Bastis S.A.C — Res. 753-2026

Antecedentes

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia sociolaboral, por no haber registrado en la planilla electrónica a la ex trabajadora afectada desde el inicio de la relación laboral, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

1 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

2 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 3 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 4 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 5 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

6 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE BASTIS S.A.C

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de marzo de 2024, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 95-2024-SUNAFIL/IRE-AQP señalando los siguientes alegatos:

i. Señala una interpretación errónea del numeral 25.20 del artículo 25º del RLGIT y vulneración a los principios del procedimiento administrativo respecto del registro en planilla electrónica a la ex trabajadora, rechazando la existencia de una relación laboral por el período desde 06 de diciembre de 2021 al 02 de enero de 2022, pues durante dicho tiempo se celebró un contrato de locación de servicios de gestión operativa de cobranza a razón de que la impugnante fue nombrada Administradora de manera temporal de la Junta de Propietarios del Centro Comercial Paseo Central, siendo la siendo la junta de propietarios, la entidad comitente a la cual prestó sus servicios la locadora y con la cual mantuvo el vínculo.

7 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009- PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

ii. No se ha emitido pronunciamiento sobre el acta de nombramiento como administradores temporales presentado en el recurso de apelación que acredita su designación como representante de la junta de propietarios, dado que no es posible que se pretenda indicar que tuvo que ingresar a la denunciante en su planilla, cuando su comitente es otra entidad, siendo esta última la cual pago por dichos servicios y a la cual la denunciante emitió un recibo por honorarios. iii. La denunciante tuvo su ingreso en planilla el 03 de enero de 2022, se cumplió con registrarla en planilla, darle alta en SUNAT, registrarla en planilla electrónica, además de cumplirse con el pago de las obligaciones laborales durante el tiempo que duró la relación laboral. iv. La administración efectúa un análisis erróneo del principio de primacía de la realidad, al indicar como presunción la existencia de un contrato de trabajo, en este caso solo por los 28 días que prestó servicios a otra entidad, en base a eso, no se puede pretender que dicho período de servicio sea asumido por mi representada, cuando está identificado su comitente a quien prestó el servicio y quien le efectúo el pago. v. El análisis de los tres elementos de una relación laboral resulta errado por parte de la administración. *SOBRE LA PRESTACIÓN PERSONAL DE SERVICIOS: La Junta de Propietarios del Centro Comercial Paseo Central optaron por contratar los servicios de locación por 28 días para gestionar la cobranza de la cuota de mantenimiento de los propietarios y locadores de la junta de propietarios y no de la cartera de clientes de BASTIS como equivocadamente afirma la administración y el inspector; - Se acordó que de ser necesario podría valerse de personal auxiliar o sustituto, siendo de todas formas estricta responsabilidad del locador la prestación de los servicios. Por tanto, no se puede afirmar que ha sido una contratación exclusiva de “INTUITO PERSONAE”, lo que quiere decir que dicho contrato no fue constituido a partir de las característica o cualidades de una persona en particular y que por lo tanto puede ser sustituida por cualquier otra persona para cumplir con la obligación, ya que a discreción de la Locadora podía haberlo delegado a un tercero sí así sí así lo hubiese requerido. -BASTIS contaba en planilla en aquella época con personal para realizar gestión de cobranza, por lo cual la denunciante no podía ejercer dicha función en nuestra empresa; BASTIS no tenía necesidad de contar con la presencia de la denunciante como locadora y/o trabajadora más si la necesitaba la Junta de Propietarios. -La administración no se ha pronunciado sobre la novena cláusula del contrato de locación de servicios (sobre no exclusividad del servicio), no es viable que la inspección y resoluciones omitan ciertos acuerdos del contrato que resultan relevantes puesto que ello podría determinar la imposición o no de una sanción. *SOBRE LA REMUNERACIÓN: Es importante diferenciar la contraprestación que recibió la denunciante por la locación de servicios, con el monto que recibió por su contrato de trabajo, dado que la administración solo indica que son el mismo monto sin evaluar aspectos importantes. -El monto de S/ 1,300.00 (Mil Trescientos y 00/100 soles) que se pagó como contraprestación a la denunciante por parte de la junta de propietarios del centro comercial Paseo central, ha sido solo por 28 días de servicio. -El monto que recibió de su ingreso a BASTIS fue superior al tener que sumarse los beneficios sociales que se le pagaron y que se acreditaron en su momento ante la administración, como son CTS, gratificaciones, ESSALUD, vacaciones truncas, monto que es superior a los S/ 1,300.00. soles que le pagó la junta de propietarios a la denunciante. *SOBRE LA SUBORDINACIÒN: Este elemento determinante y diferenciador no ha sido evaluado adecuadamente dado que durante la labor de inspección no se ha

evidenciado que la Locadora haya estado sujeta a directrices u órdenes de un superior Jerárquico o empleado de nuestra empresa, por el contrario, se basan en una posible subordinación en base a la actividad de nuestro RUC - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS CON BIENES PROPIOS Y/O ARRENDADOS- el cual no tiene ninguna relación, ya que la contratación se realizó para la asesoría en facturación y cobranza de la junta de propietarios a raíz de nuestra designación como Administradores temporales de la Junta de Propietarios del centro Comercial Paseo Central, una actividad a la cual no nos dedicamos ni tampoco es parte de nuestro objeto social. -La administración no se ha pronunciado sobre la falta de existencia de horarios, órdenes de BASTIS que no existen, control de ingreso y salida del mes de diciembre del 2021, que la denunciante haya desarrollado sus labores en oficina, la existencia de algún correo institucional, equipo celular o guía de funciones, todo esto no ha sido valorado, elementos que acreditan nuestra posición. -Las funciones que realizaba la denunciante, en el contrato de locación de servicios y en el contrato de trabajo son diferentes, sin embargo, la administración hace una interpretación y valoración totalmente equivocada y tergiversa éstas, indicando que las funciones eran las mismas. -Los servicios prestados en el Contrato de Locación de Servicios se orientaron a la cobranza de la cartera de clientes de la Junta de Propietarios en relación al cobro del mantenimiento de sus Propietarios y Locatarios del Centro Comercial, mientras que las funciones en el Contrato de Trabajo estuvo orientado en la Cobranza de la cartera de clientes de BASTIS SRL como empresa, por ello es errada la afirmación de que la prestación de servicios fue de manera interrumpida desde el 06.12.2021 al 12.03.2022 a razón que la locadora realizó funciones a diferentes entidades. vi. Sobre el principio de primacía de la realidad señala que la resolución materia de revisión asume de manera equivocada la existencia de un contrato de trabajo de plazo indeterminado, basándose en argumentos de subordinación inexistente y sin evidencia alguna que nos permita presentar los descargos correspondientes; no se ha emitido ningún registro de control de ingreso y salida del mes de diciembre respecto de dicha locadora, el ingreso al Centro Comercial no es evidencia de que la locadora ha desarrollado sus labores en las oficinas administrativas del centro Comercial o que exista una relación laboral con nuestra representada. vii. Se debe observar los principios de licitud y presunción de inocencia, la imputación de responsabilidad no puede realizarse por simples indicios y conjeturas, sino que debe estar suficientemente razonada. viii. La resolución apelada, es nula de pleno derecho, por no contener una debida motivación, al no existir prueba objetiva que la sustente legalmente o que acredite razonable y fehacientemente que BASTIS S.R.L. haya cometido infracción a las normas socio laborales y de labor inspectora), contraviniendo el Principio del debido procedimiento, de verdad material, de presunción de licitud y de razonabilidad administrativa; así como el derecho de defensa de la empresa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el registro en la planilla electrónica

“3.3.3. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud”. (énfasis añadido).

“6.22 En tal sentido, el principio de primacía de realidad tiene la virtud de proporcionar al órgano administrativo, dentro de un procedimiento sancionador, una importante herramienta conceptual, orientada a superar formalidades con las que eventualmente se hubiere revestido un acto jurídico laboral para encontrar el trasfondo de la verdadera naturaleza de la relación laboral entre el sujeto inspeccionado y el trabajador o trabajadores afectados; descartando de esta manera las actitudes que en fraude a la ley hubieren podido consumarse, incluso con aceptación del trabajador. 6.23 Por lo anotado, en caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley Nº 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación. 6.24 Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación a este principio debe estar justificada en la comprobación directa o indirecta de la infracción imputada” (énfasis añadido).

requerimiento de información de fecha 17 de marzo de 2022, otorgando el plazo de tres (03) días para su cumplimiento; ante la respuesta remitida por el inspeccionado con fecha 23 de marzo de 2022, el comisionado advierte que contrario a lo señalado por la denunciante en su solicitud de actuación inspectiva, quien refirió haber laborado por el inspeccionado desde el 06 de diciembre de 2021, bajo el régimen laboral de la actividad privada regulada por el Decreto Legislativo 728; el inspeccionado señaló que la recurrente fue locadora de servicios en un periodo inmediato anterior al periodo reconocido en la planilla de remuneraciones, en donde consignó como inicio de la relación laboral el 03/01/2022. Cabe precisar que, conforme a la consulta RUC, la actividad económica principal del sujeto inspeccionado es: “ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS”

• Prestación personal de servicios: en el contrato de locación de servicios se establece que la denunciante es contratada por sus calidades personales denotando la prestación personal de servicios, asimismo, de las actuaciones inspectivas la inspeccionada no demostró que se hayan delegado o encargado la realización de las funciones y/u obligaciones derivadas del puesto y/o cargo ostentando por la recurrente a otras personas, o que en efecto se haya producido. Asimismo, de la declaración del representante legal de la inspeccionada, se verifica que la recurrente prestó servicios de manera ininterrumpida desde el 06/12/2021 al 12/03/2022, teniendo presente que realizó las mismas labores mientras se desempeñó como locadora de servicios, así como trabajadora registrada en planillas. Concluyendo que, la prestación de los servicios por parte de la denunciante fue de carácter personalísimo desde 06/12/2021 al 12/03/2022.

• Remuneración: Del contrato de locación de servicios se verifica que la remuneración pactada es de s/1,300.00 soles mensuales, remuneración que se mantuvo cuando fue incluida en la planilla de pago de remuneraciones, adicionando el reconocimiento de asignación familiar; determinando que existió una remuneración de manera mensual y en un monto fijo.

• Subordinación: este elemento se comprueba de las propias labores de gestión operativa de cobranza y gestión documentaria realizadas por la recurrente, ya que se encuentran directamente relacionadas con la actividad principal del sujeto inspeccionado; pues conforme se pudo verificar en la consulta RUC la inspeccionada se dedica a la labor de ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS, agregando que las labores realizadas por la denunciante mientras estaba contratada como locadora de servicios, guardan

similitud a las realizadas mientras estaba contratada como trabajadora.

8 Casación Laboral 321-2017-LIMA; fundamento noveno.

considerarse que durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador no se han presentado medios de prueba que conlleven a refutar los hechos constatados en el acta de infracción, motivo por el cual se evidencia que ha cumplido con la carga probatoria necesaria y suficiente para respaldar sus actuaciones y la imputación.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

establecidas legalmente, habiendo sido determinadas en mérito a la evaluación de los argumentos y valoración de los documentos recabados durante las actuaciones inspectivas y el desarrollo del procedimiento sancionador, ante el otorgamiento de plazos para la presentación de los descargos correspondientes, lo que permite garantizar que el sujeto responsable pueda exponer sus argumentos de defensa; asimismo, respecto a la razonabilidad de la sanción, se precisa que ésta fue impuesta en mérito a la gravedad de la infracción, la cantidad de afectados y el tipo de empresa, conforme lo establecido en el artículo 38 del LGIT, no advirtiéndose vulneración alguna de estos principios.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No haber registrado en la planilla electrónica a la ex trabajadora desde la fecha de inicio de la relación laboral el 06/12/2021. Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE 7.2 Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley

General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por BASTIS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 95-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 455-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 95-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a BASTIS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260520GJBA– HR:6392 -2022