Banco de Crédito del Perú — Res. 776-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub Materia: Depósito de CTS); Remuneraciones (Sub Materias: Gratificaciones y pago de bonificaciones). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel

numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada por el inspector auxiliar comisionando mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica asignada, en fecha 15 de octubre de 2021, cuya fecha máxima de entrega se cumplió el día 21 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada por el inspector auxiliar comisionando mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica asignada, en fecha 22 de octubre de 2021, cuya fecha máxima de entrega se cumplió el día 28 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Sostiene que, la Sub Intendencia ha convalidado la actuación de las instancias previas, pese a que parte de la información requerida mediante los requerimientos de información de fechas 15 de octubre de 2021 y 22 de octubre de 2021 es información que la SUNAFIL cuenta, como los documentos que acreditan representatividad de cualquier sujeto inspeccionado, la misma que obra en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. La constancia de alta es información que se encuentra en el PLAME y en el sistema de planilla del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, por ese motivo independientemente de la carga de fiscalización que venía experimentando, imposibilitó dar respuesta a dichos requerimientos. Más aún, no se encontraba obligado a remitir más de dos veces la misma información a SUNAFIL. ii. Asimismo, se vulneró el principio de tipicidad, dado que no incurrió en dos infracciones tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. El Tribunal de Fiscalización Laboral, a través de su primer precedente administrativo señaló que se debe distinguir cuando la demora del inspeccionado frustre la fiscalización su tipificación es la establecida en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT y cuando la fiscalización puede proseguir desplegando sus funciones, a pesar del retraso debe imputarse en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT. Pero en el caso en concreto, no se frustró la fiscalización, dado que, SUNAFIL ya contaba con la información solicitada, con lo cual las investigaciones pudieron continuar; sin embargo, el inspector decidió culminarla sin analizar el tema de fondo.

iii. Se vulneró el principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima, ya que dicho principio protege a quienes tuvieron buena fe y creyeron en la validez de los actos previamente establecidos. Siendo así, se debe tener en consideración el criterio del Tribunal de Fiscalización Laboral, establecido en el numeral 6.17 de la Resolución N° 737-2022-SUNAFIL/TFL/Primera Sala que indica que no cabría amparar a la segunda sanción, por configurar un exceso de punición, por tanto, solicitamos a su despacho declarar la nulidad de la resolución de sub intendencia o en su defecto no acoger la multa propuesta. iv. Se vulnero el principio de Licitud y Verdad Material, esto debido a que en los considerados 6.9 y 6.10 de la Resolución de Sala Plena 001-2023-SUNAFIL/TFL, concluyó que existe una relación indivisa, pues solo con la evidencia de la comisión de los hechos ilícitos la autoridad se encontrará habilitada a contradecir la presunción de legalidad.

i. Tal como la autoridad inspectiva señaló que el sujeto inspeccionado no cumplió con los requerimientos de información emitidos los días 15 de octubre de 2021 y 22 de octubre de 2021, los cuales exigían documentación esencial a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales. Pese a haber sido notificado bajo apercibimiento de falta de colaboración, no presentó dicha información ni justificó debidamente su imposibilidad de entrega en las fechas programadas, incurriendo en una negativa injustificada que obstaculizó el desarrollo de la labor inspectiva. ii. En tal sentido, la conducta del sujeto inspeccionado constituye una infracción muy grave conforme al numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, al no colaborar con la entrega de información que solo ella podía proporcionar. Enfatizando que los inspectores están legalmente facultados para requerir dicha documentación y que la empresa tenía la obligación de colaborar activamente, por lo que los argumentos presentados, como la presunta disponibilidad previa de la información por parte de la SUNAFIL o la carga administrativa, resultan carentes de sustento jurídico. iii. Por otra parte, indica que el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT establece el tipo infractor por falta de colaboración en la labor inspectiva, pero no regula las facultades del personal inspectivo. Estas se encuentran en el artículo 5 de la LGIT, que otorga a los inspectores la potestad de requerir cualquier documentación que sea relevante para verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales. En ese marco, la información y documentación solicitada en el presente caso se considera legítima y pertinente dentro del ejercicio regular de la función inspectiva. iv. Asimismo, se indica que dicho tipo infractor no vulnera el Principio de Tipicidad, ya que, si bien la norma prohíbe interpretaciones extensivas o por analogía, sí permite

especificaciones reglamentarias cuando estas desarrollan supuestos legales ya previstos. En ese sentido, las conductas del sujeto inspeccionado consistentes en la negativa a colaborar con la entrega de la documentación exigida por el personal inspectivo encajan claramente dentro del tipo legal señalado y ha sido debidamente comprobado, por lo que no resulta aplicable el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL. v. De igual modo, se enfatiza que la Resolución N° 737-2022-SUNAFIL/TFL Primera Sala, no constituye un precedente de observancia obligatoria, ya que, conforme a los artículos 22° y 23° del Decreto Supremo N° 004-2017-TR, para tener tal carácter debe ser expresamente declarada como tal y publicada en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional de la SUNAFIL. Al no cumplirse dichos requisitos, la mencionada resolución es aplicable únicamente al caso concreto en que fue emitida, por lo que no resulta vinculante ni suficiente para sustentar los argumentos de la inspeccionada. En consecuencia, se desestima su invocación. vi. Por otra parte, los argumentos presentados son reiterativos a los ya formulados en primera instancia, los cuales fueron debidamente evaluados y desestimados. Se confirma que los requerimientos de información no fueron atendidos, y que las notificaciones fueron correctamente efectuadas conforme al debido proceso, sin vulneración de los principios de licitud ni verdad material. Además, se descarta la aplicación del precedente invocado por la inspeccionada, ya que el comportamiento acreditado obstruyó la labor inspectiva, conforme al primer precedente de observancia obligatoria de la SUNAFIL (Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL). vii. Asimismo, se descarta que haya existido exceso en la sanción impuesta, ya que los requerimientos fueron formulados conforme a ley y mediante los canales autorizados, como la casilla electrónica. En virtud de todo lo expuesto, se concluye que no se configura ninguna causal de nulidad conforme al artículo 10 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por lo tanto, se declara infundado el recurso de apelación interpuesto y se confirma en todos sus extremos la resolución sancionadora emitida en primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Del Recurso De Revisión

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 5 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR. 8 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de junio de 2023, el BANCO DE CREDITO DEL PERU fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 126-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Manifiesta que se ha inaplicado el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, al haberse vulnerado lo dispuesto en el artículo 48° del mismo cuerpo normativo, que prohíbe a las entidades administrativas requerir información o documentación que haya sido generada por ellas mismas en ejercicio de sus potestades o como consecuencia de una fiscalización efectuada dentro de los cinco años anteriores; que obre en poder de la propia entidad, o que haya sido generada por otra entidad de la Administración Pública. En tal sentido, el personal inspectivo transgredió esta prohibición legal al emitir requerimientos de información solicitando documentos que obran en poder de la SUNAFIL debido a fiscalizaciones anteriores, así como información de acceso público o que está en poder de la SUNAT. ii. Respecto de las cartas poder que acreditan la representación de los apoderados, indica que dicha información es de carácter público y se encuentra disponible en el portal institucional de la SUNAT. En cuanto a las constancias de alta y baja de los trabajadores, señala que esta información se encuentra en la planilla electrónica, plataforma a la cual SUNAFIL tiene acceso conforme a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 002-2017-TR. Añade que SUNAFIL mantiene un convenio de

intercambio de información con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, además de contar con herramientas digitales como “Verifica tu chamba”, lo que le permite acceder directamente a dicha información sin necesidad de requerirla a los administrados. iii. Por otra parte, alega que se inaplicó el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG; toda vez que los hechos atribuidos no se subsumen en el tipo infractor establecido en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Sostiene que el personal inspectivo no agotó los medios razonables y necesarios para verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. En consecuencia, la conducta atribuida no se adecúa al supuesto normativo sancionable, conforme a lo dispuesto por el artículo 27° de la LGIT, que establece que no puede imponerse sanción por una conducta no prevista expresamente como infracción en el RLGIT. iv. Asimismo, señala la inaplicación del numeral 9 del artículo 248° del TUO de la LPAG, el cual establece que debe presumirse la legalidad de las actuaciones de los administrados salvo prueba en contrario. Enfatiza que no hubo una negativa expresa a cumplir con los requerimientos del inspector, ni se ha demostrado que la actuación de la inspección de trabajo haya fracasado como consecuencia de esta supuesta omisión. En ese sentido, invoca la Resolución de Sala Plena N° 001-2023-SUNAFIL/TFL, que precisa que el principio de licitud sólo puede quebrarse mediante prueba directa o indirecta debidamente valorada, lo cual no se ha cumplido en el presente caso. v. Finalmente, afirma que se inaplicó el numeral 1.15 del artículo IV del TUO de la LPAG, al vulnerarse el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima, que impone a la autoridad administrativa el deber de brindar a los administrados información veraz, completa y confiable sobre los procedimientos a su cargo de modo que puedan tomar conocimiento de los resultados posibles que puedan obtener. En el presente caso, se vulneró tal principio ya que se invocó dos infracciones muy graves a la labor inspectiva cuando ello constituye un exceso de punición, tal como lo establece la Resolución N° 737- 2022-SUNAFIL/TFL Primera Sala.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los requerimientos de información

siempre la tutela del fin que dichas normas persiguen, y actuando dentro del marco del principio de razonabilidad9.

9 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

10 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 11 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (14.ª ed., Tomo II, p. 421). Lima: Gaceta Jurídica.

consideran factores subjetivos de responsabilidad como negligencia o la falta de diligencia en el cumplimiento de los deberes exigidos al administrado.

• Obra en el expediente inspectivo, los documentos denominados “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación” de fechas 15 de octubre de 2021 y 22 de octubre de 2021, ambos notificados en las mismas fechas a la casilla electrónica de la parte impugnante. Mediante dichos requerimientos, se otorgó el plazo máximo de cuatro (04) días hábiles respectivamente para la presentación de la siguiente documentación e información, bajo apercibimiento de imposición de sanción en caso de incumplimiento.

Figura N° 01: Requerimientos de información de fechas 15 de octubre de 2021 y 22 de octubre de 2021

Figura N° 02: Constancia de notificación del Requerimiento de Información de fecha 15 de octubre de 2021

Figura N° 03: Constancia de notificación del Requerimiento de Información de fecha 22 de octubre de 2021

• Conforme se verifica en los numerales 4.3 al 4.6 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia de que la impugnante no cumplió con remitir la documentación e información solicitada, a pesar de haber sido notificada conforme a ley. Estas omisiones fueron corroboradas mediante las verificaciones realizadas los días 22 de octubre de 2021 y 29 de octubre de 2021, en relación con los requerimientos de información notificados el 15 de octubre de 2021 y 22 de octubre de 2021, respectivamente. Asimismo, se indicó que, como consecuencia de dichos incumplimientos, resultó imposible verificar el cumplimiento de las materias objeto de inspección.

12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

Figura N° 04: Acceso a la casilla electrónica

(…)

electrónicas enviadas al correo electrónico registrado en el sistema de casilla electrónica, conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

Figura N° 05: Visualización de los requerimientos de información

Figura N° 06: Alerta remitida al requerimiento de información de fecha 15 de octubre de 2021

Figura N° 07: Alerta remitida al requerimiento de información de fecha 22 de octubre de 2021

impugnante. En consecuencia, no se configura vulneración alguna al artículo 48° del TUO de la LPAG y al numeral 1.1 del artículo IV de la norma antes acotada.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada por el inspector auxiliar comisionado mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica asignada, en fecha 15 de octubre del 2021, cuya fecha máxima de entrega se cumplió el día 21 de octubre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada por el inspector auxiliar comisionado mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica asignada, en fecha 22 de octubre del 2021, cuya fecha máxima de entrega se cumplió el día 28 de octubre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 126-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 31 de mayo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1031-2021-SUNAFIL/IRE- CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 126-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 31 de mayo de 2023, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250702MABJ – HR: 124733-2023