Banco de Crédito del Perú — Res. 474-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Ergonomía y Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo. 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 20555195444 soft

inciso 2) del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 22 de enero de 2020, conforme al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,675.00.

- El diagnóstico del médico de la accionante no está considerado expresamente como una enfermedad según la Norma Técnica que establece el listado de enfermedades profesionales, además de acuerdo a los 02 informes médicos de fecha 11.09.2020 se ha incluido que la patología lumbar que padece no sería origen laboral por no haber estado expuesta a peligros de vibración de cuerpo entero y manipulación de carga. - Es falso que no se haya realizado una evaluación médica de la trabajadora ni de sus factores de riesgos disergonómicos a los que se encuentran expuestas; pues el citado médico evaluó todos los diagnósticos presentados por la trabajadora y también sus exámenes médicos ocupacionales. - La resolución apelada vulnera el principio al debido procedimiento administrativo y padece de motivación aparente, dado que, a su parecer la resolución cuestionada tiene argumentos falsos, simulados o inapropiados, en la media que no son idóneos para adoptar dicha decisión. - No se ha valorado el seguimiento que el medico ocupacional de la empresa realizó a la trabajadora mediante correos electrónicos de fecha 03 y 07/.05.2019 y tampoco se ha emitido pronunciamiento sore la declaración del médico ocupacional realizada en la visita inspectiva 03.02.2020. - La resolución apelada ha señalado que su representada ha cumplido con los lineamientos mínimos legales respecto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo,

pero que el caso de la trabajadora denunciante, pues en virtud del deber de prevención, su representad debió actuar con antelación a la situación de la trabajadora para prevenir un riesgo o deterioro de su salud. - El incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento indica que no se ha tenido en cuenta que su representada ha participado en todas las comparecencias y visitas inspectivas, además que, no encuentra razonabilidad entre la supuesta falta cometida y los hechos en los que se sustenta la sanción.

- Precisar que tanto la sanción impuesta por la autoridad sancionadora, como la propuesta inicialmente planteada en el Acta de Infracción emitida por el personal inspectivo; de ninguna forma resultan carentes de motivación; dado que, la materia inspeccionada versa respecto a la negativa del recurrente a entregar a la trabajadora accionante una silla ergonómica con soporte cráneo-cervical y dorsal-cervical, pese a las recomendaciones médicas señaladas en los informes médicos presentados; lo que supone un incumplimiento a las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de riesgo ergonómicos, de los derive para la salud de los trabajadores; infracción tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27° del D.S. N° 019- 2006-TR y las actuaciones efectuadas por el personal inspectivo han versado sobre tal hecho. - Los Informes Médicos – Peritajes de causalidad de enfermedad de fecha 10 y 11.09.2020 emitidos por el Dr. Juan Carlos Palomino Bladeón; este Despacho ha constatado al igual que la autoridad sancionadora que, el citado médico ocupacional ha elaborado sus informes, únicamente basado en una simple revisión documental de distintos informes y certificados médicos proporcionados por la propia recurrente, entre ellos los informes de fechas 21.08.2019, 26.08.2019, 17.12.2019 y 19.12.2019 emitidos por los médicos tratantes de la accionante; sin que, el citado médico ocupacional se hay preocupado por siquiera realizar una revisión y/o evaluación médica (física) detallada de a condición de salud de la accionante o de los factores de riesgo disergonómicos a los que se encuentra expuesta en el desempeño de sus labor como Asesora de Ventas. - Es falso que no se haya emitido pronunciamiento sobre la declaración de la médico ocupacional realizada en la visita inspectiva del 03.02.2020; puesto que, de la lectura de los numerales 3.4.5.2 y 3.4.5.3 de la resolución apelada se aprecia que la autoridad sancionadora si se ha pronunciado expresamente respecto a tal declaración, indicando que allí la citada médico ocupacional únicamente se limitó a afirmar que la silla de

2 Notificada el 09 de agosto de 2021.

trabajo brindada a la accionante recién en el mes de diciembre de 2020, si cumplía con los estándares técnicos de la norma básica de ergonomía; sin llegar a pronunciarse respecto a las condiciones de salud particulares se presentaba la accionante y tenerlas en cuenta para disminuir los riesgos de que el padecimiento de la accionante se agrave por no proporcionarle una silla especial adecuada que se adapte a sus características físicas y así evite el agravamiento de su condición de salud. - En el presente caso, nos encontramos en un tipo de trabajador; sino que, la accionante según Informe Médico de fecha 19.12.2019 ha demostrado tener problemas de Lumbalgia, degeneración discal, Sinovitis Faceta articular, perdida de lordosis lumbar cifosis dorsal fisiológica; probelas ergonómicos, que no solo requieren que su empleador le proporcionen los requisitos mínimos de como una silla ergonómica ordinaria que establece el artículo 17° de la Norma Básica de Ergonomía. - Los argumentos de defensa expuestos por el recurrente no resultan suficientes y cuentan con sustento legal que motive a este Despacho a dejar sin efecto las sanciones impuestas en su contra; siendo que, más bien se ha traslado una vez, el cumplimiento a la normativa seguridad y salud en el trabajo en perjuicio de la accionante, siendo importante señalar que, el hecho que el recurrente haya asistido a todas las comparecencias no lo exime de responsabilidad de cumplir con lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento emitida por el personal inspectivo, motivos por los cuales corresponde CORFIRMAR la resolución venida en alzada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de agosto de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 70-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, argumentando lo siguiente:

- INFRACCION NORMATIVA – INTERPRETACION ERRONEA DE LOS ARTICULOS 4° Y 5° DE TTULO PRELIMINAR DEL LA ELY N° 29783 a) La Autoridad sancionadora, concluye erradamente que nuestra compañía tenía la obligación de brindar la silla ergonómica cráneo cervical con soporte dorsal-cervical, en atención a los principios de prevención y protección establecidas en el título Preliminar de la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. b) La resolución recurrida no puede encuadrar el supuesto de incumplimiento del deber del prevención , pues únicamente menciona de manera superficial, que existe la obligación por nuestra de otorgarle una silla ergonómica con soporte cráneo cervical y soporte dorsal cervical, como precisáramos, esta recomendación fue hecha por médicos particulares, sin embargo, de acuerdo a las indicaciones del médicos ocupacional, habría avalado las condiciones en las que venían prestando los servicios de la trabajadora denunciante. c) Las conclusiones expuestas en la resolución recurrida distan del análisis del caso concreto, especialmente porque indirectamente se nos imputa que las lesiones que padece la trabajadora se deban a una inadecuada gestión en el sistema de seguridad y salud, NUESTRA OBLIGACION, pasa por verificar que la trabajadora tenga una lesión y brindarle las condiciones para el desarrollo de sus activades en función a lo que establezcan NUESTRO MEDICO OCUPACIONAL. d) Sí se cumplió con los preceptos normativos impuestos mediante la adecuada Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pese a ello, el motivo por el que nos

quiere imponer la sanción es no haber otorgado una silla ergonómica con soporte cráneo cervical y soporte dorsal cervical. e) En ese sentido, la autoridad sancionadora interpreta de manera errónea, dándoles un alcance que no sería pertinente para la aplicación del caso en concreto, que no se demuestra que la recurrente no hay brindado las condiciones de trabajo dignas para la trabajadora. - VULNERACION DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO A TRAVES DE A FALTA DE MOTIVACION DE LA RESOLUCION DE INTENDECIA N° 70-2021-SUNAFIL/IRE-PIU a) Autoridad sancionadora, ha recurrido en la vulneración del derecho de la debida motivación toda vez que la Resolución de Intendencia N° 70-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, padece de motivación aparente, pues como hiciéramos presente durante todo el procedimiento sancionador, la medida de requerimiento se basa en la imputación de una infracción sin base alguna en criterios establecidos por nuestro el ocupacional de la empresa. b) Las razones dadas por la autoridad sancionadora no tienen ningún sustento, pues deja de lado la declaración del médico ocupacional, cuando la misma si cumplió con tomar en cuenta la condición de la trabajadora como consta en el Acta de Infracción (Numeral 4.8). Entonces la aclaración del médico ocupacional, si denota que, por nuestra parte, hemos cumplido con tomar las indicaciones de los médicos tratantes, así como cumplir con los estándares en materia ergonomía, por lo que no explica la falta de valoración de dicha declaración, más aún si recientemente se hubiese dado nuevas sillas (diciembre 2019), hecho que fue corroborado incluso por la trabajadora denunciante. - VULNERACION AL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD a) Nos encontramos razonabilidad entre la sanción atribuida, en virtud de la medida de requerimiento. La misma que partía de una valoración errónea de la documentación presentada, puesto la empresa ha demostrado que siempre cumplió con otorgar la silla ergonómica a la trabajadora para el desempeño de las funciones

Análisis Del Recurso De Revisión

SOBRE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.1. De la verificación del expediente, se puede señalar lo siguiente:

- El 04 de septiembre de 2020 inició el procedimiento con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 080-2020-SUNAFIL/IRE-PIU-SIAI-IC8.

8 Véase folio 48

- El 03 de junio de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 269-2021- SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, siendo notificada el 07 de junio de 20219.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archive. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

9 Véase folio 105 10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

ocasiona que el plazo establecido para su culminación se venza, adelantando el término del procedimiento por mandato de ley”. Debe entenderse, pues, que la caducidad prevista en el TUO de la LPAG es respecto del procedimiento; por lo que la Intendencia Regional de Piura solo podía haber determinado la existencia de una infracción antes del vencimiento del plazo de caducidad.

SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.9. Del análisis del expediente sancionador, se evidencia que mediante Resolución N° 269- 2021-SIAI-SUNAFIL-IRE-PIURA de fecha 03 de junio de 2021, se resuelve ampliar excepcionalmente, por 01 mes, el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la impugnante.

de evitar que pueda prorrogar con facilidad el plazo previsto sin mediar justificación adecuada ni un tipo jurídico específico.

Debe señalarse que, además de esto, la Resolución deberá ser emitida por el órgano competente y, sobre el particular, ni la LGIT, el RLGIT, el Reglamento del Tribunal ni el TUO de la LPAG establecen cuál es el órgano competente para emitir dicha prórroga. No obstante, el TUO de la LPAG sí establece algunas consideraciones que permiten a esta Sala identificar -dentro del Sistema de Inspección del Trabajo- qué autoridad resulta competente para emitir la Resolución prorrogando el plazo de caducidad.

La primera está referida a la literalidad de la norma que habilita la competencia para prorrogar el plazo de caducidad. El TUO de la LPAG hace referencia al “órgano” y tal denominación corresponde únicamente a las unidades de organización de primer y segundo nivel en una estructura orgánica, conforme al Anexo 1 – Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. En el caso de la SUNAFIL, las autoridades dentro del Sistema de Inspección del Trabajo son la Intendencia de Lima Metropolitana, Intendencia Regional, Gerencia/Dirección Regional, así como las unidades orgánicas dependientes de aquellas.

Por ende, dado que funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad.

La segunda consideración a tener en cuenta está referida a la aplicación del principio del debido procedimiento. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto del contenido del derecho fundamental al debido proceso, y su acepción en el Derecho Administrativo como principio del debido procedimiento, incluyendo disposiciones respecto de la autoridad que conoce de una controversia. Al respecto, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 6149-2006-AA/TC se precisa lo siguiente:

“Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él, a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la

estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable”(énfasis añadido).

De la misma manera, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 3361-2004-AA/TC, se indica que:

“(el debido proceso) está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” (énfasis añadido).

Con relación a lo anterior, se aprecia que, como parte del principio del debido proceso, se identifica el derecho a la tutela procesal efectiva y a la imparcialidad, los cuales son aplicables al procedimiento administrativo, como bien señala el propio Tribunal Constitucional.

11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…)

VII. RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO 7.1. Tomando en cuenta que, según lo estipulado en el artículo 259 del TUO de la LPAG, la caducidad administrativa puede ser solicitada por el administrado en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio y dado que no se cumplieron con los requisitos establecidos en dicho artículo, al no emitirse la ampliación conforme a las condiciones establecidas por dicho artículo, la misma carece de efectos y, por tanto, no amplía el plazo de caducidad administrativa.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

POR TANTO: Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO.- Declarar NULO la Resolución de Sub Intendencia N° 269-2021-SUNAFIL/SIAI-IRE-PIURA, de fecha 03 de junio de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Regional de Piura de la Intendencia Regional de Piura, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra BANCO DE CREDITO DEL PERU recaído en el expediente sancionador N° 69-2020-SUNAFIL/IRE-PIU de la Intendencia Regional de Piura, disponiendo su archivamiento.

TERCERO. - Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Piura, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 7.5 de la presente resolución. CUARTO. - Notificar la presente resolución a BANCO DE CREDITO DEL PERU y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga