente de trabajo con consecuencias mortales.”

“Se observa en el IPER que para ambos puestos de trabajo, existe el riesgo asociado a APLASTAMIENTO, y como bien se ha señalado, el sujeto inspeccionado solo consignó en dicho documento como medida de control Capacitar y entrenar al personal no

constituyendo una acción eficaz o suficiente que permita minimizar o reducir el riesgo y sus posibles consecuencias o daños a la salud de los trabajadores durante el uso del vehículo, el cual tiene como finalidad ejecutar acciones seguras durante el manejo del vehículo (check list, identificación del conductor, procedimientos de entrega del vehículo, etc.); omisiones que de una u otra manera imposibilitan el uso adecuado del vehículo, en este sentido, se colige que el sujeto inspeccionado ha vulnerado lo señalado en el artículo 28.11 del RLGIT.”

“6.51. En dicho contexto, se advierte que la autoridad inspectiva no ha demostrado de qué forma se relacionan, bajo una configuración causal acertada, los hechos significativos siguientes: la ausencia de entrega del RISST actualizado al trabajador — quien posteriormente sufrió el accidente de trabajo— y la ocurrencia del accidente de trabajo, en particular. Tampoco, en la motivación del acta de infracción, se ha argumentado que la falta de determinados estándares en el RISST haya privado al trabajador de información indispensable para evitar o mitigar el riesgo que finalmente se concretó. La responsabilidad administrativa por una infracción que, conforme con los tipos sancionadores como el 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, demandan un actuar riguroso exigible al inspector actuante. En efecto, cuando la autoridad fiscalizadora analiza los hechos de un caso, y subsume la responsabilidad del empleador bajo esos tipos sancionadores, el desenlace del comportamiento reprochado al empleador y el factor causal que ocasiona - es decir, que motiva, origina, produce, provoca o suscita, conforme con las voces sinonímicas reconocidas por la Real Academia de la Lengua Española - no puede concluir la responsabilidad del empleador únicamente basándose en conjeturas sin un debido sustento inferencial o, como ocurre en este caso, en meras omisiones formales que se presenten desconexas del hecho lesivo, es indispensable que se verifique si dicha omisión de carácter formal privó al trabajador de información relevante y pertinente para identificar, prevenir o mitigar el riesgo que efectivamente se materializó. En consecuencia, la omisión documental en casos que involucren a la falta de acreditación de entrega del RISST solo podrá generar responsabilidad administrativa cuando, a partir de un análisis razonado de causalidad normativa, se acredite que dicha omisión privó al trabajador de medios adecuados de prevención o control del riesgo efectivamente materializado. De lo contrario, el incumplimiento carecerá de relevancia infractora en el marco del artículo 28.10 o 28.11 del RLGIT, correspondiendo su tratamiento bajo otros tipos sancionadores de carácter formal o de riesgo abstracto, según corresponda.

motivada adecuadamente, podrá considerarse la omisión como causalmente relevante y subsumible en los supuestos previstos en los numerales 28.10 o 28.11 del RLGIT.”

Sobre la solicitud de informe oral

19 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo (…) “6.3. (…) No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado”.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.– Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A. EN LIQUIDACION, en contra de la Resolución de Intendencia N° 153-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 7 de setiembre de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Lima dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 416-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.– DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Subintendencia N° 273-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, de fecha 7 de julio de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 153-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, en todos los extremos.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A. EN LIQUIDACION y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251007CEC – HR 190275-2023