Bellcorp Representaciones S.A.C — Res. 1204-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: depósito de CTS). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 24/06/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,632.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 02/07/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,632.00.

i. La entidad administrativa no cumplió con la notificación electrónica conforme a ley, puesto que, si bien es cierto, la administración cumple parte de lo establecido en el Decreto Supremo N°003-2020-TR, citado en el extremo del artículo 7, el cual hace referencia a que todo documento emitido en el marco de funciones y competencias de la administración debe ser debidamente notificado en las casillas electrónicas asignadas a cada administrado, la entidad administrativa omite el cumplimiento del artículo 6 del mismo marco legal, a través del cual todas las notificaciones electrónicas deber estar acompañadas de una comunicación al usuario a través Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual emite una alerta al usuario mediante correo electrónico o a través de mensajería telefónica. En ese sentido, se invoca la aplicación de la Resolución N° 60-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y Fiscalización Laboral.

ii. La entidad administrativa no cumple en sentido estricto con la aplicación del principio de tipicidad del supuesto de negativa de facilitar la información y documentación necesaria, previsto en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT la cual establece: “Negativa de facilitar información necesaria para el desarrollo de la función inspectiva”, pues la tipificación necesaria del tipo no supone omisión o falta de respuesta, sino a la conducta del administrado en la negación de entregar información solicitada e interrumpir el desarrollo de la función inspectiva.

2 Véase folio 18 del expediente sancionador.

iii. Con la presentación de todos los documentos requeridos en la fase de actuaciones inspectivas en el presente medio impugnatorio, tal como consta en anexos, no tiene razones ni motivos para obstruir y darse la negativa de entregar la documentación requerida por la administración, y que si bien es cierto este recurso administrativo no es el adecuado para la presentación de los documentos, no obstante, acreditan la imagen y el respeto que tiene la administrada con el marco normativo y sus trabajadores.

iv. Tomando en cuenta el principio de legalidad, la entidad no establece si su representada actuó a título de dolo o culpa, no valorando el aspecto subjetivo en su teoría del caso. En consecuencia, se ha vulnerado el derecho a un debido procedimiento administrativo, al imponer una sanción bajo una causal de negación de entrega de información y documentación necesaria, asumiendo que mi representada tenía una actitud de negación de cooperación con la administración, cuando en realidad, nunca se ha tenido conocimiento de tal requerimiento al no haberse enviado las alertas de notificación.

i. En el presente caso, de acuerdo con lo consignado en el acápite IV. de la parte de “Hechos Constatados” del Acta de Infracción N° 749-2021-SUNFIL/IRE-LIB, el personal inspectivo dejó constancia que, en fechas de 23.06.2021 y 02.07.2021, se notificó a la inspeccionada, los requerimientos de información pertinentes mediante uso de Casilla Electrónica, los mismos que contaban con un plazo máximo de respuesta de cuatro (4) días hábiles respectivamente y que, además, tenían la finalidad que cumpla con exhibir la documentación solicitada; sin embargo, de la revisión del sistema, se advirtió que la inspeccionada incumplió con remitir la información solicitada en el plazo establecido a pesar de encontrarse válidamente notificada; por lo cual, se obstruyó la labor del personal comisionado para verificar el cumplimiento de la normativa laboral objeto de inspección, configurándose dos infracciones a la labor inspectiva, una por cada incumplimiento.

ii. En tal sentido, mediante Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, se aprobó el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informativo de Notificación Electrónica de la Sunafil, la cual estableció la notificación por casilla electrónica, entre otros documentos, del requerimiento de información, desde el 01.06.2020; no obstante, dicho cronograma fue modificado mediante Resolución de Superintendencia N° 164-2021-SUNAFIL, que modificó la fecha de inicio, de la

3 Notificada a la impugnante el 12 de setiembre de 2022, véase folio 39 del expediente sancionador.

notificación por casilla electrónica, entre otros documentos, del requerimiento de información, el 31.12.2020.

iii. Asimismo, a la fecha de la realización de las actuaciones materia de autos, iniciada con la Orden de Inspección N° 1575-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, la normativa referente a la implementación de la Casilla Electrónica de Sunafil ya se encontraba en plena vigencia; por tanto, en base a ello y a las consideraciones antes señaladas, el presente despacho determina que el personal comisionado ha efectuado las notificaciones de requerimiento de información válidamente, tal y como se acredita con las Notificaciones Electrónicas obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas, quedando en la obligación del administrado, de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada con la finalidad de evitar posibles eventualidades e infracciones al ejercicio de la labor inspectiva; por consiguiente, no corresponde acoger lo argumentado por el administrado en el presente extremo.

iv. Precisa que, la inspectora comisionada precisó el apercibimiento de multa por falta de colaboración, consistente en la “Negativa del sujeto inspeccionado, de facilitar a los inspectores de trabajo la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones” y observándose que la inspeccionada no acató lo dispuesto, se configuró la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT.

v. Por tanto, y habiéndose verificado que, en efecto el procedimiento administrativo sancionador nace en mérito al Acta de Infracción, y tanto su tramitación y pronunciamiento en el mismo por parte de la Autoridad Instructiva y Subintendencia de Sanción, estuvieron enmarcados en los hechos verificados por el personal inspectivo comisionado en el acta de infracción; siendo así, queda acreditado la responsabilidad de la conducta omisiva del administrado, al verificarse que la inspeccionada no colaboró con la labor inspectiva del comisionado; por tanto, la sanción por tal conducta ha sido impuesta de acuerdo a los parámetros establecidos por la LGIT y su Reglamento, pues la conducta infractora que se constituye como conducta reprochable para la aplicación del numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, en efecto se establece a partir de no cumplir con los requerimientos de información válidamente notificados por casilla electrónica en fechas 24/06/2021 y 02/07/2021; por tanto, corresponde desestimar lo señalado por la administrada en el presente extremo.

vi. Es importante reafirmar que, las infracciones a la labor inspectiva son de carácter insubsanable; por lo cual, la presentación posterior de la información no significaría una subsanación de la conducta de la inspeccionada, toda vez que, la presentación de los documentos, durante la tramitación de las actuaciones inspectivas, tiene la única finalidad que los mismos sean evaluados y analizados por el personal inspectivo comisionado, el cual, se encuentra facultado para que pueda determinar o no la verificación de una infracción administrativa, ya sea en normas sociolaborales, seguridad y salud en el trabajo; por lo cual, carecería de sustento que, la administrada presente la información requerida, durante el presente procedimiento administrativo sancionador; debiendo desestimarse lo argumentado por el administrado en el presente extremo.

vii. Indica que, ha quedado debidamente acreditado que no existe una vulneración al principio del debido procedimiento y al derecho de defensa de la inspeccionada,

concluyendo que la inspeccionada en efecto ha incurrido en la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, y a razón de ello, la Subintendencia de Sanción impuso la sanción respectiva; por tanto, quedan desvirtuados los argumentos formulados por la administrada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Señala que, en el inicio del procedimiento inspectivo, ambos requerimientos de información solicitados por el Inspector Laboral fueron notificados en la casilla electrónica que no había sido creada hasta ese momento por su representada, y mucho menos se acompañó algún aviso o mensaje de atención por el cual se hubiese podido tener un debido y oportuno conocimiento.

ii. Que, su representada tomó conocimiento de dicha Acta de Infracción recién, el día 20 de enero de 2022 con la reciente apertura de la Casilla Electrónica de SUNAFIL.

iii. En consecuencia, la administración no agotó todas las vías necesarias para efectuar una notificación válida, ello con la finalidad de que el administrado tenga la certeza y el conocimiento respetando el protocolo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, con lo cual su inaplicación, vulnera su derecho a la debida defensa, puesto que les deja en un estado de desconocimiento de los actos iniciados de oficio por la administración pública, lo cual consecuentemente impide que su representada cumpla con los requerimientos en las actuaciones inspectivas.

iv. Sostiene que se ha lesionado su derecho al debido procedimiento, al omitir realizar un pronunciamiento a su pedido de nulidad de la resolución apelada, por incumplir parcialmente con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020- TR.

v. Argumenta que se ha vulnerado el principio de tipicidad y culpabilidad, por la falta de una debida notificación.

vi. Alega que se incurrido en el supuesto del numeral 1 del artículo 10 de la Ley 27444.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

10 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

12 “TUO de la LPAG, Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) 6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado”. (subrayado agregado).

consecuencia, se debe desestimar la solicitud de nulidad invocada por la recurrente, pues no se verifica alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

Sobre la aplicación de las disposiciones vigentes y el principio de razonabilidad como manifestación de la proporción de los medios y fines que persigue la Administración Pública del Trabajo

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1°). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación artículo 6°, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6°, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (artículo 8. 1°). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9°). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (artículo 11. 1°)

posteriormente por la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, ya en el marco de la presente emergencia sanitaria. Asimismo, se aprecia que la propia SUNAFIL ha procurado la difusión de esta obligación, lo que fluye por ejemplo de materiales instructivos que datan de julio de 2020,13 los que se han replicado en diversos otros medios, incluyendo las redes sociales. Así, el cumplimiento del deber estatal de dar publicidad a las normas se halla suficientemente cumplido, pues conforme ha anotado la doctrina:

“Sólo puede reputarse “publicitada” una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”.14

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo

13 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de youtube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 14 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). “La publicidad y publicación de las normas del Estado. (El caso de los decretos supremos no publicados)” En Thémis núm. 6, p. 18.

procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

15 Numeral 1.8. del artículo IV del TUO de la LPAG.

sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.16

16 “TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG”.

i. A folios 2 y 3 del expediente inspectivo se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 23 de junio de 2021; y, a folio 4, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la fecha de 24 de junio de 2021, mediante la Casilla Electrónica de la impugnante, con lo cual se deja constancia del depósito del documento denominado “Requerimiento de Información”, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 01

ii. Así también, se aprecia a folios 7 y 8, el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 02 de julio de 2021; y, a folio 9, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la misma fecha, con lo cual se deja constancia del depósito del documento denominado “Requerimiento de Información”, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 02

17 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

“a) La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. b) La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso. c) Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación con los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en

cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso” (énfasis añadido).18

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 24 de junio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General

18 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2192-2004-AA/TC. Citada por MORÓN URBINA, op. cit. pp. 24-25.

de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C. , en contra de la Resolución de Intendencia N°212-2022- SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 08 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N°735- 2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 768-2022-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 18 de julio de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 212-2022-SUNAFIL/IRE-LIB en el extremo referente a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 02 de julio de 2021.

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 212-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada de fecha 24 de junio de 2021.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA Con el debido respeto de la opinión de mis colegas vocales, discrepo, muy respetuosamente, de su decisión, solo en el extremo referido a dejar sin efecto la segunda multa impuesta a la impugnante por incumplir con la medida de requerimiento de información, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

1. La impugnante alega desconocimiento oportuno de las notificaciones electrónicas depositadas en la casilla electrónica, debido a que no se le remitió las alertas. En tal sentido, corresponde analizar la legalidad de las notificaciones efectuadas a la impugnante en el presente caso, cuya inobservancia podría acarrear la nulidad del procedimiento administrativo.

2. Ahora bien, respecto a lo alegado en el recurso de revisión, mencionado en el párrafo precedente, esta Sala se ha pronunciado en extenso sobre los alcances de la notificación electrónica a través del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL (SINEL- SUNAFIL), aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en concordancia con los alcances del numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG19, la misma que complementa los alcances de la notificación en la casilla electrónica, aprobando la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica.

3. Así, desde el primer pronunciamiento de esta Sala, recaído en la Resolución N° 129-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 22 de julio de 2021 hasta la fecha, han quedado plenamente acreditados los siguientes conceptos:

i. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin.

19 “TUO de la LPAG, Artículo 20. – Modalidades de notificación (…) 20.4. (...) La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25 (…)”.

ii. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y,

iii. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

4. Por su parte, el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en su artículo 6, prescribe que “La SUNAFIL asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La SUNAFIL comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería”.

5. El artículo 8 del mismo cuerpo normativo, establece que las obligaciones que debe tener el usuario de la casilla electrónica son:

“8.1. Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen. 8.2. Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica. 8.3. Mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne”.

6. En ese sentido, resulta relevante para el presente caso, que se determine que todos los dispositivos legales antes señalados, se encuentran debidamente publicados en el Diario Oficial El Peruano. Por tanto, dichas normas son de público conocimiento y de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente de su publicación conforme lo establece el artículo 109 de la Constitución Política del Perú. Por ello, al ser responsabilidad del administrado el conocer lo dispuesto en las normas citadas, y siendo que ésta pudo tomar conocimiento sobre los alcances de la implementación de la Casilla Electrónica, no se advierte la falta de razonabilidad en la aplicación de un procedimiento que se encuentra regulado en las normas legales de la materia, no siendo por ello atendible el argumento de la impugnante que cuestiona la oportunidad en la que fueron puestos de conocimiento los requerimientos de información emitidos por la autoridad inspectiva de trabajo.

7. Respecto a los requisitos de validez, el artículo 11 del mismo Decreto Supremo N° 003-2020- TR, cuando norma la validez y efecto de la notificación vía casilla electrónica establece:

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. 11.2 La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica o, en caso tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida. (…)”

8. Bajo ese contexto normativo, se aprecia que, la alerta al correo electrónico o servicio de mensajería no está consagrada como elemento necesario o indispensable del acto de la notificación por casilla electrónica: perfecciona el conocimiento del sujeto inspeccionado o administrado, suponiendo una carga de naturaleza accesoria para la Administración Pública.

9. De forma ilustrativa, puede comprobarse que el numeral 55.3 del artículo 55 del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece

disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo”, especifica que “las alertas realizadas al correo electrónico personal, teléfono celular, llamadas telefónicas o similares no constituyen parte del procedimiento de notificación vía casilla única electrónica, tampoco afectan la validez de ésta ni de los actos administrativos o actos de administración que se notifican”.

10. La regulación sobre las alertas de la notificación está orientada a un sistema en implementación; por lo que, se debe partir de una razonabilidad fundamental: no puede darse a lo accesorio la condición ni el tratamiento de un elemento esencial. Así, un sistema de alertas o avisos complementarios impone una obligación a la SUNAFIL cuya inobservancia puede ser analizada desde la responsabilidad administrativa del servidor o funcionario que omite su cumplimiento; más no genera un vicio trascendente del acto administrativo o de administración que se quiera trasladar a conocimiento del sujeto investigado.

11. Por tanto, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, es claro al señalar cuando es válida la notificación por medio de la casilla electrónica y el momento que esta produce sus efectos, siendo el tema de la alerta de la notificación un accesorio al procedimiento de notificación; pero que, en modo alguno constituye un requisito y/o elemento de validez para el acto de notificación, como erróneamente lo sostiene la impugnante. Por tanto, se debe desestimar este extremo del recurso de revisión.

Sobre el consentimiento expreso del administrado para la notificación a la casilla electrónica designada por la SUNAFIL

12. Asimismo, debemos señalar que el 14 de enero de 2020, se publicó el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, norma que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, teniendo como objeto “regular el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica, con miras a efectuar notificaciones, en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL a través de su Sistema Informático de Notificación Electrónica”20. Y, teniendo por finalidad “mejorar la eficiencia y la celeridad en la notificación de las actuaciones y actos administrativos en el marco del ejercicio de las funciones y competencias de la SUNAFIL”21.

13. Así, en su primera y segunda disposiciones complementarias finales establece lo siguiente:

“Primera. - Emisión de normativa de desarrollo y cronograma para la implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, emite el

20 Artículo 1 del Decreto Supremo que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, Decreto Supremo N° 003-2020-TR. 21 Artículo 2 del Decreto Supremo que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica y la normativa de desarrollo necesaria para su funcionamiento. Segunda. - Implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional Mediante resolución de superintendencia, y en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario posteriores a la publicación del presente decreto supremo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), da inicio a la implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica a nivel nacional en atención al cronograma referido en la Primera Disposición Complementaria Final de esta norma. La fecha de inicio establecida en el cronograma determina el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).”

14. Por su parte, mediante el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020- SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano, en fecha 8 de marzo de 2020, se aprueba el Cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, el cual fue modificado mediante el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano, en fecha 1 de agosto de 2020, que establecía como cronograma de implementación el siguiente:

Figura N° 03

15. Asimismo, mediante Resolución de Superintendencia N° 164-2021-SUNAFIL, publicada el 29 de mayo de 2021, en su artículo 1 establece:

“Artículo 1.- Objeto La presente resolución tiene por objeto modificar el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, modificado por el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, que aprueba el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL (SINEL-SUNAFIL)”.

16. La referida resolución en su artículo 2 prescribe: “Modifíquese el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, modificado por el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, el cual queda redactado en los términos siguientes”:

Figura N° 04

17. En ese entendido, de la citada resolución se evidencia que la notificación de los requerimientos de información, mediante casilla electrónica, resultaban obligatorios a partir del 31 de diciembre de 2020.

18. Respecto a ello, corresponde señalar que las constancias de notificación, fueron emitidas al amparo de la vigencia de la obligatoriedad de la notificación por casilla electrónica, en la medida que era responsabilidad de la impugnante el conocer de la normatividad vigente en relación a la notificación mediante casilla electrónica, aún más cuando la misma entidad implementó a nivel nacional el sistema informático de notificación electrónica de la SUNAFIL (SINEL-SUNAFIL), que en atención al caso, sería obligatorio para la impugnante el cumplir con revisar su casilla electrónica desde el 31 de diciembre de 2020, es decir, en fecha anterior a la emisión de los requerimientos de información; por lo tanto, se desprende que las notificaciones efectuadas tienen validez, no siendo necesario para ello, el consentimiento expreso del administrado así como se expuso en la Resolución N° 129-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala del 22 de julio de 2021, debiendo desestimarse este argumento relacionado a este punto.

Sobre las dos infracciones tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT:

19. En tal sentido, determinada la legalidad de la creación de la casilla electrónica a la impugnante, queda además acreditada la existencia de las constancias correspondientes, a folios 4 y 9 del expediente inspectivo, donde el inspector actuante sustenta el haber remitido los requerimientos de información referidos, no encontrándose razones para establecer que no se siguió con el procedimiento regulado. Ello porque, si de la normativa expuesta se aprecia

que la notificación se entiende como válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

20. Asimismo, en atención a la solicitud de la impugnante, mediante el aplicativo de “Búsqueda de notificaciones y alertas de correo” de la SUNAFIL, en relación a las notificaciones de los requerimientos de información de fecha 24 de junio y 02 de julio de 2021, en la cual se informó que la impugnante no recibió las alertas a través del correo electrónico, porque registró su contactos con fecha posterior a la notificación de dichos requerimientos, el 20 de enero de 2021; conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 05

21. Cabe reiterar que, en el presente caso, las alertas no revisten de validez a la notificación pues, tal y como se establece en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, constituye obligación del usuario, “revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen”. Por tanto, la impugnante debía de revisar continuamente su casilla electrónica a efectos de advertir los actos notificados por la autoridad administrativa.

22. De los actuados se verifica que la inspectora comisionada emitió dos medidas de requerimiento de información, conforme se evidencia a continuación:

i. A folios 2 a 3 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, notificado con fecha 24 de junio de 202122, en el cual la inspectora comisionada, requirió que la impugnante cumpla con remitir, lo que se señala en la siguiente figura:

22 Véase folio 4 del expediente inspectivo.

Figura N° 06

ii. Para lo cual, tenía un plazo de cuatro (04) días hábiles para la presentación de los mismos, bajo apercibimiento de constituirse en infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento, plazo que vencía el 28 de junio de 2021. Al respecto, conforme se verifica del numeral 4.4 del Acta de Infracción, la inspeccionada no cumplió con presentar la documentación solicitada en el plazo otorgado.

iii. Ante el incumplimiento de la impugnante, la inspectora comisionada, emite otra medida de requerimiento de información, notificada con fecha 02 de julio de 202123, solicitando la misma información que en el primer requerimiento.

iv. Al respecto, como se verifica del numeral 4.6 de los hechos constatados del Acta de Infracción, que la inspeccionada no cumplió con presentar la documentación solicitada en el plazo otorgado en este segundo requerimiento de información.

23. Así las cosas, la impugnante incurrió en un incumplimiento a su deber de colaboración, al no haber atendido los requerimientos de información de fechas 09 y 15 de noviembre de 2021 dentro del plazo otorgado por el personal inspectivo. En consecuencia, se advierte que, tanto en la evaluación de la inspectora de trabajo como la de los órganos intervinientes en el procedimiento sancionador, han calificado correctamente los hechos en los que se ha subsumido el tipo sancionador del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

24. Es de precisar que, en el presente caso, no solo se ha merituado la conducta reprochable, constitutiva de infracción, que vulnera el precepto legal que regula la colaboración a la función

23 Véase folio 9 del expediente inspectivo.

inspectiva, sino que se puede establecer que dicho comportamiento impidió que el personal inspectivo cumpliera con el objeto de la inspección, no tratándose en el presente caso de un mero retraso, sino que el comportamiento reprochable terminó frustrando la fiscalización.

25. De esta manera, al quedar establecido que las dos multas impuestas a la impugnante por incurrir en dos infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por incumplir los dos requerimientos de información de fechas 24 de junio y 02 de julio de 2021, han sido debidamente determinadas por las instancias de mérito, los argumentos expuestos por la recurrente dirigidos a cuestionar este extremo del recurso deben ser desestimados.

26. Por lo tanto, se debe indicar que luego del análisis efectuado en la presente resolución, no se aprecia vulneración al debido procedimiento y derecho a la defensa, en tanto la resolución apelada ha motivado fáctica y jurídicamente la decisión de sancionar a la inspeccionada al no ser desvirtuada la presunción de certeza de los hechos plasmados en el Acta de Infracción, conforme a los artículos 16 y 47 de la LGIT. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Por las razones expresadas en estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO, en consecuencia, se CONFIRME la Resolución de Intendencia N° 212-2022- SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 08 de setiembre de 2022, en todos sus extremos.

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20231220JCR