Becall Outsourcing S.A.C — Res. 1087-2023

Mediante Orden de Inspección N° 28489-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 4563-2019- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva por el impedimento de ingreso a un área determinada del centro de trabajo durante la visita inspectiva del 18/12/2019, en merito al operativo denominado “OP FISCALIZACIÓN FORMALIZACIÓN LABORAL DICIEMBRE 2019 ILM”.

Mediante Imputación de Cargos N° 56-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 20 de enero de 2021, notificada el 25 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1585-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 02 de julio de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 633-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 12 de agosto de 2021, notificada el 16 de agosto de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 86,016.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 03 de septiembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación2 contra la Resolución de Sub Intendencia N° 633-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 555-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 01 de abril de 20223, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 27 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 555- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002505-2022- SUNAFIL/ILM, recibido el 08 de setiembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que BECALL OUTSOURCING S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 555-2022-

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por BECALL OUTSOURCING S.A.C.

El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública se encuentra sujeta – entre otras condiciones – a su tramitación dentro de un plazo preestablecido, sancionándose la superación de este con la figura de la caducidad.

Así, el artículo 259 del TUO de la LPAG:

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina, señala que la caducidad tiene las siguientes características: “El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”10.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el procedimiento administrativo sancionador se desarrolló en el siguiente periodo:

Por consiguiente, de la norma acotada, se desprende que la caducidad del procedimiento sancionador no se computa desde la fecha de emisión de la Imputación de Cargos, sino desde que se notifica la misma con la cual se da inicio al procedimiento sancionador; por ende, una vez transcurrido el plazo para resolver, sin que se haya notificado la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento.

Sobre el particular, de lo señalado en el numeral 1.2 de la presente resolución se aprecia que el procedimiento se inició el 25 de enero de 2021, por lo que de conformidad con el

Cabe precisar que la Resolución de Sub Intendencia N° 633-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, que impuso sanción a la inspeccionada fue notificada a la impugnante vía sistema de casilla electrónica el 16 de agosto de 2021. En tal sentido, se advierte que la resolución fue emitida dentro del plazo de nueve meses. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Respecto al prescripción, es pertinente señalar que el artículo 252 del TUO de la LPAG, específicamente su numeral 252.2, ha establecido el único supuesto de suspensión para el cómputo de plazo de prescripción, conforme se transcribe a continuación:

La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.

EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado” (énfasis añadido).

En consecuencia, el cómputo de plazo de prescripción opera a los 04 años y sólo se suspende con la iniciación del PAS, lo cual comprende la debida notificación de los hechos

Nótese que la suspensión del cómputo del plazo de prescripción que refiere el TUO de la LPAG se configura, únicamente, cuando confluyen factores externos de pausa en el desarrollo del PAS11.

En este sentido, para el inicio del cómputo del plazo, cabe tener en cuenta que, mediante Resolución de Superintendencia N° 110-2019- SUNAFIL de fecha 15 de marzo de 2019, se han aprobado los criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”, donde se indica respecto al cómputo del plazo de prescripción lo siguiente:

Por su parte, respecto al término del cómputo del plazo objeto de análisis, corresponde traer a colación lo expuesto por Gallardo Castillo, quien de manera ilustrativa refiere que “(…) el día final del cómputo viene determinado por la fecha en que tiene lugar la notificación válida de la resolución sancionadora, no por la fecha en que se expide ésta última” (énfasis añadido).

Esta interpretación es conforme con la estructura propia del PAS11, en el cual el legislador exige la notificación de la resolución de sanción para la conclusión del procedimiento, en cuyo trámite, necesariamente, se articula la facultad sancionadora del Estado y sus límites, entre los cuales destaca el plazo de prescripción.

En ese sentido, para determinar la prescripción de la infracción en materia de labor inspectiva, el cómputo del plazo debe efectuarse a partir de la fecha en que la infracción se hubiera cometido y el plazo de prescripción se hubiese iniciado. A consideración de esta Sala, la infracción derivada de no permitir el ingreso de la inspectora en determinadas

Así las cosas, desde el 18 de diciembre de 2019 (fecha de la comisión de la infracción), hasta la notificación de la resolución de sanción (Resolución de Sub Intendencia N° 633- 2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3), el 16 de agosto de 2021, se tiene que el procedimiento administrativo sancionador se ha desarrollado en un plazo de un (01) año, siete (07) meses y veintiséis (26) días, es decir, dentro del plazo de prescripción antes precisado. Por lo que corresponde desestimar la solicitud de nulidad planteada por la impugnante.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N°633-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, como la Resolución de Intendencia N° 555-2022-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Sobre el particular, a la impugnante se le ha imputado la comisión de una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT, que establece "La negativa injustificada o el impedimento de entrada o permanencia en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo, los inspectores auxiliares, o peritos y técnicos designados oficialmente, para que se realice una inspección".

De acuerdo al artículo 1 de la LGIT, las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan para garantizarse el cumplimiento de las normas sociolaborales.

Mientras que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la LGIT establece que:

Por su parte, el numeral 1 del artículo 5 de la LGIT12 dispone que, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo están investidos de autoridad y facultados para:

El artículo 9, inciso c) de la LGIT, dispone que los empleadores tienen la obligación de prestar colaboración a la tarea de los Inspectores de Trabajo en cuanto les sea requerido, a fin de que puedan cumplir con la finalidad de las actuaciones inspectivas.

En tal sentido, resulta claro para esta Sala, que los inspectores actuantes tienen la potestad otorgada por ley, de desarrollar sus actuaciones en los lugares donde se ejecute la prestación laboral. Y en virtud de esta atribución, la visita de inspección se realiza sin necesidad de previo aviso, a cualquier hora del día o de noche. Además, podrá efectuarse más de una visita sucesiva, conforme al artículo 11 de la LGIT y el literal a) del numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT. Y en ellas, debe contar con la colaboración por parte de los empleadores.

En el presente caso, como se desprende de la “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación”, el 18 de diciembre de 2019, el inspector comisionado realizó una visita inspectiva en el centro de trabajo de la impugnante, sito en Av. Paseo de la Republica N° 3245 Int. 501, siendo atendida por la Srta. Priscilia Isabel Zavaleta Mendoza, identificada con DNI N° 46405907, quien manifestó ser trabajadora del sujeto inspeccionado y se encargaría de atender la diligencia; ante ello el personal inspectivo procedió a explicar el motivo de la visita mientras esperaban el ascensor para subir al centro de trabajo del sujeto inspeccionado ubicado en el quinto piso. En dicha diligencia la inspectora comisionada señala que, al llegar al quinto piso, se observó que varias personas salían por las escaleras de emergencia y los ascensores diciendo que se les había dicho que salgan a la calle o suban al piso 8; tal es así que le preguntaban a la Srta. Priscilia Isabel Zavaleta Mendoza, a cuál de dichos lugares les correspondía ir.

Ante tal situación, la inspectora comisionada preguntó a una de las personas que se retiraba la razón por la que estaban saliendo; sin embargo, se negó a responder; asimismo al preguntar a otras personas indicaban que solo se les dijo que se retiraran. Debido a dicha situación, la inspectora auxiliar comisionada subió al piso 8, encontrando una oficina decorada de manera parecida al piso 5, aunque con una dimensión más pequeña, con el logo "BECALL” al igual que el piso 5, donde se encontraban personas en movimiento y trabajando como teleoperadores. En vista de la similitud de las oficinas y el mismo logo “BECALL”, la inspectora auxiliar intentó ingresar al piso 8; empero tres personas que se negaron a identificarse, impidieron su ingreso, negando que esta corresponda al sujeto inspeccionado; luego de ello, la inspectora comisionada bajó al piso 5 junto con la Srta.

Posteriormente, se apersonó la Sra. Sarita Cecilia Ramos Esteban, identificada con DNI N° 41131833, quien manifestó ser la apoderada del sujeto inspeccionado y que sería ella quien firme la documentación pertinente a la visita inspectiva. Es pertinente señalar que la apoderada reconoció que el piso 8 también es un centro de trabajo del sujeto inspeccionado y que una de las personas que impidieron el ingreso de la inspectora comisionada es Horacio Héctor López, trabajador cuyos datos se encuentran en el TR5 de la planilla electrónica que se llevó para la visita inspectiva.

Dado el reconocimiento de que el piso 8 también es un centro de trabajo del sujeto inspeccionado, la inspectora comisionada junto con la Srta. Priscilia Isabel Zavaleía Mendoza, subieron nuevamente al piso 8, donde se realizó un recorrido por las instalaciones y se entrevistó a las personas que se encontraban presentes, cuyos datos fueron registrados en el formato denominado “relación de personal”; así como verificados sus datos en el listado de personal que facilitó la Srta. Priscilia Isabel Zavaleta Mendoza, de las personas que laboran en el piso 8.

Al finalizar el recorrido en el piso 8, la inspectora comisionada intentó retornar al piso 5, a efectos de levantar la constancia de actuaciones ¡nspectivas de investigación y verificar que, dado el tiempo transcurrido de la visita, hayan retornado las personas que se habían retirado, a fin de ser entrevistadas; sin embargo, las puertas de ingreso del piso 5 que van directo al ascensor estaban cerradas, ante ello la inspectora comisionada intentó ir por las escaleras de emergencia, empero la Srta. Priscilia Isabel Zavaleta Mendoza, indicó que el acceso al piso 5 está bloqueado desde fuera por las escaleras de emergencia y que el único acceso era por el ascensor; dicha acción fue advertida como obstrucción a la labor inspectiva por el impedimento de ingreso a un área específica para continuar con la inspección.

Es así que, la citada señorita llamó por teléfono para solicitar el acceso, pero este fue denegado, manifestando que incluso a ella no le permitían ingresar, sugiriendo redactar la constancia de actuaciones inspectivas de investigación en la recepción del edificio; sin embargo, dado que dicha área no es un centro de trabajo del sujeto inspeccionado, la inspectora comisionada retornó al piso 8 junto a la Srta. Priscilia Isabel Zavaleta Mendoza, a fin de levantar la constancia de actuaciones inspectivas de investigación, notificar el requerimiento de comparecencia programada para el 23 de diciembre de 2019 a las 09.00 horas y entregar una copia de la relación de personas encontradas laborando; documentos que no fueron firmados por la apoderada, ya que se había retirado, siendo suscritas por la persona que atendió toda la diligencia.

En ese sentido, en el presente caso, se produjo el impedimento de ingreso de la inspectora auxiliar comisionada al centro de trabajo situado en el quinto piso e inclusive inicialmente en el octavo piso (reconocido por la apoderada como centro de trabajo), del edificio “El Senador", ubicado en Av. Paseo de la República N° 3245, distrito de San Isidro, durante la visita realizada el 18 de diciembre de 2019. Por tanto, la acción desplegada por la Inspeccionada podría suponer una puesta en riesgo de la seguridad e integridad de la inspectora comisionada, hecho que es tajantemente rechazado por esta Sala.

Por tanto, este acto en particular podría ser analizado por otras autoridades y de ameritar, se proceda con las sanciones correspondientes, por cuanto, se ha restringido el libre desplazamiento y tránsito de la inspectora de trabajo.

Queda claro, por tanto, que en el presente caso la impugnante impidió el normal desarrollo de las actuaciones del personal inspectivo. Es pertinente señalar que la obstrucción realizada por la Inspeccionada impidió que se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales respecto a la totalidad de los trabajadores del sujeto inspeccionado, en relación a las materias contenidas en la Orden de Inspección de la referencia.

En consecuencia, ha quedado determinado que la impugnante ha incurrido en infracción a la labor inspectiva, por impedir el ingreso de la inspectora en determinadas áreas del centro de trabajo, durante la visita de inspección de fecha 18 de diciembre de 2019, conducta tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RGLIT. Por lo tanto, al carecer de sustento el argumento alegado por la impugnante y haberse determinado correctamente la infracción, esta Sala no acoge lo alegado en este extremo.

Al respecto, es preciso indicar que, conforme a la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación, la inspectora refiere que, al subir al quinto piso, observó que varias personas salían por el ascensor y las escaleras de emergencia diciendo que se les había dicho que salgan a la calle o suban al piso 8. Tal es así que le preguntaban a la Srta. Zavaleta (quien se encontraba atendiendo la diligencia), a donde debían ir si a la calle o al piso 8. Por tanto, se concluye que las personas que descendían por el ascensor y las escaleras de emergencia eran trabajadores de la impugnante, pues de otro modo no tendrían por qué haberle consultado a la Srta. Priscilia Isabel Zavaleta Mendoza hacia dónde dirigirse.

Asimismo, debido a que ninguna de las personas que salían quiso dar razón a la inspectora el motivo por el cual subían al piso 8 o salían a la calle y siendo que otros solo señalaron que les indicaron que salieran; la inspectora comisionada tomó la decisión de subir al piso 8, encontrando una oficina parecida al piso 5 y con el logo de la razón social del administrado, acción efectuada por la inspectora, a fin de dar cumplimiento a las materias objeto de la inspección y en virtud de las facultades que le han sido otorgadas, y si bien dicho piso no se encuentra considerado como dirección o sucursal en la Ficha RUC o SUNAT, conforme a las actuaciones inspectivas de investigación, el personal inspectivo,

Aunado a ello, de las actuaciones inspectivas de investigación, ha quedado demostrado que el piso 8, efectivamente corresponde al administrado, conforme a lo manifestado por la apoderada, Sra. Sarita Cecilia Ramos Esteban, lo cual es contrario a lo afirmado por el administrado, respecto a que dicha área estaba en proceso de subarriendo a otra empresa que realiza actividades similares a las del administrado, constituyendo lo alegado por el administrado únicamente argumentos de parte sin pruebas concluyentes.

Así también, cabe indicar que, en el presente caso, ha quedado acreditado que los trabajadores se dirigían al piso 8 o a la calle debido a que así se les había indicado; por lo cual, incluso no brindaron una razón a la inspectora comisionada cuando se les preguntó sobre ello.

Así tenemos que, luego de que la inspectora comisionada entrevistara a los trabajadores que encontró en el piso 8, quiso retornar al piso 5 para tomar los datos de las personas que ya debieron retornar, pero no pudo hacerlo, dado que las puertas de ingreso del piso 5 que van directo al ascensor estaban cerradas por lo que intentó ir por las escaleras de emergencia; no obstante, la Srta. Priscilia Isabel Zavaleta Mendoza le indicó que el acceso al piso 5 estaba bloqueado desde fuera por las escaleras de emergencia y que el único acceso era por e! ascensor; siendo así, el administrado no cumplió con su deber de colaboración conforme lo prescribe el artículo 9 de la LGIT.

Adicionalmente, se debe indicar que, si bien la autoridad administrativa de trabajo debe presumir que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, en razón al mismo principio, se contempla que la presunción de veracidad puede ser derrotada por la actividad probatoria de la administración y, a juicio de esta Sala, ello ha ocurrido. La administración ha determinado un comportamiento encuadrable en las infracciones establecidas en el Acta de Infracción, cumpliendo con un estándar de carga de la prueba objetiva.

Por tanto, estando a que la autoridad administrativa, de conformidad con el principio de verdad material, cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, esto es, la determinación de las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; por lo que, correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten que permitió el ingreso de la inspectora en determinadas áreas del centro de trabajo, durante la visita de inspección de fecha 18 de diciembre de 2019. Sin embargo, no se aprecia el mismo. Lo que evidencia, que la autoridad administrativa ha acreditado la culpabilidad de la impugnante y en consecuencia desvirtuado el principio de licitud, sin que éste aporte elementos de prueba suficientes que desvirtúen los hechos e infracciones imputadas.

Asimismo, de conformidad a lo establecido en los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción, observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe; sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar los interesados.

En el presente caso, se aprecia que las instancias de mérito sí evaluaron los argumentos de la impugnante, sin embargo, se evidencia que no se ha cumplido con desvirtuar las infracciones en que ha incurrido la Inspeccionada. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

En esa línea argumentativa, el TUO de la LPAG también reconoce como un principio rector al principio de buena fe procedimental, a través del cual se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “(...) guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”13.

En palabras de Morón Urbina, es incompatible con el principio de buena fe procedimental, desde la perspectiva del administrado:

En el presente caso, se aprecia que la impugnante sustentó su recurso de revisión en términos similares a los expuestos en su recurso de apelación. Argumentos que fueron absueltos por la instancia de mérito en sus numerales 3.3 al 3.10 de la Resolución de Intendencia N° 555-2022-SUNAFIL/ILM, sin que acompañe fundamentos distintos a los ya evaluados.

Por ello, esta Sala identifica que el actuar de la impugnante, vulnera este principio, al señalar argumentos sin sustento probatorio alguno, pretendiendo con ello, hacer incurrir en error a este Tribunal, aludiendo supuestas vulneraciones a derechos fundamentales y señalando el comportamiento ajeno a la Ley de la autoridad administrativa, sin que desvirtúe los hechos recogidos y constatados en el Acta de Infracción, los cuales ostentan presunción de certeza conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la LGIT. Por tales razones, se exhorta a la impugnante a adecuar su conducta al mencionado principio.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.