Banco de Crédito del Perú — Res. 974-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Submateria: Asignaciones) PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la asignación familiar de los periodos de mayo 2018 hasta el 13 de agosto de 2019; tipificada en el numera 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificado con fecha 27 de abril de 2022; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00. 1.4. Con fecha 05 de junio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 190-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, argumentando lo siguiente:

i. Que, se he vulnerado el principio de confianza legítima, dado que se obvia que existen otras actuaciones inspectivas previas efectuadas al banco, donde la propia autoridad inspectiva determinó que es factible incluir el haber básico y la asignación familiar dentro de la remuneración mensual, siempre que se haya pactado un acuerdo con el trabajador, como ocurrió en el contrato de la trabajadora Claudia Panana Villanueva; y que, además, existen pronunciamientos judiciales dictados en el mismo sentido. ii. Que, se ha quebrantado el principio de legalidad, por cuanto se ha emitido una medida inspectiva de requerimiento a pesar de que el inspector no comprobó la existencia de una infracción en materia de pago de remuneraciones y beneficios sociales, pues el Banco otorgó de forma íntegra y oportuna las remuneraciones y beneficios sociales de la Sra. Panana. iii. Que, se ha vulnerado el principio de tipicidad, dado que el Banco no ha incurrido en ninguno de los supuestos de hecho contemplados como infracción en el numeral 24.4 del RLGIT, pues el monto de las remuneraciones y beneficios sociales fueron cancelados íntegramente en su oportunidad, incluyendo el pago de la asignación familiar, hecho que fue incluso reconocido en la resolución cuestionada al señalar que, en efecto, el Banco y la trabajadora Panana acordaron expresamente que tanto la remuneración básica como la asignación familiar estarían contenidas dentro de la remuneración fija mensual. iv. Que, también se ha quebrantado el principio de presunción de licitud por cuanto la autoridad no acreditó suficientemente que el Banco no haya pagado las

remuneraciones ni los beneficios sociales de la Sra. Panana, presumiendo, por el contrario, la existencia de una infracción sin pruebas o argumentación. v. Que, en el contrato de trabajo de la Srta. Panana, la remuneración mensual contiene tanto el concepto del salario básico como la asignación familiar, asimismo en las boletas de pago de mayo de 2018 a agosto de 2019, se comprueba que la trabajadora percibió su remuneración y sus beneficios sociales conforme a ley, por tanto, las infracciones imputadas no existen, debiendo dejarse sin efecto las multas impuestas.

i. Que, la asignación familiar debe ser pagada por separado y en forma adicional a la remuneración básica, dejando constancia de ello en la boleta de pago, tal cual lo argumentó la Subintendencia al citar el criterio del Tribunal de Fiscalización Laboral contenido en la Resolución N° 099-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala; por tanto, al corroborarse que la inspeccionada ha incluido en el monto de la remuneración tanto el sueldo básico como la asignación familiar, se ha vulnerado lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 25129 y los artículos 3, 4, 5 y 6 del DS N° 035-90-TR. ii. Que, respecto de los expedientes judiciales aludidos por la inspeccionada, se corrobora que la Casación emitida en el Expediente N° 418-2022-0-2301-JR-LA- 01, versa sobre una materia distinta; y que, lo resuelto en el Expediente N° 00038-2022-0-2008-JR-LA-01, está en trámite de apelación; asimismo, respecto de los informes de actuaciones inspectivas de la Intendencia Regional de Lima que sustentarían la posición de la inspeccionada, la autoridad sancionadora no se encuentra obligada a seguir las posiciones de otros inspectores de trabajo, menos cuando existen razones suficientes para motivar su posición y, además, existen otros pronunciamientos donde la autoridad inspectiva ha sancionado el impago de la asignación familiar en modo similar. iii. Que, adicionalmente, conforme a la Casación Laboral N° 13049-2017-LIMA y la Casación Laboral N° 2510-2016-LIMA, no basta con que el inspeccionado denomine como “asignación familiar” el concepto pagado si es que este no cumple la finalidad establecida, entregándose a trabajadores sin hijos. iv. Que, en consecuencia, no existe vulneración a los principios de tipicidad y legalidad, en tanto que la infracción cometida se encuentra tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, ni tampoco se ha lesionado la causalidad

2 Notificado a la impugnante el 07 de julio de 2023.

y culpabilidad, al haberse constatado el impago de la asignación familiar conforme a lo establecido por la ley. v. Que, en relación a la medida inspectiva de requerimiento, el inspeccionado se encontraba en la obligación de acreditar el cumplimiento del pago de la asignación familiar, en consecuencia, al no haberse cumplido con observar la acción requerida por el inspector comisionado dentro del plazo de tres (03) días hábiles concedido, se ha concretado la infracción impuesta. vi. Que, las sanciones impuestas por trasgresión a la normativa sociolaboral y a la labor inspectiva, responde a criterios objetivos, no adoleciendo la Resolución apelada indebida motivación, sino que existe una clara correspondencia entre los hechos constatados y las normas jurídicas infringidas, respetándose la proporcionalidad y razonabilidad, en tanto que la multa impuesta se ha efectuado en base al artículo 38 de la LGIT, no existiendo en suma la afectación de ninguno de los principios que se alega.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de julio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 108-2023-SUNAFIL/LIM, señalando el siguiente alegato:

i. Que, el plazo para la realización de las actuaciones inspectivas contemplado en la orden de inspección fue de 20 días hábiles, esto es, desde el 29 de abril de 2022 al 27 de mayo de 2022. Luego, el plazo de tres (3) días otorgado en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 24 de mayo de 2022, vencía el mismo 27 de mayo de 2022. Esto significa que la verificación de la medida podía ser efectuada recién a partir del 30 de mayo de 2022, sin embargo, el inspector efectuó la verificación el mismo 27 de mayo de 2022 entre las 22:00 y 22:30 horas, fuera de las horas hábiles

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

en forma inusual, con el fin de no excederse del plazo previsto en la orden de inspección, sin considerar que la empresa contaba hasta las 23:59 horas del día 27 de mayo de 2022, para atender el requerimiento. En tal sentido, corresponde que se declare la nulidad o se deje sin efecto las multas impuestas, al no haberse aplicado el numeral 13.3 del artículo 13° del RLGIT y el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. ii. Que, la medida inspectiva de requerimiento no ha observado lo previsto en el numeral 7.15.1 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, por cuanto no cuenta con el refrendo o conformidad del Supervisor Inspector, vulnerándose los principios de legalidad y jerarquía. iii. Que, la medida inspectiva de requerimiento no ha cumplido con detallar y verificar el incumplimiento atribuido al empleador, motivando los hechos que sustentan su conclusión, ni valorando adecuadamente los medios de prueba presentados, dado que la trabajadora Panana Villanueva percibió correctamente su remuneración y beneficios sociales, infringiendo así el derecho a la debida motivación y el principio del debido procedimiento. iv. Que, no se ha respetado el principio de expectativa legítima, por cuanto existen actuaciones inspectivas a nivel nacional y procesos judiciales, que establecen que el empleador puede incluir la remuneración básica y la asignación familiar dentro de la remuneración fija mensual cuando haya llegado a un acuerdo con el trabajador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido). 6.3. A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 6.4. Concordante a ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal

Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta – pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento 6.13. El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del

orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

9 Considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4

inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”10, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de

10 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

“los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”.

Por tanto, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo, al ser detectadas.

− ACTA N° 000004-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, numeral 4.10 (…) sin embargo, la inspeccionada la otorga a todos sus trabajadores, tengan o no hijos, siendo en la práctica un componente remunerativo al que le han otorgado dicho nombre (asignación familiar), no cumpliendo la naturaleza para la cual se otorga, vale recordar lo estipulado en el decreto supremo N° 003-97-TR, según el artículo 6, el cual indica que “constituye remuneración para todo efecto legal el integro de lo que el trabajador percibe por sus servicios, en dinero o especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición (…) cuenta con los siguientes

trabajadores con hijos (CUADRO N°3), con los cuales no ha cumplido con acreditar el pago de la asignación familiar, ya que el concepto que viene entregando bajo el concepto de “asignación familiar” no es entregada en función a la carga familiar de cada trabajador (si tienen o no hijos), sino como parte de su remuneración habitual. − ACTA N° 004904-2019-SUNAFIL/ILM numeral 4.18, “(…) Es decir, y como ha quedado establecido, su remuneración incluye un monto por asignación familiar, tal como se fija en su contrato, vale decir cuando el trabajador ingresa a laborar se fija su remuneración con la inclusión de la asignación familiar, tenga o no tenga hijos, (“EL TRABAJADOR percibirá una remuneración de (S/…) la misma que en todos los casos comprende tanto el sueldo básico como la asignación familiar ley N° 25129, según contratos de trabajo) o si se le aumenta su remuneración (…), en ambas situación se verificó que el monto va contener la asignación familiar; ósea, no va depender o considerar si tiene hijos. (…) sin embargo, la inspeccionada lo otorga a todos sus trabajadores, tengan o no hijos, siendo en la práctica un componente remunerativo al que le han colocado dicho nombre (asignación familiar), no cumpliendo la naturaleza para la cual se otorga.” 6.23. Así, el inspector comisionado concluye que la identificación de la afectación resultante de los actos de investigación, en otras palabras, que la conducta del sujeto inspeccionado que contraviene la normatividad sociolaboral sustantiva por la cual se exige el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se centra específicamente en que el beneficio económico cancelado a los trabajadores de la inspeccionada bajo la nomenclatura de “asignación familiar” realmente no obedece ni corresponde a la naturaleza del beneficio establecido por la Ley N° 25129, en tanto que su pago ha sido extendido a todos los trabajadores de la inspeccionada indistintamente de si cuentan o no con carga familiar, quedando evidenciado entonces que la empresa inspeccionada realmente no ha cumplido con el pago de la asignación familiar a favor de la trabajadora denunciante. Véase el siguiente extracto de la medida de requerimiento:

objetivo de la misma, de acuerdo con los argumentos que anteriormente hemos expuesto, repitiéndose incluso la comisión de esta infracción al debido procedimiento posteriormente en la emisión del Acta de Infracción, para sustentar la infracción muy grave impuesta.

(i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); y

(ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto.12 (énfasis añadido).

11 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 17 edición. Tomo II., p. 434. 12 2 NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ra Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial Tecnos, p. 269.

“57. En tal sentido, lo que es exigible en el derecho penal respecto del principio de legalidad, también resulta exigible respecto del derecho administrativo sancionador. En consecuencia, resultan vinculantes para este último los tres elementos que este Tribunal estableció en la Sentencia 00010-2002-AI/TC como requisitos del principio de legalidad: (i) La existencia de una ley (lex scripta). (ii) Que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa). (iii) Que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa). 58. Esto implica que no podrá existir sanción que no se encuentre establecida expresamente en una ley de manera previa, cierta y precisa y, por lo tanto, el fundamento de la sanción no puede ser otro que la violación de un mandato o prohibición contenido en la ley. (…) 60. En consecuencia, se vulnera el principio de legalidad en sentido estricto si una persona es condenada o sancionada por un delito o infracción no prevista expresamente en una norma con rango de ley. Por otro lado, se vulnera el subprincipio de tipicidad o taxatividad cuando, pese a que la infracción o delito está prevista en una norma con rango de ley, la descripción de la conducta punible no cumple con estándares mínimos de precisión.” 6.36. En ese sentido, corresponde señalar que no se configura una conducta típica susceptible de ser sancionada, dado que el tipo infractor aplicable exige como presupuesto el incumplimiento de la medida. De manera que, la medida de requerimiento de fecha 24 de mayo 2022 no cumple con el principio de legalidad y proporcionalidad en el ámbito objetivo, omitiendo sustentar de manera correcta y adecuada la detección de la infracción que motiva la medida, en contra de la debida motivación, el principio de tipicidad y el debido procedimiento.

Convenio 81 de la Organización Internacional de Trabajo - OIT13. En consecuencia, las mejores prácticas de fiscalización deben asegurar actuaciones coherentes, objetivas y respetuosas del debido procedimiento, que fortalezcan la legitimidad y eficacia del sistema inspectivo.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

13 El sistema de inspección estará encargado de: (a) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones; (b) facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales; (c) poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.

de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales No acreditar el pago de la asignación familiar de los periodos mayo 2018 hasta agosto de 2019 Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 108-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 339-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Subintendencia N° 190-2023- SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, de fecha 12 de mayo de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 339- 2022-SUNAFIL/IRE-LIM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Subintendencia N° 190-2023- SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, de fecha 12 de mayo de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución CUARTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lima, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.42 de la presente resolución QUINTO. – Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes. SEXTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730RDTN - HR: 1137-2022