Banco de Crédito del Perú — Res. 49-2023

Mediante Orden de Inspección N° 389-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 300-2021-SUNAFIL/IRE-TAC (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplir la medida inspectiva de requerimiento, que disponía, acreditar la comunicación de la modificación del lugar de prestación de servicios (aplicación del trabajo remoto), en razón de la denuncia formulada por la trabajadora Allison Jeaneth Porras Rodríguez (Asesora de Ventas y Servicios).

Mediante Imputación de Cargos N° 389-2021-SUNAFIL/SIAI-TAC, de fecha 23 de agosto de 2021, notificada el 25 de agosto de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 0514-2021-SUNAFIL/IRE-TAC/SIAI- IFI, de fecha 30 de noviembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Tacna, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0470- 2021-SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, de fecha 30 de diciembre de 2021, notificada el 04 de enero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 23,144.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 25 de enero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 0470-2021-SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, argumentando lo siguiente:

La Intendencia Regional de Tacna admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000193-2022- SUNAFIL/IRE-TAC, recibido el 07 de abril de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias9”.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas. IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el BANCO DE CREDITO DEL PERU, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 040-2022- SUNAFIL/IRE-TAC, emitida por la Intendencia Regional de Tacna, que confirmó la sanción impuesta de S/ 23,144.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el literal b) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria que incorpora la Novena Disposición Final del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, el literal b) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria que incorpora la Novena Disposición Final del Decreto Supremo N° 004-2021-TR y, el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 15 de marzo de 2022. 4.2. Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el BANCO DE CREDITO DEL PERU.

El artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, dispone que: “El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita”.

Asimismo, en el artículo 18 se establecen las obligaciones del empleador: 18.1.1. No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones económicas salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando éstas favorezcan al trabajador; 18.1.2. Informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante el desarrollo del trabajo remoto; 18.1.3. Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello (…)” y, en el artículo 20 señala que: “20.1. El empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento técnico denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA, y sus modificatorias, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos y, 20.2. Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior” (énfasis añadido).

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 010-2020-TR, en el artículo 5 señala que: 5.1. “A fin de implementar el trabajo remoto, el/la empleador/a comunica al/la trabajador/a la modificación del lugar de la prestación de servicios a través de: i) soporte físico: documento escrito; o ii) soportes digitales: correo electrónico institucional o corporativo, intranet, extranet, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, u otros análogos que permitan dejar constancia de la comunicación individual; 5.2 La comunicación del/la empleador/a debe contener la duración de la aplicación del trabajo remoto, los medios o mecanismos para su desarrollo, la parte responsable de proveerlos, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables, y otros aspectos relativos a la prestación de servicios que las partes estimen necesarias; 5.3 La sola comunicación del/la empleador/a, a través de alguno de los medios indicados en el numeral 5.1 constituye constancia para el/la trabajador/a de la modificación del lugar de prestación de servicios, aplicándose las reglas establecidas en el Título II del Decreto de Urgencia N° 026-2020" (énfasis añadido).

Igualmente, mediante Resolución Ministerial N° 072-2020-TR, se aprueba el documento denominado “Guía para la aplicación del trabajo remoto”, la que señala que, el trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita; facultando a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para aplicar el trabajo remoto.

En ese contexto normativo, la Novena Disposición Final y Transitoria del Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias – RLGIT, tipifica como “infracciones administrativas muy graves que afectan el cumplimiento de las disposiciones laborales excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, las siguientes: (…) b) Incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores/as considerados/as en el grupo de riesgo por los períodos de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional”, en el marco del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria (énfasis añadido).

En el caso de autos, el inspector comisionado al realizar las actuaciones inspectivas de investigación ha corroborado que la impugnante aplicó el trabajo remoto a la trabajadora Allison Jeaneth Porras Rodríguez (Asesora de Ventas y Servicios), quien en comunicaciones telefónicas ha referido que no se le ha capacitado específicamente, respecto a la nueva metodología de trabajo remoto en el contexto de las medidas para prevenir el Covid-19.

En ese contexto, el inspector comisionado emitió el documento “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 10 de mayo de 2021, solicitando la presentación de, entre otros, la siguiente información: Disposiciones reglamentarias y/o normas “internas” que haya dispuesto el empleador, aplicables al personal que realiza trabajo remoto, del periodo mayo 2021.

Al respecto, mediante documento de fecha 14 de mayo de 2021, la impugnante señala lo siguiente: “(…) el Banco cuenta con una plataforma virtual llamada Workplace, a la cual tienen acceso todos los trabajadores desde cualquier computadora o equipo celular. Esta plataforma es el canal oficial de comunicación rápida, oportuna y eficaz entre el Banco y los trabajadores; por ello, es a través de este medio que el Banco ha

Sobre el particular, si bien se advierte que la impugnante acredita contar con una plataforma virtual llamada Workplace, para comunicación interna entre el Banco y los trabajadores; sin embargo, durante el desarrollo del procedimiento sancionador, no se ha logrado acreditar de forma individualizada, la comunicación de la aplicación del trabajo remoto, a la trabajadora afectada, a través de la citada plataforma; así como, conforme a lo ordenado por disposición legal, no se ha puesto en conocimiento la duración de la aplicación del trabajo remoto, los medios o mecanismos para su desarrollo, la parte responsable de proveerlos, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables; aunado al hecho que, la impugnante alega que, “en su oportunidad remitimos los lineamientos sobre el trabajo remoto a los colaboradores del Banco (…), máxime si se pudo corroborar que se han brindado a los colaboradores de manera global las comunicaciones correspondientes a los lineamientos sobre el trabajo remoto”, corroborándose efectivamente que, la comunicación no ha sido efectuada de forma individualizada a la trabajadora Allison Jeaneth Porras Rodríguez (énfasis añadido).

Posteriormente, se emitió el “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 31 de mayo de 2021, solicitando la presentación de, entre otros, la siguiente información: 2. Acreditar haber comunicado al personal la decisión de cambiar de lugar de la prestación de servicios para implementar el trabajo remoto (en la comunicación deberá indicarse el tiempo que durará el trabajo remoto, los medios y mecanismos para su desarrollo, la parte responsable de proveerlos); 3. Informar si brindó capacitación previa en caso haya implementado sistemas, plataformas o aplicativos informáticos distintos a los utilizados anteriormente por personal que realiza trabajo remoto; 4. Informar si el empleador cuenta con un documento que contenga las funciones, tareas y/o responsabilidades del personal que cumple funciones de asesor comercial, de ser positivo, remita la parte pertinente de dicho documento; 5. Informar si se han otorgado equipos informáticos y/o similares al personal que realiza trabajo remoto, del periodo mayo 2021.

Sin embargo, conforme se ha podido verificar en el expediente inspectivo y sancionador, la impugnante, no ha presentado la documentación solicitada por el inspector; por tanto, se ha logrado acreditar que, no se ha comunicado a la trabajadora

Contrario a lo alegado por la impugnante, sobre la supuesta vulneración al principio de tipicidad, al respecto, se observa, tanto en la evaluación del inspector comisionado como en la de los órganos intervinientes en el procedimiento sancionador, que los mismos han calificado correctamente los hechos que han sido subsumidos en el tipo infractor de la Novena Disposición Final y Transitoria del RLGIT. Es de precisar que, en este caso, se han merituado las conductas reprochables, constitutivas de infracción que vulneran el precepto legal que regula la aplicación del trabajo remoto para trabajadores considerados en el grupo de riesgo por los periodos de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional.

Sobre ello, el inspector comisionado precisó en el apartado “Pronunciamiento respecto al trabajo remoto (incumplimiento)” del Acta de Infracción, la individualización del personal de la impugnante que realiza el trabajo remoto, entre ellos, la trabajadora Allison Jeaneth Porras Rodríguez (Asesora de Ventas y Servicios Prov.), dejando constancia que, en comunicaciones telefónicas con la citada trabajadora, esta ha referido que no se le ha capacitado específicamente respecto a la nueva metodología de trabajo remoto en el contexto de las medidas para prevenir el Covid-19; aunado al hecho de que, en su denuncia la trabajadora ha consignado lo siguiente: “4. Verificación del manual de funciones del trabajo remoto, condiciones implementadas por ser persona vulnerable”.

Por tanto, de la “Solicitud de actuación inspectiva” de fecha 28 de abril de 202110 y de lo constatado por el inspector comisionado, se evidencia que se había modificado el lugar de prestación de servicios (trabajo remoto) de la trabajadora Allison Jeaneth Porras Rodríguez, en el contexto de las medidas para prevenir el Covid-19, y ello obedece a que la citada trabajadora es considerada como persona vulnerable. Entonces, el tipo sancionador aplicado se encuentra legalmente establecido, por resultar en una omisión del actuar diligente del sujeto inspeccionado. En atención a ello, corresponde desestimar los argumentos de la impugnante vertidos en este extremo.

Asimismo, respecto a lo alegado por la impugnante, en relación a la supuesta verificación presencial de la información requerida y que por ello no logran entender cómo es que se duda de los documentos presentados, por el hecho que en el certificado médico no figura la hora de atención; sobre el particular, es necesario señalar que la “Constancia de Actuación Inspectiva” de fecha 10 de junio de 202111, está referida al recabe de información relacionada a la plataforma virtual Workplace, específicamente a lo referido con su acceso, alcances; funciones que cumple el personal que tiene el puesto de asesor comercial, etc., no obstante, no deja constancia sobre lo referido a los lineamientos del trabajo remoto, así como tampoco deja constancia de la comunicación efectuada a la trabajadora Allison Jeaneth Porras

Ahora bien, en lo referido por la impugnante, respecto a la presentación de un certificado médico, cabe precisar que tanto en el expediente inspectivo como sancionador, no obra el documento referido; a mayor abundamiento, conforme a los requerimientos de información, así como de la medida inspectiva de requerimiento citados precedentemente, se advierte que ninguno requiere acreditar la presentación de un certificado médico, aunado el hecho que se verifica que, es un documento que no guarda relación con la materia investigada; en tal sentido, se corrobora no ha sido parte del presente procedimiento administrativo sancionador. Por tanto, no cabe acoger estos extremos del recurso de revisión.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto

En tal sentido, corresponde analizar si en uso de dicha facultad, los inspectores comisionados extendieron la medida inspectiva de requerimiento en consideración al presupuesto principal contenido en el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, referente a la comprobación de la existencia de infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento. De lo contrario, se estaría incurriendo en una vulneración del principio de legalidad12.

De las actuaciones inspectivas realizadas se evidencia que el inspector comisionado emitió la medida de requerimiento, de fecha 15 de junio de 202113, con la finalidad de que la impugnante cumpla con: “1. Acreditar haber comunicado de manera individual a la trabajadora afectada, la modificación del lugar de la prestación de servicios (aplicación del trabajo remoto). La comunicación antes mencionada, debe contener la duración de la aplicación del trabajo remoto, los medios o mecanismos para su desarrollo, la parte responsable de proveerles, y demás aspectos relativos a la prestación de servicios que las partes estimen necesarias y 2. Acreditar haber brindado instrucción a la trabajadora afectada respecto al funcionamiento de los sistemas, plataformas o aplicativos informáticos distintos a los utilizados por la trabajadora con anterioridad”. Para el cumplimiento de la misma, se otorgó un plazo de ocho (08) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

En tal sentido, atendiendo a lo antes determinado y lo acreditado por las instancias anteriores, se evidencia que la comisionada emitió la medida inspectiva de requerimiento al amparo de lo previsto en el artículo 14 de la LGIT y 17.2 del RLGIT, resultando la misma razonable. Por lo que, al no tenerse por cumplido lo requerido, ha incurrido en la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, correspondiendo confirmar la multa impuesta en este extremo.

Ahora bien, respecto a lo alegado por la impugnante, en relación a que resulta arbitrario que se pretenda sancionar por no subsanar un hecho que es insubsanable, cabe precisar que, conforme al artículo 49 del RLGIT, las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos. Por lo tanto, en sentido contrario, las infracciones serán insubsanables cuando los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación no puedan ser revertidos, al ser irreparable en el tiempo respecto al periodo en el que se produjo.

En ese contexto, de acuerdo a los hechos constatados en el Acta de Infracción, el inspector dejó constancia que la infracción de no haber comunicado la modificación del lugar de la prestación de servicios (aplicación de trabajo remoto) es pasible de subsanación. En tal sentido, emite la medida de requerimiento el 15 de junio de 2021, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para subsanar la infracción, requiriéndose que se acredite haber comunicado de manera individual a la trabajadora

Por su parte, el máximo intérprete de la constitución, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 02704-2012-PHC/TC14 y N° 2050-2002-AA/TC15, remarca la triple identidad en que se sustenta este principio, que, en su aspecto material, no permite que el administrado sea sancionado dos veces por un mismo hecho y procesalmente no es permisible que nadie sea juzgado dos veces por un mismo hecho.

De manera explicativa, según Morón Urbina16, los presupuestos de operatividad de este principio rector se encuentran supeditados a los siguientes elementos:

Conforme a ello, se analizará si, en efecto, la infracción por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 15 de junio de 2021, posee los mismos elementos que la infracción en materia de relaciones laborales, cuyo incumplimiento ha sido imputado a la impugnante en el presente procedimiento administrativo sancionador.

Se debe indicar que, de acuerdo al numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 del LGIT17, las medidas de requerimiento obligan al sujeto inspeccionado en adoptar -dentro de un

Conforme a ello, la medida inspectiva persigue la subordinación legalmente justificada de los administrados, a fin de garantizar la eficacia de la actividad de inspección, y lograr con ello la promoción del cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables.

En ese orden de ideas, existe una notable diferencia en los fundamentos que tutelan las infracciones en materia de labor inspectiva, respecto a las obligaciones en materia laboral que pretende tutelar, dado que, en la primera, se garantiza exclusivamente la eficacia de la inspección dentro del marco de promoción de las obligaciones laborales. En cambio, las infracciones en materia de relaciones laborales, se avoca al reconocimiento de diversos derechos sociolaborales en beneficio del trabajador, independientemente del plano de la actividad inspectiva.

Por tales razones, este extremo del recurso debe ser desestimado.

Al respecto, el TUO de la LPAG contempla en el inciso 6 del artículo 248 lo siguiente:

Además, el artículo 48-A del RLGIT, referido al concurso de infracciones, establece que cuando una misma acción u omisión del empleador constituya más de una infracción prevista por dicho reglamento, se aplica la sanción establecida para la infracción de mayor gravedad.

En esa línea, mediante Resolución de Superintendencia N° 233-2017-SUNAFIL, de fecha 13 de noviembre de 2017, se aprueban los criterios normativos adoptados por el “Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicables al Sistema Inspectivo”, entre los cuales se encuentra el criterio sobre concurso de infracciones:

Morón Urbina sobre el principio de concurso de infracciones señala que “A diferencia del principio de non bis in ídem que aborda el tema de la concurrencia del régimen sancionador para un mismo hecho, esta norma regula el supuesto que dentro de un mismo régimen y procedimiento sancionador la conducta ilícita pueda calificar en más de un supuesto la relación de hechos típicos”18.

En base a lo expuesto, no corresponde que se aplique el principio de concurso de infracciones al caso materia de análisis, toda vez que estamos ante un incumplimiento por no haber comunicado a la trabajadora la modificación de la prestación de servicios (trabajo remoto), tipificada en la Novena Disposición Final y Transitoria del RLGIT y un incumplimiento por omisión a la labor inspectiva, tipificado en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, y que fueron sancionados por separado por el inferior en grado, siendo netamente independientes uno del otro, que no nacen de un mismo hecho/conducta u omisión cometida por la inspeccionada. En ese sentido, las conductas que han configurado las infracciones imputadas a la inspeccionada corresponden al no cumplimiento de normas en materia de relaciones laborales, así como de labor inspectiva.

Por las consideraciones expuestas, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 0470-2021-SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, como la Resolución de Intendencia N° 040-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del Informe Oral.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión