Boxer Security SA — Res. 800-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Pago de la remuneración [Sueldos y salarios], [Gratificaciones]); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados ([Horas extras], [Vacaciones]); Bonificación no remunerativa; Registro de control de asistencia; Compensación por tiempo de servicios (Depósito de CTS); Seguridad social (Declaración y pago de la seguridad social [Declaración y pago de aportes en el régimen de seguridad social en pensiones]); Planillas o registros que la sustituyan (Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel

asistencia, y una (01) infracción muy grave por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

- Una (1) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las gratificaciones legales correspondiente a los periodos de julio 2019, diciembre 2019 y el periodo trunco de Julio 2020, sin considerar el promedio de las horas extras incluido los intereses legales, a favor de la ex trabajadora afectada, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (1) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las bonificaciones extraordinarias correspondiente a los periodos de Julio 2019, diciembre 2019 y el periodo trunco de Julio 2020, sin considerar el promedio de las horas extras, incluido los intereses legales, a favor de la ex trabajadora afectada, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (1) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios correspondiente a los semestres vencidos de mayo 2019, noviembre 2019 y mayo 2020 (periodo trunco del 01.11.2019 al 29.02.2019), incluido el pago de las horas extras y los intereses legales, a favor de la ex trabajadora afectada, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (1) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las remuneraciones vacacionales por los periodos 2018-2019 у 2019-2020 (trunco), así como la indemnización vacacional del periodo 2017-2018, incluido el pago de las horas extras y los intereses legales, a favor de la ex trabajadora afectada, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (1) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar contar con el Registro de Control de Asistencia en perjuicio de la ex trabajadora afectada por el periodo comprendido desde el 15 de setiembre del 2017 hasta el 31

de enero del 2019, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (1) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento de fecha 23 de noviembre del 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Se ha reiterado que han cumplido con el requerimiento de 23 de noviembre del 2020 en la que el inspector de trabajo solicita las horas extras de los meses de febrero 2019 hasta febrero de 2020, teniendo en cuenta las horas en sobretiempo al 25% por ciento y el 35% referente a la ex trabajadora afectada. Señalan que, en atención a los cuadros expuestos, acreditan haber subsanado los incumplimientos en materia sociolaboral que se le imputan. ii. Referente al registro de control de asistencia, correspondiente al periodo laborado del 15 de setiembre del 2017 al 31 de enero del 2019, presentaron la denuncia penal ante la división de investigación de delitos de alta tecnología, con la que sustentaron la pérdida de registro de asistencia, por caso fortuito y fuerza mayor conforme a lo establecido en el artículo 257 del TUO de la LPAG. iii. La fase instructora no ha realizado el cálculo respectivo por cada incumplimiento (gratificación, bonificación, remuneración vacacional, compensación de tiempo de servicio, y el pago de interés) donde pueda evidenciar que la empresa no ha cumplido con el pago de las horas extras, calculando en base a los 25% y 35% sobre todos los beneficios antes citados. No ha realizado la debida valoración de los medios de prueba. iv. Se ha evidenciado en la resolución de sub intendencia una indebida motivación, ya que no se ha indicado los cálculos que acrediten que se ha incumplido el requerimiento. Ello denota una vulneración al debido procedimiento, por lo que la resolución no resulta fundada en derecho.

2 Notificada a la impugnante el 19 de septiembre de 2022, véase folio 92 del expediente sancionador.

i. La inspeccionada presenta un cuadro en formato tabla, denominado "Resumen de Diferencias en Beneficios Sociales" en el que se consigna, a criterio de la apelante, las diferencias a pagar y los intereses por un monto total de S/ 3,128.93. Además, obra en dicho escrito la copia de una transferencia bancaria por el citado monto en la cuenta de la ex trabajadora. Sin embargo, la información que se detalla en dichos cuadros, no permite determinar la forma cómo la inspeccionada efectuó el cálculo respectivo, para cada concepto, y tampoco posibilita que la autoridad correspondiente determine que, los montos señalados, fueron calculados conforme a la norma y en atención al requerimiento del inspector de trabajo. Así, la inspeccionada no adjunta documentación que dé certeza de la forma del cálculo para determinar dicho monto abonado, más aún si se considera que en las boletas de pago no se ha consignado el detalle del cálculo de las horas extras. ii. En cuanto a las gratificaciones legales y bonificación extraordinaria, la impugnante alega que no se cumple con el requisito de la regularidad sobre los tres meses del semestre correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 27735, al haber laborado, la ex trabajadora, los meses de enero y febrero de 2020. Al respecto, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 004-97-TR el cual señala que, tratándose de las remuneraciones complementarias, de naturaleza variable e imprecisa a las que se refiere el último párrafo del artículo 16 de la Ley, los montos percibidos se incorporarán a la remuneración computable dividiendo el resultado de la suma de ellos entre el período a liquidarse. Por tanto, la inspeccionada debió incluir la sumatoria de todas las horas extras percibidas entre el 01 de enero del 2020 al 29 de febrero del 2020 y luego dividirlas entre dos, lo que no ha efectuado. Sobre los intereses legales, la constancia de transferencia bancaria acredita que el pago efectivo fue el 27 de noviembre de 2020. Sin embargo, el pago de intereses debió incluir los generados hasta dicha fecha y no hasta el 26 de noviembre de 2020, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley N° 25920. iii. Además, de la verificación de las boletas de pago de los meses de julio 2019 y diciembre de 2019, así como de la liquidación de beneficios sociales, no se incluye el cálculo del promedio de horas extras. Del mismo modo, de la documentación presentada por la empresa, no se observa documentación alguna, como recibos, constancias o transferencia bancaria, que acrediten el pago íntegro de dichos conceptos y por los períodos señalados por el personal inspectivo. Así, se corrobora el incumplimiento por no acreditar el pago íntegro de las gratificaciones legales y bonificaciones extraordinarias correspondientes a julio 2019 y diciembre 2019 y el periodo trunco de julio 2020. Del mismo modo, no resulta idóneo, para acreditar dicho pago, la presentación de cuadros en Excel con cálculos cuyas cifras no encuentran correlato en la documentación presentada por la impugnante. iv. Sobre la CTS, Autoridad de primera instancia, en el considerando 42 de la resolución apelada, ha señalado que no obra hoja de liquidación de CTS que incluya el monto a pagar por dicho concepto, y que considere el promedio de las horas extras y los intereses legales correspondiente a los semestres vencidos, de mayo 2019, noviembre 2019 y mayo 2020 (periodo trunco del 01.11.2019 al 29.02.2019), sin que, además, obre comprobante de pago, transferencia bancaria u otro documento que permita determinar que dicho ex trabajador tuvo disposición de los montos que le corresponden por concepto de CTS, aunado a la obligación del empleador de cancelar la obligación en un plazo de cuarenta y ocho horas de cesado los trabajadores. v. De la revisión de los medios de pago ofrecidos por la inspeccionada en su descargo, y que reitera en su escrito de apelación, no se acredita el pago de los conceptos adeudados por CTS, incluido el cálculo de las horas extras y los intereses. No resulta medio idóneo suficiente los cuadros de Excel con cálculos presentados, y cuyas cifras

no encuentran correlato en la documentación presentada por la inspeccionada, por lo que debe desestimarse los alegatos de la empresa en este extremo. vi. En relación a las vacaciones, la revisión de la constancia de transferencia bancaria ofrecida en su escrito de descargo, se observa que la fecha de pago fue el 27 de noviembre de 2020. Sin embargo, el pago de intereses debió incluir los generados hasta dicha fecha y no hasta el 26 de noviembre de 2020, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley N° 25920. Del mismo modo no resulta idóneo, para acreditar el goce vacacional o el pago de la indemnización vacacional por el periodo 2017 y 2018, la presentación de cuadros en Excel con cálculos cuyas cifras no encuentran correlato en la documentación presentada por la impugnante. vii. No existe medio de pago que acredite que la inspeccionada realizó un pago específico de S/2,026.67, correspondiente a 16 días de vacaciones. Del mismo modo, no es posible conocer si la inspeccionada otorgó el presunto goce del descanso vacacional de 16 días, dentro del plazo establecido legalmente, al no haberse ofrecido documentación idónea que acredite tal condición. Tampoco se sustenta por qué consideró la indemnización por 14 días y no sobre los restantes 16 de vacaciones que correspondían a la ex trabajadora afectada, ya que no obra en los actuados, documentación que acredite en forma fehaciente las fechas de efectivo goce del descanso vacacional. viii. Sobre el registro de control de asistencia, la denuncia presentada y aludida por la impugnante, por sí misma, no constituye un medio idóneo para acreditar la existencia de una condición eximente de responsabilidad en el presente caso, debido a que solo están consignadas en ella las declaraciones de parte efectuadas por el señor Eduardo Gaviria Raymond, en su condición de gerente general de la inspeccionada, que no causan fehaciencia sobre lo acontecido, tomando en consideración que, de la lectura de dicha denuncia, no se advierte que la información afectada se haya tratado sobre el registro de control de asistencia del periodo sancionado. Además, conforme se ha señalado en el considerando 30 del Informe Final, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, establece que la empresa debe adoptar las medidas de seguridad que no permita la adulteración de dicho control, el deterioro o pérdida. Por otro lado, además de la denuncia, el sujeto inspeccionado no ha aportado nuevos elementos que permitan determinar, efectivamente, que la información que alude haberse perdido corresponde a los registros solicitados por el inspector. Por lo tanto, dicho argumento no logra desvirtuar la comisión de la infracción advertida. ix. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se dejó constancia en el numeral 1.1.6 del acápite IV) Hechos Constatados del Acta de Infracción, que el recurrente no cumplió con adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la medida de requerimiento, pese que en el mencionado requerimiento se señaló que el incumplimiento constituirá infracción a la labor

inspectiva, sancionable con multa, de conformidad con los artículos 36 y 39 de la LGIT y los artículos 45 y 46 de su reglamento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Boxer Security Sa

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1535-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se presentó el cálculo de las horas extras en base al registro de asistencia, conforme lo establece la norma sobre el 25% y 35%, cumpliendo con registrar el trabajo prestado en sobretiempo con el respectivo cálculo. Así, se ha cancelado dos horas más de trabajo en base al 25% más el valor de la hora, y a partir de las siguientes horas de trabajo, se cancela el 35% más adicional al valor de la hora. Todo ello se ha presentado en un cuadro Excel que se ha adjuntado al procedimiento. ii. De acuerdo a lo calculado, se ha cumplido con efectuar el pago íntegro de las gratificaciones legales del periodo julio 2019, diciembre 2019 y el trunco julio 2020 incluido los intereses legales; en la misma relación está la bonificación extraordinaria. iii. Se ha acreditado el pago de la CTS correspondiente a los semestres vencidos de mayo 2019, noviembre 2019, y mayo 2020. Eso incluye el pago de las remuneraciones vacacionales. iv. Sobre el registro de asistencia, no se encuentra en nuestra base de datos desde el día 15 de setiembre del 2017 al 31 de enero del 2019; sin embargo, se presentó la denuncia de delito cibernético en febrero 2019, acreditándose que se ha perdido la información por caso fortuito y fuerza mayor. Si se han adoptado todas las medidas de seguridad para la conservación de la documentación que se encontraba en la base de datos.

v. De acuerdo a la directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII denominada directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, se ha vulnerado ya que se verifica en la fecha que se ha consignado no se ha cumplido en los plazos establecidos de los 10 días hábiles de recibida las órdenes de inspección. vi. Finalmente, el procedimiento sancionador debe durar el plazo de 9 meses el cual ha superado que vencía en agosto del 2022, ya que no fueron notificados con la ampliación del mismo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones Graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano

competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”9

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 420-2021- SUNAFIL/ILM/AI3. 24.02.202110 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 1188-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5. 15.11.202111

Sobre el plazo para el inicio de las actuaciones inspectivas

9 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539. 10 A folios 8 del expediente sancionador. 11 A folios 62 del expediente sancionador.

debidamente acreditados están investidos de autoridad y autorizados para ejercer las facultades inspectivas reguladas en los artículos 5 y 6 de la Ley”.

“7.5.6. Recibida la orden de inspección por parte del inspector y luego de su corrección de ser el caso, las actuaciones inspectivas deben iniciarse, como máximo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado por el inspector ante su Supervisor. El incumplimiento de dicho plazo es verificado por el supervisor inspector a cargo o quien haga sus veces, bajo responsabilidad.”

El retraso injustificado en el inicio de las actuaciones inspectivas es informado oportunamente por el Supervisor Inspector a la SIAI o a quien haga sus veces, a efectos que se adopten las medidas correctivas correspondientes” (énfasis añadido).

Sobre el pago de la remuneración vacacional

12 Aprobada con Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020. 13 Ver a folios 103 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación. 14 Ver a folios 104 y 105 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

privada, establece que: “la remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la misma”.

15 Conforme al fundamento 52 de la resolución de primera instancia.

requiere que el trabajador haya gozado de su descanso vacacional, sin embargo, el empleador no canceló de forma íntegra y oportuna, entre otros, el pago correspondiente al concepto de remuneración vacacional o de vacaciones o truncas. Mientras que, para el segundo, el trabajador (a) debe haber alcanzado el derecho al descanso vacacional y, a pesar de ello, su empleador no cumple con su otorgamiento, es decir, que el trabajador no haya gozado de su derecho al descanso vacacional, supuesto último que no se desprende de los hechos constatados por el inspector comisionado.

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso,

sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

16 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material17.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

17 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido

este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

18 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

19 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 20 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 21 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

artículo 25 del RLGIT, y considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

Sobre el registro de control de asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

22 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR.

“6.10 La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que la obligación de registro del control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia13 en su manejo, pues la normativa invocada no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realice las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad, pues constituye un deber de la inspeccionada en su implementación, el adecuado llevado, control y supervisión continua del registro del control de asistencia. 6.11 En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar, bajo responsabilidad, que sus trabajadores cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Lo mismo ocurre en caso se implemente un registro virtual o biométrico u otro, de similar naturaleza. En cualquier escenario, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el empleador debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación. 6.12 Asimismo, el empleador debe garantizar que el registro de asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que puede consistir en deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro, esto es, en caso evidencie que ha sufrió algún daño, este debe ser motivo de verificación oportuna, así como objeto de la adopción de los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo. (…)”. (Énfasis añadido)

“(…) 2. Con fechas 05 de octubre del 2020, mediante requerimiento de documentos, solicitados virtualmente a los correos de la empresa (…) se solicitó que la empresa inspeccionada exhiba el registro de control de asistencia correspondiente al período 15/09/2017 al 29/02/2020, con relación a la ex trabajadora antes mencionada en el punto 1 del presente documento. 3. Si bien el sujeto inspeccionado envía al correo institucional de la SUNAFIL (…) de fecha 12 de octubre del año en curso un registro de control de asistencia del período de febrero del 2019 hasta febrero de 2020, sin embargo no cumple con exhibir el registro de control de asistencia del período del 15/09/2017 al 31/01/2019, infracción que no queda desvirtuada con el documento denominado denuncia penal contra los que resulten responsable dirigido al Señor Coronel PNP Jefe de la División de

23 Véase folio 144 Y 145 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

Investigación de Delitos de Alta Tecnología, de fecha 28 de febrero del 2019, presentado virtualmente al correo institucional de la SUNAFIL (…). 4. Estando a lo mencionado en el punto 3 del presente documento la suscrita no puede determinar si la ex trabajadora (…), realizo horas extras durante la jornada de trabajo del 15/09/2017 al 31/01/2019, tal como lo señala en su solicitud de denuncia. Al no contar con el Registro de control de asistencia y salida para establecer las horas y minutos de salida de dicha jornada laboral. (…) 6. Por ello, no es posible adoptar una medida inspectiva de requerimiento respecto de registro de control de asistencia, del período del 15/09/2017 al 31/01/2019, al tratarse de una infracción insubsanable. Este carácter de insubsanabilidad trae como consecuencia que se emita directamente un acta de infracción, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 5.° de la Ley N.° 28806, el cual dispone que, finalizadas las diligencias inspectivas, el inspector está facultado para adoptar cualquiera de las siguientes medidas: advertencia, requerimiento, acta de infracción, entre otros.”.

24 Ver a folios 32 a 35 del expediente sancionador. 25 TUO de la LPAG Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 9 a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada”. 26 MORON URBINA, Juan Carlos (2021). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 16º edición. Tomo II. Página 527.

hechos fortuitos, por lo que toda producción de un resultado típico que no se deba, al menos, a un comportamiento culposo e imprudente debe considerarse como fortuita y, en consecuencia, excluirse de lo sancionadoramente relevante.”27 (énfasis añadido).

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una

27 MORON URBINA, Juna Carlos (2021). Op. cit, Pág. 527 – 528.

infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva” 28:

Figura N°01 Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

28 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020. 29 Ver de folios 134 a 141 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

Figura N°02 Medida Inspectiva de Requerimiento30

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo

30 Se advierte que dicha medida, en el punto Quinto, ha señalado que se debe considerar las horas extras percibidas “en los semestres que se señala”. Sin embargo, en la descripción de los periodos sobre los que se requiere cumplimiento, en el mismo ítem se describen los periodos correctamente, lo que implica que la inspeccionada tuvo la posibilidad de conocer el alcance del cumplimiento solicitado, por lo que dicho error material no afecta la validez de la medida dictada en dicho extremo.

estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

Del principio de buena fe procedimental

“(…) utilizar el procedimiento o algunas de sus actuaciones para lograr fines fraudulentos, reiterar un pedido simultánea o sucesivamente hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada antes, alegar hechos contrarios a la realidad, emplear maniobras dilatorias o que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento, ocultar información sobre terceros interesados, son conductas contrarias a la buena fe

31 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

ejecutadas por los administrados, y que vician un procedimiento por aplicación de este principio” .

“…no debe dejar de advertirse que la autoridad como instructora del procedimiento también asume el deber de estar atenta a identificar cualquier fraude, colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria y adoptar las decisiones adecuadas y para desalentarlas. Cuando ello sucede la autoridad está llamada a advertirlo y llamar la atención a las partes, valorar dicha conducta al momento de resolver (por ejemplo, en materia sancionadora) y, si cuenta con norma habilitante, aplicar al administrado desleal una multa administrativa y/u obligarle a asumir costos del proceso”32 (énfasis añadido)

Información Adicional

32 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob cit. Página 107.

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditó el pago íntegro de las gratificaciones legales correspondiente a los periodos de Julio 2019, diciembre 2019 y el periodo trunco de Julio 2020, sin considerar el promedio de las horas extras incluido los intereses legales, a favor de la ex trabajadora afectada Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditó el pago de las bonificaciones extraordinarias correspondiente a los periodos de Julio 2019, diciembre 2019 y el periodo trunco de Julio 2020, sin considerar el promedio de las horas extras, incluido los intereses legales, a favor de la ex trabajadora afectada. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditó el pago de la compensación por tiempo de servicios correspondiente a los semestres vencidos de mayo 2019, noviembre 2019 y mayo 2020 (periodo trunco del 01 de noviembre del 2019 al 29 de febrero del 2019), incluido el pago de las horas extras y los intereses legales, a favor de la ex trabajadora afectada. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditó contar con el Registro de Control de Asistencia en perjuicio de la ex trabajadora afectada por el periodo comprendido desde el 15 de setiembre del 2017 hasta el 31 de enero del 2019, en perjuicio de la ex trabajadora afectada. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No acreditó el cumplimiento de la medida de requerimiento de fecha 23 de noviembre del 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por BOXER SECURITY SA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1535-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 16 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 167-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD PARCIAL de Resolución de Sub Intendencia N° 1188-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 12 de noviembre del 2021 y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 167- 2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1188-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 12 de noviembre del 2021, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 1535-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

QUINTO. – REMITIR los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.49 de la presente resolución.

SEXTO. – DISPONER la incorporación de BOXER SECURITY SA en el “Registro de ocurrencias contrarias al deber de buena fe procedimental del Tribunal de Fiscalización Laboral”, conforme al fundamento 6.82 al 6.87 de la presente resolución.

SÉPTIMO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia, respecto a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

OCTAVO. – Notificar la presente resolución a BOXER SECURITY SA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

NOVENO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil ).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250702RZR HR: 121882-2023