Banco Ripley Perú S.A — Res. 112-2022

Mediante Orden de Inspección N° 1735-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 125-2020-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (1) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 190-2020/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI de fecha 09 de octubre de 2020, y notificada el 12 de octubre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 256-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI de fecha 22 de octubre de 2020 (en adelante, el Informe Final), a través del cual llegó a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 500-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE de fecha 22 de diciembre de 2020 y notificada con fecha 07 de abril de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 63,081.00 (sesenta y tres mil ochenta y uno con 00/100 soles), por haber incurrido en:

Con fecha 27 de abril de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 500-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 173-2021-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, de fecha 14 de septiembre de 20212, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar que:

Con fecha 29 de septiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 173-2021-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 902-2021- SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, recibido el 07 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por BANCO RIPLEY S.A.C.

La inspeccionada ha denunciado la causal de una vulneración a su debido proceso contenido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; por lo que, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse la inobservancia del debido proceso; por tanto, corresponde analizar previamente si la Resolución de Intendencia N° 173- 2021-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, cumple con los estándares de motivación y congruencia procesal, necesarios para conformar una resolución válida.

Este derecho se irradia en el proceso administrativo sancionador, conforme se advierte del numeral 48.1 del artículo 48 de la LGIT el cual señala que: “La resolución que impone una multa debe estar fundamentada, precisándose el motivo de la sanción, la norma legal o convencional incumplida y los trabajadores afectados”.

Por su parte, el artículo 38 del TUO de la LPAG refiere, como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, el estar debidamente motivado. En el mismo cuerpo legal, el numeral 6.1 del artículo 6 establece que “6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

Bajo ese contexto, la referida causal de vulneración al inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, se configura en el procedimiento administrativo sancionador, entre otros supuestos, en los casos en los que, en el desarrollo del proceso, la administración deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios superlativos del procedimiento.

En efecto, el deber de tutela del debido proceso administrativo incluye el deber de la administración a motivar sus razonamientos. Derecho que consiste en la certeza para el administrado, el cual supone que en la resolución que contiene el acto administrativo, se exprese el razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. Esta motivación, no puede ser ligera o aparente, sino que constituye en una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos.

Este deber de motivación por parte de la administración, ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en las sentencias números 00091-2005-PA/TC, fundamento jurídico 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PA/TC, 5514-2005-PA/TC, 01485-2018-PA/TC9, en los que precisa que:

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material10.

Como se puede apreciar, de la Resolución de Intendencia N° 173-2021-SUNAFIL/IRE- LAMBAYEQUE que confirma en sus propios términos, la Resolución de Sub Intendencia N° 500-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE que establece que la inspeccionada, incurre en dos conducta infractoras tipificadas como graves en materia de seguridad y salud en el trabajo; así como en una infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento; conforme se aprecia de sus argumentos expuestos en los numerales 3.3 al 3.24 de la Resolución de Intendencia, materia de revisión.

En tal sentido, examinando el procedimiento sancionador, se aprecia que en los descargos presentados con fecha 19 de octubre de 2020 y 30 de noviembre de 2020, en el numeral IV, cuestiona la competencia del inspector auxiliar designado para inspeccionar una materia calificada como compleja, específicamente a la de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, ni para requerir o imputar incumplimientos sobre dicha materia, conforme la Resolución de Superintendencia Nº 189-2019-SUNAFIL. Sin embargo, la Resolución de Sub Intendencia, no emite pronunciamiento al respecto, es decir, no desarrolla las razones que sustenten la intervención del inspector auxiliar en la fase inspectiva del presente procedimiento, tampoco realiza un análisis de la Resolución de Superintendencia Nº 189-2019-SUNAFIL, invocada por la impugnante. Por tales razones, se aprecia una vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones y del debido procedimiento administrativo.

De otro lado, del recurso de apelación presentado el 27 de abril de 2021, la impugnante en su numeral 1.2, nuevamente cuestiona la competencia del inspector auxiliar comisionado, para intervenir en la fase inspectiva, en materia de Identificación de peligros y evaluación de riesgos, conforme la Resolución de Superintendencia Nº 189- 2019-SUNAFIL. Sin embargo, la instancia de mérito no emite pronunciamiento alguno, respecto a si el inspector auxiliar comisionado tiene o no, competencia para intervenir en materia de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, indicando únicamente los hechos por los cuales fue sancionada la impugnante, y sobre los cuales sí tendría competencia el inspector auxiliar. Pero no sobre el eje medular de su impugnación, esto es, analizar el contenido de la Resolución de Superintendencia Nº 189-2019-SUNAFIL,

Tampoco se ha realizado una apreciación y/o valoración de lo dispuesto en el Anexo 2 sobre Materias de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Resolución de Superintendencia Nº 189-2019-SUNAFIL, ni lo concuerda con la Directiva Nº 001-2020-SUNAGIL/INII, para determinar si la materia de inspección era o no compleja dispuesta en la Orden de Inspección Nº 1735-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, y si se incurrió o no, en una afectación en el debido procedimiento al consignar como inspector a cargo de dicha orden, únicamente al inspector auxiliar. Más aún, si se aprecia que una de las materias objeto de la inspección es justamente la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos a los que hace referencia la impugnante a lo largo del procedimiento sancionador, conforme se aprecia a continuación:

Resulta ilustrativo, señalar que las instancias del sistema son responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

En consecuencia, esta Sala encuentra fundamentada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una deficiente motivación al momento de valorar los argumentos esgrimidos por el sujeto inspeccionado, lo que determinó la existencia de vicios al momento de sancionar al sujeto inspeccionado con la Resolución de Sub Intendencia N° 500-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 22 de diciembre de 2020 y confirmada por la Resolución de Intendencia N° 173-2021-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE de fecha 14 de septiembre de 2021. Dicho incumplimiento se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 10.2 del artículo 10 del TUO de la LPAG:

El artículo 15° de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.

De forma complementaria, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa además que el recurso de revisión se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo, es decir la Resolución de Intendencia Nº 173-2021-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE de fecha 14 de setiembre de 2021, que confirma la Resolución de Sub Intendencia Nº 500-2020-SUNAFIL/IRE- LAM/SIRE.

Según las consideraciones precedentes, es indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral —tanto adjetiva como sustantiva— velando por la uniformidad de los pronunciamientos de las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo. Por tanto, al apreciar la vulneración de principios del procedimiento administrativo (general y sancionador), el Tribunal se encuentra en la obligación de afirmar el cumplimiento de esta normativa adjetiva en materia sociolaboral. Aquella garantiza a los administrados constituirse como sujeto del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo.

De lo antes expuesto, se advierte que tanto la Resolución de Intendencia Nº 173-2021- SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, que confirma la Resolución de Sub Intendencia Nº 500- 2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, contienen una motivación defectuosa. Por lo expuesto, esta Sala estima pertinente declarar la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia N°

En ese sentido, la Resolución de Sub Intendencia N° 500-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 22 de diciembre de 2020, ha sido emitida vulnerando el derecho a la debida motivación, y contraviniendo el numeral 4 del artículo 3°, el artículo 6° del TUO de la LPAG.

De conformidad con el numeral 1 del artículo 12 del TUO de la LPAG, los efectos de la declaración de nulidad retrotraen lo actuado hasta la fecha del acto declarado nulo, esto es, 22 de diciembre de 2020, siendo nulas las actuaciones posteriores, de conformidad con el numeral 1 del artículo 13 de la norma en mención. En ese sentido, nulo todo lo actuado en etapa posterior a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 500- 2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE. Por tanto, tal Resolución carece de efectos y, en consecuencia, no permite la determinación de responsabilidad administrativa de las infracciones que tuvieron lugar en el PAS, así como de la resolución impugnada.

Se deja a salvo el derecho de cualquiera de las partes para que lo haga valer en la vía legal que corresponda, debido a que el presente pronunciamiento incide en la tramitación del procedimiento, y no sobre el fondo del asunto.

De otro lado, corresponde remitir los actuados al superior jerárquico del acto declarado nulo, a fin de que, de estimarlo conveniente, disponga hacer efectiva la responsabilidad del emisor, de acuerdo a lo dispuesto en el TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión.