Banco de la Nación — Res. 1-2023

Mediante Orden de Inspección N° 2413-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 238-2020- SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica al impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva por no asistir a la comparecencia programada para el 10 de noviembre de 2020 y no facilitar la información necesaria para el desarrollo de las funciones inspectivas, respectivamente.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 454-2020-SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 13 de mayo de 2021, notificada el 17 de mayo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción de Instrucción N° 427-2021- SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 16 de junio de 2021, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 766-2021- SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, de fecha 20 de diciembre de 2021, notificada el 22 de diciembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,309.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 05 de enero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 766-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 092-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 11 de marzo de 20222, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 24 de marzo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra la Resolución de Intendencia N° 092-2022- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 242-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 29 de marzo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que BANCO DE LA NACIÓN, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 092-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, que confirmó la sanción impuesta de S/ 11,309.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por BANCO DE LA NACIÓN.

La LGIT establece que “la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo9”. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

Por su parte, el artículo 9 de la LGIT establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1111 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “en cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del TUO de la LPAG" (énfasis añadido).

Por su parte, el inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 de su artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, se observa que las actuaciones inspectivas estuvieron orientadas a verificar el cumplimiento de los derechos sociolaborales sobre la materia de jornada y horario de trabajo por parte del empleador, respecto de los trabajadores

Es así que, con fecha 23 de octubre 2020, se realizó la diligencia de visita inspectiva en el centro de trabajo, exhibiéndole el inspector la Orden de Inspección y señalando el motivo de su presencia, solicitando la presencia de algún representante del Sindicato REDBAN, a lo que se indicó que el entrevistado señaló no tener conocimiento. Concluida esta diligencia, se procedió12 a notificar a la inspeccionada en el mismo acto, con un requerimiento de comparecencia programada para la fecha 30 de octubre de 2020 a horas 11:30 a.m. ante la Intendencia Regional de Trabajo de Arequipa, en la cual tenía que presentar la siguiente documentación, conforme a la imagen:

En dicha diligencia, acudió el administrador Ciro Alegría Gómez, presentando parte de la información requerida y solicitando un mayor plazo para la presentación de los documentos referidos, puesto que la información lo maneja la Oficina Principal de Lima, notificándose en ese mismo acto, un nuevo requerimiento de comparecencia para el día 10 de noviembre de 202013; conforme figura a continuación:

Sin embargo, pese a estar debidamente notificada, no se presentó, habiendo con su inasistencia incurrido en infracción a la labor inspectiva. Ante ello, con fecha 11 de noviembre de 2020, se le notificó con un tercer requerimiento de comparecencia programada para el día 17 de noviembre del 2020 a horas 10:30 a.m.14, solicitándole la misma información. La impugnante remitió correo electrónico en fecha 12 de noviembre de 2020, solicitando una ampliación de plazo para presentar la documentación requerida, señalando que: “la agencia inspeccionada se encuentra en estado de aislamiento por propagación del COVID-19 del 07 a 20 de noviembre,

Conforme se desprende del numeral 4.5. de los Hechos Comprobados del Acta de Infracción, la inspectora dejó constancia que: “Se tiene que el sujeto inspeccionado no asistió a la comparecencia programada para el día 10/11/2020, a pesar de encontrarse debidamente notificado, hecho que constituye infracción a la labor inspectiva, (…)”.

La parte impugnante alega que se ha inaplicado el principio de razonabilidad al no considerarse el contexto de la pandemia producida por el COVID-19 e inobservando lo dispuesto en el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”. Respecto del documento señalado, en el literal c del numeral 7.6.1, se señaló que, de acuerdo con la LGIT y el RLGIT, y atendiendo al periodo de Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional, una de las modalidades de actuación inspectivas, es: “c) Comparecencia virtual o presencial del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes; (…)” (énfasis añadido).

En atención a ello, y conforme a este Protocolo, se permitía que pudiesen realizarse las diligencias de comparecencia tanto de forma virtual como de forma presencial, como bien se realizó desde un inicio en la presente inspección, en las diligencias de comparecencia presenciales, a las que sí acudió la impugnante el 30 de octubre de 2020 y 17 de noviembre de 2020. Asimismo, conforme al análisis de los correos electrónicos presentados por la parte impugnante a folios 41 del expediente inspectivo, se tiene que el médico ocupacional de la inspeccionada recomendó que la Agencia 1 Arequipa entre en cuarentena desde el 07 a 20 de noviembre 2020, teniendo la impugnante esta información desde el 06 de noviembre de 2020, pero informando recién de esta situación a la inspectora comisionada el 12 de noviembre de 2020, dos días después del señalado en la fecha del requerimiento de comparecencia.

De igual forma, en el correo remitido por la impugnante el 12 de noviembre de 2020, solicita una ampliación del plazo y no justifica con mayores medios probatorios su inasistencia ni que el apoderado o representante legal estuviera impedido de presentarse a las instalaciones de la SUNAFIL en la fecha estipulada, o que estuviese impedido de asumir la diligencia debida para delegar como apoderado a otro de sus funcionarios, teniendo en consideración que esta situación de aislamiento ocurrió desde el 07 de noviembre de 2020, teniendo tiempo suficiente para cumplir con la medida de requerimiento de comparecencia y/o comunicarse previamente con la inspectora comisionada exponiendo el por qué estaría imposibilitado de acudir y presentar la documentación correspondiente que justifique su inasistencia; en consecuencia, al no justificarse con medio probatorio idóneo la inasistencia de la impugnante a la citación de comparecencia, debe desestimarse estos argumento.

Por otra parte, alega que existe un error en la graduación del monto propuesto de la multa, pues se ha considerado a tres trabajadores y no se ha motivado el por qué se considera a éstos en específico. Respecto de ello, corresponde señalar que la Orden de Inspección tiene su origen en la denuncia formulada por el Sindicato de Trabajadores Red de Agencias y Operaciones del Banco de la Nación (REDBAN), en la cual solicitan se verifique la modificación y extensión de la jornada y horario de trabajo, así como si se está priorizando o no el trabajo remoto. Así, revisada por la inspectora comisionada la relación de trabajadores afiliados al Sindicato REDBAN, se determinó que los trabajadores registrados en la planilla electrónica bajo el régimen laboral de la actividad privada, fueron Rossana Victoria Bravo Chávez, Pavel Alejandro Figueroa Malpartida, y John Walter Mejía Álvarez. En ese sentido, al incumplir con el requerimiento de comparecencia y no presentar la documentación obtenida en dicha diligencia, se perjudicó a estos tres trabajadores, calculándose el monto conforme al artículo 48 del RLGIT, no apreciándose ninguna supuesta vulneración al principio de legalidad al determinar el monto correspondiente a la multa.

Por consiguiente, se observa la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción impuesta por el incumplimiento a la medida de comparecencia, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 2413-2020- SUNAFIL/IRE-AQP, así como, se evidencia que la Resolución de Intendencia responde todos los argumentos que fundamentan el recurso de apelación de la impugnante; por lo tanto, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT y desestimarse todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo, a razón de que se encontraba la inspeccionada en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva.

En consecuencia, corroborada la inasistencia a la diligencia de comparecencia antes señalada y atendiendo a que la infracción a la labor inspectiva es de comisión inmediata e insubsanable15, esto es que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta, se verifica la configuración de la infracción imputada.

Por consiguiente, corresponde a la impugnante asumir la sanción económica impuesta, y declararse infundado el presente recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.