Banco de Crédito del Perú — Res. 830-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios); Asignaciones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de remuneraciones, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de información solicitada de fecha 24 de mayo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de información solicitada de fecha 15 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

2 Los mismos que obran en folios 61 al 67 del expediente sancionador.

contundente que desvirtúe su comisión, estableciéndose la multa total por suma ascendente a S/. 27,460.40.

i. La resolución apelada ha vulnerado el principio de tipicidad, toda vez que no se ha configurado el pago parcial ni extemporáneo de remuneraciones o beneficios sociales. En su lugar, se ha pretendido mantener la multa bajo el argumento de que la empresa no acreditó oportunamente el cumplimiento de sus obligaciones laborales, sin considerar que no existe disposición legal que exija la acreditación anticipada como condición para excluir la responsabilidad, ni que se haya desvirtuado la presunción de licitud de los actos del administrado. Además, se ha soslayado el deber de debida diligencia del inspector durante las actuaciones de investigación. ii. Por otra parte, la resolución apelada reconoció que el pago al trabajador fue realizado por el banco. No obstante, erróneamente consideró que ello constituía una subsanación tardía y aplicó una reducción del 30 % a la multa, cuando en realidad nunca existió un incumplimiento, ni mucho menos un descuento indebido al trabajador. En consecuencia, resulta arbitrario mantener la infracción en el procedimiento sancionador cuando se ha acreditado fehacientemente que las remuneraciones y beneficios sociales fueron pagados en forma íntegra y oportuna. iii. Asimismo, se ha verificado que los montos consignados como “pago a cuenta” o “suma adelantada” reflejaban pagos anticipados efectuados por el banco, dentro del mes correspondiente, a favor del trabajador. Asimismo, se aclaró que el concepto “aguinaldo” aludía a una canasta navideña entregada en 2019 y 2020, no a una suma descontada. Dado que no se configuró infracción alguna, no correspondía aplicar una reducción de multa, sino desestimar totalmente las infracciones, por ausencia de conducta antijurídica. iv. Indica que, la Sub Intendencia ha sancionado a la empresa por infracciones tipificadas en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT, a pesar de que en la imputación de cargos y en el Acta de Infracción las conductas fueron tipificadas bajo el tipo infractor establecido en el numeral 46.3 del artículo 46° de la norma antes acotada, esto referido a los incumplimientos de los requerimientos de información. Esta modificación de la tipificación realizada sin emitir una nueva imputación de cargos vulnera el principio de legalidad, así como lo establecido en el numeral 7.1.2.7 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, que regula el procedimiento administrativo sancionador. v. Por otra parte, el numeral 66.10 del artículo 66° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 distingue entre diversos tipos de infracción, entre ellas la infracción continuada. Según la Resolución de Superintendencia N° 110-2019-SUNAFIL, esta se

configura cuando distintas conductas infractoras conforman un proceso homogéneo y unitario. En ese sentido, la conducta imputada en este procedimiento —la supuesta demora o negativa en proporcionar información— debió ser calificada como una infracción continuada, no como múltiples infracciones independientes, conforme al criterio adoptado por la Resolución N° 324-2021-SUNAFIL/TFL que dispuso que las causas de un accidente de trabajo que constituyan incumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo en base a lo dispuesto por el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT, deben tipificarse de forma conjunta y subsumirse en dicho tipo infractor, no debiendo ser tipificada y calificada de forma independiente. vi. La multa impuesta por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento carece de sustento legal, en tanto dicha medida se emitió sin haberse configurado una infracción previa. El banco no realizó descuento indebido alguno, por lo que no correspondía ordenarse un reintegro. En tal contexto, la medida de requerimiento deviene en ilegal, y el banco actuó en ejercicio de su derecho a resistirse a un mandato contrario al ordenamiento, de conformidad con el artículo 14 del RLGIT. Sancionar dicha conducta vulnera el principio de legalidad y carece de razonabilidad. vii. La resolución apelada cometió un error en el cálculo total de la multa a imponer.

i. Respecto al alegato que se había vulnerado el principio de tipicidad al supuestamente no configurarse una infracción por pago parcial o extemporáneo de remuneraciones, ya que el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales habría sido acreditado. Sin embargo, corresponde precisar que dicho cumplimiento recién fue demostrado en la etapa sancionadora, mediante el recurso de reconsideración, y no durante la fase inspectiva, donde el sujeto inspeccionado no logró acreditar el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones. En tal sentido, se justificó la actuación del equipo inspectivo y se rechazó la alegación de vulneración al principio de tipicidad. ii. Asimismo, se desarrolló el contenido del principio de tipicidad conforme a lo establecido por la Resolución de Sala Plena N.° 006-2022-SUNAFIL/TFL, indicando que este exige tanto una descripción legal precisa del hecho infractor (tipicidad legal) como una correspondencia exacta entre la conducta y el tipo legal imputado (tipicidad en sentido estricto). En base a ello, se concluyó que el procedimiento sancionador cumplió con este principio, ya que los hechos constatados se ajustaron a una infracción legalmente tipificada, por lo que no corresponde estimar el alegato del apelante. iii. Por otra parte, si bien la empresa sostiene que no correspondía aplicar una reducción de la multa, sino la desestimación total de las infracciones, argumentando que las remuneraciones del ex trabajador fueron pagadas de forma íntegra y anticipada, y que los conceptos observados por el inspector (como “pago a cuenta”, “suma adelantada” y “aguinaldo”) no constituían descuentos indebidos. No obstante, corresponde aclarar que el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales fue acreditado recién durante la fase sancionadora, a través del recurso de reconsideración, y no dentro del plazo establecido por la medida de requerimiento emitida en el procedimiento inspectivo. iv. En ese marco, se precisó que no era aplicable el eximente de responsabilidad previsto en el literal f) del artículo 257° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, que requiere la subsanación voluntaria antes de la notificación de la imputación de

cargos. Tampoco se cumplía con lo señalado en el numeral 17.3 del artículo 17° del RLGIT, ni con la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, por cuanto la documentación fue presentada fuera del plazo correspondiente. En consecuencia, la autoridad sancionadora competente ratificó que lo procedente era aplicar una reducción del 30 % de la multa originalmente propuesta, más no exonerar de responsabilidad al administrado. v. De otra parte, se destaca que los empleadores están obligados por ley a colaborar con la labor inspectiva, lo cual incluye atender requerimientos formales de información, incluso mediante sistemas electrónicos, según lo establecido en la LGIT y su reglamento. Esta colaboración constituye un deber legal cuya inobservancia puede ser calificada como infracción a la labor inspectiva. En ese contexto, se precisó que la negativa o incumplimiento injustificado de estos requerimientos puede derivar en la imposición de sanciones, conforme al artículo 36 de la LGIT y el artículo 46° del RLGIT, que tipifican como infracción muy grave no cumplir con la medida inspectiva dentro del plazo otorgado. vi. Asimismo, las medidas inspectivas de requerimiento tienen naturaleza correctiva, ya que buscan que el sujeto inspeccionado revierta los efectos de la conducta infractora antes del inicio del procedimiento sancionador. En ese sentido, se aclara que el incumplimiento de estas medidas posee carácter insubsanable, pues su eficacia radica en el cumplimiento oportuno. Cualquier actuación posterior no remedia el daño causado a la función inspectiva ni sustituye el cumplimiento dentro del plazo otorgado. Por tanto, cuando no se subsana en el tiempo establecido, corresponde emitir el acta de infracción y dar por concluida la etapa de fiscalización. vii. Con respecto al cuestionamiento sobre la tipificación de dos infracciones a la labor inspectiva bajo el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT, señalando que originalmente fueron imputadas bajo el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, y que la autoridad no tenía facultades para modificar, lo cual vulneraría el principio de legalidad. Al respecto, se precisa que conforme al numeral 7.1.3.5 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, la autoridad sancionadora tiene la facultad de evaluar los actuados y el informe final para verificar la debida fundamentación de la sanción, lo que incluye la calificación jurídica de los hechos. En ese sentido, al haberse verificado que los hechos correspondían a una conducta tipificada bajo el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT, se justificó la adecuación normativa realizada. viii. Asimismo, se sostiene que no se ha vulnerado la prohibición de reforma peyorativa (reformatio in peius), en tanto la modificación de la tipificación no implicó un incremento en la multa impuesta, sino su reducción, pasando de S/. 41,624.00 a S/. 27,460.40. Esta garantía, reconocida como parte del debido procedimiento por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 1803-2004-AA/TC y recogida también por el numeral 212.1 del artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, impide que una instancia superior agrave la sanción impuesta cuando el recurso ha sido interpuesto únicamente por el administrado. Por tanto, se concluyó que la

autoridad actuó dentro de sus facultades legales y sin afectar derechos del apelante, razón por la cual sus alegatos fueron desestimados. ix. Respecto al argumento de que las infracciones imputadas constituían una infracción continuada, corresponde indicar que lo alegado carece de fundamento, dado que las infracciones a la labor inspectiva no tienen la naturaleza de continuadas, sino que son conductas independientes, conforme lo establece el numeral 7.15.9 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII. Esta norma precisa que, en caso de infracciones a la labor inspectiva, por cada hecho verificado corresponde una propuesta de multa distinta. Por tanto, no resulta jurídicamente válido agrupar estas infracciones bajo una sola tipificación ni aplicar criterios aplicables al concurso de infracciones o a infracciones de seguridad y salud en el trabajo, desestimándose así la pretensión del apelante. x. Respecto al alegato referido a que la medida inspectiva de requerimiento no debió emitirse, dado que no efectuó descuentos indebidos y, por ende, no tenía obligación de reintegrar montos al ex trabajador. Sin embargo, corresponde indicar que, el personal inspectivo actuó dentro de sus atribuciones al emitir la medida de requerimiento, ya que, en la etapa de fiscalización, no se acreditó el cumplimiento del pago íntegro de las remuneraciones al ex trabajador. De acuerdo con el acta de infracción, se observaron conceptos como “pago a cuenta”, “suma adelantada” y “aguinaldo” en las boletas de pago, sin justificación suficiente, determinándose un monto pendiente de pago. Por tanto, al no haberse presentado la documentación que respaldara íntegramente dichos pagos dentro del plazo otorgado, la medida fue válida y su incumplimiento configuró una infracción muy grave a la labor inspectiva. xi. Con relación al error en el monto total de la multa consignado en el cuadro N° 02 de la resolución apelada, se advierte que, por error material, se indicó el importe de S/. 41,624.00, cuando el monto correcto, consignado en el segundo artículo resolutivo, asciende a S/. 27,460.40. En tal sentido, conforme a lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, que permite la rectificación de errores materiales o aritméticos sin alterar lo sustancial del acto administrativo, se procedió a su corrección, manteniéndose incólumes los demás extremos de la resolución. xii. Por otra parte, en cuanto a la multa inspectiva, tras verificarse la constatación de las faltas administrativas por parte del sujeto inspeccionado, corresponde aplicar la tabla establecida por Decreto Supremo N° 008-2020-TR, como bien se determinó en primera instancia. xiii. Asimismo, conforme al artículo 38° de la LGIT y el artículo 47° del RLGIT, las sanciones se gradúan considerando la gravedad de la falta, el tipo de empresa y el número de trabajadores afectados, así como los criterios especiales establecidos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por lo que, en el presente caso, la sanción impuesta cumple con lo establecido en la normativa vigente, correspondiendo confirmar la multa determinada por la Autoridad de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. 8 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de julio de 2023, el BANCO DE CREDITO DEL PERU fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 202-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Solicita que se declare la nulidad y se desestime la resolución impugnada. ii. Señala que, se ha aplicado erróneamente el artículo 14° de la LGIT, pues si bien se habría verificado una presunta infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, también se

9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

presentaron boletas de pago y constancias de depósitos donde se advierten descuentos por conceptos como pagos a cuenta, suma adelantada y aguinaldos. Por tanto, no existiría justificación suficiente para calificar tales descuentos como indebidos. iii. Por otra parte, se emitió la medida inspectiva de requerimiento sin acreditar la existencia de la infracción tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT, puesto que el punto 38 de la resolución impugnada, señalan que el equipo inspectivo no tenía conocimiento si había cumplido o no con su obligación. iv. Asimismo, el personal inspectivo emitió la medida inspectiva sin ser clara, ni con el detalle de las infracciones a subsanar. Puesto que, el mandato de “acreditar el pago de remuneraciones”, no específico la infracción a subsanar. v. Se afirma que el pago de las remuneraciones fue realizado de manera oportuna, razón por lo cual no correspondería la imputación de infracción alguna. vi. Se alega una interpretación errónea al literal f) del numeral 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG, pues no se habría configurado la infracción tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. vii. Se sostiene que se ha vulnerado el principio de tipicidad consagrado en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG, al modificarse la imputación inicial de los requerimientos de información al tipo infractor establecido en el numeral 45.2 del artículo 45° del mismo reglamento, sin sustento legal ni competencia para ello. Esta modificación habría sido realizada por la autoridad sancionadora y validada por la Intendencia, contraviniendo lo establecido en la Resolución N° 657-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala. viii. Finalmente, se alega que se ha vulnerado el principio de licitud y el principio de verdad material, contemplados en el numeral 9 del artículo 248° y el numeral 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG, respectivamente. Ello debido a que la autoridad sancionadora habría emitido conclusiones sin contar con elementos objetivos que las sustenten, desconociendo que debe presumirse la actuación diligente del administrado, conforme a lo señalado en la Resolución N° 001-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

el Reglamento del Tribunal, tal como fue señalado en el punto 3.5 de la presente resolución.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la

comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de

la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL.

10 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

Figura N° 01

se llevó a cabo una actuación probatoria adecuada, orientada a que la Administración Pública acredite fundadamente la existencia de la infracción imputada.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar el pago íntegro de las remuneraciones. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Labor inspectiva Acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas. Numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT GRAVE Labor inspectiva Acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas. Numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No dar cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 202-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 09 de junio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 603-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 202-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250709MABJ – HR: 57237-2021