Banco de Crédito del Perú — Res. 694-2026

Mediante Orden de Inspección N°607-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 208-2022-SUNAFIL/IRE-ANC (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la petición por parte de la organización sindical formulada en aplicación del literal f) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 640-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, notificada el 09 de noviembre del 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora de la Intendencia Regional de Ancash emitió el Informe Final de Instrucción N° 016-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SIFN, notificada el 25 de enero del 2023 (en adelante, el 20555195444 soft

Con fecha 18 de agosto del 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 424-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA.

Al respecto, el Intendente Regional de Ancash (IRE-ANC), solicitó su abstención de continuar con el conocimiento del Expediente Sancionador N°641-2022-SUNAFIL/IRE- ANC, a través del Informe N°063-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 15 de noviembre del 2023, pedido que fue atendido por la Gerencia General de la SUNAFIL, la cual emitió la Resolución de Gerencia General N°268-2023-SUNAFIL-GG, de fecha 21 de noviembre del 2023, declarando fundada dicha solicitud y designando a la Intendencia Regional de Madre de Dios, para que asuma competencia y continúe con el trámite del procedimiento sancionador en segunda instancia.

En cumplimiento de lo antes señalado, mediante Resolución de Intendencia N°048- 2023-SUNAFIL/IRE-MDS, notificada el 21 de febrero del 2024, la Intendencia Regional de Madre de Dios, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con escrito de fecha 11 de marzo del 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Madre de Dios el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N°048-2023-SUNAFIL/IRE-MDS.

La Intendencia Regional de Madre de Dios admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, siendo recepcionado el 21 de marzo del 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo3 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el BANCO DE CREDITO DEL PERU, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N°048-2023- SUNAFIL /IRE-MDS, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25° del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 22 de febrero del 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por del BANCO DE CREDITO DEL PERU.

Sobre el particular, el Decreto Supremo N° 004-2006-TR, Disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa “Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas”.

Asimismo, en el artículo 3 del mismo dispositivo legal, se establece que “El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso. ( ... )”.

La finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Debiendo para dicho efecto, contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo8 .”

En el presente caso, se atribuye a la impugnante el hecho de no haber acreditado el registro de control de asistencia con la información completa, toda vez que, no registró ciertos días, horas, y minutos de salida del centro de trabajo, de catorce (14) trabajadores, tipificado la conducta en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

Para el caso materia de pronunciamiento, el Inspector comisionado dejó constancia, en el literal g) del numeral 4.3 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, que de la revisión de los registros de control de asistencia de los catorce (14) trabajadores que se detalla en el cuadro N° 03 del Acta de Infracción, que comprende desde marzo 2020 hasta la fecha de inspección, se advierte que, en ciertos días, los catorce (14) trabajador solo registran su ingreso al centro de trabajo, mas no registran su salida conforme se detalla en los siguientes cuadros:

En tal sentido, conforme se observa en el literal h) del numeral 4.3 de los hechos constatados del Acta de Infracción, el inspector comisionado, dejó constancia que la inspeccionada debió contar con su registro de control de asistencia, que contenga los requisitos mínimo que se señala en el artículo 2 del D.S.N°006-2004-TR, como es el caso de registrar la hora y minutos de salida de la jornada de trabajo del trabajador; sin embargo, se ha verificado en su registro de control de asistencia, que en determinados días los 14 trabajadores que se indica en el cuadro N° 03, no registran la hora y minutos de salida de la jornada de trabajo conforme se detalla en el cuadro N° 04.(énfasis añadido)

Es así que, en uso de sus facultades, emitió la constancia, calificando la infracción como insubsanable, en cuanto se trata de un registro de control diario que debe ser realizado de forma personal por el trabajador, cuya obligación prescribe diariamente, no teniendo validez ni utilidad un registro realizado o llevado de forma posterior, por cuanto sus efectos dañosos ya tuvieron lugar y causaron perjuicio en el trabajador no siendo posible para el sujeto inspeccionado reparar el perjuicio ocasionado al no poder retrotraer en el tiempo.

Relacionado a ello, la autoridad de primera instancia en los puntos 26 y 27, 28 al 31 de la Resolución de Sub Intendencia N° 424-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, ha precisado que, las obligaciones de la Inspeccionada en torno al registro de control de asistencia conforme la Ley, contravienen lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, respecto a la información mínima, debido a que no acreditó el contenido mínimo exigido por Ley, respecto de los 14 trabajadores antes señalados, detallando que la Inspeccionada cometió una infracción insubsanable, dado que el Inspector del Trabajo, de la revisión del registro de control de asistencia, remitido por la misma Inspeccionada no registra la hora y minutos de salida de la jornada de trabajo de los trabajadores antes señalados. Así en ese contexto, se observa que se le imputa al Sujeto Inspeccionado, haber incurrido en el tipo infractor 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y el mismo, a través su recurso de impugnación logró ejercer su escrito de defensa haber tomado conocimiento específico de los hechos que configuran el incumplimiento en materia de relaciones laborales, no advirtiendo imprecisión jurídica y fáctica en la descripción de la sanción. (énfasis añadido)

Asimismo, debemos tener en cuenta el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 007-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 28 de abril de 2023, que en sus fundamentos 6.10, 6.11, 6.12, 6.15 y 6.16 establece:

En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar, bajo responsabilidad, que sus trabajadores cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Lo mismo ocurre en caso se implemente un registro virtual o biométrico u otro, de similar naturaleza. En cualquier escenario, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el

Asimismo, el empleador debe garantizar que el registro de asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que puede consistir en deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro, esto es, en caso evidencie que ha sufrió algún daño, este debe ser motivo de verificación oportuna, así como objeto de la adopción de los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo”.

Así, al advertirse que el sujeto inspeccionado actuó con inmediatez para responder a una situación que prima facie resulta antijurídica —dada por la ausencia de marcación en el registro de asistencia—, debe exigirse a la fiscalización laboral que se realice las actuaciones necesarias para determinar fehacientemente una conducta del empleador sustancialmente incongruente con los deberes relacionados al registro de asistencia (cuya gravedad se encuentra tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT). Por ende, si bien esta infracción podría contemplarse como una de carácter objetivo, existen circunstancias que llevan a que la autoridad administrativa examine la responsabilidad del sujeto inspeccionado, como puede ocurrir cuando existe inmediatez entre los hechos, y la posible formulación de exhortaciones a través de medidas adecuadas tales como la advertencia o el requerimiento.

Si el inspeccionado logra probar ante el inspector actuante, en ejercicio de su derecho de defensa durante la fase de fiscalización, el incumplimiento reprochado — en este caso, la ausencia en la marcación del registro de asistencia— que ha merecido su reacción oportuna (dada en un lapso inmediato con respecto a la ocurrencia de los hechos sancionables, como ocurre en este caso, según se ha anotado en la línea temporal graficada en el considerando 6.14), el inspector actuante deberá examinar los actuados de forma cuidadosa para poder emitir una propuesta de sanción adecuadamente motivada. De esta forma, deberá examinarse si el empleador, a través del ejercicio del poder de dirección, busca encausar cierta acción u omisión de sus trabajadores resultante en un incumplimiento del que sea responsable, siempre que el incumplimiento detectado se extienda en un periodo igualmente inmediato (como en este caso, donde tras la detección por la inspección del trabajo de la falta de registro, se produjo la respuesta inmediata del empleador). Así, de verificarse que el lapso por el que se extendió el posible incumplimiento puede entenderse válidamente subsanado —y no exista un periodo de incumplimiento mayor al de la posible conducta subsanadora— no correspondería imputar responsabilidad al administrado, por la falta de determinación de un comportamiento culpable y en aplicación del principio de razonabilidad.

En ese sentido, el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, establece la obligación de la inspección del trabajo y de la autoridad administrativa sancionadora de la aplicación coordinada de los principios de tipicidad y de razonabilidad (recogidos en los incisos 4 y 10, respectivamente, del artículo 248 del TUO de la LPAG), lo cual satisface un estándar adecuado para la imputación de responsabilidad administrativa en este tipo de casos.

Siendo que, en el caso de autos, se aprecia que, analizada de forma conjunta los medios de prueba alcanzados por el sujeto inspeccionado en la fase inspectiva del procedimiento —descritos en el numeral 6.13 y 6.14— se verifica que éste ha tenido una conducta dirigida a garantizar el cumplimiento del registro de asistencia por parte de su personal; tal es así que, con inmediatez, desde conocida la omisión en el marcado del registro de asistencia y siendo que el periodo en el que este hecho se ha comprobado representa un lapso igualmente encuadrable dentro de la inmediatez, se advierte que el empleador ejerció su poder de dirección frente a sus trabajadores para disponer que cumplan con su deber de marcar el cuaderno de registro de asistencias que implementó, en su calidad de empleador y garante del mismo.” (énfasis añadido)

Por lo tanto, se comprende que sí bien los trabajadores pueden incurrir en omisiones respecto a sus obligaciones sociolaborales como se alega en el presente caso, no obstante, esta Sala, en el precedente aludido ha enfatizado al respecto también que, recae en el Sujeto Inspeccionado la debida diligencia del manejo del registro de control de asistencia, realizando las acciones respectivas para que este instrumento de gestión corporativa pueda cumplir su finalidad; pues comprende a ella probar ante el Inspector Actuante su reacción oportuna. Así se advierte, con vistas a los expedientes de inspección y sancionador, que no se han aportado medio de prueba que acredite se haya actuado con inmediatez ante la supuesta conducta omisiva cometida por catorce (14) trabajadores afectados.

En adhesión a ello, este Tribunal mediante la Resolución de Sala Plena N.º 001-2023 SUNAFIL/TFL de fecha 05 de enero de 202310, fijo como precedente administrativo de observancia obligatoria, sobre este aspecto, los siguientes criterios vinculantes:

En consecuencia, si bien la Administración tiene la carga de prueba, ésta se traslada al administrado cuando mediante la presentación de algún medio de prueba oportuno considere que podrá desestimar el reproche administrativo alegado. Situación que no ha sucedido en el presente caso, toda vez que, la inspeccionada no ha presentado documentos que acrediten lo contrario a los medios probatorios analizados en el presente caso, ni ha logrado desvirtuar con sus argumentaciones los hechos constatados por los inspectores de trabajo formalizados en el Acta de Infracción, los cuales de acuerdo a lo prescrito en los artículos 16 y 47 de la LGIT9, merecen fe y se presumen ciertos.

En ese sentido, esta Sala corrobora que ni el procedimiento sancionador, ni la resolución impugnada contravienen en la forma ni en el fondo a la Constitución, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Es necesario añadir que, en el presente procedimiento sancionador la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, derivado de la comisión de infracción prevista en el RLGIT.

Por otro lado, en relación a lo alegado sobre la inaplicación del principio de legalidad, se debe señalar que, en el presente procedimiento, desde el inicio de la imputación se atribuyó a la impugnante la comisión de la infracción tipificada en el artículo 25.19 del RLGIT, en la modalidad de contar con un registro de control de asistencia que no contiene la información mínima obligatoria, sin que haya sido modificada o sustituida en ninguna etapa del procedimiento. La interpretación efectuada por las autoridades instructora y sancionadora respecto del alcance de la obligación del empleador no constituye una rectificación del tipo infractor ni la introducción de un nuevo supuesto

Por tanto, en atención a los hechos verificados por los comisionados y lo señalado por las instancias previas, se observa que ha quedado acreditada la infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el registro de control de asistencia al no registrar ciertos días, horas, y minutos de salida del centro de trabajo, requisitos mínimo que se señala en el artículo 2 del D.S.N°006-2004-TR, conforme fue identificado por el inspector comisionado y se precisó tanto en la Imputación de Cargos como en el Informe Final de Instrucción, por lo que no se advierte vulneración al principio de tipicidad conforme lo señala la impugnante en su recurso de revisión.(énfasis añadido)

En cuanto al alegato relacionado con el principio de culpabilidad, corresponde indicar que no se atribuye infracción por la acción u omisión de los trabajadores, sino por el incumplimiento de la obligación legal que le corresponde como empleador de llevar un registro que contenga información mínima obligatoria, conforme el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR. Esta obligación trasciende más allá, no se limita a tener un registro, sino que este funcione y refleje correctamente el tiempo de trabajo. En tal sentido, la omisión en la marcación de ingreso y/o salida no se imputa al empleador como hecho ajeno, sino como una deficiencia en el cumplimiento de una obligación propia y legalmente atribuida, consistente en garantizar el correcto funcionamiento del registro de asistencia en el marco de su responsabilidad subjetiva.

Por tanto, no se evidencia la vulneración alegada, desestimándose los alegatos de la impugnante en estos extremos.

Por otro lado, la impugnante cuestiona la notificación personal efectuada de la resolución impugnada, toda vez que, al momento de su notificación, no existía ninguna imposibilidad técnica o fáctica para notificar dicho documento por casilla electrónica. Al respecto, con fecha 05 de mayo del 2023, se publicó a través del Diario Oficial “El Peruano”, la Ley Nº 31736, “Ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica”, cuyo objeto es regular la notificación vía casilla electrónica de los actos administrativos y las actuaciones administrativas emitidas por las entidades de la administración pública sujetas al ámbito de aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, y de aquellos previstos en los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) de las diferentes entidades de la administración pública. (énfasis añadido)

Dicha norma, en su numeral 4.2 del artículo 4 define a la casilla electrónica como domicilio digital obligatorio, a través del cual las entidades de la administración pública realizan las notificaciones a las que hubiere lugar, respetando todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la ley.

En esa misma línea, corresponde señalar que en el artículo 8 de la Ley Nº 31736, se establecen las excepciones al uso de la notificación vía casilla electrónica, siendo las siguientes:

Se desprende entonces que, el uso de la casilla electrónica no constituye un medio absoluto ni excluyente, sino que se encuentra sujeto a excepciones normativamente previstas, que habilitan el empleo de medios alternativos de notificación válidamente establecidos en el ordenamiento jurídico. Así, la utilización de un medio distinto a la casilla electrónica no determina automáticamente la invalidez del acto de notificación efectuada, siempre que se verifique que este ha cumplido su finalidad, esto es, poner en conocimiento del administrado el contenido del acto administrativo sin generar situación de indefensión. (énfasis añadido)

En el presente caso, se advierte que el expediente sancionador fue inicialmente tramitado por la Intendencia Regional de Áncash, siendo posteriormente reasignado a la Intendencia Regional de Madre de Dios por la abstención solicitada, lo que determinó un cambio de autoridad competente en la tramitación del procedimiento. Dicha circunstancia constituye un supuesto objetivo que encuadra dentro de las excepciones previstas en el artículo 8 de la Ley N.° 31736, en tanto genera una imposibilidad operativa razonable para el uso del sistema de casilla electrónica originalmente asociado a la autoridad de origen, resultando habilitado el uso de la notificación personal conforme al artículo 20 del TUO de la LPAG10.

En tal sentido, la notificación efectuada de la Resolución de Intendencia N°048-2023- SUNAFIL /IRE-MDS, se encuentra válidamente realizada al haberse empleado un medio expresamente previsto en el TUO de la LPAG, conforme a una situación excepcional habilitada por ley, y orientada a garantizar la eficacia del procedimiento administrativo. Por tanto, aun cuando la casilla electrónica constituía el medio ordinario de notificación, la utilización de la notificación personal, en el contexto

Finalmente, corresponde señalar que la notificación cumplió su finalidad, en tanto la impugnante tuvo pleno conocimiento del acto administrativo y, debido a ello, interpuso el recurso de revisión correspondiente, lo que evidencia de manera objetiva que la modalidad empleada no le generó limitación alguna en el ejercicio de su derecho de defensa; en consecuencia, los argumentos de la impugnante en este extremo deben ser desestimados.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.