Banco de Crédito del Perú — Res. 863-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras); y, Registro de Control de Asistencia (Sub materia: Incluye todas). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de las labores prestadas en sobretiempo – horas extras, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentaciones necesarias para el desarrollo de sus funciones, respecto del requerimiento de información notificada el 02.09.2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentaciones necesarias para el desarrollo de sus funciones, respecto del requerimiento de información notificada el 18.10.2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

i. Han cumplido con el requerimiento señalado por el inspector, cumpliendo con el mismo, en cuanto al punto 2 del mencionado requerimiento sobre las horas extras a los trabajadores mencionados, eran trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, pues por la propia naturaleza de sus actividades, los puestos de trabajo como asesor de ventas, promotores de servicios, auxiliares y guias de agencia, son puestos que tiene

como punto en común el desarrollo de las actividades parcial o totalmente fuera del centro de trabajo y que no tienen supervisión inmediata, adjuntando imágenes donde se puede verificar que su representada siempre cumplió con los requerimientos de información. ii. Se ha venido vulnerando sus derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones y a su derecho de defensa, puesto que se les hace una imputación de manera general e incluso en el acta de infracción se señala una supuesta falta cometida conforme al art. 46.3 del RLGIT, sin embargo de la RSI se señala que es por el art. 46.7, sin siquiera fundamentar el porqué del cambio de tipificación y que además, en ningún apartado se detalla o se singulariza cuál o cuáles serían los hechos en los que se sustenta dicha imputación de cargos o el acta de infracción del informe final, para establecer una sanción sobre una supuesta obstrucción a la labor inspectiva que jamás ocurrió debido a que nuestra parte sí cumplió con adjunta la documentación requerida mediante correo electrónico. iii. La Imputación de Cargos, el Acta de Infracción, el Informe Final de Instrucción y la Resolución de Sub Intendencia han venido vulnerando el principio de razonabilidad y tipicidad, al imputar al Banco 2 infracciones tipificadas en el artículo 46.3 del RLGIT, sin tener en cuenta que los hechos imputados configuran una sola infracción continuada ya que son conductas independientes que conforman un proceso unitario y homogéneo de acción, y que en ambas oportunidades se solicitó la misma información, por lo que solo cabe en estos casos imputar y sancionar por una única infracción. iv. Solicitan se les otorgue una audiencia especial, la misma que puede ser virtual teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, con la finalidad de exponer sus argumentos contra la Resolución de Sub Intendencia. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 203-2022-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, de fecha 28 de junio de 20222, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. Se verifica que durante las actuaciones inspectivas de investigación, el inspector comisionado constató que los trabajadores afectados se encontraban en la clasificación de "Puestos sujetos a fiscalización", según cuadro de criterio para clasificación de puesto presentado por la inspeccionada, por lo que según la definición que corresponde para dichos trabajadores es la siguiente: "No son de Dirección ni de confianza (ordinarios)" y "sus labores están sujetas a un horario que cumplir (atención a clientes interno y/o externos), lo que significa que están afectos al pago de horas extras en caso de realizarse más de 8 horas de trabajo diarias.

2 Notificada a la impugnante el 30 de junio de 2022, véase folio 76 del expediente sancionador.

ii. Ante la presentación del registro de control de asistencia de los trabajadores de la inspeccionada, la misma no cumplió con acreditar haber realizado el pago total de las horas extras correspondientes al periodo junio a agosto del 2021, más aún cuando al principio, la inspeccionada alegó que se trataría de personal de confianza según las boletas de pago que presentaría, las cuales nunca fueron remitidas ni por correo electrónico ni a la casilla electrónica del inspector actuante. iii. De acuerdo a lo constatado por el inspector actuante, se consigno en los numerales 4.4 y 4.6 del item “hechos constatados” del acta de infracción, que el sujeto inspeccionado no cumplió con remitir la documentación requerida, hecho que califica como una conducta obstaculizadora para el desarrollo de actuaciones inspectivas, que denota una evidente negativa de la inspeccionada para facilitar al inspector la información necesaria para el desarrollo de las funciones inspectivas iv. En cuanto a las imágenes que adjunta a su recurso de apelación, se verifica que se trata de capturas de pantallas de correos electrónicos remitidos con fecha 14 de septiembre del 2021 y 22 de septiembre del 2021, es decir, fuera del plazo otorgado por el inspector comisionado, para el cumplimiento del primer requerimiento de información efectuado sin poder determinar la información que adjunta. v. Al respecto, se advierte que en la Resolución de Sub Intendencia N° 66-2022- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, se ha cumplido con el sustento jurídico por el cual se ha determinado la sanción pecuniaria impuesta, siendo que además se ha detallado la conducta infractora, la norma vulnerada y la tipificación legal, así como se ha expresado claramente los hechos por los cuales se ha configurado la infracción descrita en dicha resolución, mencionándose los motivos por los cuales la inspeccionada debe ser sancionada. vi. Cabe precisar que, durante el procedimiento inspectivo y sancionador, no se ha cambiado la tipificación de las infracciones imputadas, tratándose de infracciones a la labor inspectiva distintas, según lo estipulado en los numerales 46 3 y 46.7 del artículo 46° del RLGIT, referidas a la negativa de presentar la documentación requerida por el inspector de trabajo y por otro lado, el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, en la cual el inspector comisionado requirió al BANCO DE CREDITO DE PERU, acreditar el pago total de las horas extras correspondientes al periodo de junio a agosto del 2021, a favor de 26 trabajadores afectados, desestimándose lo alegado por el impugnante en este extremo. vii. Siendo así, en el presente caso, el principio de tipicidad no se ha visto vulnerada, toda vez que las infracciones que se imputan al sujeto inspeccionado BANCO DE CREDITO DEL PERU, se encuentran debidamente tipificadas los numerales 25.6,46.3 y 46.7 de los artículos 25 y 46° del RLGIT. viii. Cabe agregar que, en cuanto a los requerimientos de informacion efectuados y el incumplimiento de los mismos, se trata de conductas infractoras distintas, más aún cuando se requería documentación distinta. 1.6 Con fecha 21 de julio de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 203-2022- SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 203-2022-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

i. Sostiene que, el BCP, en ningún momento se negó a cumplir con los requerimientos de información. Por el contrario, el BCP cumplió con enviar los documentos solicitados en los requerimientos de información, y en cuanto a la solicitud de reporte de horas extras indicó que no se encontraba obligado a realizar pago alguno porque los trabajadores en cuestión no se encontraban sujetos a fiscalización inmediata. ii. Por otro lado, es importante precisar que el inspector de trabajo llegó a la conclusión de que el BCP no pagó las horas extras de manera generalizada y ello fue avalado por demás instancias. apartándose de la Resolución N° 042-2021-Sunafil/TFL-Primera Sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la cual se precisa que si un acta de infracción contiene fórmulas generales que no se puede subsumir a la conducta a un tipo legal especifico. iii. Al respecto, la Intendencia se aparta del criterio del Tribunal de Fiscalización Laboral, el cual mediante la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, primer precedente administrativo de observancia obligatoria, señala que se debe distinguir entre las infracciones tipificadas en el 46.3 y 45.2. El BCP no tenía la obligación de cumplir con la medida inspectiva de requerimiento porque fue emitida de manera ilegal.

iv. Motivo por lo cual, tampoco se puede sancionar por el incumplimiento de esta: (i) no se comprobó que el BCP no pagó horas extras a los trabajadores presuntamente afectados, ya que eran trabajadores que no se encontraban sujetos a fiscalización inmediata; (i) ni si quiera se especificó cuántas horas extras habría realizado cada trabajador y cuál sería el monto dinerario que se les estaría debiendo; y, (ii) el BCP señaló que no contaba con esta información. Adicionalmente, es evidente que se está vulnerando la versión 02 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL, la cual establece una serie de reglas y disposiciones para el ejercicio de la función inspectiva en la etapa de las actuaciones de investigación. Y, finalmente, se está dejando de lado la Resolución No. 021-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la cual señala que los inspectores de trabajo no pueden exigir la entrega de información que la empresa no tenga en su poder, ni mucho menos sancionarla por ello. v. Menciona que, la Intendencia inaplico el numeral 139.5 de la Constitución Política del Perú incurrió en graves vicios de motivación. vi. El tipo infractor también requiere que esta acción tenga como consecuencia que se frustren las actuaciones inspectivas. En el caso de autos, esto no ocurrió. Conforme mencionan, el inspector de trabajo, con la debida diligencia y en uso de sus facultades pudo continuar con las investigaciones; no obstante, decidió dar por culminadas las actuaciones inspectivas. En resumen, la Intendencia incurrió en motivación aparente. El hecho de pretender sancionar del BCP sin pronunciarse sobre los hechos realmente ocurridos es un acto ilegal. En ese sentido, teniendo en consideración que incurren en una motivación aparente, solicitamos al Tribunal proceda a aplicar correctamente el ordenamiento legal vigente y se sirva a rectificar el sentido de la Resolución de Intendencia y excluir las multas impuestas. vii. Expresa que, la Intendencia inaplico el principio de legalidad, tipificado en el numeral 1.1 del artículo IV de la LPAG. viii. Añade que, en el caso en concreto, el inspector de trabajo solicitó el cumplimiento de los requerimientos de información vía correo electrónico. Sin embargo, ni el inspector de trabajo, ni mucho menos las otras instancias tuvieron en consideración que la Resolución de Superintendencia N° 164-2021-SUNAFIL, emitida el 27 de mayo de 2021, estableció el cronograma de implementación a nivel nacional del sistema informático de notificación electrónica de la SINEL-SUNAFIL. En efecto, dicha resolución señaló que, desde el 31 de diciembre de 2020, se debía utilizar la Casilla Electrónica de la SUNAFIL para notificar el requerimiento de información, así como para la remisión de documentos. ix. Afirma que, la Intendencia inaplico el numeral 4 del artículo 248 de la LPAG, que regula el principio de tipicidad. x. En ese ese sentido, se está transgrediendo el principio de tipicidad: se pretende sancionar al BCP por hechos que no tiene coincidencia con la conducta infractora tipificada. Adicionalmente, también se está vulnerando los principios de predictibilidad o de confianza legítima previsto en el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO-LPAG y de seguridad jurídica desarrollado por el Tribunal Constitucional en el fundamento 24 de la sentencia emitida en el Exp. No. 1601-2012-PA-TC. xi. Sostiene que, el BCP no incurrió en dos infracciones tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. xii. Como se puede observar, la medida inspectiva de requerimiento no detalla de forma expresa el mandato exigido, El inspector se limita a exigir "acreditar el pago total de horas extras" y a anexar el documento "Detalle de horas extras laboradas", Sin embargo, dicho documento simplemente hace un supuesto recuento de las horas extras

trabajadas, sin indicar precisar cuántas horas extras laboró cada trabajador y cuál sería el monto que pagar por el trabajo en sobretiempo. xiii. La Intendencia inaplico el principio de razonabilidad, tipificado en el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG, se debe sancionar al BCP de la forma menos gravosa posible. xiv. De esta manera, se propone sancionar al BCP por dos incumplimientos como conductas independientes que, finalmente constituyen un mismo ilícito: supuestamente obstruir la labor inspectiva; esto sería la consecuencia establecida en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT: las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves. En ese sentido, dichas infracciones son la acción repetida de no cumplir con los requerimientos de información. En otras palabras, el hecho de no haber remitido con la información requerida en diferentes momentos, no es más que una infracción continuada, que constituye un proceso unitario y homogéneo de acción. xv. Es preciso traer a colación un ejemplo de infracción continuada: la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la Resolución No. 324-2021-SUNAFIL/TFL, dispuso que todas las causas de un accidente de trabajo que constituyan incumplimientos a la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en base a lo dispuesto por el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT debían tipificarse de forma conjunta y subsumirse en dicho tipo infractor, no debiendo ser calificadas y tipificadas de forma independiente. xvi. Concluye que, la Intendencia inaplico el principio de licitud, tipificado en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG. VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer

argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo

de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino,

fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre las labores en sobretiempo

"Artículo 11.- No se encuentran comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de confianza, cuyas características se encuentran definidas en el Artículo 43 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobada por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, exceptuándose de lo previsto en este artículo, a los trabajadores de confianza sujetos a un control efectivo del tiempo de trabajo.”

“Sétimo.- Interpretación del artículo 11° del Decreto Supremo N° 008- 2002-TR Esta Sala Suprema establece que el artículo 11° del Decreto Supremo N° 008- 2002-TR, debe interpretarse de la siguiente manera: En el caso de trabajadores de confianza el control efectivo del tiempo de trabajo se refiere a la fiscalización del horario de trabajo y no al hecho de que el trabajador de confianza jerárquicamente dependa de otro funcionario al que le deba dar cuenta de sus labores o que su relación de dependencia funcional esté consignada en un documento de la empresa”.

“Entonces, el trabajador de confianza le corresponde el pago de horas extras si su labor se efectúa sujeta a fiscalización horaria, esto es, que se encuentre sometido a un horario de trabajo.”

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

Figura Nº 01

9 A través de la Resolución N° 008-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 24 de mayo de 2021, recaída en el expediente N° 277-2020-SUNAFIL/IRE-CUS, se especificó que el Acta de Infracción tiene la naturaleza de acto administrativo de trámite (fundamento 6.23). 10 Citando al autor Miguel Carmona Ruano.

acreditada; toda vez que no se evidencian elementos fehacientes que permitan sustentar que los trabajadores comprendidos en la fiscalizacion no eran personal de confianza y no se encontraban sujetos a fiscalizacion.

11 RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220

Figura Nº 02

Figura Nº 03

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución

12 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser

enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos

fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14” (énfasis agregado).

supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación inexistente.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, y en consecuencia NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 66-2022- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 04 de febrero de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 741-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 66-2022-SUNAFIL/IRE- LAM/SIRE, de fecha 04 de febrero de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.46 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230906MLA