BPO Perú Sociedad Anónima Cerrada – BPO Perú S.A.C — Res. 988-2024

Mediante Orden de Inspección N° 22710-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 4440-2020- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 595-2022-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 02 de marzo de 2022, notificada el 04 de marzo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1298-2022/SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 02 de junio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1248-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 04 de noviembre de 2022, notificada el 07 de noviembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 22, 618.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 15 de noviembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1248-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 0033-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de enero de 20232, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 06 de febrero de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 0033- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000286-2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 14 de febrero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que BPO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – BPO PERU S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0033-2023-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 22, 618.00 por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES, a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 17 de enero de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas,

El artículo 9 de la LGIT, establece que los empleadores y sus representantes, están obligados a colaborar con los inspectores del trabajo cuando sean requeridos para ello. Asimismo, precisa en su literal c)9 , corroborado con lo dispuesto en el numeral 15.1 del artículo 1510 del RLGIT, exigencia y obligatoriedad que emerge de mandato legal colaboración que debe efectuarla en las visitas u otras actuaciones inspectivas, tanto por los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, prestarán la colaboración que precisen los inspectores de trabajo para el adecuado ejercicio de sus funciones. 6.2. Sobre el particular, el artículo 11 de la LGIT respecto a las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante i) visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, ii) requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante, y iii) comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público. (resaltado nuestro); acorde con lo dispuestos, en el literal b) del numeral 12.1 del artículo

En el presente caso, la impugnante fue sancionada con una multa de S/22, 618.00 por no haber asistido a las comparecencias programadas para el 16 de septiembre del 2020 a las 14:30 horas, y para el 15 de octubre del 2020 a las 15:20 horas en las oficinas de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL, conforme en la resolución impugnada incurriendo en dos infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre el particular, el alegato de la impugnante, está centrada en eximir su responsabilidad de la infracción imputada, basada en que no consideraban prudente enviar a su personal de representación a diligencias presenciales pues nos encontrábamos en medio de una pandemia a raíz del brote del Covid19, lo cual llevó a que el Gobierno declare el estado de emergencia nacional a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PC,, mediante el cual dispuso el aislamiento social obligatorio.

Además, se puede observar que dentro de los actuados realizados por el inspector comisionado, en la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación, mediante la cual realizó una visita de inspección al centro de trabajo en fecha 12 de octubre del 2020, observo que los trabajadores se encontraban realizando labores remotas, como se puede apreciar a continuación:

Conforme se aprecia en el numeral 4.5 y 4.9 de los hechos constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejo constancia se estuvo esperando a la impugnante y/o su representante, conforme a lo especificado en fojas 23 y 58 de autos, respectivamente; sin embargo, a pesar de haber sido llamado al sujeto inspeccionado en repetidas oportunidades, el sujeto inspeccionado y/o su representante no se hizo presente en las comparecencias del 16 de septiembre y 15 de octubre del 2020, dejándose constancia de la inasistencia del sujeto inspeccionado en el registro correspondiente.

No obstante, es preciso señalar que en el numeral 4.4 y 4.8 de los hechos constatados del Acta de Infracción, el inspector comisionado deja constancia que el impugnante ha remitido información respecto a los hechos investigados en fechas 14 de septiembre y 14 de octubre del 2020, es decir, en fechas anteriores a las programadas a los requerimientos de comparecencia, como podemos observar a continuación:

Relacionado a ello, debe tenerse en cuenta que, a partir del Estado de Emergencia que se decretó en el país desde el 16 de marzo de 2020, todas las entidades del Estado implementaron el trabajo remoto12, las mesas de partes virtuales, diligencias virtuales, supuestos que no son ajenos al procedimiento inspectivo, por ello se emitió el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII – “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectaban las actividades laborales y económicas, a consecuencia del Covid19 en el territorio nacional.

Al respecto, en el numeral 7.6.1, se determina las modalidades de actuación inspectiva y en el literal c) establece que: “c) Comparecencia virtual o presencial del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes; (...).” A renglón seguido, en el numeral 7.6.2. “se privilegiará los sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, para cualquier modalidad de actuación inspectiva; de forma excepcional se realizarán de forma presencial” (énfasis añadido).

Aunado a lo anterior, el inspector comisionado debió emitir requerimiento de información o comparecencia por medio de sistema de comunicación, en el marco del Protocolo N°005-2020-SUNAFIL/INII, estableciendo una comunicación electrónica que permita corroborar las actuaciones inspectivas; además, el impugnante remitió toda la información solicitada en los requerimientos de comparecencias, como podemos observar en las figuras N°02 y N°03 insertadas en la presente Resolución.

Si bien es cierto, que la impugnante no concurrió a las comparecencias de los días 16 de septiembre y 15 de octubre del 2020 en las Oficinas de la Intendencia de Lima Metropolitana, también debemos anotar que tales citatorios eran para presentar documentos que habían sido presentados por la impugnante en fechas anteriores a las fechas de comparecencia, tal como consta en los numerales 4.4 y 4.8 de los hechos constatados del Acta de Infracción. En ese sentido, como ha dispuesto en el fundamento 6.77 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2024-SUNAFIL/TFL, “a juicio del Tribunal, cabe que se descarte una sanción a fin de evitar que la Administración Pública de Trabajo incurra en un exceso de punición que desvirtué su actuación (…)”.

En esa medida, esta Sala considera que el citatorio de comparecencia a las Oficinas de la Intendencia de Lima Metropolitana de SUNAFIL, no resultaba exigible, por cuanto, en dichas diligencias solo se recibirían documentos, que fueron enviados en fechas anteriores a las comparecencias, y que de ninguna manera su presencia de la impugnante cambiaria o produjera la certeza de que no había infringido normas sociolaborales. Por lo que se habría cumplido con la finalidad de las mismas, que la impugnante acredite con documentos lo solicitado por los inspectores comisionados.

Tampoco es razonable, exigir la presencia física en las instalaciones de la SUNAFIL, en una época en la que aún seguían los brotes de la pandemia en sus diferentes modalidades, por lo que era necesario privilegiar la salud de las personas y mantener el distanciamiento social y recurrir a los medios informáticos que de todas maneras van a producir la certeza de las actuaciones inspectivas y que no dejan de ser útiles y por el contrario preservan el cuidado y la salud de las personas; convalidando este supuesto de hecho a una comparecencia presencial. Toda vez que la impugnante presentó escritos respecto de lo solicitado por la administración, por lo que no se le generaría indefensión, ni mucho menos que la impugnante no pueda ejercer su derecho de defensa. Pues de autos se advierte que dichos documentos fueron evaluados en su oportunidad.

En ese sentido, llegamos a la conclusión, que los Inspectores comisionados debieron privilegiar el derecho a la salud y emitir los requerimientos virtuales, por ende, cumplir con lo preceptuado en el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, en consecuencia, corresponde amparar este extremo del recurso de revisión.