Betty’s 1 E.I.R.L — Res. 826-2022

Mediante Orden de Inspección N° 1935-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las mismas que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 283-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 24 de setiembre de 2020 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT, por no acreditar la entrega de contrato de trabajo según las formalidades de ley; y, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir la medida

Que, mediante Imputación de Cargos N° 503-2020-SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 30 de diciembre del 2020, notificado a la impugnante, el 04 de enero del 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 071-2021-SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 05 de febrero del 2021, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 490-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, de fecha 23 de setiembre del 20212, multó a la impugnante por la suma de S/ 14,749.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 15 de octubre de 2021, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 490-2021-SUNAFIL/RE-ARE/SIRE, argumentando principalmente, lo siguiente:

Mediante Resolución de Trámite N° 3, de fecha 21 de octubre del 2021, la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Arequipa, decide encauzar el recurso de reconsideración presentado por la impugnante, a un recurso de apelación, concediendo el mismo, y elevando los actuados a la instancia superior a efecto que emita el pronunciamiento correspondiente. Es así, que mediante la Resolución de Intendencia N° 153-2021- SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 15 de diciembre de 20213, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación planteado por la impugnante, confirmando la resolución de primera instancia, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 14 de enero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 153-2021- SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 15 de diciembre del 2021.

La Intendencia Regional de Arequipa, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 000062-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 24 de enero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que BETTY´S 1 E.I.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 153-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, que confirmó la sanción impuesta de S/ 14,749.00 por la comisión entre otras, de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25; y, una (01) infracción muy grave a labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del 46 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 21 de diciembre de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por BETTY´S 1 E.I.R.L.

De manera previa, precisaremos que, esta Sala solo es competente para resolver las impugnaciones referidas a las infracciones calificadas como muy graves. Por lo que, procederemos a evaluar únicamente, los argumentos de la impugnante, que están orientados a cuestionar en estricto, la aplicación de la sanción de multa por la comisión de la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT, y la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Y es que, la resolución impugnada, también contempla otras sanciones por la comisión de infracciones en materia sociolaboral, catalogadas como leves y graves, las cuales, no serán materia de análisis, al carecer de competencia para emitir pronunciamiento.

El numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG, establece que: “Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”.

Asimismo, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, “Al evaluar el fondo del recurso de revisión, el Tribunal está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas”.

La Resolución de Intendencia N° 153-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 15 de diciembre de 2021, incurre en error material, respecto al considerando 1.3, pues se aprecia que se incurrió en error material al momento de invocar la tipificación legal de la infracción por no cumplir con el pago íntegro y oportuno de la compensación por tiempo de servicios, según lo resuelto por la autoridad de primera instancia, en la Resolución de Sub Intendencia N° 490-2021- SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, de fecha 23 de septiembre del 2021.

Que, advertido el error material incurrido en la Resolución de Intendencia N° 153-2021- SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 15 de diciembre de 2021, y considerando que el mismo no altera los aspectos sustanciales de dicha resolución, ni constituye la extinción o una modificación esencial de este acto, resulta necesario rectificar de oficio, los errores materiales incurridos, conforme a la regulación establecida en el TUO de la LPAG y el Reglamento del Tribunal.

Lo anterior se sostiene dado que la decisión final no ha sido cambiada como resultado del error incurrido por la Administración. Lo anterior no soslaya el debido cuidado que debe tener la Administración y el deber de diligencia que conlleva la actuación como autoridad instructora, sancionadora o revisora, en el caso del recurso de apelación.

Uno de los alegatos resaltantes formulados por la impugnante, es que la presente controversia está siendo ventilada, a su vez, en el fuero jurisdiccional. En tal sentido, corresponde dilucidar si amerita la suspensión del presente PAS, de conformidad al ordenamiento administrativo de la materia.

La impugnante, afirma que el señor Jhonatan Gady Ríos Villar, ha interpuesto una demanda en su contra, a fin de que se declare la existencia de una relación laboral continuada, de la indemnización por despido arbitrario y el pago de los beneficios sociales. Refiere que los conceptos materia del presente expediente están inmersos y/o involucrados en la demanda y los periodos también lo están; quedando bastante claro que se trata de los mismos que viene conociendo la Autoridad Inspectiva de Trabajo.

En tal sentido, se procedió a revisar la página de Consulta de Expedientes Judiciales, en la cual, se pudo verificar que el expediente judicial N° 02046-2020-0-0401-JR-LA-02, sobre despido y cobro de beneficios sociales entablada por el ex trabajador Jhonatan Gady Ríos Villar, en contra de la impugnante; que actualmente se encuentra en trámite, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, conforme se aprecia a continuación:

Asimismo, de la revisión de los actuados proporcionados por la impugnante, se aprecia que las pretensiones del demandante, es que se declare la existencia de una relación laboral continuada para su empleador y, por ende, la existencia de un contrato de trabajo indeterminado durante el periodo del 20 de mayo del 2016 al 12 de setiembre del 2020; que se declare arbitrario su despido, y se disponga el pago de sus beneficios sociales. Asimismo, como pretensión accesoria, solicita que la autoridad jurisdiccional ordene a la demandada, la entrega de su certificado de trabajo, y sus boletas de pago de remuneraciones.

Al respecto, el artículo 13 del Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, TUO de la LOPJ) establece que “cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio (…)”10(énfasis añadido).

De la misma manera, es importante analizar las implicancias del presente dispositivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 75 del TUO de la LPAG sobre el conflicto con la función jurisdiccional, el cual establece que:

El caso sometido a análisis refleja una discusión jurídica en donde la administración del trabajo y la jurisdicción han sido activadas para la emisión de resoluciones de distinto fundamento jurídico. La primera, para la determinación de un comportamiento infractor de las normas sociolaborales (el incumplimiento de obligaciones de BETTY’S 1 E.I.R.L., frente al trabajador y frente a la inspección del trabajo), lo que, a su vez, da lugar a una competencia sancionadora de la Administración, respecto de un sujeto administrado. La segunda, una competencia jurisdiccional para resolver un conflicto intersubjetivo entre dos partes (BETTY’S 1 E.I.R.L., el señor Jhonatan Gady Ríos Villar que interpuso una demanda de pago de beneficios sociales, e incluso, un litisconsorte, que es el señor Adrián Torres Luis).

Como se ve, se trata de dos respuestas totalmente distintas del poder público y que cabe definir claramente, a fin de evitar equívocos a la hora de invocarse el llamado “avocamiento a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones” (artículo 139, inciso 2 de la Constitución).

Conforme con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el verbo avocar alude a un efecto de sustracción material que se produce dentro de una determinada organicidad. Dice: “Dicho de una autoridad gubernativa o judicial: Atraer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior”.11 Similar sentido utiliza el artículo 80 del TUO de la LPAG,12 en tanto que refiere al concepto de “avocación de competencia”. No se aprecia, cómo es que la inspección o el procedimiento sancionador pueden interferir en la esfera de competencias jurisdiccionales, ni mucho menos producir el efecto del avocamiento.

La competencia administrativa, que debe ejercerse conforme al principio de legalidad y al carácter inalienable de la competencia administrativa. En ese sentido, un mandato judicial expreso puede —como recuerda el artículo 74.2 del TUO de la LPAG— ordenar en un caso concreto el que no se ejerza la competencia administrativa. El solo riesgo de que existan resoluciones discrepantes en uno y otro ámbito no es un asunto que debiera llevar a soluciones que hagan declinarla, sin más.

Es de notarse que el artículo 139 de la Constitución, establece, en su inciso segundo,13 la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, restringiendo que cualquier

En este orden de ideas, el presente caso no reúne los presupuestos establecidos en el artículo 75 del TUO de la LPAG,14 que refiere a la situación dada por la que, en un procedimiento administrativo, la autoridad competente conoce de la “cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo”. Esta referencia no resulta invocable en vista de que no se está ante procedimientos que contemplen a dos administrados, ni se ha definido una condicionalidad para la emisión de una resolución en el orden administrativo (énfasis añadido).

Sobre el principio Non Bis In ídem,15 el Tribunal Constitucional,16 ha definido su connotación sustantiva y procesal así:

Como se ve, lo rechazado por el principio analizado es el exceso de punición que se plasmaría en la duplicidad de procesos que tengan el mismo objeto. Es requisito ineludible a que esta prohibición de duplicidad sancionadora el que exista no solamente las mismas partes — salvando al hecho de que no existe una “parte” trabajadora en los procedimientos del Sistema de inspección del Trabajo— ni se trate de hechos semejantes, sino que también el fundamento jurídico sea coincidente.

En efecto, la validez del despliegue de una inspección laboral (o, posteriormente, un procedimiento administrativo sancionador) no se afecta, per sé, cuando el sujeto inspeccionado (o, posteriormente, administrado) es demandado por uno o más trabajadores que sean terceros interesados en la fiscalización desplegada. Es preciso que la parte interesada acredite y que el inspector actuante, instructor o autoridad sancionadora, en la etapa que corresponda, evalúe la concurrencia y determine si existe identidad de partes — identificando al tercero interesado como “parte” para estos efectos—, hecho y fundamento. En este último aspecto, si los intereses tutelados en la vía administrativa y judicial fueran los mismos, deberá existir una motivación suficiente para concluir al procedimiento correspondiente dentro del Sistema de Inspección del Trabajo.

Por tanto, no existiendo contravención al bloque de legalidad existente, no se acoge lo señalado por la impugnante respecto a la supuesta incompetencia de la SUNAFIL para pronunciarse sobre casos en los que se tramita alguna demanda judicial.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 83° del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR y modificado por el Decreto Supremo N° 007- 2021-TR; el empleador tiene la obligación de entregar al trabajador copia del contrato de trabajo en el plazo de tres (03) días hábiles, contados desde el inicio de la prestación de servicios.

Concordante a ello, el artículo 42 del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; prevé que el contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad, estableciendo que el primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo, en los casos y con los requisitos que la Ley establezca.

Ahora bien, en el presente caso, el Inspector actuante verificó la existencia de un vínculo laboral entre Jhonatan Gady Ríos Villar y la impugnante, desde el 28 de enero de 2019, constituyendo la causal de contratación señalada en el sistema de planilla del MTPE el inicio

Así, el Inspector comisionado manifestó en el numeral 4.9 de los hechos constatado del Acta de Infracción, que: "se ha constatado que el sujeto inspeccionado no cumplió con entregar el contrato de trabajo por inicio o incremento de actividad por el periodo laboral iniciado el 28/02/2019 a la actualidad en favor del trabajador Jhonatan Gady Ríos Villar. (…) de la consulta efectuada en el Sistema de Planilla Electrónica del MTPE, el referido trabajador registra con tipo de contrato: contrato de trabajo por inicio o incremento de actividad”.

Al respecto, el sujeto inspeccionado alega que el contrato de trabajo ha sido celebrado con el trabajador de manera verbal, y que no existe obligación legal de registrar dicho contrato ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Agrega que la exigencia e celebrar un contrato escrito, vulnera el principio de protección del trabajado estipulado en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú

Con relación a lo alegado, se precisa que la infracción imputada a la impugnante, es la estipulada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT, el cual sanciona lo siguiente: “No celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo, cuando este requisito sea exigible, así como no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato dentro del plazo establecido en la norma correspondiente.” Es decir, no se hace referencia a la obligación de registro del contrato ante la autoridad de trabajo, sino a la obligación de celebrarlo por escrito y entregar un ejemplar al trabajador, en el plazo de tres (03) días de iniciada la relación laboral.

Empero, de la revisión de la en la planilla electrónica, se advierte que se registró el tipo de contratación del extrabajador, con la modalidad de inicio de actividad, lo cual, denota la obligación de suscribirse por escrito, cuyo incumplimiento genera la nulidad de este; del mismo modo que ante la supuesta reforma de la situación contractual del trabajador, correspondía efectuarse la modificación de registro en la referida planilla. Lo anterior, no transgrede ningún principio constitucional, por el contrario, cautela el derecho del trabajador a tener certeza de la modalidad contractual con la que cuenta.

Por las razones antes expuestas, se colige que la impugnante no ha podido desvirtuar su responsabilidad en la comisión de la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, prevista en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT, debiendo declararse infundado el recurso de revisión, en este extremo.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de los requerimientos de comparecencia y de las medidas inspectivas de requerimiento.

Así lo estipula el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT: “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.”

En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece: “(…) Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”.

En esa misma línea, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9° de la Ley”.

Y es que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2: “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”.

Consecuentemente, de acuerdo con el artículo 36 de la citada la LGIT, son infracciones a la labor inspectiva contrarias al deber de colaboración, las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, que perjudiquen la labor de los Supervisores–Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares. Tales infracciones pueden consistir en: 1) La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2) El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3) La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

Sobre el particular, los Vocales integrantes del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 del Reglamento del Tribunal, emitieron el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, del 30 de julio de 202117, el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulta obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo. Así, se estableció como criterio vinculante, entre otros, el fundamento jurídico N° 9, relacionado a la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva:

Como se evidencia de las normas acotadas, las actuaciones inspectivas están orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, previo al procedimiento administrativo sancionador. Dada la trascendencia de dichas actuaciones, la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva es inequívocamente, de carácter principal e independiente de otras posibles infracciones referentes a aspectos sustantivos.

Ahora bien, en el presente caso, el Inspector comisionado, identificó el incumplimiento de obligaciones en materia sociolaboral, respecto a 01 trabajador de la impugnante. Por tal motivo, le notificó la medida inspectiva de requerimiento de fecha 17 de setiembre de 2020, el cual tenía por objeto que la impugnante acredite en el plazo de tres (03) días hábiles, la subsanación de los incumplimientos observados. Asimismo, se le indicó que se haría la verificación, el 24 de setiembre de 2020 a horas 5:00pm. Cabe precisar que dicha medida se notificó vía correo electrónico, el 17 de setiembre de 2020.

Sin embargo, al vencimiento del plazo concedido, la impugnante no dio cumplimiento al mandato emitido por el inspector actuante, razón por la cual, emitió el Acta de Infracción, en

Sobre este punto, la impugnante no ha formulado alegato alguno destinado a probar la subsanación del incumplimiento observado, dentro del plazo concedido, o que desvirtúe su responsabilidad en la comisión de la infracción.

Con relación a la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, de la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, advirtiéndose que la misma reúne los presupuestos mínimos, siendo que el mandato de la autoridad inspectiva consistía en subsanar los incumplimientos advertidos, esto es, homologar la remuneración de los 44 trabajadores afectados, la misma que provienen de una obligación legal de pago de beneficios laborales y formalidades contractuales, con relación al trabajador afectado, asimismo, el plazo otorgado de tres (03) días hábiles, resulta razonable y proporcional, considerando que la verificación se efectuó incluso, días después del vencimiento del plazo concedido.

Por las razones antes expuestas, se colige que la impugnante no ha podido desvirtuar su responsabilidad en la comisión de la infracción muy grave a la labor inspectiva, prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, debiendo declararse infundado el recurso de revisión, en este extremo.

Por otro lado, la impugnante fundamenta su recurso, señalando que las autoridades sancionadoras no se habrían pronunciado respecto a su pedido de acumulación, y eso constituiría una causal de nulidad. De la revisión de los actuados, se aprecia que tanto la autoridad instructora como la autoridad sancionadora, han valorado dicho argumento, habiendo sustentado oportunamente el criterio adoptado. Así, tenemos, que la Sub Intendencia Resolución de la IRE Arequipa, en su condición de autoridad sancionadora, emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 490-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE -confirmada por la segunda instancia-, mediante la cual, se pronunció respecto al pedido de acumulación de la impugnante, bajo los siguientes fundamentos: “23. En ese orden de ideas, de la revisión del Expediente Sancionador № 513-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, así como del presente expediente, se advierte que, que las actuaciones inspectivas de investigación desarrolladas se centraron no sólo en distintos trabajadores, sino que las materias verificadas en la etapa de inspección previa a este procedimiento administrativo sancionador incluyen horas extras, formalidades del contrato de trabajo, entrega de boletas de pago y registro en planilla, no siendo posible, por tal motivo, acumular las ordenes de inspección correspondientes a cada caso. 24. Dichas premisas permiten conjeturar que no existe conexidad entre los procedimientos materia pronunciamiento, por lo que es necesario emitir pronunciamientos independientes. 25. Por

Cabe precisar que, en el escrito de recurso de reconsideración, presentado el 15 de octubre del 2021 - que fuera encauzada a recurso de apelación, la impugnante no ha formulado argumentos de defensa referente a dicho aspecto, sino más bien, lo ha adaptado como sustento de nueva prueba.

Finalmente, esta Sala ha revisado las actuaciones seguidas en el curso del presente procedimiento sancionador, no advirtiendo que se haya inobservado algún principio ni garantía del debido procedimiento, que pueda viciar el procedimiento o haya colocado en indefensión al administrado.

Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar el recurso de revisión, confirmando la multa impuesta por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT, y; una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones: N° Materia Presunta conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No entregar las boletas de pago de remuneraciones, a extrabajador. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.