Banco de Crédito del Perú — Res. 779-2026

Mediante Orden de Inspección N° 0000001519-2022-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de relaciones laborales, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 699-2022-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, la LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 495-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, notificada el 24 de julio de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 593-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, Alexandra FAU 20555195444 soft 21:01:50-0500

Con fecha 16 de enero de 2024, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 918-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 084-2024-SUNAFIL/IRE CUS, notificada el 05 de marzo de 2024, la Intendencia Regional de Cusco declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, desestimando los argumentos deducidos y confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 21 de marzo de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cusco el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 084-2024-SUNAFIL/IRE CUS.

La Intendencia Regional de Cusco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, los mismos que fueron recibidos el 01 de abril de 2024.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la LGIT3, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el BANCO DE CREDITO DEL PERU, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 084-2024-SUNAFIL/IRE CUS, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 06 de marzo de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el BANCO DE CREDITO DEL PERU.

Por otro lado, dado que la impugnante solicita la nulidad de la resolución impugnada por vulneración al principio de legalidad, al debido procedimiento y a la debida motivación, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 230° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante con ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Al respecto, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia en relación a ello, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio del debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior, se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo. Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312- 2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Además, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 918-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, como la Resolución de Intendencia N° 084-2024-SUNAFIL/IRE CUS, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, el principio de tipicidad efectuando la subsunción adecuada en el tipo

Es más, sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos antes referidos sobre el deber de motivación conforme al expediente 349- 2021-PA/TC, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción, sustentando correctamente desde el punto de vista formal y procedimental, la imposición de las infracciones que fueron determinadas por la primera instancia administrativa.

Cabe precisar que, en cuanto a las alegaciones efectuadas en el recurso de revisión dirigidas a cuestionar la debida motivación de la resolución impugnada, con base a la configuración material de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT y a la responsabilidad administrativa de la inspeccionada; estos serán objeto de análisis en los considerandos siguientes, en tanto que no se trata de argumentos esgrimidos contra el procedimiento per se, sino contra la configuración de las infracciones impuestas en el procedimiento sancionador.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, pues, no se verifica vulneración alguna al debido procedimiento ni al deber de motivación, no correspondiendo acoger tampoco este extremo del recurso de revisión, ni declarar la nulidad de la resolución impugnada por ello.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. (…)”9

El numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultades de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el artículo 12 del RLGIT.

De igual modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean

Asimismo, el artículo 11 de la LGIT establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT10 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario”. (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad11. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no sólo se

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia13. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

Del mismo modo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que en su fundamento 15 determina lo siguiente:

En esa misma línea, es pertinente hacer referencia a la Resolución de Sala Plena N° 008-2023- SUNAFIL/TFL, publicada el 09 de mayo de 2023, que constituye precedente vinculante, por medio de la cual se determinó:

En relación al derecho fundamental a la prueba, el deber de valoración de los documentos presentados en la fase inspectiva, además de la finalidad y razonabilidad de los requerimientos de información, corresponde tomar en cuenta lo desarrollado por este Tribunal en la Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 24 de setiembre de 2023, en la que se estableció como precedente vinculante de observancia obligatoria los siguientes fundamentos:

Sobre dicho marco, del expediente inspectivo se verifica que el inspector comisionado, con el fin de investigar el cumplimiento de las materias señaladas en la Orden de Inspección, emitió un requerimiento de información de fecha 25 de octubre de 2022, que fue notificado vía casilla electrónica en la misma fecha, mediante el cual se solicitó a la impugnante la presentación, dentro del plazo de dos (02) días hábiles, de la siguiente documentación:

Luego de vencido el plazo otorgado, el inspector comisionado dejó constancia en el numeral 4.3 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción, que la inspeccionada no aportó ninguna información o documento probatorio que acredite la retribución o la coordinación para la compensación posterior, no obstante que el requerimiento claramente solicitó se “señale con pruebas”. Señala que no se pudo verificar el cumplimiento de los derechos laborales en materia de horas extras, sobre los trabajadores que aparecen en el cuadro N° 1, constituyendo dicha conducta en una negativa de facilitar la información necesaria para el desarrollo de las funciones inspectivas, motivo por el cual propuso la infracción contra la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Siendo así, el desarrollo de las actuaciones inspectivas para la verificación de las materias establecidas en la orden de inspección, de acuerdo con lo consignado por el comisionado en el numeral 4.3 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción, se frustró la fiscalización en materia de horas extras debido al proceder omisivo de la administrada. En ese sentido, la afectación a la labor inspectiva habría desencadenado efectos gravosos, que son calificados como muy graves, según lo establece el RLGIT.

Respecto al argumento de la impugnante referido a que la conducta imputada habría sido incorrectamente subsumida en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, debido a que sí atendió el requerimiento de información y nunca manifestó una negativa expresa a colaborar con las actuaciones inspectivas, corresponde señalar que el precedente vinculante contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL no establece como criterio diferenciador entre los numerales 45.2 y 46.3 del RLGIT la mera existencia formal de una respuesta por parte del inspeccionado, sino el efecto material que la conducta desplegada genera respecto de la continuidad o frustración de la fiscalización de la materia investigada.

En efecto, conforme al citado precedente, la conducta tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT se configura cuando la actuación del sujeto inspeccionado frustra el desarrollo de la fiscalización respecto de la materia objeto de investigación. En tal sentido, el análisis no debe centrarse únicamente en verificar si el administrado remitió algún escrito o documentación, sino en determinar si la conducta observada permitió al inspector culminar válidamente la investigación encomendada mediante la orden de inspección.

En el presente caso, la orden de inspección comprendía la materia referida a horas extras, lo cual implicaba no solo verificar la existencia de labores efectuadas fuera de la jornada ordinaria sino, además, determinar si dichas horas habían sido objeto de pago o compensación conforme al marco normativo aplicable. En ese contexto, mediante requerimiento de información válidamente notificado, el inspector actuante solicitó expresamente a la inspeccionada que señale, con sustento probatorio, por qué no aparecía el pago de horas extras en la boleta correspondiente, pese a haberse identificado la realización de dichas labores.

Sobre este extremo, la impugnante sostiene que el requerimiento habría partido de una premisa incriminatoria y que el inspector habría confundido un requerimiento de información con una medida inspectiva de requerimiento. Sin embargo, dicho argumento no resulta atendible, puesto que la actuación inspectiva aún se encontraba orientada a la investigación y verificación del cumplimiento normativo. En efecto, la sola identificación de horas extras laboradas no permitía concluir la existencia de un incumplimiento sociolaboral, debido a que el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de compensar el trabajo en sobretiempo mediante descanso sustitutorio, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa aplicable.

Conforme al cuarto párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, el empleador y el trabajador pueden acordar compensar el trabajo prestado en sobretiempo mediante el otorgamiento de períodos equivalentes de descanso. Asimismo, el artículo 26 del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, Reglamento de la referida ley, establece que dicho acuerdo de compensación debe constar necesariamente por escrito y que la compensación debe efectuarse dentro del mes calendario siguiente a aquel en que se realizó el trabajo en sobretiempo, salvo pacto en contrario. En tal sentido, para determinar si existía o no incumplimiento respecto de la materia horas extras, resultaba indispensable verificar si la impugnante había efectuado el pago correspondiente o, en su defecto, si existían acuerdos escritos válidos de compensación y descansos efectivamente otorgados conforme al marco normativo aplicable.

En tal sentido, el requerimiento formulado por el inspector actuante conservó su naturaleza de requerimiento de información en tanto se encontraba orientado a obtener elementos necesarios para determinar el tratamiento otorgado a las horas extras detectadas y verificar si la inspeccionada había cumplido con las obligaciones derivadas de dichas labores conforme al marco normativo aplicable. En efecto, la sola identificación de trabajo en sobretiempo no permitía concluir la existencia de un incumplimiento sancionable, puesto que la normativa prevé la posibilidad de compensación mediante descanso sustitutorio bajo determinadas condiciones. En ese contexto, se advierte que el inspector requería de mayores elementos de convicción que le permitieran determinar la existencia del incumplimiento sociolaboral y, en función de ello, adoptar las acciones que resultaran pertinentes conforme a sus atribuciones.

Asimismo, se advierte que la inspeccionada, pese a encontrarse válidamente notificada y conocer plenamente el contenido del requerimiento, omitió proporcionar información concreta respecto al extremo medular de la investigación. En efecto, de la revisión de las respuestas obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas de investigación se aprecia que la impugnante se limitó a señalar, de manera genérica, que en el Banco las horas extras podían ser compensadas posteriormente; sin embargo, no acreditó la existencia de acuerdos escritos de compensación, no identificó a los trabajadores involucrados, no precisó descansos otorgados ni presentó documentación que permitiera verificar el efectivo cumplimiento de la obligación sociolaboral materia de investigación.

Bajo dicho contexto, y contrario a los alegatos presentados, la conducta desplegada por la inspeccionada sí tuvo aptitud material para frustrar la fiscalización respecto de la materia horas extras, puesto que impidió al inspector actuante determinar fehacientemente si las labores en sobretiempo detectadas habían sido pagadas o válidamente compensadas conforme a ley. En consecuencia, la omisión atribuida no constituyó una simple perturbación o retraso de la fiscalización, sino un impedimento sustancial para culminar la investigación sobre una de las materias comprendidas en la orden de inspección.

En atención a ello, tampoco resulta atendible el argumento referido a que el inspector contaba con otras modalidades inspectivas para continuar la investigación. Al respecto, de la revisión del expediente inspectivo se advierte que la impugnante se encontraba en posibilidad de atender los requerimientos de información formulados por el inspector actuante, encontrándose en posibilidad de proporcionar información concreta respecto de los extremos solicitados. Asimismo, la información requerida resultaba necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del trabajo en sobretiempo respecto de las horas extras identificadas. En ese contexto, no correspondía exigir al inspector actuante la realización sucesiva de nuevas actuaciones inspectivas frente a la persistente omisión de la inspeccionada respecto de información indispensable para culminar la fiscalización de dicha materia.

Finalmente, respecto a la alegada vulneración del deber de motivación, este Tribunal advierte que tanto el Acta de Infracción como las resoluciones emitidas en instancias previas contienen una exposición suficiente de los hechos verificados, de la conducta atribuida a la inspeccionada y de las razones por las cuales la omisión observada afectó materialmente el desarrollo de la fiscalización en materia de horas extras. Asimismo, se encuentra debidamente explicitada la necesidad de la información requerida para determinar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del trabajo en sobretiempo, no advirtiéndose vulneración al artículo 6 del TUO de la LPAG ni apartamiento inmotivado del precedente contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL.

Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar los argumentos formulados por la impugnante y confirmar la sanción impuesta por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a las siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.