Banco de Crédito del Perú — Res. 839-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 26 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 21 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refieren que no se consideraron su argumentos e incluso se vuelve a señalar e incidir en el mismo error, al establecer de manera errada, arbitraria e irracional y con una motivación aparente que, habrían incurrido en dos supuestos incumplimientos a los requerimientos de información solicitados por el inspector comisionado por los días 26 de agosto y 21 de setiembre de 2021, situación que se aleja de cualquier realidad, en vista que, sí cumplieron con remitir la información requerida, conforme se puede apreciar de las imágenes de casilla electrónica de fecha 26 de agosto de 2021. ii. Alegan que, con fecha 13 de setiembre de 2021, con fecha límite de entrega el 17 de setiembre de 2021, luego de toda la documentación remitida con anterioridad al inspector comisionado, se adjuntó mediante documento opcional, nuevamente todos los contratos en formato ZIP, ya que debido al tamaño del archivo debería ser comprimido, por lo que, no es verdad que no hayan cumplido con remitir la documentación solicitada o faltante; por lo que, la imposición de una multa resulta por demás arbitraria, irracional y desproporcional conforme al debido procedimiento administrativo. iii. Sostienen que no se podría hablar de un incumplimiento a una solicitud de información con fecha 21 de setiembre de 2021, en vista que conforme se aprecia de la imagen de la casilla electrónica, se reiteró la solicitud de información sobre puntos que ya había cumplido, siendo que dicha solicitud se estaba repitiendo por cuarta oportunidad y que ya había cumplido con enviar.

iv. Reiteran que, la única intención del inspector comisionado ha sido sancionar a pesar de haber cumplido en reiteradas oportunidades con la información solicitada, con lo cual ha quedado acreditado que se está vulnerando no solo el debido procedimiento sancionador sino también su derecho a la defensa, a la prueba, a la presunción de licitud y veracidad. v. Cuestionan que el inspector comisionado, no ha señalado en la Imputación de Cargos, en el Informe Final de Instrucción, ni en la Resolución de Sub Intendencia, que la información solicitada con posterioridad que ya se había cumplido, era la misma, con lo cual, se acredita en autos que, el requerimiento se pudo cumplir dentro del proceso de inspección, no existiendo impedimento o negativa alguna e incluso el pantallazo del requerimiento señalado se puede verificar que con la documentación adjuntada ya se había cumplido. vi. Manifiestan que, se puede visualizar del quinto requerimiento de fecha 21 de setiembre de 2021, que se vuelve a solicitar la misma información, por lo que, resultaba ser una información innecesaria que ya había sido remitida en oportunidades anteriores, situación que advirtieron en su escrito de descargos; sin embargo, no hubo pronunciamiento sobre dicho pedido. Por tanto, la sanción impuesta por un supuesto incumplimiento de fecha 26 de agosto y 24 de setiembre de 2021, resulta por demás arbitrario y hasta abusivo el accionar del inspector comisionado. vii. Asimismo, refieren que, no existe una relación concreta de la imputación con los hechos suscitados en el presente proceso, pues se hace una imputación de manera general e incluso en el acta de infracción se señalan dos supuestas faltas cometidas conforme al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por un mismo requerimiento; sin embargo, en ningún apartado se detalla o se singulariza cuál o cuáles serían los hechos en los que se sustenta dicha imputación de cargos para establecer una sanción sobre una supuesta obstrucción a la labor inspectiva; pues del Acta de Infracción, Imputación de Cargos, Informe Final de Instrucción, Resolución de Sub Intendencia, no se observa una relación directa entre el hecho y la normativa para alegar una imputación como tal. viii. Por último, alegan que se ha vulnerado el principio de razonabilidad y debido procedimiento, así como el deber de la administración de actuar de la forma menos gravosa posible; pues tanto en la Imputación de Cargos, Informe Final de Instrucción, Resolución de Sub Intendencia, no se ha tomado en cuenta que los hechos imputados configuran una sola infracción continuada, ya que son conductas independientes que conforman un proceso unitario y homogéneo de acción, y que en ambas oportunidades se solicitó la misma información la cual se había cumplido, por lo que, solo cabe en estos casos imputar y sancionar por una única infracción, a fin de no afectar el principio de non bis in ídem.

i. En el presente caso, de acuerdo a las Constancias de Notificación Electrónica del Sistema de Casilla Electrónica de la SUNAFIL, que obran en el expediente inspectivo generado en el marco de la Orden de Inspección N° 2234-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, se verificaron las constancias de notificación vía casilla electrónica de fechas 19 y 26 de agosto, 06, 13 y 21 de setiembre de 2021, y con ello, se advierte que las mismas fueron notificadas de forma válida. ii. Aunado a ello, se enfatiza que, los requerimientos de información de fechas 19 y 26 de agosto, 06, 13 y 19 de setiembre de 2021, fueron remitidos con las respectivas alertas al correo electrónico del administrado. iii. Ahora, de la revisión y análisis de la información presentada por la inspeccionada, se verificó que ésta celebró Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad por Incremento de Actividad con la recurrente, con vigencia el 20 de febrero de 2019 al 31 de julio de 2021, renovándose por el plazo del 01 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020, evidenciándose que, el inspeccionado no cumplió con remitir los contratos de trabajo en su totalidad, desde la fecha de ingreso de la recurrentes hasta la fecha; es decir, a la fecha de la actuación inspectiva. iv. A razón de ello, a través de los requerimientos de información notificados, se advierte que la comisionada vuelve a requerir, entre otros, los contratos de trabajo pendientes y la constancia de baja de la trabajadora; sin embargo, se verifica que remite información, pero no cumple con remitir los contratos de trabajo en su totalidad. Dejando constancia la comisionada en el Acta de Infracción que, de acuerdo a los hechos constatados, el sujeto inspecciono no cumplió con proporcionar los contratos de trabajo. v. Entonces, se advirtió que, contrariamente a lo señalado por la apelante tanto del Acta de Infracción como de la Imputación de Cargos, y del Informe Final de Instrucción, se observa que el personal inspectivo y la autoridad instructora, han cumplido con motivar y detallar las acciones que han sido consideradas como infracciones a la labor inspectiva, debido a que no se obtuvo la colaboración del inspeccionado, para la continuación de las investigaciones, evidenciándose entonces una correcta aplicación del tipo infractor. vi. Respecto al concurso de infracciones, se tiene que la continuación de las infracciones supone una constancia en su comisión, entendiéndose que es una conducta reiterada por una voluntad duradera en la que no se da situación concursal alguna, sino una progresión unitaria con repetición de actos. vii. Por otro lado, respecto a la supuesta vulneración del principio de non bis in ídem, si bien las infracciones imputadas se refieren a mismo sujeto, y los fundamentos entendidos como el bien jurídico protegido por la norma sancionadora son el mismo, pues ambas infracciones son respecto a la materia de labor inspectiva, por no haber remitido la documentación requerida; sin embargo, los hechos materia de imputación son distintos, pues cada requerimiento de información constituye una de las modalidades de actuación inspectiva; por ende, ambos requerimientos de información del 26 de agosto y 21 de setiembre de 2021, son independientes.

2 Notificada a la impugnante el 09 de enero de 2023. Véase folio 92 del expediente sancionador.

viii. En el presente caso, la inspeccionada es multada por haber incurrido en una infracción referente a la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar la información y documentos necesarios para el desarrollo de las funciones del inspector, información solicitada mediante requerimientos de información de fecha 26 de agosto y 21 de setiembre de 2021. ix. No obstante, y sin perjuicio del análisis efectuado, si bien se determinó que la inspeccionada incumplió con su deber de colaboración a las actuaciones inspectivas pese a haber estado notificada mediante Casilla Electrónica, no puede dejarse de lado verificar si el comportamiento del personal inspectivo comisionado estuvo sujeto al cumplimiento del principio de razonabilidad, por haber depositado sucesivamente requerimientos a una Casilla Electrónica sin que se tenga respuesta al primero de los depositados. x. Por tanto, en aplicación del criterio emitido por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 856-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, se considera pertinente, confirmar la sanción por el primer requerimiento de información, y revocar la sanción por la infracción por el segundo requerimiento de información, pues la segunda medida inspectiva no satisface un examen de proporcionalidad e idoneidad para el caso concreto, lo cual, deberá considerarse para la determinación de la sanción.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 30 de enero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 008-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha inaplicado el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, en tanto que se vulneró el principio del debido procedimiento, debido a que la autoridad administrativa no fue clara al justificar las razones por las cuales pretende sancionarlos.

ii. Alegan que, conforme señalaron en los descargos al Informe Final y como se puede observar de la Resolución de Sub Intendencia, no se toman en cuenta sus argumentos e incluso se vuelve a señalar e incidir en el mismo error, al establecer de manera errada, arbitraria e irracional y con una motivación aparente que, habrían incurrido en dos supuestos incumplimientos a los requerimientos de información solicitados por el inspector comisionado por los días 26 de agosto y 21 de setiembre de 2021, situación que se aleja de cualquier realidad, en vista que, sí cumplieron con remitir la información requerida, conforme se puede apreciar de las imágenes de casilla electrónica de fecha 26 de agosto de 2021.

iii. Sostienen que, con fecha 13 de setiembre de 2021, y fecha límite de entrega el 17 de setiembre de 2021, luego de toda la documentación remitida con anterioridad al inspector comisionado, se adjuntó mediante documento opcional, nuevamente todos los contratos en formato ZIP, ya que debido al tamaño del archivo debía ser comprimido; por lo que, no es verdad que no hayan cumplido con remitir la documentación solicitada o faltante, por lo que, la imposición de una multa resulta por demás arbitraria, irracional y desproporcional conforme al debido procedimiento administrativo.

iv. Aclaran que no se puede hablar de un incumplimiento a una solicitud de información con fecha 21 de setiembre de 2021, en vista que conforme se aprecia de la imagen de la casilla electrónica, se reiteró la solicitud de información sobre puntos que ya habían cumplido, siendo que dicha solicitud se estaba repitiendo por cuarta oportunidad y ya había cumplido con enviar.

v. Reiteran que, la única intención del inspector comisionado ha sido sancionar, a pesar de haber cumplido en reiteradas oportunidades con la información solicitada, con lo cual ha quedado acreditado que se está vulnerando no solo el debido procedimiento

sancionador sino también su derecho a la defensa, a la prueba, a la presunción de licitud y veracidad.

vi. Manifiestan que, no es clara ni precisa la imputación señalada por la AAT, en referencia a los supuestos incumplimientos que como reiteran y que se verifica de los pantallazos, si han adjuntado la documentación solicitada en su oportunidad, e incluso de la siguiente imagen se remitió cartas con la información solicitada, por lo que lo señalado por el inspector a cargo el presente procedimiento resulta por demás incongruente con los hechos verificados y acreditados por su parte.

vii. Cuestionan que el inspector comisionado, no ha señalado en la Imputación de Cargos, en el Informe Final de Instrucción, ni en la Resolución de Sub Intendencia, que la información solicitada con posterioridad que ya se había cumplido, era la misma, con lo cual, se acredita en autos que, el requerimiento se pudo cumplir dentro del proceso de inspección, no existiendo impedimento o negativa alguna e incluso del pantallazo del requerimiento se puede verificar que con la documentación adjuntada ya se había cumplido.

viii. Señalan que, se puede visualizar del quinto requerimiento de fecha 21 de setiembre de 2021, que se vuelve a solicitar la misma información, por lo que, resultaba ser una información innecesaria que ya había sido remitida en 4 oportunidades anteriores, situación que advirtieron en su escrito de descargos; sin embargo, no hubo pronunciamiento sobre dicho pedido. Por tanto, la sanción impuesta por un supuesto incumplimiento de fecha 26 de agosto y 24 de setiembre de 2021, resulta por demás arbitrario y hasta abusivo el accionar del inspector comisionado, en vista que si cumplieron con remitir la información solicitada.

ix. Por otro lado, aducen que, se ha vulnerado el principio de tipicidad, debido a que no se han demostrado todos los presupuestos que establece la conducta infractora, así como que, se ha vulnerado el principio de culpabilidad porque existe una falta de antijuricidad de la supuesta conducta imputada, en tanto que, se puede verificar que ni la Sub Intendencia ni la Intendencia, han tenido la más mínima diligencia de no solo revisar sus argumentos, sino que lo único que hacen es copiar y pegar fundamentos sin siquiera verificar los hechos del caso en concreto.

x. Evidencian una grave afectación al debido proceso, a los principios procedimentales, lo que conlleva a una grave afectación al derecho a la defensa. Por tanto, la Resolución de Sub Intendencia adolece de una debida fundamentación lo que conlleva a su nulidad.

xi. Asimismo, precisan que, se debe tener en consideración la Resolución N° 518-2021- Sunafil/TFL- Primera Sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral, en lo referido

a que, el plazo otorgado para el cumplimiento de la medida inspectora de requerimiento debió ser razonable en función a la totalidad de los requerimientos efectuados.

xii. Alegan que se ha inaplicado el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG, referido al principio de proporcionalidad y razonabilidad, en tanto que, es deber de la administración de actuar de la forma menos gravosa posible.

xiii. Sostienen que se han vulnerado los principios de legalidad, debida motivación y de razonabilidad de la medida de requerimiento, en tanto que, como han señalado se les impone dos multas sobre un mismo hecho situación que es contraria a la normatividad y que solicitan al Tribunal se tenga en cuenta dicha arbitrariedad y se ordene conforme a Ley adecuar la misma debiéndose reducir debido a que bajo la lógica de la Autoridad, el Inspector pudo haber realizado múltiples requerimientos por cada documento y el incumplimiento de cada requerimiento constituiría una infracción distinta, y a cada reiteración de requerimiento incumplida se agregaría una infracción adicional, y tantas multas como requerimientos y reiteraciones de requerimiento incumplidas se le agregaría la multa siendo esto lo más lesivo para el administrado.

xiv. Refieren que, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal en la Resolución N° 001-2021- Sunafil/TFL- Primera Sala, solo se podrá sancionar bajo el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, cuando el comportamiento del administrado imposibilite la fiscalización, lo cual no ha ocurrido en el caso en concreto. En el presente caso, en el supuesto negado que se considere que la Empresa se negó a entregar la información con el fin de obstruir la labor inspectiva, la tipificación es la incorrecta debiéndose en todo caso adecuar la mima, conforme a lo señalado en el art. 45.2 del RLGIT.

xv. Por tanto, señalan que, se ha vulnerado el principio de tipicidad al realizar una interpretación extensiva de la conducta tipificada como infracción muy grave en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, indicando que la misma incluiría también supuestos en los cuales, el administrado frustró investigación por no entregar la información cuando existen otros mecanismos de investigación.

xvi. Por último, manifiestan que, la Imputación de Cargos, el Acta de Infracción, así como las actuaciones inspectivas que ahí se recogen, deben ser realizadas y sustentadas conforme al ordenamiento jurídico, respetando los derechos fundamentales y observando los requisitos de validez de la actuación de la Administración, hecho que no ha ocurrido en el presente caso debido a que se ha incurrido en vicios que acarrean su nulidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la aplicación de las disposiciones vigentes y el principio de razonabilidad como manifestación de la proporción de los medios y fines que persigue la Administración Pública del Trabajo

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación artículo 6, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11).

instructivos que datan de julio de 2020,9 los que se han replicado en diversos otros medios, incluyendo las redes sociales. Así, el cumplimiento del deber estatal de dar publicidad a las normas se halla suficientemente cumplido, pues conforme se ha anotado:

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”.10

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

9 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de youtube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 10 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). “La publicidad y publicación de las normas del Estado. (El caso de los decretos supremos no publicados)” En Themis núm. 6, p. 18.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.10 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”11 (énfasis añadido).

11 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8.

12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

TERRITORIO NACIONAL”, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 103-2020- SUNAFIL, de fecha 10 de julio de 2020, se dispone que, “si se verifica que el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en la infracción a la labor inspectiva”.

- A folios 30, se aprecia el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 26 de agosto de 2021; y, a folios 31, la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 26 de agosto de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 01:

constancia respecto de la notificación de los cinco (5) requerimientos de información, debido a que no presentaban los contratos de trabajo de la recurrente Ana Claudia Rezaba Ávila, de todo el periodo laborado; sin embargo, después del quinto requerimiento de información quedó claro que no se hizo ningún esfuerzo para presentar la documentación requerida de manera reiterada.

muy grave tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT a una infracción grave, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Este argumento debe ser desestimado, pues, no se han configurado los supuestos establecidos en la Resolución de Sala Plena Nº 008-2023-SUNAFIL/TFL, para la adecuación de la infracción imputada a la recurrente en este caso, toda vez que no acreditó siquiera la “entrega tardía” al requerimiento de información de fecha 26 de agosto de 2021; concepto que ha sido determinado en dicho precedente administrativo:

“9. En la misma medida, cuando el inspeccionado no cumpla con la entrega de la información requerida dentro del plazo señalado por el inspector, se sujeta a la calificación del propio inspector actuante, quien podrá o no considerar la documentación remitida en función de la programación de las actuaciones inspectivas que tenga a cargo. En tal supuesto, debe atenderse a que el retraso en la entrega puede producir el efecto de la subsanación o puede imposibilitar la revisión integral de lo solicitado, por lo que se atenderá a la descripción del inspector de trabajo para establecer si tal supuesto constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT. (…) 11. Por ello, cuando los inspeccionados conocen de antemano el plazo otorgado para las actuaciones inspectivas (por ejemplo, por la notificación de la extensión del plazo de las actuaciones inspectivas), la entrega de la documentación solicitada durante el último día de etapa fiscalizadora y que por el volumen o complejidad de la misma no le permite a la autoridad fiscalizadora el analizar y adoptar decisiones en base a dicho contenido, colisionando con el principio de buena fe al frustrar la inspección del trabajo. 12. Finalmente, toda remisión de la información solicitada por los inspectores actuantes, en momentos posteriores al cierre de la orden de inspección constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT”.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con las vulneraciones alegadas por la impugnante, respecto a la debida motivación.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías

del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

similar sentido, se advierte que las instancias previas han evaluado los descargos presentados por la impugnante en cada oportunidad. Cabe señalar que, de la revisión del acta de infracción se advierte la correcta fundamentación sobre la configuración de la infracción imputada, determinando la conducta infractora y la fundamentación jurídica al respecto.

Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad

Información Adicional

13 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva La negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 26 de agosto de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 008-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 06 de enero de 2023, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1012-2021-SUNAFIL/IRE- LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 008-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240911MCR – HR 112904-2021