Banco de Crédito del Perú — Res. 609-2021

Antecedentes

1 Se verificó el incumplimiento sobre las siguientes materias: Actos de hostilidad y modificación unilateral de condiciones de trabajo (otros hostigamientos); Remuneraciones: pago de la remuneración (sueldos y salarios). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por haber incurrido en actos de hostilidad laboral al otorgar a la trabajadora Mercedes Valdiviezo Juárez una licencia sin goce de haberes del periodo 01 de junio de 2019 al 29 de octubre de 2019, sin causa objetiva que la justifique, atentando así contra su dignidad y el derecho de trabajo, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT, multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 24 de octubre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada para el día 23 de setiembre de 2019 a las 11:30 horas, en las instalaciones de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. La resolución apelada vulnera el principio de legalidad y el debido procedimiento, al inobservar los requisitos para considerar una infracción insubsanable y no emitir una medida de requerimiento en amparo de lo previsto en los artículos 14 de la LGIT y 20.3 del RLGIT, así como de lo previsto en el numeral 7.7.2.7 de la Directiva N° 001-2016- SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL, respecto a los supuestos actos de hostilidad en contra de la señorita Mercedes Valdiviezo Juárez.

ii. Se ha vulnerado el derecho del Banco de obtener una decisión motivada, al no sustentar cuales son los efectos del incumplimiento normativo imputado y porque no podrían ser revertidos.

iii. Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad y razonabilidad al imponer sanción por las infracciones en los artículos 46.10 y 46.7 del RLGIT, sin considerar que a la fecha el Banco ya revocó la licencia sin goce de haberes de la señora Mercedes Valdiviezo Juárez y cumplió con reintegrar la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir entre el 1 de junio de 2019 y el 29 de octubre de 2019.

iv. Se ha vulnerado el principio de concurso de infracciones, dado que éste implica que se imponga la sanción de mayor gravedad en caso de que una misma acción constituya más de una infracción, de lo contrario la sanción seria desproporcionada y constituiría un ejercicio abusivo del poder de la autoridad correspondiente.

v. La resolución apelada debe ser declarada nula por vulnerar el principio de non bis in ídem, al proponer sancionar al Banco dos veces por la comisión de un mismo hecho, por no acreditar el reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir durante la licencia sin goce de haberes desde el 1 de junio de 2019 al 29 de octubre de 2019 y por no haber cumplido con la meda de requerimiento.

vi. La resolución apelada debe ser declarada nula por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia toda vez que el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento emitida por la Inspectora de Trabajo no puede sin más ser considerada una infracción, pues al momento de su emisión aun operaba la presunción de inocencia a favor del Banco.

vii. El Canal Banca Exclusiva en Contacto (BEC), en el cual la señorita Mercedes Valdiviezo Juárez, laboraba como Ejecutiva de Negocios BEX Trainee, era un proyecto transitorio, dados los avances tecnológicos y del mercado, por lo que hubo una migración del BEC a Banca Exclusiva Digital (BEX DIGITAL). En enero 2018, se inició el procedimiento de migración con los trabajadores del área BEC que postularon y cumplieron con los requisitos y perfil de puesto establecido para la vacante en BEX DIGITAL. En tal sentido, se iniciaron las olas de migración, conforme a lo proyectado por el Banco, reduciendo el canal BEC de 11 a 8 equipos. Posteriormente, en julio de 2018, el canal BEC se redujo de 8 a 6 equipos como consecuencia de la migración. Finalmente, en octubre de 2018, el canal BEC se redujo de 6 a 4 equipos. Debido a ello, el Banco conforme a sus políticas internas, le brindó una licencia con goce de haber por 2 meses, plazo que, conforme a experiencias previas, era suficiente y razonable para que pudiera recolocarse en otro puesto de trabajo; sin embargo, la señorita Mercedes Valdiviezo Juárez, no logró colocarse en ninguna de las vacantes disponibles dentro del plazo otorgado por el Banco, razón por la cual se le tuvo que otorgar una licencia sin goce de haberes, conforme le había sido oportunamente informado. Posteriormente, la señorita Mercedes Valdiviezo Juárez logró obtener una vacante en el puesto de Ejecutiva de Banca Pyme y así se inició su reincorporación al Banco. En ese sentido, el Banco no ha incurrido en ningún acto de hostilidad contra la señorita Mercedes Valdiviezo Juárez, por cuanto la licencia sin goce de haber no fue otorgada de forma arbitraria y con la intención de perjudicarla ni mucho menos para trasladarle la responsabilidad de los cambios estructurales sino por el contrario, fue otorgada en función a criterios objetivos y razonables conforme a las políticas internas del Banco.

viii. El Banco no ha incurrido en ninguna afectación a la labor inspectiva, por cuanto, la inasistencia de la comparecencia se dio por un problema de salud de la representante del Banco tal como se sustentó con el descanso médico, es más el 24 de setiembre se remitió a la Inspectora de Trabajo toda la documentación solicitada para el 23 de setiembre.

i. Como se explicó a lo largo del presente procedimiento, el Banco ha demostrado fehacientemente el verdadero ánimo e intención mediante las medidas siguientes: i) BCP otorgó una licencia con goce de haber, por 2 meses, para que pueda reubicarse en un puesto interno de Banco, ii) BCP semanalmente le enviaba convocatorias para facilitar su reincorporación, iii) La señorita Mercedes Valdivieso fue reubicada en el puesto de Ejecutiva de Banca PYME, v) El Banco decidió voluntariamente considerar la licencia sin goce de haber otorgada del 1 de junio al 29 de octubre de 2020 como una licencia con goce de haber, reintegrando las remuneraciones y beneficios sociales dejados de percibir durante la licencia.

ii. Las conclusiones a las que la Inspectora llegó, validadas por la Sub Intendencia, son incoherentes, debido a que por un lado se indica que los actos de hostilidad son insubsanables, pero por otro se ha validado que se haya emitido una medida de requerimiento para el cese de dichos actos supuestamente insubsanables.

iii. Se ha vulnerado el derecho a obtener una dedición motivada al no sustentar como es que la aplicación de una licencia sin goce de haber no podía ser revertida.

iv. Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad y razonabilidad al no graduar la sanción impuesta, por cuanto ya revoco la licencia sin goce de haber, además se cumplió con el reintegro de la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir desde el 1 de junio al 29 de octubre de 2019, cumpliendo lo indicado en la medida de requerimiento. Tampoco se ha valorado que la inasistencia a la comparecencia del 23 de setiembre de 2019 fue producto de que la representante del Banco presento problemas de salud camino a la comparecencia que se justificó con la presentación del descanso médico.

v. Se ha vulnerado el principio de concurso de infracciones, por cuanto se está sancionando por la supuesta comisión de actos de hostilidad al haber otorgado una licencia sin goce de haber desde el 1 de junio al 29 de octubre de 2019 y por no haber pagado las remuneraciones durante la supuesta comisión de actos de hostilidad, al haber otorgado una licencia sin goce de haber por el mismo periodo antes indicado; evidentemente ambas multas derivan de una misma supuesta infracción.

vi. En ésa misma línea, se ha vulnerado el principio de non bis in ídem toda vez que la Sub Intendencia propone sancionar a la empresa dos veces por la comisión de un mismo hecho.

vii. Se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia establecido en el artículo 24.2 de la Constitución, por cuando la Sub Intendencia dispone sancionar a la empresa por no cumplir con la medida de requerimiento, teniendo en cuenta que el sujeto inspeccionado podrá ser considerado como infractor cuando exista una resolución definitiva.

i. Ante los medios documentales que obra en el expediente inspectivo y sancionador, se observa que, el inspeccionado realizó actos de hostilización contra la trabajadora afectada al otorgarle una licencia sin goce de haberes y si bien fue reincorporada ésta se debió por las investigaciones efectuadas por los Inspectores comisionados, cuyos actos afectaron la dignidad de la trabajadora, al apartarlos de todo contacto con los demás trabajadores, motivando a una renuncia voluntaria, dándole un trato que afecta su dignidad, de nula integración diaria con el resto de compañeros de labores, pues dicha infracción es insubsanable, por cuanto no da lugar a poder retrotraer sus efectos en el tiempo, conforme se ha precisado en el documento “Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 24 de octubre de 2019.

ii. Sobre la remuneración integra, de la revisión de la boleta de liquidación de haberes correspondiente al mes de marzo de 2020, no se encuentra firmada por la trabajadora Mercedes Victoria Valdiviezo Juárez, por lo que, para acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones de pago, el empleador tiene la carga de la prueba conforme al último párrafo del artículo 19 del Decreto Supremo N° 001-98-TR, en ese sentido al no haber cumplido con su carga de probar los hechos que afirma, no es procedente dejar sin efecto la sanción tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

iii. Ahora bien, en la medida inspectiva de requerimiento se puso en conocimiento al inspeccionado sobre las consecuencias que devienen por no cumplir la citada medida de manera íntegra, esto es, en caso de incumplimiento constituirá una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, si bien es cierto, el inspeccionado cumplió con dejar sin efecto la licencia sin goce de haber otorgado a la trabajadora Mercedes Victoria Valdiviezo Juárez; sin embargo, al haberse otorgado de manera unilateral sin un motivo razonable afecta derechos constitucionales como el derecho al trabajo, constituyendo dicha conducta una infracción INSUBSANABLE por cuanto resulta irreversible el no poder retrotraer en el tiempo.

2 Véase folio 114 del expediente sancionador.

iv. Por otro, al inspeccionado le fue notificada con la debida antelación sobre la realización de dicha comparecencia, y que ésta es de obligatoria asistencia, fue su responsabilidad acudir a la misma, debiendo haber previsto las circunstancias que alega que generaron las posibles circunstancias que pudieran presentarse en su traslado, toda vez que dicha diligencia fue notificada con la debida antelación.

v. Respecto al principio de concurso de infracciones alegado por la inspeccionada en su recurso de apelación; solo es aplicable a conductas que se reiteran en más de una infracción en cuyo caso se aplica la más grave; al respecto, se debe señalar que el inferior en grado ha sancionado al inspeccionado por i) incurrir en actos de hostilidad laboral al otorgar a la trabajadora Mercedes Valdiviezo Juárez, una licencia sin goce de haberes del periodo 01 de junio de 2019 al 29 de octubre de 2019, sin causa objetiva que la justifique atentando así contra su dignidad y el derecho al trabajo (primera conducta), y ii) por no acreditar el reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir por la trabajadora afectada Mercedes Valdiviezo Juárez, por motivo de la licencia sin goce de haberes del periodo 01 de junio de 2019 al 29 de octubre de 2019 (segunda conducta), las cuales constituyen conductas infractoras claramente disimiles entre sí. Si bien ambos se relacionan a infracciones en materia de relaciones laborales la comisión de una no incide ni imposibilita el cumplimiento de la otra; sino que derivan de diferentes hechos (incurrir en actos de hostilidad laboral al otorgar una licencia sin goce de haberes sin causa objetiva y por no pagar el íntegro de las remuneraciones dejadas de percibir), y que se fundamentan jurídicamente en distintas normas sustantivas, precisadas en la resolución apelada; por tanto, deben considerarse como infracciones independientes, criterio que se condice con lo regulado en la Resolución de Superintendencia N° 233- 2017-SUNAFIL.

vi. Además, las referidas conductas infractoras tienen distintos fundamentos, entendiéndose por tales a los bienes jurídicos protegidos, de tal modo que la primera afecta un bien jurídico protegido de la trabajadora afectada, mientras que en la segunda se afecta a bienes jurídicos de la Administración Pública, en este caso, de la Inspección del Trabajo; por consiguiente, en este procedimiento, al no haberse configurado el requisito esencial de la identidad de sujetos, hechos y fundamentos, no hubo transgresión al Principio de non bis in ídem, no existiendo una doble sanción por un mismo hecho, desestimándose lo alegado por el inspeccionado en este extremo.

vii. Ahora bien, el inspeccionado incurre en error al afirmar que se contraviene su derecho a la presunción de inocencia, ya que esta Instancia Administrativa ha podido verificar que el procedimiento inspectivo y el presente procedimiento sancionador se realizaron conforme a Ley, dándole diversas oportunidades al inspeccionado para que ejerza su derecho de defensa y sustente o demuestre su inocencia, acreditando con documentos fácticos su cumplimiento de la normativa en materia de relaciones laborales, lo que no hizo conforme se observa en autos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 D.S. 016-2017-TR, art. 14.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Crédito Del Perú

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de agosto 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1147-2021-SUNAFIL/ILM, por los siguientes argumentos:

Inaplicación del numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG: se vulneró el principio del debido procedimiento

i. La medida de eliminar el canal en el que trabajaba la señora Mercedes Victoria Valdiviezo Juárez, no fue tomada súbitamente, sino que fue una decisión que se tomó con más de un año de anticipación y fue comunicada oportunamente a los trabajadores, quienes fueron reubicándose y postulando a otras áreas de su interés. No obstante, pese a que la referida trabajadora no mostró interés ni preocupación por reubicarse en otro puesto que el Banco ofrecía, se decidió otorgarle voluntariamente dos meses más de plazo bajo la modalidad de licencia con goce de haberes, con la finalidad de no afectar su vínculo laboral, para que pueda recolocarse, incluso se le eximió de un requisito tan importante para el Banco como es el de tener un buen récord crediticio.

ii. En esa línea, teniendo en cuenta los criterios de la Resolución N° 128-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, en el caso concreto, se ha acreditado la necesidad de la recolocación de la trabajadora Valdiviezo debido a que su canal y respectivo puesto de trabajo desapareció de la estructura orgánica del Banco, razón por la cual resulta razonable tomar las medidas necesarias para mantener el vínculo laboral, como lo es el otorgamiento de licencias con y sin goce de haberes, por otro lado, el otorgamiento unilateral de la

licencia sin goce de haberes perseguía una finalidad lícita y legítima en tanto ésta buscaba mantener vigente el vínculo laboral con la trabajadora.

iii. Sin perjuicio de ello, en la medida que la trabajadora ya ha logrado recolocarse en el puesto de Ejecutiva de Banca Pyme, decidió voluntariamente dejar sin efecto la licencia sin goce de haber, y proceder con el reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir en la boleta de pago del mes de marzo de 2020, sobre el cual, la Intendencia ha omitido pronunciarse respecto a dicho cumplimiento, vulnerando nuestro derecho al debido procedimiento.

Aplicación errónea del artículo 14 de la LGIT: no debió extenderse la medida inspectiva de requerimiento, por cuando el Banco cumplió con sus obligaciones.

iv. La medida inspectiva de requerimiento solo puede ser adoptada y emitida en el escenario en el que, concluidas las actuaciones inspectivas de investigación, el Inspector de Trabajo tenga la certeza de estar frente a un incumplimiento de naturaleza subsanable, por lo que, en el presente caso la licencia sin goce a la trabajadora se encuentra justificado en causas completamente objetivas (desaparición de su puesto de trabajo) y fue comunicada con más de 6 meses de anticipación, razón por la cual no se debió emitir la medida inspectiva de requerimiento.

Inaplicación de los artículos 248.11 del TUO de la LPAG: Se vulneró el principio non bis in ídem

v. Se ha vulnerado el principio de non bis in ídem, al proponer sancionar al Banco dos veces por la comisión de un mismo hecho, por no acreditar el reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir durante la licencia sin goce de haberes desde el 1 de junio de 2019 al 29 de octubre de 2019 y por no haber cumplido con la medida de requerimiento consistente en acreditar el íntegro de las remuneraciones dejadas de percibir durante la licencia sin goce de haberes desde el 1 de junio de 2019 al 29 de octubre de 2019.

Inaplicación del artículo 248.6 del TUO de la LPAG y artículo 48-A del RLGIT: se vulneró el principio de concurso de infracciones

vi. Se ha vulnerado el principio de concurso de infracciones, por cuanto se está sancionando por la supuesta comisión de actos de hostilidad al haber otorgado una licencia sin goce de haber desde el 1 de junio al 29 de octubre de 2019 y por no haber pagado las remuneraciones durante la supuesta comisión de actos de hostilidad al haber otorgado una licencia sin goce haber por el mismo periodo antes indicados, evidentemente ambas multas derivan de una misma supuesta infracción.

Inaplicación del numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG: se vulneró el principio de proporcionalidad y razonabilidad

vii. Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad y razonabilidad al no graduar la sanción impuesta, por cuanto a la fecha el Banco ya revocó la licencia sin goce de haber, además se cumplió con el reintegro de la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir desde el 1 de junio al 29 de octubre de 2019, es decir, se ha cumplido con lo indicado en la medida de requerimiento. Por otro lado, tampoco se está valorando que la inasistencia a la comparecencia del 23 de setiembre de 2019 fue producto de que la representante del Banco presentó problemas de salud camino a la comparecencia,

motivo por el cual no fue posible coordinar con otro representante para que llegue a tiempo, que además se justificó con la presentación del descanso médico.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 10 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 11 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. Asimismo, en el ámbito laboral, el artículo 23 de la mencionada norma suprema establece que: "ninguna relación puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”.

“a) El poder de dirección, el cual contiene las facultades de organización (que versan sobre las órdenes e instrucciones generales o particulares, mediante las cuales se instrumenta la implementación de los recursos empresariales en orden a la consecución de sus objetivos) y de control de los trabajadores (que supone el empleo de los medios necesarios para comprobar que el trabajador ha cumplido sus obligaciones); b) El poder disciplinario (que se refiere a la facultad de sancionar, en caso de incumplimiento de obligaciones laborales, la cual se constituye como una especie de corolario de las facultades de organización y control); y, c) El poder de variación o ius variandi, el cual supone la posibilidad para el empresario de actualizar los contenidos específicos de la prestación laboral de cada trabajador, conforme a las necesidades que impongan las circunstancias de la empresa, del propio puesto de trabajo o de los procedimientos técnicos aplicables; siendo estas características las que lo dotan de un carácter restrictivo”12.

12 Cfr. MOLERO MANGLANO, Carlos; SÁNCHEZ-CERVERA VALDÉS, José Manuel y otros. Manual de Derecho del Trabajo. 5ta. Edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 2005, pp. 270-273.

“Se ha establecido sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad invocado, “propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador”, que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad, sino que por el contrario haciendo uso abusivo del mismo menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los trabajadores; lo que justifica la necesidad de exigir la acreditación de dicha” (énfasis añadido).

13 TOYAMA, Jorge. El derecho individual del trabajo en el Perú, un enfoque teórico-práctico. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 251. 14 Casación Laboral N° 25294-2018 LIMA NORTE.

"Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional” (énfasis añadido).

15 Exp. 2235-2004-AA/TC, Fundamento 6, segundo párrafo.

en su cláusula segundo se establece que, a partir del 20 de febrero de 2012, se conviene en contratarla a fin de que preste sus servicios personales realizando las labores propias y complementarias del puesto al cual se le asigne en atención a los requerimientos de la empresa y la evaluación del perfil laboral; con el cargo Ejecutivo de Negocios Bex Trainee.

16 Véase folio 93 y 94 del expediente inspectivo. 17 Véase folio 95 al 100 del expediente inspectivo. 18 Véase folio 74 al 76 del expediente inspectivo.

calificación crediticia; es decir que, desde el 01 de abril de 2019, la trabajadora afectada no tenía la restricción por mala calificación crediticia para efectos de la postulación a otros puestos, que le impida ser considerada en el proceso de selección (énfasis añadido).

“(…) El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo”.

19 Véase folio 78 del expediente inspectivo.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”.

normas antes citadas. De lo contrario, se estaría incurriendo en una violación del principio de legalidad20.

20 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 21 Véase folio 37 del expediente sancionador.

en concreto, el inicio de la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional aprobada mediante Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID- 19 (D.S. N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020); declaratoria de emergencia que coincide en tiempos con las documentales aportadas por la impugnante que, logran dejar constancia del pago de remuneraciones: Boleta de Liquidación de Haberes - Marzo 202022; así como la comunicación enviada por la Gerencia de Relaciones Laborales – Gestión y Desarrollo Humano y Administración del Banco de Crédito, vía correo electrónico23 a la denunciante, por medio del cual se deja constancia de los conceptos abonados en dicha liquidación. Haciendo énfasis, además, la impugnante, en reiteradas oportunidades a través de sus descargos, sobre la condición de salud de la denunciante; al ser calificada como parte del grupo de riesgo frente al COVID-19, al tener diabetes melitis; razón por la cual, se le he otorgó una licencia con goce de haber compensable mientras dure la emergencia sanitaria. Para mayor abundamiento, se recuerda que, al ser la denunciante reincorporada el 22 de noviembre de 2019 a prestar sus servicios en el Banco en el puesto de Ejecutiva Banca Pyme; iniciaba el procedimiento formativo (capacitación), destinado a culminar el 31 de marzo de 2020; sin embargo, a consecuencia del estado de emergencia, la denunciante no pudo culminar el proceso formativo, ya que el mismo incluía visitas presenciales con tutores. En ese sentido, consideramos tales documentos y alegaciones necesarias para acreditar el pago de las remuneraciones. 6.45Cabe señalar que, el TUO de LPAG establece: “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” 24 (énfasis añadido).

22 Véase folio 37 del expediente sancionador. 23 Véase folio 37 del expediente sancionador. 24TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.) 25LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

que las acciones u omisiones de los sujetos obligados, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, constituyen infracción a la labor inspectiva.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia

“Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas”.

“En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para exigir la presencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

“En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades:

26 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los.

b) Comparecencia: exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 69 y 70 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS” (énfasis añadido).

- Con fecha 10 de setiembre de 2019 se notificó “Requerimiento de comparecencia” 28, a fin de que la impugnante concurra el día 23 de setiembre de 2019 a las 11:30 horas a la diligencia de comparecencia en la Oficina de la intendencia de Lima Metropolitana, con la finalidad de presentar la siguiente documentación: i) TR5 de planilla electrónica a junio 2019; ii) Relación de personal, 53 ejecutivos de negocios que laboraron en canal BEC, situación actual, funciones que desarrollan, ubicación, remuneración (a la fecha 31 de marzo de 2019 según informe presentado); iii) Boletas respectivas de marzo a junio de 2019; iv) Documentación pertinente a la diligencia; v) Documentación respecto de directivas internas de postulación a cargos o posiciones en casos de decisión del Banco de cierre de áreas de trabajo. Señalando en el mismo, el apercibimiento en caso de inasistencia.

- La impugnante no asistió a la comparecencia de fecha 23 de setiembre de 2019, a las 11:30 horas, diligencia debidamente notificada a la Apoderada en fecha 10 de

27 Artículo 36° de la LGIT. 28 Véase folio 113 del expediente inspectivo.

setiembre de 2019. Siendo las 12:18 horas, se deja constancia en el cuaderno respectivo sobre la inasistencia29.

- Con Hoja de Ruta N° 62947, de fecha 24 de setiembre de 2019, la impugnante presentó escrito30 señalando que la inasistencia obedece a un motivo de salud y adjuntando la siguiente documentación: i) TR5 de los trabajadores que formaban parte del canal BEC al 31 de marzo de 2019; ii) Relación de trabajadores que formaban parte del canal BEC al 31 de marzo de 2019 indicando lo siguiente: situación actual, funciones que desarrollan, ubicación en el Banco y remuneración; iii) Boletas de pago de marzo a junio de 2019 de los trabajadores detallados en el punto 2; iv) Políticas de selección y contratación de personal y política de movimiento por oportunidades Credicorp, en las cuales se regula el procedimiento de postulación a otros puestos del Banco; v) Copia del poder; vi) Copia del DNI del representante del Banco; vii) Descanso médico de fecha 23 de setiembre de 2019.

29 Véase numeral 4.6 del Acta de Infracción. 30 Véase folio 118 y 119 del expediente inspectivo. 31 TUO de la LPAG, “Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255”. 32 Neyra Cruzado, C. (2018). Las condiciones eximentes de responsabilidad administrativa en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y su incidencia en la legislación ambiental. Lima: Derecho PUCP N° 80, pg. 336.

Respecto a la presunta vulneración al debido procedimiento invocado por la impugnante

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión

33TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. 34 TUO de la LPAG, “Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1. Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada”.

motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (fundamento 69) (énfasis añadido).

Orden de Inspección N° 16051-2019-SUNAFIL/ILM, el inspector comisionado solicita: (1) Acreditar haber dejado sin efecto la licencia sin goce de haberes indefinida, otorgada el 01 de junio de 2019 a la trabajadora Mercedes Victoria Valdiviezo, y acreditar el pago de remuneraciones dejadas de percibir, con motivo de la licencia sin goce de haberes.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

debía realizar la impugnante para subsanar la conducta infractora advertida durante las actuaciones inspectivas. Además, la medida inspectiva de requerimiento precisa la normativa que sustenta que la conducta en la que incurrió la impugnante deba ser catalogada como un incumplimiento normativo. Por tanto, carece de sustento lo alegado por la impugnante en este extremo de su recurso.

Del principio de non bis in ídem

“a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras”.

Sobre la inaplicación del principio de concurso de infracciones 6.73 Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo a lo regulado en el numeral 248.6 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el principio del concurso de infracciones, como principio de la

35 Fund. Jur. N°. 3.3. 36 Fund. Jur. N°. 19. 37 Moron Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

potestad sancionadora administrativa, señala que: “6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes”.

“El concurso de infracciones será aplicable en caso que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una” (énfasis añadido). 6.76 Conforme a ello, se debe señalar que se ha sancionado a la impugnante por incurrir en actos de hostilidad laboral al otorgar a la trabajadora Mercedes Valdiviezo Juárez, una licencia sin goce de haberes del periodo 01 de junio de 2019 al 29 de octubre de 2019, sin causa objetiva que la justifique (primera conducta), y por no acreditar el pago por reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir por la trabajadora afectada, (segunda conducta), las cuales constituyen conductas infractoras disímiles entre sí.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175- 2007-HC/TC, entre otros)". (…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

38 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe…”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, contra la Resolución de Intendencia N° 1147-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 14 de julio de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 230-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 1147-2021-SUNAFIL/ILM, en los extremos referidos a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 24 de octubre de 2019, y la inasistencia a la comparecencia programada para 23 de setiembre de 2019, tipificadas en los numerales 46.7 y

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

DESIREÉ BIANCA ORSINI WISOTZKI LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para conocer recursos de revisión que, tramitados al amparo de medidas de requerimiento, implican el análisis de asuntos que no se encuentran dentro de la competencia de esta instancia de revisión. Sintetizo el sustento de mi posición —que implica un cambio de criterio, basado en el análisis crítico de las resoluciones de esta Sala— en las siguientes consideraciones: 1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981 ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41º. A su vez, el artículo 49.b de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. El artículo 55.c) del Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, que aprueba al Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión (artículo 2º). En concreto, refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves” (artículo 14º).

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; 2) Dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15º de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos”.39

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento (artículo 46.7 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo).40 Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el

GORDILLO, A (2011). Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas. 10ma edición. Tomo 3. El acto administrativo. Buenos Aires: F.D.A., p. VIII-38. “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.

análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. En el presente caso se observa que la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral no es correctamente invocada a través del recurso de revisión presentado por la impugnante. Se trata del incumplimiento de la medida de requerimiento, pero la exposición de los argumentos de defensa de la recurrente confirma que el análisis de su recurso necesariamente implica que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa calificada sobre materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, resulta en la incompetencia del Tribunal.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave y/o infracción leve. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, resultando improcedente el recurso de revisión que se ha interpuesto.

10. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO.

Presidente