Banco de la Nación — Res. 307-2021

Mediante Orden de Inspección N° 450-2019-SUNAFIL/IRE-PIU se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 173-2019 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción grave en materia de relaciones laborales y tres (03) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

Mediante Imputación de Cargos N° 362-2019-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC de fecha 14 de noviembre de 2019, notificada el 09 de setiembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 37-2021-SUNAFIL/SIAI-IRE-PIURA, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 202-2021-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA de fecha 30 de abril de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/. 34,020.00 (Treinta y Cuatro mil veinte con 00/100 Soles), por haber incurrido, entre otras, en:

Con fecha 21 de mayo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 202-2021-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 59-2021-SUNAFIL/IRE-PIU de fecha 28 de junio de 20212, la Intendencia Regional de Piura declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 202- 2021-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 21 de julio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Piura, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 59-2021- SUNAFIL/IRE-PIU.

La Intendencia Regional de Piura, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 677-2021- SUNAFIL/IRE-PIU, recibido el 27 de julio de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el BANCO DE LA NACIÓN presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 59-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, emitida por la Intendencia Regional de Piura, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 34,020.00 por la comisión, entre otras, de tres (03) infracciones MUY GRAVES, previstas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 01 de julio de 2021, día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el BANCO DE LA NACIÓN.

Con fecha 21 de julio de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 59-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes fundamentos:

Frente a la vulneración, desconocimiento o lesión de un derecho o interés legítimo, derivado del apartamiento de la conducta descrita en el numeral precedente8, el TUO de la LPAG faculta a los administrados a interponer los recursos administrativos previstos en el artículo 218 del TUO de la LPAG9, pudiendo incluso “solicitar la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley”10.

Así, respecto de la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves e identificando si sobre éstas se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Es importante mencionar que, de la revisión del primer acuerdo adoptado en el Acta de Sesión del Directorio N° 1542 de fecha 13 de diciembre de 2004, que obra a folios 87 del expediente de inspección, el Bono de Desempeño Grupal (BDG) fue aprobado como parte de la Política Remunerativa del Banco de la Nación a partir del año 2015. Considerando ello, la Carta EF/92.4100 N° 18-2018 de fecha 16 de marzo de 2018, que contenía el Anexo 1 con la aplicación de criterios del Bono por Desempeño Grupal, habría sido presuntamente aprobada por el Gerente General de la impugnada el día 27 de marzo de 2018. Sin embargo, el pago del Bono en cuestión se realizó el día 16 de marzo de 2018, hecho que demuestra que ese nuevo criterio de pago del bono referente a que si un trabajador registra sanción disciplinaria superior a 30 días de suspensión sin goce de remuneraciones no le correspondía percibir el Bono, no se encontraba vigente al momento en que correspondía realizar el pago de dicho bono, pues la aprobación de esos nuevos criterios (reglas) aplicables al Bono por Desempeño Grupal, habría sido realizada con posterioridad a su pago. Por otro lado, no existe documento que demuestre que esos nuevos criterios a aplicar hayan sido informados al Directorio del Banco, como lo establece el Acuerdo de Directorio N° 159 del 26 de abril de 2007. Por tanto, tampoco fueron puestos de conocimiento los trabajadores que iban a percibir el referido bono. Siendo ello así, la impugnante se encontraba obligada a pagar el bono a la trabajadora afectada, más aún cuando ya le habían realizado la evaluación de desempeño correspondiente, tal y como se acredita con el documento obrante a folios 17 del expediente de inspección. Entonces, habiéndose demostrado que no existe una justificación válida para que la impugnante no acredite el pago del Bono de Desempeño Grupal, esta se encontraba en la obligación de cumplir con el pago del referido bono. 6.9 Es importante traer a colación al artículo 14 de la LGIT que dispone lo siguiente: “Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas”. Es por ello que, al haber determinado los inspectores de trabajo, durante las actuaciones inspectivas que, la impugnante incumplió con el pago del Bono de Desempeño a la trabajadora afectada, conforme han dejado constancia de ello en el Acta de Infracción, procedieron, de acuerdo a ley, a emitir la correspondiente medida inspectiva de requerimiento, para que, en el plazo señalado, la impugnante cumpla con acreditar el pago del referido Bono. Sin embargo, la impugnante no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento, alegando simplemente que, no lo correspondía cumplir con el pago, además tampoco acudió a la diligencia programada para el 05 de julio de 2019 para la verificación de cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, faltando así a su deber de colaboración con los inspectores de trabajo, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 9 de la LGIT, que dispone: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y

Por otro lado, conforme al numeral 3.2 del inciso 3 del artículo 5° de la LGIT, los inspectores de trabajo están investidos de autoridad y facultados para exigir la presencia del empresario o de sus representantes en el centro del inspeccionado o en las oficinas públicas asignadas por el inspector actuante11. Por su parte, el literal b) del numeral 12.1 del artículo 12° del RLGIT, establece que, mediante la comparecencia, el inspector de trabajo exige la presencia del sujeto inspeccionado en su oficina pública a fin que aporte la documentación y/o efectué las actuaciones pertinentes12.

Por tanto, conforme a lo previsto en el artículo 9° de la LGIT, concordante con el numeral 15.1 del artículo 15° del RLGIT, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello.

Siendo ello así, el artículo 36° de la LGIT dispone que, constituyen infracciones a la labor inspectiva, las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la LGIT y su reglamento, las que pueden consistir, entre otros, en la inasistencia a la diligencia cuando las partes sean debidamente citadas, y éstas no concurran.

De acuerdo al numeral 4.6 de los hechos constatados del Acta de Infracción, la impugnante no acudió a la comparecencia programada para el día 15 de mayo de 2019, pese a que, conforme lo señalan los inspectores comisionados, esta se encontraba debidamente notificada. Del mismo modo, conforme al numeral 4.14 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, el día 05 de julio de 2019, la impugnante no acudió a la diligencia de verificación de la medida inspectiva de requerimiento. Por lo tanto, considerando que, de acuerdo a los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción, observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Empero, no habiendo aportado medio probatorio alguno que desvirtué dichas imputaciones, se encuentra acreditada la falta del deber de colaboración de la impugnante al no asistir a las diligencias programadas, encajando su conducta infractora en la infracción tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT que señala: “La inasistencia del sujeto inspeccionado ante un requerimiento de comparecencia”. Por lo tanto, lo alegado por la impugnante en este extremo de su recurso carece de sustento.