Cabify IT S.A.C — Res. 963-2022

Mediante Orden de Inspección N° 18038-2018-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 3520-2018-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, en mérito a la denuncia interpuesta por la extrabajadora, Erika Marjory Huamani Rimachi, para que se efectúe la verificación sobre el cumplimiento del pago de beneficios sociales.

Mediante Imputación de Cargos N° 953-2019-SUNAFIL/ILM/SIAI, del 11 de marzo de 2019 y notificada el 19 de marzo de 2019, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1189-2019-SUNAFIL/ILM/SIAI, de fecha 24 de abril de 2019 (en adelante, Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 619-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 08 de julio de 2019, notificada el 31 de julio de 2019, multó a la impugnante por la suma de S/ 9,337.50 por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 21 de agosto de 2019, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 619-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1740-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de diciembre de 20212, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 619-2019- SUNAFIL/ILM/SIRE3, por considerar que:

Con fecha 06 de enero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1740-2021- SUNAFIL/ILM.

La Intendencia Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-000402-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 18 de febrero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CABIFY IT S.A.C. (Antes EASY TAXI PERU S.A.C.), presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1740-2021- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 9,337.50 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 16 de diciembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CABIFY IT S.A.C. (Antes EASY TAXI PERU S.A.C.).

Las Disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

Asimismo, en el artículo 3 del mismo dispositivo normativo, se establece lo siguiente:

Ahora, la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Debiendo, para dicho efecto, contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y

En el presente caso, conforme se advierte de los numerales 8 y 9 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción se atribuye a la impugnante el hecho de no contar con un registro de control de asistencia del periodo 17 de enero de 2018 al 24 de mayo de 2018. Asimismo, si bien la inspeccionada exhibió el registro de control de asistencia del periodo 25 de mayo de 2018 al 03 de agosto de 2018; sin embargo, dicho documento no contaba con las formalidades de ley, al no haberse registrado en la mayor parte de los días, el ingreso y salida de la extrabajadora afectada, infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

Al respecto, de la propia declaración asimilada de la impugnante, contenida en su recurso de revisión, señala que la señora Erika Marjory Huamani Rimachi, en reiteradas oportunidades no firmó su entrada y salida, en claro incumplimiento de sus obligaciones laborales, pero que ello no implica desconocer la existencia del registro ni que este no cuente con el contenido mínimo exigido.

Sobre el particular, de las actuaciones se verifica que, respecto al registro de control de asistencia del periodo comprendido del 17 de enero de 2018 al 24 de mayo de 2018, de la extrabajadora Erika Marjory Huamani Rimachi, se advierte que no se exhibió ningún documento, pese a habérsele solicitado en los requerimientos de comparecencias de fechas 12 de noviembre10 y 20 de noviembre de 201811; por el contrario, la impugnante reconoció no contar con dicho registro, indicando de forma verbal que “no contaban con el registro de asistencia” conforme se ha dejado constancia en el numeral 9 y 10 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción.

Ahora bien, respecto al registro de control de asistencia del periodo 25 de mayo de 2018 al 3 de agosto de 2018, se ha dejado constancia en las actuaciones inspectivas que, el citado registro no contaba con las formalidades de ley, al no haberse registrado en la mayor parte de los días, el ingreso y salida de la extrabajadora Erika Marjory Huamani Rimachi. En referencia a eso, se advierte de lo alegado por la impugnante que, “en el citado registro la extrabajadora no firmó su entrada y salida, en claro incumplimiento de sus obligaciones laborales”.

Al respecto, de las actuaciones inspectivas se verifica que ha quedado acreditado el hecho que la impugnante no contaba con el registro de control de asistencia, advirtiéndose que no se exhibió ningún documento respecto al periodo comprendido del 17 de enero de 2018 al 24 de mayo de 2018, y que si bien, exhibió el registro de control de asistencia del periodo comprendido del 25 de mayo de 2018 al 03 de agosto de 2018, en el citado registro, la mayor parte de los días, no ha sido registrado el ingreso y salida de la extrabajadora, pese a encontrarse obligada a contar con el mismo, en cumplimiento de las formalidades establecidas en el Decreto Supremo N° 004-2006-TR.

Ahora, cabe señalar que la obligación de contar con dicho registro no es de carácter opcional, pues el mismo debe ser implementado y verificado durante todo el periodo que dura el vínculo laboral, esto es, los empleadores deben llevar un adecuado registro de la asistencia de sus trabajadores, sin admitir un carácter excepcional al mismo, salvo las que legalmente

Respecto a lo alegado por la impugnante, en relación a la supuesta interpretación extensiva de la infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, cabe precisar que, la propuesta realizada por el inspector comisionado en el Acta de Infracción, se enmarca en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, el cual establece: “No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”. En tal sentido, conforme a la normativa citada, se advierte que la descripción de la conducta que se sanciona, en la cual se ampara la infracción imputada, concierne a la no acreditación del registro de control de asistencia del periodo del 17 de enero de 2018 al 24 de mayo de 2018, de la extrabajadora Erika Marjory Huamani Rimachi, lo que fue reconocido por la impugnante; asimismo, a la acreditación del registro de control de asistencia del periodo 25 de mayo de 2018 al 03 de agosto de 2018 exhibido por la impugnante, al haberse dejado constancia que la mayor parte de los días de ingreso y salida de la extrabajadora, no han sido registrados, lo cual también ha sido reconocido por la impugnante en su recurso de revisión; por lo que, al no cumplir con la información mínima que debía contener, conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR.

Por tanto, habiéndose acreditado que la impugnante no contaba con el registro de control de asistencia del 17 de enero de 2018 al 24 de mayo de 2018, y que, en el citado registro, respecto al periodo del 25 de mayo de 2018 al 03 de agosto de 2018, la mayor parte de los días de ingreso y salida de la extrabajadora, no habían sido registrados, ha incurrido en la infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. En tal sentido, no cabe acoger este extremo del recurso.

En esa línea, es oportuno señalar que la implementación del Registro de control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia en su manejo, esto es, que la norma no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realicen las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad.

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente

En ese sentido, el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad, así como de proporcionalidad, según lo dispuesto por el artículo 24612 numeral 3) del TUO de la LPAG. Considerando ello, en la resolución sancionadora, al momento de imponer la sanción de multa, se realiza ello, en base a lo sustentado y de acuerda a la normativa vigente, cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora pueda imponer otro valor distinto. Por ende, no se ha realizado una interpretación y aplicación indebida del numeral 47.3 del artículo 47 del RLGIT, en los términos señalados por la impugnante.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, así como tampoco la resolución impugnada, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario añadir que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.