Banco de Crédito del Perú — Res. 471-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones Colectivas (Sub materia: Libertad Sindical (Licencia sindical, Cuota sindical, entre otros); Hostigamientos y actos de hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos); Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas); y, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

comprobar los supuestos actos de hostilidad por afiliación a la organización sindical, respectivamente.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de presentar la información solicitada mediante requerimiento de información notificado el 09 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 2465 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de presentar la información solicitada mediante requerimiento de información notificado el 17 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 2465 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

i. Refieren que no se agotaron las medias posibles a fin de verificar la materia de la Orden de Inspección, conforme la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, decidiendo la inspectora concluir la investigación, a pesar de contar aun con plazo; por lo que, no se puede imputarles responsabilidad porque la investigación no llegó a su fin.

ii. Alegan que la Sub Intendencia de Sanción no ha cumplido con motivar debidamente las sanciones impuestas, ni señaló los motivos por los cuales no se continuaron con las actuaciones inspectivas de investigación, si se podía disponer del plazo respectivo, deviniendo en nula.

iii. Asimismo, señalan que se busca sancionar de la forma más gravosa posible, por no cumplir con dos requerimientos de información, cuando el primero solicitaba la misma información que el segundo; incluso si se considerara que no se pudo dar cumplimiento al primer requerimiento, lo cierto es que se cumplió con el segundo, siendo que este guardaba identidad con el primero. Al respecto, manifiestan que, si la inspectora observó que no se respondió a un primer requerimiento, no debió

depositar más requerimientos en la casilla electrónica, vulnerando el principio de razonabilidad.

iv. Por último, precisan que se sanciona con una tipificación errónea, debido a que el banco nunca tuvo una negativa expresa a la investigación, ni frustró en ningún momento el fin de la inspección; además, la tipificación no debió duplicarse, al contener la misma infracción bajo el mismo sujeto, con mismo contenido y solicitando los mismos documentos.

i. Resulta inverosímil que el apelante pretenda eximirse de responsabilidad invocando que sus omisiones no fueron el motivo para la continuación de las actuaciones inspectivas, cuando los dos requerimientos de información se emitieron después de un primer requerimiento de información notificado el 30 de julio de 2021, en el que se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de la documentación detallada en el mismo, pero ante el incumplimiento parcial, la inspectora se vio en la necesidad de efectuar requerimientos, que no fueron debidamente atendidos por el apelante.

ii. Entonces, el inspeccionado no puede deslindar su responsabilidad en la obstrucción incurrida para la continuación de la investigación, cuando desde su primera participación, demostró tener un actuar negligente.

iii. Respecto a la invocación de la transgresión al principio de tipicidad, se tiene que, el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, se configura por la negativa de cumplir con el deber de colaboración por parte del inspeccionado, supuesto que se observa plenamente en el presente caso, pues encontrándose debidamente notificados, el apelante decidió hacer caso omiso, pese a tomar conocimiento de las consecuencias de su actuar negligente; en consecuencia, el solo mencionar que no manifestaron su negativa resulta incongruente.

iv. En cuanto a la supuesta infracción duplicada, se advierte que son los mismos hechos que se han tipificado como dos transgresiones, en tanto que, desde el Acta de Infracción se ha detallado que se trata de dos requerimientos de información emitidos en fechas distintas y que, siendo actos administrativos independientes, debieron ser cumplidos también en fechas distintas.

2 Notificada a la impugnante el 02 de noviembre de 2022. Véase folio 62 del expediente sancionador.

v. Que, se advierten las consecuencias perjudiciales del accionar omisivo por parte del inspeccionado ante los hechos denunciados y que no pudieron ser investigados por la obstrucción del apelante a la labor inspectiva; por lo que, se dejo a salvo su derecho, recomendándose la generación de una nueva orden de inspección por parte de la Sub Intendencia de Fiscalización e Instrucción.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Crédito Del Perú

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Cuestionan el apartamiento inmotivado del precedente de observancia obligatoria, emitido en la Resolución N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, que establece criterios para la tipificación del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; en tanto que, no hay forma de que la conducta infractora pueda subsumirse dentro del tipo infractor, debido a que solo se podrá sancionar, cuando se cumpla con una negativa de parte del administrado y su comportamiento imposibilite la fiscalización; no obstante, ello no ha ocurrido en el caso en concreto; por el contrario, remitieron la

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

información que estuvo a su alcance, y que no se negaron expresamente a entregarla con el fin de obstruir la labor inspectiva.

ii. Refieren que la inspectora pudo realizar otras acciones para continuar con la inspección, y culminar la etapa de investigación; por el contrario, advierten que se realizaron requerimientos de información, mas no otro tipo de actuación inspectiva que pudiera resolver la materia de origen de la Orden de Inspección, conforme a la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII.

iii. Alegan que se ha inaplicado el artículo 6 del TUO de la LPAG, referido a la debida motivación, puesto que no existe claridad en las razones que respaldan la sanción, en tanto que, en la Resolución de Sub Intendencia se sigue recurriendo a elementos genéricos y descripción de los hechos con la finalidad de fundamentar aparentemente que hubo una presunta negativa.

iv. Asimismo, señalan que, no solo la Sub Intendencia de Sanción se limita a replicar lo argumentado por la inspectora (motivación inexistente o aparente), sino que incurre en colocarlos en un grave estado de indefensión, puesto que, a través de su pronunciamiento no les permite conocer cuál es el criterio detrás de las acusaciones, lo que evidencia una causal de nulidad contenida en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

v. Por otro lado, precisan que se ha inaplicado el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG, referido al principio de razonabilidad, en tanto que se debe sancionar de la manera menos gravosa posible; sin embargo, en el presente caso se pretende sancionar por haber incurrido, supuestamente, en dos infracciones a la labor inspectiva que corresponden a dos requerimientos de información sucesivos que presuntamente recibieron respuesta. Al respecto, señalan que, el hecho de llenarlos de requerimientos de información sin desplegar otras de formas de investigación, mella sobre la responsabilidad de diligencia que conlleva ser una inspectora.

vi. Invocan la Resolución N° 737-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la cual ha establecido que las actuaciones del inspector no deben transgredir la razonabilidad, específicamente cuando no se obtiene respuesta ante requerimientos de información sucesivos.

vii. Al respecto, refieren que, se debe tener en cuenta que, en tanto ya se contaba con un requerimiento de información, no se debió depositar más requerimientos en la casilla electrónica, ya que se vulnera el principio de razonabilidad.

viii. Invocan la Resolución N° 012-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 13 de septiembre de 2023, referida a que las acciones del inspector de trabajo no deben exceder los límites de razonabilidad, particularmente cuando se recibe respuesta tras una serie de preguntas repetidas por el mismo medio de investigación. De lo contrario, se atenta contra los principios del derecho administrativo sancionador, ya que no se estaría cumpliendo con la finalidad de la labor del personal inspectivo.

ix. Alegan que se les atribuye el haber incurrido en dos infracciones a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. No obstante, reiteran que en ningún momento se negaron de manera expresa a presentar la documentación solicitada durante las actuaciones inspectivas; por lo que, existe un apartamiento de lo señalado en el precedente de observancia obligatoria de la Resolución N° 012- 2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

x. Por último, cuestionan que el personal inspectiva haya limitado su accionar a emitir dos requerimientos de información para la supuesta verificación del cumplimiento de la normativa, a pesar de que contaba con un plazo de 25 días para realizar otras modalidades de actuación inspectiva. Por tanto, solicitan la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia, por vulneración al debido procedimiento, o en su defecto se revoque la multa impuesta.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los requerimientos de información

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros

principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.

pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

10 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 11 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 12 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 13 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

i. A folio 59 se aprecia el documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 09 de agosto de 2021, notificado en la casilla electrónica de la impugnante, en la misma fecha, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la documentación detallada en la misma.

ii. A folio 63 se aprecia el documento denominado “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 17 de agosto de 2021, notificado en la casilla electrónica de la impugnante, en la misma fecha, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la documentación detallada en la misma.

iii. De acuerdo a lo señalado en los numerales 4.6 y 4.7 del acta de infracción, se advierte que los comisionados dejaron constancia que la impugnante no cumplió con presentar toda la documentación solicitada, en ambos requerimientos, imposibilitando la verificación de las materias objeto de inspección.

14 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4. 15 Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 13 de setiembre de 2023, que establece: “(…) 11. Atendiendo a lo explicado, este Tribunal considera que la labor del personal inspectivo debe orientarse a verificar el cumplimiento de las normas objeto de su competencia, para lo cual corresponde que adopte y ponga en práctica todas las medidas y acciones de investigación que tiene a su disposición y que sean pertinentes para cada caso concreto. En tal sentido, en situaciones en las que este advierta la falta de respuesta de un primer requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, se debe considerar efectuar alguna otra modalidad de actuación inspectiva (por ejemplo, una visita de inspección o una comparecencia), con la finalidad de emplear alternativas adicionales de investigación que coadyuven en la determinación o no del cumplimiento sociolaboral investigado. 12. Adicionalmente, siempre que sea razonable, el inspector debe considerar la comunicación con el sujeto inspeccionado por vía telefónica, mensajes de texto, mensajería instantánea (por ejemplo: WhatsApp) o mediante cualquier otro mecanismo que tenga por finalidad establecer contacto directo con algún representante del empleador para informarle sobre la notificación realizada a la casilla electrónica. Esto, conforme con los antecedentes de cada empleador fiscalizado, reconociendo en la prexistencia de comunicaciones entre dicho administrado o de sus representantes y los servidores de la inspección del trabajo, un valor necesario para procurar contacto bajo estos canales, cuando exista la autorización correspondiente (expresa o tácita). En ese sentido, el proceder del personal inspectivo debe conducir, al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, agotando todos los medios necesarios para lograr el objetivo de la orden de inspección. 13. Si el personal inspectivo se dirigiese al sujeto inspeccionado para que presente información por casilla electrónica, sin respuesta de parte del sujeto requerido, y se limita a reiterar su solicitud bajo el mismo canal, sin procurar otro tipo de comunicación o sin disponer otra actuación inspectiva de investigación, resultará difícil la concreción de la finalidad de la inspección del trabajo. Los acápites anteriores y otros medios emprendidos creativamente deben permitir al fiscalizador actuante cumplir con el objeto de la inspección, procediendo con la profundidad y diligencia que corresponde en el marco de la finalidad y objetivo de la Inspección del Trabajo”. (énfasis añadido)

ende el incumplimiento de su deber de colaboración. Por tanto, no corresponde acoger dichos extremos del recurso de revisión.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad

16 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG

instancia, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa, se realiza ello, sobre la base de lo sustentado y de acuerdo a la normativa vigente. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto, salvo la aplicación de la reducción de la misma, cuando corresponda. Por tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva La negativa del sujeto inspeccionado de presentar la información solicitada mediante requerimiento de información notificado el 09 de agosto de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva La negativa del sujeto inspeccionado de presentar la información solicitada mediante requerimiento de información notificado el 17 de agosto de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General

“La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en contra de la Resolución de Intendencia N° 334-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 28 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 984-2021- SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 334-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240515MCR – HR 90204-2021