Boinas Doradas S.A.C — Res. 865-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); y, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones). 2 Véase folio 57 del expediente inspectivo. soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 1.2. Que, mediante Imputación de Cargos N° 34-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, de fecha 18 de marzo de 2022, notificada el 21 de marzo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber realizado la entrega del certificado de trabajo al extrabajador Julio César Herrera Calderón en el periodo laborado del 01 de junio de 2018 al 28 de diciembre de 2018, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,144.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber efectuado el pago de las vacaciones truncas al extrabajador Julio César Herrera Calderón en el periodo laborado del 01 de junio de 2018 al 28 de diciembre de 2018, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber efectuado el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios al extrabajador Julio César Herrera Calderón en el periodo laborado del 01 de junio de 2018 al 28 de diciembre de 2018, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber efectuado el pago de la gratificación legal trunca al extrabajador Julio César Herrera Calderón en el periodo laborado del 01 de junio de 2018 al 28 de diciembre de 2018, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber cumplido con acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 02 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Señalan que, según el extremo normativo regulado en el numeral 213.1 del TUO de la LPAG, es facultad inherente a la Administración de revisión y control de los actos

emitidos por la entidad, en caso se advierta que la autoridad de la Sub Intendencia de Resolución no haya cumplido con observar lo dispuesto en el numeral 7.1.1.14. de la Directiva del procedimiento sancionador. ii. Que, las atribuciones de los inspectores e inspectores auxiliares están claramente delimitados, y no se establece en la norma que el inspector auxiliar pueda emitir o autorizar actas de infracción, en cuyo caso se estaría vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo. iii. Ante las infracciones no se ha tenido en cuenta a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que según el artículo 48.1.A, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley, la tabla de multas para las micro y pequeñas empresas incluye la reducción del 50%, e incluso es otro monto el que se calcularía, al no ser considerado como MYPE, calidad que tiene la empresa. iv. Asimismo, la aplicación de la norma en cuanto a las multas debe corresponder a las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar. Esto recogido en el numeral 5 del artículo 248 de la Ley N° 27444. Incluso, respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición, el inferior en grado efectuó el cálculo de la multa en función de la tabla de sanciones del Decreto Supremo N° 015-2017-TR, por tratarse de la más ventajosa en comparación a la tabla de multas vigente al momento de la comisión de la conducta infractora (periodo 2018), conforme lo precisado en el considerando 164 de la resolución apelada. Por lo que, la norma y calificación de la sanción debió de ser de acuerdo al Decreto Supremo N° 003-2018-TR, norma vigente al momento de la realización de la infracción.

i. Sobre el alegato de que la Resolución de Sub Intendencia no ha cumplido con observar lo dispuesto en el numeral 7.1.1.14. de la Directiva del procedimiento sancionador, de la revisión del expediente se verifica que, el recurrente ha adjuntado su certificado de vigencia de poder, cumpliendo así con lo establecido en la directiva mencionada; por tanto, carece de fundamento lo alegado. ii. Respecto a la emisión del Acta de Infracción, se tiene que de conformidad con el artículo 6 de la LGIT, en concordancia con la Resolución de Superintendencia N° 189- 2019-SUNAFIL, que aprueba los Criterios Técnicos para la determinación de las inspecciones que se consideren complejas a que se refiere el artículo 6 de la LGIT, se concluye que los inspectores auxiliares pueden emitir las Actas de Infracción en las que ejerzan sus funciones inspectivas. En el caso en concreto, el inspector comisionado que emitió el Acta de Infracción, se encontraba totalmente facultado,

3 Notificada a la impugnante el 14 de junio de 2022, véase folio 49 del expediente sancionador. puesto que las materias a inspeccionar no se encontraban dentro de las materias complejas, desvirtuando lo señalado por el recurrente. iii. Respecto a que se encuentra acreditada en el registro REMYPE, de la revisión de la página web del Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo, se tiene que el recurrente no se encuentra registrado como REMYPE. iv. Sobre la aplicación del Decreto Supremo N° 001-2018-TR, debido a que, los incumplimientos datan del año 2018, es pertinente indicar que, al momento en que el inspector comisionado detectó las infracciones fue en el año 2021; si bien los incumplimientos a las normas sociolaborales datan del 2018, aún a la fecha (2021), en que el inspector comisionado hizo la verificación del cumplimiento de estas normas, el sujeto responsable no había cumplido con los derechos sociales del extrabajador. v. En consecuencia, se debe sancionar al recurrente con las disposiciones vigentes al momento en que se detectó la infracción; esto es, conforme al cuadro de sanciones establecido en el artículo 48 del Decreto Supremo N° 019-20006-TR, modificada por Decreto Supremo N° 008-2020-TR, concordante con lo establecido en el numeral 8.2.5. de la Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE BOINAS DORADAS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 22-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, en el procedimiento administrativo se deben observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas las del debido procedimiento, dicha obligación radica en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. ii. Asimismo, señala que se debe observar el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley N° 27444, que dispone el principio de legalidad, así como el numeral 1.17 del citado cuerpo

9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

normativo, referido al principio del ejercicio legítimo del poder. iii. Alegan que la Resolución de Intendencia en el considerando N° 6 señale que “los inspectores auxiliares pueden emitir actas de infracción en las que ejerzan sus funciones inspectivas”, contradiciéndose al declarar infundado el recurso de apelación, ya que el Acta de Infracción no vendría a ser parte de una actuación inspectiva, sino que es parte de la fase instructora dentro del procedimiento sancionador. iv. Precisan que, si bien es cierto, en la normativa sobre inspección del trabajo, los inspectores auxiliares están facultados para ejercer funciones inspectivas de vigilancia y control de las normas laborales en microempresas o pequeñas empresas; no obstante, en el párrafo octavo del artículo 1 de la LGIT, se detallan a qué se refiere con actuaciones inspectivas laborales. v. Refieren que, conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 de la LGIT, en cuanto a la atribución de competencias conferidas a los inspectores auxiliares de trabajo, se interpreta que los inspectores están revestidos de facultades en cuanto a las actuaciones inspectivas laborales otorgadas por ley, el cual hace referencia a las que se realizan previo al procedimiento sancionador, salvo que esta sea conferida. En el presente caso, el Acta de Infracción no ha sido conferida, ni refrendada por el inspector de trabajo; por lo que, devendría dicha actuación en ilegal, además de vulnerar el debido procedimiento administrativo. vi. Respecto al inicio del procedimiento sancionador, el artículo 53 del RLGIT, establece que el trámite de la fase instructora se inicia en mérito del Acta de Infracción, por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como para infracciones a la labor inspectiva, entre otros.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción leve y las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 02:

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Debiendo acreditar con documentación idónea el levantamiento de las observaciones indicadas en los hechos verificados, advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar haber realizado la entrega del certificado de trabajo al extrabajador Julio César Herrera Calderón en el periodo laborado del 01 de junio de 2018 al 28 de diciembre de 2018. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Relaciones Laborales No acreditar haber efectuado el pago de las vacaciones truncas al extrabajador Julio César Herrera Calderón en el periodo laborado del 01 de junio de 2018 al 28 de diciembre de 2018. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar haber efectuado el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios al extrabajador Julio César Herrera Calderón en el periodo laborado del 01 de junio de 2018 al 28 de diciembre de 2018. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar haber efectuado el pago de la gratificación legal trunca al extrabajador Julio César Herrera Calderón en el periodo laborado del 01 de junio de 2018 al 28 de diciembre de 2018. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No haber cumplido con acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el de setiembre de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por BOINAS DORADAS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 22-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, de fecha 10 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Tumbes, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 030-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 22-2022-SUNAFIL/IRE-TUM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a BOINAS DORADAS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Tumbes, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230906MCR