Banco de Crédito del Perú — Res. 420-2022

Antecedentes

1 Se verificó el incumplimiento sobre las siguientes materias: Hostigamiento y Actos de Hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos) incluye todas. 20555195444 soft 20555195444 soft

e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por realizar actos de hostilidad que afectan a la dignidad del trabajador, al no asignarle un puesto de trabajo, con características y condiciones adecuadas a la integridad (salud) de la trabajadora, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de enero de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

i. Se ha vulnerado el debido procedimiento, pues las actuaciones inspectivas fueron llevadas a cabo cuando la misma materia se encontraba judicializada. Tomándose conocimiento de que la señora Ramírez durante el trámite y desarrollo de las actuaciones inspectivas inició un proceso judicial bajo el expediente N° 11385-2019-0- 0901-JR-LA, de manera paralela, por lo que las actuaciones inspectivas deben ser declaradas nulas.

ii. Se debió actuar conforme a lo establecido en el punto 7.2 de la Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, que señala que cuando en la inspección de trabajo se tome conocimiento de que se esté tramitando en sede judicial una cuestión litigiosa sobre los mismos hechos, sujetos y fundamentos, se debe disponer el término y cerrar la orden de inspección. Por tal motivo, resulta inaceptable que la Sub Intendencia convalide el Informe Final y considere que no existe identidad de sujetos, señalando que, ante la SUNAFIL, las partes son la Administración de Trabajo y el Banco, bajo esa lógica no sería aplicable lo señalado en el numeral 75.2 del artículo 75 del TUO de la LPAG, ni la Directiva mencionada. Así, en relación a la identidad de los fundamentos, en ambos casos los supuestos de hechos se configuraron porque la empresa no habría reubicado a la trabajadora en un puesto de trabajo que atienda a su estado de salud.

iii. La resolución apelada, convalida graves vicios de nulidad del Informe Final, que, además, se basan en una disposición derogada como se evidencia en el considerando 28 del punto III.2 del Informe Final, respecto al numeral 53.3 del artículo 53 del RLGIT.

iv. La resolución apelada, vulnera el derecho a la debida motivación, por cuanto, si bien no es materia de controversia, el Banco no tiene obligación legal de reubicar a la trabajadora en un nuevo puesto de trabajo, la infracción se sustenta en no haber reubicado a la trabajadora, lo cual contraviene el principio de legalidad. Asimismo, pese a que se demostró que se otorgó licencias con o sin goce a la señora Ramírez, la resolución apelada desconoce dicho hecho con base a afirmaciones que carecen de sustento, sin observar que se demostró que se actuó con la única finalidad de garantizar el bienestar de la señora Ramírez Valencia.

v. Existe también una motivación aparente, por cuanto se demostró que se adoptaron medidas con la finalidad de proteger el estado de salud de la trabajadora desde el periodo que le otorgó licencia con goce de haber por las licencias médicas que se le otorgaron, pasando el envío de convocatorias de postulación a puestos de trabajo en el Banco, hasta la fecha, en la que se le ha otorgado licencia con goce de haber en el marco de las disposiciones emitidas por el Gobierno bajo el contexto actual causado por la pandemia; no obstante en el considerando 27 de la resolución apelada se desconoce ello, no respondiendo a lo señalado.

vi. La multa impuesta por incumplimiento de requerimiento, vulnera el principio de concurso de infracciones, por cuanto ésta multa versa sobre aspectos que son sancionados ya con la primera infracción imputada, pretendiéndose imponer dos sanciones a partir de un mismo hecho, por lo que sólo se debió proponer la infracción de mayor gravedad.

vii. Asimismo, se está vulnerando el principio de inocencia, por cuanto recién cuando exista una resolución definitiva, el administrado podrá ser considerado infractor, por lo que no está obligado a auto inculparse cumpliendo con una medida de requerimiento, la cual no puede ser considerada como una infracción, pues al momento de su emisión aún opera la presunción de inocencia. En efecto, si, al momento de ser notificados con la medida de requerimiento, no consideraron que se incurre en una infracción y tienen el sustento para acreditar ello, porqué se tendría que dar cumplimiento a un requerimiento que no se comparte, lo cual supondría un reconocimiento hacia una infracción imputada; careciendo de razonabilidad pretender obligar a cumplir con dicho requerimiento.

viii. Sin perjuicio de lo mencionado, debe considerarse que sí se cumplió con la medida de requerimiento, pues se evaluó el puesto de trabajo ocupado por la señora Ramírez y, en función a las recomendaciones del médico ocupacional, se dispuso los ajustes razonables para que pueda desarrollar sus labores en dicho puesto sin afectar su salud, lo cual se informó a través de una carta notarial a la trabajadora; pese a ello, cuando la trabajadora pasó por el examen de reincorporación, se determinó nuevamente que era No Apta para el puesto, por lo que este hecho no puede ser imputable al Banco.

i. De la revisión del Informe Final, se advierte que la autoridad instructora, realiza la motivación al escrito de descargo presentado por el inspeccionado, citando el numeral 53.3 del artículo 53 del RLGIT; el cual, durante el trámite del procedimiento inspectivo se encontraba vigente, en tanto dicho artículo fue modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR, publicado el 06 de agosto de 2017. Sin embargo, corresponde indicar que, lo merituado por la autoridad instructora no sólo se basa en la mencionada disposición sino también en el artículo 75 del TUO de la LPAG.

ii. Al respecto, es importante precisar que, el inspeccionado vuelve a realizar los alegatos vertidos contra la imputación de cargos, ante esta instancia administrativa, tal como puede observarse de los numerales i, ii y iv del punto II de la presente resolución. Cabe indicar que, el supuesto de la cuestión judicial previa a la vía administrativa establecido en el artículo 75 del TUO de la LPAG, es distinto al del avocamiento de causa pendiente en el Poder Judicial. El primero se refiere a aquellos casos en los cuales la autoridad administrativa se convenza de que una situación contenciosa surgida en el procedimiento que instruye no permita su resolución, y, por ello, suspenda hasta que la autoridad judicial declare el derecho, mientras que el segundo implica la acción de desplazar la competencia de otra autoridad para conocer un caso que originalmente estaba siendo conocido por aquel.

iii. Ahora bien, la resolución apelada considera que los hechos cometidos por el inspeccionado constituyen actos de hostilidad tipificados en el artículo 30 literal g) del TUO del Decreto Legislativo N° 728, contra la señora Yolanda Nathali Ramírez Valencia, esto es, por no haber sido reubicada en un puesto de trabajo compatible con las restricciones médicas de las cuales ya tenía conocimiento.

iv. Es oportuno mencionar que, en el presente caso, no se encuentra en discusión las causas del accidente de la trabajadora afectada, asimismo, obra en el expediente inspectivo el informe médico de fojas 23 a 25, donde se señalan diversas recomendaciones a tener en cuenta en las labores que realizaría la trabajadora

2 Notificado a la impugnante el 13 de setiembre de 2021, véase folio 142 del expediente sancionador.

afectada una vez retornara al centro de trabajo, siendo: continuar con rehabilitación; y, no realizar trajín ni cargar peso, pudiendo realizar labores siempre y cuando exista una reubicación laboral en posición sentada. Asimismo, obra el documento emitido por el Dr. Marco Rebatta Zuzunaga que indica: “la paciente puede laborar SENTADA. Debe evitar mantenerse parada por más de diez (10) minutos. Por lo que está en condición de ALTA PARCIAL”.

v. De lo expuesto se aprecia que dichos documentos no mencionan que la trabajadora se encuentre con alguna incapacidad para el trabajo, asimismo incluye restricciones a tenerse en cuenta para realizar en otro puesto de trabajo distinto al que se encontraba, en consecuencia; sobre ello, el inspeccionado no ha acreditado a lo largo de todo el procedimiento de inspección y sancionador la imposibilidad que dicha trabajadora sea reubicada en otros puestos de trabajo.

vi. Como se aprecia, los actos de hostilización se han materializado al momento de no reubicar a la trabajadora en un puesto de trabajo para que realice sus labores de acuerdo con las restricciones, no habiendo demostrado lo contrario; si bien el inspeccionado señala que dispuso de ajustes razonables para continuar con sus labores, no evaluó que en la medida inspectiva de requerimiento, se señaló que se debía otorgar un puesto acorde a las condiciones de salud de la trabajadora, toda vez que el puesto que ostenta se realiza predominantemente de pie; sin embargo, no cumplió con otorgar un puesto de trabajo acorde a las condiciones de salud de la trabajadora afectada.

vii. En relación a las convocatorias presentadas, éstas fueron evaluadas por el personal inspectivo así como en el trámite del procedimiento sancionador, no advirtiéndose si en las funciones que se desarrollarían se realizaría desplazamiento o predominen las funciones encontrándose sentada, asimismo, al haber otorgado licencia sin goce de haber de forma unilateral, privó a la trabajadora afectada de su derecho al trabajo, como medio de desarrollo del ser humano, y a la retribución oportuna por dicho trabajo; de esta manera también la expuso a no continuar con sus tratamientos.

viii. Respecto al Concurso de Infracciones, en el caso de autos se impuso sanción económica al inspeccionado por haber incumplido normas sociolaborales, por haber incurrido en actos de hostilidad y también se impuso la sanción económica por incumplir normas que contravienen el deber de colaboración del inspeccionado con la autoridad inspectiva; razones para considerar que no se trata de una misma conducta que dé lugar a más de una infracción.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Crédito Del Perú

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de octubre 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1443-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. Sobre la supuesta comisión de actos de hostilidad, la Intendencia sostiene que la afectación a la dignidad de la trabajadora se habría configurado por haberle otorgado una licencia sin goce porque no se encontraba apta para el puesto de trabajo. Al respecto es necesario resaltar que esta afirmación carece de asidero en la realidad, ya que la licencia sin goce solo fue otorgada después del otorgamiento de una licencia con goce por un tiempo más que razonable en el que el Banco le remitió ofertas laborales y a las que la trabajadora injustificadamente se negó a postular.

ii. La Intendencia ha omitido valorar que la enfermedad de la trabajadora no tiene origen en un accidente de trabajo, sino por el contrario, se trata de una enfermedad de origen común. Cabe precisar que, se encuentra acreditado que hemos cumplido con todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, evaluando constantemente la salud de la trabajadora, adoptando las medidas correspondientes para evitar cualquier menoscabo de su salud. En el caso concreto, el Banco si ha acreditado que procedió a evaluar el puesto de trabajo ocupado por la señora Ramírez, y, en función a las recomendaciones del médico ocupacional se dispuso los ajustes razonables para que pueda desarrollar sus labores en dicho puesto sin afectar su salud, lo cual se informó a través de una carta notarial a la trabajadora. La señora Ramírez presenta patologías osteomusculares, razón por la cual resulta razonable que se haya realizado todas las medidas necesarias para mantener el vínculo laboral, como la reasignación a la agencia Tupac Amaru, la cual cuenta con comedor y baño en el primer piso, asignación de una silla y computadora, así como el apoyo de sus compañeros en sus funciones. En ese entendido, el otorgamiento unilateral de la licencia sin goce de haberes perseguía una finalidad lícita y legítima, en tanto esta

buscaba mantener vigente el vínculo laboral con la trabajadora, quien a pesar de habérsele otorgado una licencia con goce de más de dos (02) meses, no había postulado a ninguna de las plazas ofrecidas.

iii. De esta manera observamos que, para la configuración del tipo infractor de un acto de hostilidad, se debe acreditar que el empleador utilice su poder de dirección de manera arbitraria, y no solo eso, sino que además se deberá acreditar que existe un ánimo perverso del empleador para humillar o degradar al trabajador, lo cual en el caso concreto ni ha sucedido ni se ha acreditado. Lo que afecta nuestro derecho al debido procedimiento al no haber probado la intención de causarle un perjuicio, ni haber valorado que se le ofrecieron alternativas a la reorganización de sus funciones.

iv. No debió extenderse la medida inspectiva de requerimiento, debido a que solo puede ser adoptada y emitida en el escenario en el que, concluidas las actuaciones inspectivas de investigación, el inspector de trabajo tenga la certeza de estar frente a un incumplimiento de naturaleza subsanable. Para el caso en concreto, se exigió que cumpliéramos con una obligación inexistente, situación por demás ilegal. De esta manera, al validar la medida inspectiva de requerimiento se está transgrediendo el principio de razonabilidad, ya que el Banco ha demostrado que la licencia sin goce fue una medida extraordinaria adoptada solo después del otorgamiento de una licencia con goce y debido a que la trabajadora se negaba a postular a las vacantes ofrecidas por el Banco.

v. Por otro lado, en el supuesto negado, que el Tribunal considere que, si se hubiese configurado un acto hostil contra la trabajadora, este debería tener naturaleza insubsanable, en tanto era imposible que el Banco subsane actos hostiles en el pasado. En consecuencia, no estábamos obligados a cumplir con la medida de requerimiento, porque no se respetó el principio de legalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los elementos constitutivos de los actos de hostilidad 6.1. Previamente a los alegatos que nos ocupan, esta Sala considera pertinente exponer ciertas consideraciones sobre la configuración del acto de hostilidad, y cómo a través de su comisión, se afecta la dignidad del trabajador. Ello, en aras de identificar si - en el presente caso- han concurrido las infracciones que se sancionan.

establece que: "ninguna relación puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”.

9 Cfr. MOLERO MANGLANO, Carlos; SÁNCHEZ-CERVERA VALDÉS, José Manuel y otros. Manual de Derecho del Trabajo. 5ta. Edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 2005, pp. 270-273. 10 TOYAMA, Jorge. El derecho individual del trabajo en el Perú, un enfoque teórico-práctico. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 251.

“Se ha establecido sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad invocado, “propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador”, que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad, sino que por el contrario haciendo uso abusivo del mismo menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los trabajadores; lo que justifica la necesidad de exigir la acreditación de dicha” (énfasis añadido).

11 Casación Laboral N° 25294-2018 LIMA NORTE. 12 Exp. 2235-2004-AA/TC, Fundamento 6, segundo párrafo.

constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional” (énfasis añadido).

Figura 1:

Figura 2:

13 Véase folio 19 y 20 del expediente inspectivo.

14 Véase folio 21 del expediente inspectivo.

electrónico nathali1607@hotmail.com. No obstante, el inspector comisionado ha dejado constancia en el numeral 4.9 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, que, no se ha acreditado, con la exhibición de los correos electrónicos, la fecha de envío de las referidas convocatorias. Lo cual es corroborado a través del correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2019, enviado por la trabajadora a través de su cuenta de correo electrónico nathali1607@hotmail.com al Buzón de Selección del BCP seleccionbcp@bcp.com.pe, por medio del cual comunica que “no le están llegando los correos de convocatorias de puestos de trabajo, conforme a lo indicado (cada semana)”. Asimismo, el inspector comisionado deja constancia en el Acta de Infracción que, las convocatorias no especifican ni describen, si para las funciones a desarrollar en el puesto convocado, se hacen desplazamientos o predomina realizar las funciones estando habitualmente sentada; a fin de que, la trabajadora haya podido evaluar dicho aspecto en consideración a la restricción médica establecida.

“(…) en estricto cumplimiento del Requerimiento de fecha 16 de enero de 2020, el Banco ha dispuesto su incorporación al puesto de Guía de Agencia.

Cabe indicar que, de acuerdo con lo consignado en la Constancia de Actuaciones Inspectivas de fecha 16 de enero de 2020, usted debía enviarnos como máximo el 17 de enero de 2020, las posiciones vacantes en el Banco a las que le interesaba postular, con la finalidad de que el Médico Ocupacional del banco valide su aptitud para ocupar las mismas y podamos reincorporarla a una posición dentro del plazo otorgado en el referido Requerimiento; sin embargo, usted no cumplió con tal compromiso en el plazo dispuesto.

A pesar de ello, con la finalidad de acatar el Requerimiento mencionado, se solicitó al servicio médico ocupacional que realice una evaluación de las diversas posiciones vacantes para poder materializar su efectiva reincorporación y, en virtud de las recomendaciones recogidas en el Informe Médico de fecha 20 de enero de 2020 emitido por la Médico Ocupacional Dra. Palomino Tudela, es que el Banco tomará las siguientes acciones:

- Se le reincorporará al puesto de Guía de Agencia. - Se le otorgará una silla que cumpla con los lineamientos técnicos establecidos en la norma básica de ergonomía, a fin de que pueda mantener una posición sentada durante su jornada laboral. - Se contará con personal de apoyo por un plazo de treinta (30) días, hasta que usted se adapte a realizar sus funciones en posición sentada”.

“(…) El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo”.

Sobre la Medida Inspectiva de Requerimiento 6.29. Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, pueden adoptar acciones orientadas a la misma, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

15 Véase folio 31 del expediente inspectivo. 16 Véase folio 59 del expediente inspectivo. 17 Véase folio 203 del expediente inspectivo. 18 Véase folio 252 del expediente inspectivo.

Sobre la solicitud de informe oral 6.39. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten19 (énfasis añadido).

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”. 6.41. En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado: “28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya

19 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta

Relaciones Laborales Realizar actos de hostilidad que afectan a la dignidad del trabajador, al no asignarle un puesto de trabajo, con características y condiciones adecuadas a la integridad (salud) de la trabajadora. Numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE S/ 9,675.00 Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de enero de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE S/ 9,675.00

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en contra la Resolución de Intendencia N° 1443-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3944-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1443-2021-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente