Caja de Pensiones Militar Policial — Res. 543-2026

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Actos de hostilidad y modificación unilateral de condiciones de trabajo (Sub materia: Otros hostigamientos), y Relaciones colectivas (Sub materia: Convenios colectivos).

EXPEDIENTE SANCIONADOR : 3612-2020-SUNAFIL/ILM

PROCEDENCIA : INTENDENCIA DE LIMA METROPOLITANA

IMPUGNANTE : CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

ACTO IMPUGNADO : RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 850-2023- SUNAFIL/ILM

MATERIA : RELACIONES LABORALES 17:46:15-0500

de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incurrir en actos de hostilidad (dificultar el ejercicio de las funciones de la trabajadora afectada como Coordinadora de Recaudación y Recuperaciones); tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. 1.4 Con fecha 30 de marzo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N.° 713-2023-SUNAFIL/ILM/SISA1.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

7 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14 8 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Caja De Pensiones Militar Policial

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 24 de julio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 850-2023-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. Alegan que, dentro del Acta de Infracción y demás actos administrativos, no se ha acreditado la infracción, motivo por el cual evidencian un acto contra la debida motivación. ii. Refieren que, se ha inaplicado el literal c) del artículo 45 de la LGIT, en tanto que, observan un error en el cómputo del plazo en el Informe Final de Instrucción, la Resolución de Sub Intendencia y la Resolución de Intendencia, que debía ser de 15 días hábiles y no 05 como se concedió en la Imputación de Cargos; el mismo que de acuerdo a la norma especial (Ley 28806) debe ser considerada por encima de normas orgánicas (Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII) y normas generales (LPAG). Sin embargo, no se absuelven sus argumentos en este extremo. Por lo que, no advierten una debida motivación. iii. Sostienen que se ha vulnerado el principio de legalidad por no aplicar el literal c) del artículo 45 de la LGIT. Sin embargo, mediante la Imputación de Cargos contaban con cinco (05) días para interponer un descargo, y cumpliendo con lo dispuesto en la LGIT, interpusieron descargos el día 09 de notificado este último documento. Todo ello les ha generado un estado de indefensión, toda vez que mediante el Informe Final de

Instrucción N° 1655-2022-SUNAFIL/LM/SINS/AI2, se les informa que el descargo devino en extemporáneo. iv. Por otro lado, manifiestan que, existe una interpretación errónea del literal g) del artículo 30 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, referido a la facultad del ius variandi del empleador para cambiar las actividades de trabajo. v. Al respecto, consideran que, resultaba razonable que se establezcan medidas correctivas, respecto al no cumplimiento de cálculo de la deuda y las acciones de recupero, motivo por el cual, designaron a la señora Catalina para el cálculo de las deudas por cobrar de enero al 10 de junio de 2019, de la recuperación y control de cuentas por cobrar del año 2019 y de todas las gestiones detalladas en el numeral 5.23 descrito en el Acta de Infracción; todo ello subsume a una actividad de corrección y verificación de las actividades que la denunciante no realizó diligentemente. vi. Sostienen que ejercieron su poder de dirección de manera regular, dividiendo las actividades, para corregir las actividades de la señora Ratto, respetando que se encontraban facultados al ejercicio de tales potestades al contrato de trabajo. vii. Señalan que, el cambio de labores también se sustenta en las necesidades objetivas del centro de trabajo, toda vez que, conforme a lo iniciado por el Organismo de Control Interno de la Contraloría de la República, se procedió a realizar la revisión, control y corrección de la recuperación y control de cuentas por cobrar hasta el 10 de junio de 2019, y que la trabajadora podría continuar con sus actividades regulares. viii. Precisan que, la aplicación del ius variandi es razonable y justificada, y no se constituye en un acto de hostilidad, toda vez que estas modificaciones no impidieron el ejercicio de las actividades regulares de la trabajadora. ix. Refieren que, no se ha especificado el acto de hostilidad realizado, en tanto que, la encargada de informar a la trabajadora sobre las actividades de recupero no fue la CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, sino la trabajadora Catalina, persona que estaba a cargo de dichas actividades. x. Agregan que, si la señora Catalina se iba a hacer cargo de las actividades de recupero hasta el 10 de junio de 2019 y la señora Ratto, desde el 11 de junio de 2019; si en caso no se informe, ello no impide el cumplimiento y reporte de las actividades de la señora Ratto, toda vez que pertenecen a dos periodos distintos. xi. Alegan que, pese a que todos los hechos concluían que la trabajadora no había cumplido diligentemente con sus actividades de gestión de recupero, no la han sancionado, motivo por el cual no se evidencian actos de hostilidad. xii. Demuestran que, no han intervenido de manera directa o indirecta sobre las actividades de la trabajadora, ni mucho menos se dispuso que la señora Catalina no informe deliberadamente sus actividades a la denunciante. xiii. Por último, aducen una mala interpretación de un acto de hostilidad del literal g) del artículo 30 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, en tanto que, no se ha acreditado el acto de hostilidad cometido; es decir, cuál es la acción deliberada y/o ejercicio abusivo del ius variandi que fue considerado como un acto de hostilidad. Simplemente se remiten a señalar que, la señora Catalina no informo a la trabajadora, y ese accionar constituyó en un acto de hostilidad, lo cual resulta incongruente, toda vez que no guarda una relación jurídica entre el supuesto de hecho y el deber jurídico. xiv. Solicitan el uso de la palabra.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los elementos constitutivos del acto de hostilidad

“a) El poder de dirección, el cual contiene las facultades de organización (que versan sobre las órdenes e instrucciones generales o particulares, mediante las cuales se instrumenta la implementación de los recursos empresariales en orden a la consecución de sus objetivos) y de control de los trabajadores (que supone el empleo de los medios necesarios para comprobar que el trabajador ha cumplido sus obligaciones); b) El poder disciplinario (que se refiere a la facultad de sancionar, en caso de incumplimiento de obligaciones laborales, la cual se constituye como una especie de corolario de las facultades de organización y control); y, c) El poder de variación o ius variandi, el cual supone la posibilidad para el empresario de actualizar los contenidos específicos de la prestación laboral de cada trabajador, conforme a las necesidades que impongan las circunstancias de la empresa, del propio puesto de trabajo

o de los procedimientos técnicos aplicables; siendo estas características las que lo dotan de un carácter restrictivo9. “

9 Cfr. MOLERO MANGLANO, Carlos; SÁNCHEZ-CERVERA VALDÉS, José Manuel y otros. Manual de Derecho del Trabajo. 5ta. Edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 2005, pp. 270-273. 10 BOZA PRO, Guillermo. Lecciones de Derecho del Trabajo. 1ra. Edición. Lima. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2011, pp. 129,130. 11 TOYAMA, Jorge. El derecho individual del trabajo en el Perú, un enfoque teórico-práctico. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 251. 12 TOYAMA, Jorge. El derecho individual del trabajo en el Perú, un enfoque teórico-práctico. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 251. 13 Blancas Bustamante C. (2007). El acoso moral en la relación de trabajo (1. ed.). Palestra Ed.

“Se ha establecido sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad invocado, “propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador”, que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad, sino que por el contrario haciendo uso abusivo del mismo menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los trabajadores; lo que justifica la necesidad de exigir la acreditación de dicha”(énfasis añadido).

"Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional” (énfasis añadido).

Sobre los actos de hostilización en el caso materia de revisión

14 Casación Laboral N° 25294-2018 LIMA NORTE. 15 Exp. 2235-2004-AA/TC, Fundamento 6, segundo párrafo.

 Mediante MEMORANDO N° 261-20127CPMP-GG, de fecha 28 de setiembre de 2022, se le asignó a la recurrente el cargo de “Coordinadora de Recaudación y Recuperaciones de la Gerencia de Pensiones”, decisión que se hizo efectiva a partir del 01 de octubre de 2012.

 Según la Directiva N° 11-2018, Directiva de Consejo Directivo, referida a normas y procedimientos sobre Gestión de Cuentas por Cobrar Previsionales, de fecha 25 de octubre de 2018, el control de las deudas por cobrar se encuentra bajo la supervisión del Coordinador de Recaudación y Recuperaciones, quien al cierre de cada mes debe elaborar un informe de gestión a la gerencia de Pensiones.

 Con Informe de Auditoría N° 004-2017-2-0325, de fecha 18 de mayo de 2017, el Órgano de Control Institucional emitió el resultado de las investigaciones sobre el proceso de recupero de las cuentas por cobrar de pensiones sobre casos detectados de doble percepción, informando que han detectado observaciones o deficiencias en la gestión de recupero a cargo de la “Coordinación de Recaudación y Recuperaciones”, sobre casos referidos a doble percepción (periodo del 30 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016), control de supervivencia (pago de pensiones posterior al fallecimiento en el periodo de setiembre a diciembre de 2017) e insuficientes acciones para iniciar el proceso de recuperación y planillas de aportes remitidas sin el sustento documentario correspondiente (periodo del 04 de abril de 2018 al 12 de marzo de 2019), por lo que, se recomendó que la Gerencia de Pensiones adopte las medidas correspondientes para solucionar dichas observaciones.

 Mediante MEMORANDO N° 108-2019/CPMP-GP, de fecha 13 de febrero de 2019, la Gerencia de Pensiones, comunicó a la recurrente, en su calidad de “Coordinadora de Recaudación y Recuperaciones”, y a la Asistente de Gerencia de Pensiones que, con el objeto de mejorar el proceso de recuperaciones, se ha visto en la necesidad de implementar un proyecto por un periodo de 6 meses, que permita entender y gestionar el recupero de todas las deudas registradas y de los requerimientos de las áreas recibidas con anterioridad al año 2019. Asimismo, se dispuso que la Asistente de Gerencia de Pensiones cuente con un equipo de trabajo, y que la recurrente mantendría sus funciones como “Coordinadora de Recaudación y Recuperaciones”, según el MOF y normativa interna correspondiente, precisándose que, respecto a la gestión de recuperaciones esta se centrará en las cuentas por cobrar previsionales que fueron registradas y de los requerimientos de las áreas recibidas con posterioridad al año 2018.

 Posteriormente, mediante MEMORANDO N° 402-2019/CPMP-GP, de fecha 11 de junio de 2019 se le informó a la recurrente, entre otros, que, con el objeto de continuar con la mejora en los procesos de recaudación y recuperaciones, y a fin de agilizar el proceso de recuperación de cuentas previsionales, el cual se encuentra tercerizado con la empresa EXPERIAN, se ha dispuesto proporcionarle espacios adecuados a su coordinación para el mejor desempeño de sus funciones, por lo que, se le ha implementado una oficina en el primer piso, donde se encuentra el departamento de Liquidaciones y la Coordinación de Verificaciones de la Gerencia de Pensiones. Asimismo, que, las gestiones de recupero están a cargo de la

Asistente de Gerencia de Pensiones, la cual debía informar a la Gerencia de Pensiones, con copia a la recurrente, en su calidad de Coordinadora de Recaudación y Recuperaciones, el avance de dichas gestiones, y que debía velar por el cumplimiento a cabalidad de toda la gestión correspondiente a la Coordinación de Recaudación y Recuperaciones, informando a la Gerencia de Pensiones sobre los avances de su gestión.

 Luego, por medio del MEMORANDO N° 419-2019/CPMP-GP, de fecha 14 de junio de 2019, el Gerente de Pensiones informa a la recurrente, que la Asistente de Gerencia de Pensiones se encargaría de los cálculos de deudas pendientes desde el 10 de junio de 2019 hacia atrás, y que esta debía informar al cierre de cada semana a la Gerencia de Pensiones, con copia a la Coordinación de Recaudación y Recuperaciones.

 Mediante escrito de fecha 18 de junio de 2019, la recurrente solicita al sujeto inspeccionado el cese del acto de hostilidad, indicado en el literal c) del Decreto Supremo N° 003-97-TR, referido a “el traslado del trabajador a un lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente sus servicios, con el propósito de ocasionarle un perjuicio” y que se tomen las acciones para que se les restituyan sus funciones retiradas, como la supervisión de personal auxiliar, así como el retorno a su ubicación física anterior.

 Mediante Carta N° 156-2019/CPMP-CG, de fecha 21 de junio de 2019, suscrita por el gerente general del sujeto inspeccionado, se da respuesta a la recurrente, señalando que, no se demuestran los actos de hostilidad; asimismo que, se vieron en la necesidad de iniciar un proyecto de recuperaciones que duraría 6 meses, pero que la recurrente mantendría todas sus funciones, y que no se ha dispuesto su traslado a un lugar geográfico distinto, entre otros argumentos.

 Mediante MEMORANDO N° 615-2019/CPMG/GP, de fecha 14 de agosto de 2019, el Gerente de Pensiones informa a la recurrente que se ha decidido ampliar al 31 de diciembre de 2019, el plazo del proyecto de gestión de recuperaciones implementado mediante MEMORANDO N° 108-2019/CPMP-GP, debido a que, el procedo de gestión de recupero anterior al 2019 aún no culmina, y adicionalmente se dispuso que la Asistente de Gerencia de Pensiones debe gestionar el recupero de las cuentas de todo el año 2019, entre otros.

 En fecha 14 de agosto de 2019 se realizó una visita inspectiva al centro de trabajo, siendo atendidos por el jefe de Recursos Humanos, se hizo un recorrido por las instalaciones, visitándose el área de Recuperaciones, ubicada en el segundo piso, y luego el primer piso, donde se encuentra la Gerencia de Pensiones, el

Departamento de Liquidaciones, y el Departamento de Coordinación de Verificaciones, encontrándose a la recurrente instalada en una oficina.

 En dicha diligencia inspectiva, la jefa de Recursos Humanos señaló que el traslado de la recurrente al primer piso se dio en la primera semana de julio, y el motivo fue porque en el segundo piso se ha habilitado un espacio de atención a los pensionistas que son atendidos por el Área de Recuperaciones, y por el proyecto de atención de gestión de recuperaciones (MEMORANDO N° 108-2019/CPMP-GP). Asimismo, señala que se le quiso dar un mejor acondicionamiento a la recurrente.

 Asimismo, señalaron que la recurrente sigue siendo la responsable de la encargatura de recaudaciones y recuperaciones, y que la Asistente de Gerencia de Pensiones, está encargada de ejecutar las acciones para levantar las observaciones del OCI, y auditoría interna sobre montos pendientes de recuperar y cobrar del 2018 hacia atrás, y luego este encargo se amplió a los pendientes generados el 10 de junio de 2019.

 Asimismo, en diligencia de comparecencia, de fecha 02 de setiembre de 2019, precisaron que la Asistente de Gerencia de Pensiones debía informar a la recurrente sobre las gestiones que se vienen realizando para recuperar y cobrar las deudas pendientes del 2018 para atrás y luego hasta el 10 de junio de 2019.

 Por su parte, la recurrente exhibió correos electrónicos, y señalo que a raíz de la apertura de la Orden de Inspección se le ha empezado a copiar correos referidos al proceso de recuperación, y que no ha recibido informe de gestión alguna. Asimismo, afirmó que los correos que presenta acreditan que no se le copian los correos referidos al proceso de recuperación.

gestión en lo referente a la recaudación de aportes, cálculo de deudas y recuperaciones. Tal como lo dejó en claro la Jefe de Recursos Humanos y apoderada del sujeto inspeccionado, en las diligencias de comparecencia de fecha 02 de setiembre de 2019 y 12 de noviembre de 2019 (énfasis añadido).

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.28 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por

autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007- HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho

16 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales

Por incurrir en actos de hostilidad (dificultar el ejercicio de las funciones de la trabajadora como Coordinadora de Recaudación y Recuperaciones).

Numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, en contra de la Resolución de Intendencia N° 850-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 27 de junio de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3612-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 850-2023-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260415MCR – HR 73367-2019