Banco de la Nación — Res. 1151-2022

Mediante Orden de Inspección N° 0006-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 203-2021- SUNAFIL/IRE-LIM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 03 de marzo de 2021 y la falta de colaboración al no presentar información solicitada mediante medida inspectiva de requerimiento de fecha 03 de marzo de 2021; en atención a la Orden de Inspección N° 935-2020-SUNFIL/IRE-LIM, a través de la cual se recomienda la emisión de una nueva orden de inspección por la materia de horas extras y conexos a efectos de verificar su cumplimiento.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 285-2021-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAI-IC, de fecha 01 de junio de 2021, notificada el 14 de junio de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 337-2021-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAI-IF, de fecha 16 de agosto de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lima, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 018-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, de fecha 11 de enero de 2022, notificada el 13 de enero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 46,200.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 02 de febrero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 018-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 0036-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 01 de marzo de 20222, la Intendencia Regional de Lima declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 16 de marzo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lima, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 0036-2022-SUNAFIL/IRE- LIM.

La Intendencia Regional de Lima, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000200-2022-SUNAFIL/IRE- LIM, recibido el 18 de marzo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el BANCO DE LA NACIÓN, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0036-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 46,200.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 04 de marzo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el BANCO DE LA NACIÓN.

En concordancia con el desarrollo de los fundamentos 13 y siguientes de la sentencia recaída en el Exp. N° 4635-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que los alcances referidos a la jornada de trabajo, el horario y el trabajo en sobretiempo deben entenderse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Convenio N° 1 de la OIT9, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú10, los precedentes vinculantes que sobre el particular emita el Tribunal Constitucional y la norma especial sobre la materia.

En dicho contexto, según el literal a) del fundamento 15 de la sentencia citada, “las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales son prescritas como máximas en cuanto a su duración” (énfasis añadido).

Por otro lado, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2002-TR, establece que: “La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales como máximo (…) (énfasis añadido)”.

Asimismo, el artículo 10 del citado cuerpo normativo, prescribe que “el tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes (…)” (énfasis añadido).

Asimismo, el TUO del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, establece en el artículo 7: “En el caso de trabajo en horario corrido, el trabajador tiene derecho a tomar sus alimentos de acuerdo a lo que establezca el empleador en cada centro de trabajo, salvo convenio en contrario. El tiempo dedicado a refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) minutos. El tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada ni horario de trabajo, salvo que por convenio colectivo se disponga algo distinto.

Por tanto, como puede desprenderse de la norma antes citada, bastará que el inspector corrobore la existencia de tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal para que la misma sea considerada como en sobretiempo y se requiera que se abone, con un recargo, conforme lo establece la norma de la materia.

Conforme a las actuaciones inspectivas de investigación, el inspector comisionado ha dejado constancia en el numeral 4.13 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción que, “respecto a la Jornada y Horario de Trabajo y descansos remunerados: Horas extras, conforme a lo verificado a través del registro de control de asistencia, los reportes de las boletas de pago y los documentos sobre el totalizado de horas extras, los trabajadores señalados en el Cuadro N° 02 realizan horas en sobretiempo durante el periodo de marzo a septiembre del 2020, de lo cual, el sujeto inspeccionado acredita la entrega de la boleta de pago del periodo de agosto del 2020 de la trabajadora Edelina Victoria Padilla Robles (acreditando con ello el pago de horas extras del periodo de julio del 2020) y la entrega de la boleta de pago del periodo de septiembre del 2020 de los trabajadores señalados en el Cuadro N° 01, excepto del trabajador Mallqui Morales Gerardo Adriano (con lo cual se acredita el pago de horas extras del periodo de agosto del 2020); no obstante, el inspeccionado no acredita mediante documento idóneo el pago de las horas extras realizadas (boletas de pago suscritas o depósito bancario de la remuneración), de los 14 trabajadores señalados en el Cuadro N° 03”.

Ahora bien, cabe precisar que la impugnante, ha señalado como horario de trabajo, para el personal administrativo de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas y para el personal operativo, de lunes a viernes 08:15 a 17:45 horas y los sábados de 08:45 a 13:00 horas, de lo señalado se advierte que, para el caso de los administrativos el horario de trabajo es de 09 horas, ello no implica que las 09 horas sean consideradas como trabajo efectivo, en razón que está incluido el horario de refrigerio, del igual forma para el caso del personal operativo. En tal sentido, en atención a la normativa citada, se entiende que todo el tiempo que

En ese contexto, durante las actuaciones inspectivas se verifica a través del registro de control de asistencia, reportes de las boletas de pago y el documento sobre el totalizado de horas extras exhibidos por la impugnante que, los catorce (14) trabajadores afectados realizaron sobretiempo respecto a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre del 2020, respectivamente; sin embargo, no se evidencia que la impugnante haya cumplido con acreditar a través de documento idóneo -que permita tener certeza y de conformidad del pago efectuado-, como boletas de pago de remuneraciones suscritas por los trabajadores afectados y/o depósitos bancarios, el pago de las horas extras realizadas por los trabajadores. En tal sentido, se evidencia que en la etapa inspectiva y sancionadora, la impugnante no presenta documentación o medios probatorios para acreditar el cumplimiento de la materia objeto de investigación (horas extras), conforme al siguiente detalle:

En tal sentido, debido a que se ha verificado la existencia de una jornada y horario de trabajo superior a la pagada por la impugnante, de acuerdo a los documentos exhibidos por la empresa inspeccionada. No obstante, cabe precisar que, no basta la presentación de las boletas de pago, sino que para dar por cumplidas las obligaciones laborales, éstas deben encontrarse suscritas por los trabajadores en señal de conformidad, asimismo, debe existir un documento idóneo que acredite el pago del monto ante una entidad bancaria, además del documento que acredite dicho depósito. En tal sentido, no se ha podido verificar el pago íntegro de las horas extras efectuadas por los catorce (14) trabajadores afectados, lo que configura la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT, establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Ahora bien, de la revisión del expediente inspectivo se advierte que el inspector comisionado emitió la medida de requerimiento de fecha 03 de marzo de 2021, a fin de que el sujeto inspeccionado proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de relaciones laborales; por lo que, debía realizar las siguientes acciones: [1] Acreditar el pago de horas extras de los periodos de marzo hasta setiembre del 2020 de los trabajadores señalados en el Cuadro N° 02, para lo cual le otorgó el plazo de tres (03) días hábiles para su cumplimiento. Según se observa a folios 400 a 406 del expediente inspectivo, advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa.

En ese contexto, cumplido el plazo y efectuada la verificación por parte del inspector comisionado el 08 de marzo de 2021, la impugnante, no cumplió con lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento. En tal sentido, se ha determinado que la impugnante no cumplió oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas de orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, vulnerando de esta manera las normas citadas precedentemente.

Ahora bien, la impugnante alega que la vía de notificación del requerimiento efectuado no fue válida, pues no fue realizado vía casilla electrónica; sin embargo, cabe precisar en primer lugar que, por el Decreto Supremo N° 003-2020-TR (publicado el 14 de enero de 2020), se aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, ello conforme al quinto párrafo

En esa línea, la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, modificada por Resolución de Superintendencia N° 11-2020-SUNAFIL, señala en su artículo 2: “Disponer que los documentos que se señalan en el cronograma aprobado según el artículo 1 precedente, son materia de notificación vía Casilla Electrónica. La SUNAFIL, mediante resolución de Superintendencia, incorpora, de manera progresiva los documentos que son notificados a través de la referida modalidad y las fechas de implementación”.

En ese sentido, a partir del 31 de diciembre de 2020, las medidas de requerimiento, dentro de un procedimiento de investigación, son materia de notificación vía casilla electrónica, conforme al cronograma aprobado en mérito a la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

El artículo 8 del Decreto Supremo N 003-2020-TR, señala que es obligación del usuario de la casilla electrónica revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen, mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, por tanto, de los actuados se observa que la medida inspectiva de requerimiento fue válidamente notificada el 03 de marzo de 2021, conforme se puede apreciar a continuación:

En ese contexto normativo, la norma que obliga el uso de la casilla electrónica es de público conocimiento al día siguiente de su publicación, debiendo el administrado acceder a su casilla electrónica, el cual se encuentra operativo, pues como se ha señalado anteriormente, es una obligación legal del sujeto inspeccionado a partir de la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica, revisar de manera permanente su casilla electrónica asignada, más aún si, desde la puesta en producción de la Casilla Electrónica, toda persona natural que cuente con su clave SOL , automáticamente tiene acceso a la Casilla Electrónica sin excepción.

Asimismo, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, establece que: “Son obligaciones del usuario de la casilla electrónica: 8.1 Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o acto administrativo que se le notifiquen; 8.2 Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica (…)”, pues como se ha señalado, es una obligación legal del sujeto inspeccionado

Por último, cuando el artículo 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, señala que la notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario, Morón Urbina manifiesta que la norma innova nuevamente respecto a la vigencia de la notificación al establecer que cuando esta modalidad sea empleada se entenderá realizada correctamente con el depósito de la notificación por parte de la autoridad (no con el envío, el acuse de recibo, ni con la lectura efectiva, ni con la alerta del sistema informático, correos, etc.), por lo que la notificación de la medida de requerimiento es plenamente válida.

En ese contexto, se observa la proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 0006-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, y con relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción. En tal sentido, el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Sin que la impugnante acredite su cumplimiento, dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado, conforme consta de la constancia de actuaciones inspectivas de investigación y por las instancias de mérito.

Por tanto, corresponde desestimar los argumentos expuestos en el recurso de revisión en este extremo, manteniéndose la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; toda vez que en las actuaciones inspectivas no se acreditó su cumplimiento. En consecuencia, los argumentos de la impugnante referidos a cuestionar este extremo deben ser desestimados, por cuanto la medida inspectiva de requerimiento se ajustaba al principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad, licitud, culpabilidad, motivación y debido procedimiento.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia N° 018-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, como la Resolución de Intendencia N° 0036-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.