Banco de Crédito del Perú — Res. 92-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas) y, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras). soft 23:20:25-0500

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en el requerimiento de información de fecha 30 de septiembre de 2021, necesaria para el desarrollo de sus funciones, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en el requerimiento de información de fecha 15 de octubre de 2021, necesaria para el desarrollo de sus funciones, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

i. Se ha vulnerado el derecho al debido proceso, debida motivación y derecho de defensa, en tanto que, de la revisión del acta de infracción, imputación de cargos y del informe final de instrucción, se observa que no existe una relación concreta de la imputación con los hechos suscitados en el presente proceso, en vista que se hace una imputación general. ii. Se ha vulnerado el principio de tipicidad, al realizar una interpretación extensiva de la conducta tipificada como infracción muy grave en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, indicando que la misma incluiría también supuestos en los cuales, el administrado frustró la investigación, por no entregar la información cuando existen otros mecanismos de investigación. iii. La empresa no se negó a entregar la información con el fin de obstruir la labor inspectiva, sino que, debido a problemas técnicos, los archivos no se lograron subir adecuadamente en su totalidad, pero que de acuerdo al correo electrónico que han hecho referencia se puede verificar que se ha remitido a la inspectora comisionada la información solicitada, lo cual configura un supuesto diferente. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 007-2022-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 15 de marzo de 20222, la Intendencia Regional de Loreto declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

2 Notificada a la impugnante el 17 de marzo de 2022, véase folio 83 del expediente sancionador.

i. En el presente caso en particular, se aprecia de autos que ambos requerimientos han sido válidamente notificados al administrado, teniendo la impugnante una conducta obstruccionista al no acatar las disposiciones emitidas por la inspectora comisionada; dichas conductas han sido desarrolladas y motivadas adecuadamente por la Autoridad Inferior en Grado. De esa manera, las acciones u omisiones en la etapa inspectiva por parte de la impugnante, ha conducido a que la Autoridad de Trabajo active un procedimiento sancionador. ii. Es menester indicar que, todas las conductas que configuren obstrucción a la labor inspectiva, constituyen infracciones inmediatas e insubsanables, es decir, una vez hayan recaído en tal acción infractora de manera injustificada, no existe forma de revertir o enmendarlo posteriormente. iii. Dicho ello, cada requerimiento de información constituye una de las modalidades de actuación de investigación a las que se encuentran facultados los inspectores comisionados. Por lo que, en mérito a los requerimientos efectuados con fechas 30 de septiembre de 2021 y 15 de octubre de 2021, los mismos constituyen actos independientes (diferentes conductas), siendo sancionables por el incumplimiento que se advierta en mérito a cada uno de ellos, como ha ocurrido en el presente procedimiento. iv. Por otro lado, la impugnante, alega que la resolución apelada no se encuentra debidamente motivada; al respecto, de la revisión minuciosa del expediente, se advierte que el Inferior en Grado ha merituado los hechos recogidos en el Acta de Infracción, Imputación de Cargos y el Informe Final, no presentando descargo alguno donde aporte medios probatorios que induzca a la Autoridad de Trabajo a eximirlo de responsabilidad; advirtiéndose en la resolución impugnada las razones de hecho y de derecho que motivaron la imposición de la sanción administrativa; por lo que, se corrobora que se ha garantizado el debido procedimiento, la debida motivación y la legalidad de la decisión adoptada de conformidad con la normatividad vigente, ejerciendo su competencia sancionadora al aplicar la consecuencia legal dispuesta por la LGIT y el RLGIT, por la comisión de infracciones detectadas, las mismas que han sido debidamente determinadas en función a los hechos constatados por la inspectora comisionada. Asimismo, la empresa recurrente ha gozado de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento administrativo sancionador, de manera que se le ha permitido ejercer su derecho de defensa, dándole, en todo momento, la oportunidad de exponer sus argumentos. v. Ahora bien, respecto a la supuesta vulneración del principio de tipicidad, se observa en su escrito de apelación que la impugnante admite ser autora de las conductas, pero justifica su accionar en problemas técnicos. Considerando ello, luego de la revisión exhaustiva al procedimiento inspectivo y sancionador, este Despacho no puede acoger este extremo, toda vez que, incurrió en conductas insubsanables que interrumpieron el

normal curso de la labor inspectiva. Además, sí se trató de un problema de fuerza mayor o caso fortuito debió comprobarlo oportunamente de tal manera que no quede duda sobre dicho acontecimiento, de esta manera habilitaba a los servidores comisionados a evaluar tal situación. vi. Aun, si se trató de problemas técnicos y no pudo dar cumplimiento a los requerimientos de información, tuvo suficiente tiempo de justificar el problema que alega debidamente comprobado. Para acatar y/o subsanar los requerimientos de los inspectores comisionados, no solo sería en el plazo otorgado por los servidores en la etapa inspectiva, sino que bien pudo facilitar información hasta antes de la emisión del Acta de Infracción. Asimismo, se tiene que omitió presentar sus respectivos descargos cuando fue válidamente notificado con la Imputación de Carlos e Informe Final de Instrucción y decidió esperar a hacer uso de su derecho presentando recurso de apelación. 1.6 Con fecha 06 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Loreto, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 007-2022- SUNAFIL/IRE-LOR.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 007-2022-SUNAFIL/IRE-LOR, señalando los siguientes fundamentos:

i. Sí cumplió con presentar la documentación solicitada; sin embargo, las autoridades administrativas no tomaron en consideración los argumentos y medios probatorios presentados, mediante los cuales se acredita la presentación de la documentación requerida. Al respecto, consta en el expediente, el correo de fecha 10 de noviembre de 2021 a las 18:24 horas, mediante el cual se informa sobre las dificultades técnicas que tuvo al momento de subir la información en la Casilla Electrónica. ii. Tal como se puede apreciar, la apoderada, dentro del plazo de la orden de inspección y antes de que la inspectora realizara la visita al centro de trabajo, envió el correo evidenciando las dificultades con la Casilla Electrónica, y envió también la información

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

solicitada. A pesar de ello, la inspectora de trabajo decidió dar por concluida las actuaciones inspectivas multando a la empresa injustificadamente. iii. Por ello, consideran que no se han configurado las infracciones imputadas, en tanto no se acreditó que haya existido una negativa, ni mucho menos, que esta presunta acción haya impedido la realización de la inspección, toda vez que fue la propia inspectora quien decidió dar por concluidas las actuaciones inspectivas, a pesar de contar aún con plazo, o inclusive, tener la posibilidad de solicitar la ampliación de plazo de la investigación. iv. Es evidente que el tipo infractor está sancionando una acción determinada por parte del administrado: Negarse a facilitar información y documentación. Al respecto, se debe tener en cuenta el criterio establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala; de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, la conducta infractora sancionable mediante el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT se configuraría cuando se cumpla con una negativa expresa de parte del administrado y que dicho comportamiento imposibilite la fiscalización, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. Por lo que, la Intendencia no ha cumplido con probar la concurrencia de ambas condiciones para imputar el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. En ese sentido, solicitamos declarar nula la Resolución de Intendencia por haber incurrido en una violación al principio de tipicidad. v. La resolución de Intendencia no aplicó lo dispuesto en la Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, vulnerando el principio del debido procedimiento, en razón que, el Acta de Infracción que inició la etapa sancionadora, se emitió fuera de plazo. En efecto, el presente procedimiento se inició el 15 de septiembre de 2021, con una comprobación de datos, siendo la última actuación inspectiva el 28 de octubre de 2020, tal y como figura en el Acta de Infracción. No obstante, a pesar de que en el acta se menciona que el plazo para la realización de las actuaciones inspectivas de investigación era de 30 días hábiles, la Autoridad Administrativa decidió emitir el Acta de Infracción el día 12 de noviembre de 2021, cuando el plazo para hacerlo vencía el 28 de octubre de 2021. vi. Al respecto, cabe traer a colación lo señalado en la versión 2 de la Directiva N° 002-2020- SUNAFIL/INII, “Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”. Por lo que, reafirmamos nuestra posición sobre el presente procedimiento, debiendo declararse su nulidad, debido a que, desde el inicio, no se respetó el derecho al debido procedimiento. vii. Se ha vulnerado el principio de razonabilidad, pues se debe sancionar de la manera menos gravosa posible; por tanto, se debe tener en cuenta el Tema N° 1 de la Resolución de Superintendencia N° 110-2019-SUNAFIL, que aprueba los criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la SUNAFIL”. En razón que, imputaron dos conductas que corresponden a la misma tipificación, que finalmente constituyen un mismo ilícito; supuestamente obstruir la labor inspectiva.

viii. En ese sentido, la infracción imputada es la acción repetida de no cumplir con los requerimientos de información. En otras palabras, el no haber cumplido con lo requerido en diferentes momentos, no es más que una infracción continuada que constituye un proceso unitario y homogéneo de acción. ix. La Resolución de Intendencia valida arbitrariamente que se considere como trabajadores afectados a algunos que no estaban dentro del ámbito de la orden de inspección; al respecto, la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, en el párrafo 8.2.2., señala lo siguiente: El acta de infracción que se extienda debe tener el contenido mínimo siguiente: (…) f) Identificación de los trabajadores o personas afectadas por las infracciones constatadas. x. Al respecto, señalan que, de acuerdo a lo dispuesto en la orden de inspección, el centro de trabajo inspeccionado es solamente el ubicado en Jirón Próspero N° 200, en la ciudad de Iquitos. Asimismo, los requerimientos de información reiteran que ese es el centro inspeccionado y la información solicitada es solo sobre ese centro de trabajo, inclusive la única visita al centro de trabajo se realizó en la sede de Iquitos, ubicada en Jirón Próspero N° 200, Iquitos, Maynas, Loreto. A pesar de ello, en el Acta de Infracción, según el inspector se identifican 38 trabajadores afectados en dicho centro de trabajo. xi. Sin embargo, en la Agencia de Iquitos sólo se cuenta con 36 trabajadores y no todos están sujetos a fiscalización inmediata. Asimismo, se advierte que el inspector de trabajo, a pesar de no haber realizado requerimientos de información respecto a los trabajadores de la agencia Belén, también los incluye como afectados. De esta manera, se pretende multar por trabajadores que no fueron objeto del presente procedimiento, lo cual es una violación al debido procedimiento. xii. En ese sentido, la Intendencia validó que el personal inspectivo haya realizado el cálculo de la sanción en función a trabajadores de una agencia inspeccionada distinta a la de Iquitos (Jirón Progreso), cuando de acuerdo con lo establecido en el RLGIT, lo correcto es calcular la multa, en todo caso, en función al total de trabajadores verdaderamente afectados y que corresponden a la sede inspeccionada. Todo ello, evidencia que el Acta de Infracción es nula, al no haberse identificado un requisito esencial, esto es, a los trabajadores presuntamente afectados; para lo cual se debe tener en cuenta la Resolución N° 393-2021 emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Análisis Del Recurso De Revisión

9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 13.- Alcances de la nulidad

pretendida nulidad, corresponderá pronunciarse sobre los otros extremos alegados por la accionante.

Sobre el de Acta de Infracción N° 106-2021-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 12 de noviembre de 2021

Sobre la naturaleza del Acta de Infracción y la nulidad de la misma

“aquellos actos intermedios que ora impidan a los sujetos afectados adquirir la condición de interesados (piénsese, por ejemplo, en la negativa de la Administración a admitir la personación del titular de un interés legítimo vinculado al objeto del procedimiento), ora liquiden o limiten el ejercicio de los poderes instrumentales que a los mismos asisten en el seno del iter administrativo (impidiendo el acceso a un determinado documento, reduciendo el plazo previsto para la presentación de alegaciones, rechazando la práctica de una prueba, omitiendo el trámite de audiencia, entre otras hipótesis) (…)”14.

11 Sobre el particular, la Resolución de Intendencia N° 085-2015-SUNAFIL/ILM del 30 de marzo de 2015, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, señala en el fundamento 8 que “…la naturaleza de las Actas de Infracción no es la de un acto administrativo, por el contrario son actos de administración, consistentes en manifestaciones o declaraciones, expresiones intelectivas de voluntad, conocimiento, opinión recomendación, juicio, deseo, etc., formando gran parte de las piezas procesales de los expedientes administrativos, considerándose actos no productores de efectos jurídicos directos, pudiendo ser medidas de prueba que la administración produzca durante el procedimiento: Pericias, declaraciones testimoniales, producción de pruebas, actas documentales o instrumentales, etc.”. 12 Similar posición se plantea, por ejemplo, en los fundamentos 6 al 12 del precedente administrativo sobre nulidad de oficio de actos administrativos emitidos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, en el marco de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, aprobado por Resolución de Sala Plena N° 002-2019-SERVIR/TSC y publicada el 8 de septiembre en el diario oficial El Peruano. 13 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. Página 202. 14 CIERCO SEIRA, César. “La participación de los interesados en el procedimiento administrativo” En: Publicaciones del Real Colegio de España. Bolonia; citado por DANÓS ORDOÑEZ (2007).

“lo relevante para determinar el carácter impugnable o inimpugnable de manera separada de un acto de trámite no se deriva de su situación en el procedimiento administrativo, sino exclusivamente de la magnitud de sus efectos perjudiciales que pueda producir en alguno de los participantes en el citado procedimiento (…) un acto administrativo de trámite puede tener dimensiones diferentes según se enjuicie desde la perspectiva de uno u otro destinatario (…)”15.

15DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. (2007). “La impugnación de los Actos Administrativos de Trámite en el Procedimiento Administrativo y la Queja”. EN: Revista Derecho y Sociedad, N° 28, 267 - 271. 16 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL, vigente a la fecha de inicio del procedimiento administrativo sancionador.

TUO de la LPAG contenido en el capítulo II del Título Primero, es precisamente la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma” (énfasis añadido).

contemplado en el inciso 1 del artículo 10 de la norma en desarrollo, al haber sido emitida en contravención al principio de legalidad y al RLGIT.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 006-2022- SUNAFIL/IRE-LOR/SIRE, de fecha 26 de enero de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Loreto y, la de los sucesivos actos y actuaciones emitidos en el marco del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 114-2021- SUNAFIL/IRE-LOR, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio; esto es, la emisión la Resolución de Sub Intendencia N° 006-2022-SUNAFIL/IRE- LOR/SIRE, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Loreto, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Loreto y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.31 de la presente Resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

20230201MCR