Banco de Crédito del Perú — Res. 664-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Planes y programas de SST (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la documentación dentro del plazo otorgado en la notificación del primer requerimiento, que fue notificado válidamente por casilla electrónica desde el Sistema Informático de Inspección de Trabajo – SIIT el día 12 de noviembre de 2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,968.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por cumplir con las medidas de prevención a la exposición al contagio COVID-19 de los trabajadores de la Región Pasco, tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

i. Que, respecto a los requerimientos de información su representada si ha dado cumplimiento al requerimiento del inspector a través de los correos electrónicos remitidos con fecha del 23/11/22. También indica que, por error del sistema, al ser información abundante se presentaron fallas, las mismas que fueron puestos en conocimiento del inspector, motivo por el que se remitió la información por correo electrónico; refiere asimismo que, como consecuencia de problemas externos (sistema web) -ajeno a las partes, no puede atribuírsele incumplimiento alguno, toda vez que la falla venia del propio sistema web, situación que el inspector conocía y que no lo tomó en cuenta, resultando su actuación arbitraria, abusiva e incluso irrazonable y desproporcionada.

ii. El inspector comisionado ha vulnerado el derecho a la debida motivación y el derecho al debido proceso que garantiza la Constitución; tal es así que, de la revisión de la Resolución de Subintendencia, del Acta de Infracción, de la Imputación de Cargos y del Informe Final de Instrucción se observa que se han venido vulnerando los derechos indicados.

iii. Se ha vulnerado el principio de razonabilidad, reconocido en el artículo IV, 1.4 del TUO de la LPAG, así como el deber de la administración de actuar de la forma menos gravosa posible.

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i. El sujeto inspeccionado debió ser más diligente, puesto que pudo haberse comunicado con el inspector comisionado informando lo sucedido y solicitando la viabilidad para que puedan presentar la documentación requerida a través de cualquier otro medio análogo a la casilla (correo, mesa de partes virtual y/o presencial), lo cual nunca sucedió, como se advierte de autos.

ii. El inspeccionado incumplió lo establecido por el Decreto Supremo Nº 083-2021-PCM, que entró en vigencia el 26/04/21, que establece el uso obligatorio de la doble mascarilla para el ingreso al establecimiento con riesgo de aglomeración, con la finalidad de mitigar y evitar los contagios a consecuencias del Covid-19.

iii. Las mascarillas que hizo entrega a sus trabajadores son quirúrgicas, y como tal descartables de un solo uso de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 972-2020. Igualmente, no ha cumplido con la reposición diaria en razón de dos (02) mascarillas por cada trabajador. Además, de los meses de enero a abril de 2021 también se entregó mascarilla quirúrgica en razón de cada 04 días a cada trabajador, cuando debió entregar una mascarilla diariamente y cada día efectivo de trabajo, dado que las mascarillas quirúrgicas son de uso descartables. En ese sentido, sus efectos dañosos ya tuvieron lugar y no siendo posible para el sujeto responsable reparar o revertir el daño o perjuicio ocasionado.

iv. El inspector actuante he verificado el incumplimiento a las condiciones de protección de salubridad de los trabajadores con relación al uso de los Equipos de Protección Personal, ya que se pudo comprobar que conforme a las condiciones y forma de trabajo que efectuaban los trabajadores, éstos ocupaban puestos de Gerencia de Agencia, Supervisor de Agencia, Asesor de ventas y servicios, Analistas de Crédito, Ejecutivo de Banca Pyme. Promotor de Servicios, etc. desarrollando labores de manera presencial manteniendo contacto directo con los clientes, exponiéndose a riesgos con efectos perjudiciales para su salud, frente a ello, el empleador no cumplió con adoptar las medidas necesarias de manera oportuna respecto a la utilización de los Equipos de Protección Personal.

2 Notificada a la impugnante el 27 de mayo de 2022.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

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Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Banco De Crédito Del Perú

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 016-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, señalando los siguientes alegatos:

i. Sostiene que, la IRE incurrió en una motivación aparente. La IRE en ninguna parte del desarrollo de la Resolución de Intendencia motivó por qué convalidó lo concluido en instancias previas. El inspector de trabajo no realizó un análisis detallado de los hechos del caso. Inaplicando el principio del Debido Procedimiento.

ii. Debió considerar que el tipo y la periodicidad de la entrega de mascarillas es en función de sus puestos de trabajo y en consonancia con lo recomendado por un médico especialista y un experto en materia de SST. Lo cual no sucedió en el caso en concreto.

iii. La IRE inaplicó el principio de razonabilidad. No tuvo en consideración que el BCP entrega los EPP (mascarillas KN95, mascarillas de tela y protectores fáciles) a sus trabajadores de acuerdo con el nivel de riesgo de contagio y en función a los turnos de trabajo son rotativos y los descansos entre lunes y viernes. No resulta cierto que se haya entregado mascarillas quirúrgicas.

iv. Asimismo, la IRE inaplicó el principio de licitud. Se considera que el BCP no actuó conforme a sus deberes, cuando no hay evidencia de ello. Se presume la comisión de dos infracciones sin argumentos, ni mucho menos pruebas. Se pretende trasladar la carga de la prueba al BCP.

v. El inspector de trabajo no tiene facultades para cuestionar el tipo y la frecuencia de mascarillas a entregar. Sobre ello, solo puede pronunciarse un médico especialista y/o un técnico experto en materia de SST.

vi. Debe tener en cuenta la Resolución No. 042-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, mediante la cual, el TFL precisa que “cuando el acta de infracción contiene fórmulas generales no se puede subsumir la conducta a un tipo legal especifico”.

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Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022- SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

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garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del

debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

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El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

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10 Folio 67 del expediente inspectivo.

de mitigar y evitar los contagios de la Covid-19 y toda vez quelas mascarillas que entrega a sus trabajadores son las mascarillas quirúrgicas, y estas mascarillas son descartables de acuerdo a la RM 972-2020, no ha cumplido con la reposición diaria en razón de 02 mascarillas por cada trabajador. Además, en los meses de enero a abril de 2021 también entregó 01 mascarilla quirúrgica en razón de cada 4 días a cada trabajador, cuando debió entregar una mascarilla diariamente por cada día efectivo de trabajo, dado que las mascarillas quirúrgicas son de uso descartable”.

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Sobre la aplicación del principio de razonabilidad

11 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 12 Artículo 6: Motivación del Acto Administrativo del TUO de la LPAG Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”.

de investigación utilizados en el presente caso y en los antecedentes generados en la Orden de Inspección, lo cual no está proscrita de hacer. Por lo tanto, no habiendo, la impugnante, desvirtuado las infracciones, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No remitir la documentación dentro del plazo otorgado en la notificación del primer requerimiento, que fue notificado válidamente por casilla electrónica desde el Sistema Informático de Inspección de Trabajo – SIIT el día 12 de noviembre de 2021. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE Seguridad ySalud en el Trabajo No cumplir con las medidas de prevención a la exposición al contagio COVID-19 de los trabajadores de la Región Pasco. Numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, contra la Resolución de Intendencia N° 016-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, emitida por la Intendencia Regional de Pasco dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 006-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 016-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, en el extremo referente a la infracción tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT.

Resolución N° 664 -2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y a la Intendencia Regional de Pasco, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230712CEC