Banco de Crédito del Perú — Res. 365-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo; y, Horas extras); y, Registro de Control de Asistencia (Sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información necesaria para el desarrollo de las funciones de los inspectores actuantes, requerida el día 18 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información necesaria para el desarrollo de las funciones de los inspectores actuantes, requerida el día 27 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa injustificada de entrada en el centro de trabajo ubicado en el Jirón Sor Manuela Gil 141, Cajamarca (agencia EL Quinde), al inspector auxiliar comisionado, para que se realice una inspección el día 02 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 346,698.00.

i. No han incurrido en la infracción imputada por los inspectores, en razón que en ningún momento negaron injustificadamente el ingreso del inspector a la agencia El Quinde. ii. La Sub Intendencia no ha tomado en consideración que los inspectores excedieron el plazo legal previsto para el desarrollo de las actuaciones. iii. El Informe Final de Instrucción debe ser declarado nulo al haberse vulnerado el derecho al debido procedimiento. iv. La Resolución de Sub Intendencia adolece de una debida motivación. Además, que ha vulnerado el principio de razonabilidad y, tipicidad. v. El Informe Final de Instrucción ha validado un procedimiento donde se ha vulnerado el deber de la Administración de actuar de la forma menos gravosa posible. vi. En la Imputación de Cargos ni en el Acta de Infracción se han identificado a los supuestos trabajadores afectados con certeza.

vii. No se determinó la existencia de un incumplimiento de fondo sobre las materias inspeccionadas; por lo que, no resulta razonable imponer una multa por una supuesta infracción a la labor inspectiva. viii. Solicitan la nulidad del presente procedimiento, debido a que en el mismo se ha incurrido en graves vicios que contravienen la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias.

i. De la notificación del requerimiento de información de fecha 18 de octubre de 2021, se tiene que fue notificado al señor Luis E. Gonzales Otoya, en calidad de Gerente de oficina, durante visita de inspección a las oficinas de la inspeccionada; por lo que, no puede alegar dicho incumplimiento por falta de conocimiento. ii. Del requerimiento de información de fecha 27 de octubre de 2021, cabe precisar que mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR, se aprobó el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica, siendo la inspeccionada notificada en su casilla electrónica el 27 de octubre de 2021; asimismo, por medio del cuerpo legal citado se desprende la obligación del administrado de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada. Por tanto, se verifica la validez de la notificación efectuada. iii. Debe traerse a colación lo señalado en el numeral 7.14.19. de la Directiva N° 002-2020- SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”; por medio del cual, se puede apreciar que los incumplimientos de los requerimientos notificados el 18 y 27 de octubre de 2021, deben considerarse como conductas distintas e independientes; por lo tanto, deben ser objeto de sanción. iv. Siendo así, las infracciones a la labor inspectiva por no remitir la información de fechas 18 y 27 de octubre de 2021, dentro del plazo señalado por el inspector comisionado, han sido debidamente determinadas y se ajustan al tenor del tipo legal por el cual se sancionó, con expresión de la normativa vulnerada, en atención al principio de tipicidad y legalidad. v. Respecto a que el impedimento de ingreso al inspector comisionado se dio en atención a las políticas de seguridad del banco; de lo verificado en las actuaciones inspectivas se advierte que los sistemas de retardo de las cajas buzón/pulmón activados, así como el “cuadre de caja” alegado como impedimento por la supervisora de la agencia, habrían culminado; en razón que, durante el “tiempo de espera” el inspector de trabajo pudo empadronar a trabajadores que retiraban de la oficina, alegando que se encontrarían en su hora de salida; además de encontrarse plasmado en la política de seguridad de la entidad financiera.

2 Notificada a la impugnante el 21 de marzo de 2022, véase folio 75 del expediente sancionador.

vi. En tal sentido, correspondía que al inspector comisionado se le preste las facilidades para el cumplimiento de su labor en la visita inspectiva de fecha 02 de octubre de 2021, a fin de llevar a cabo las actuaciones inspectivas correspondientes. vii. Del plazo otorgado al inspector en la orden de inspección, en mérito al artículo 13 de la LGIT, en concordancia con el numeral 13.3 del artículo 13 del RLGIT, se advierte que mediante Orden de Inspección N° 1022-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, se otorgó el plazo de 30 días hábiles para realizar las investigaciones, el cual se computa desde la visita inspectiva del 29 de septiembre de 2021, culminando el 05 de noviembre de 2021, fecha en que se llevó a cabo la última diligencia; es decir, no se excedió el plazo máximo otorgado. viii. Del número de trabajadores afectados, contrario a lo señalado por la inspeccionada, los mismos han sido debidamente identificados por la autoridad inspectiva en el punto 4.1 del Acta de Infracción N° 513-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ. ix. De la sanción impuesta, se debe indicar que las conductas infractoras han sido graduadas con multas que se encuentran acorde a los parámetros establecidos en el artículo 38 de la LGIT y el artículo 48 del RLGIT. x. Con relación a la vulneración de diversos principios invocados por la inspeccionada, estando a que en los numerales precedentes se ha establecido la validez y el normal desarrollo de las actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador, en consecuencia, la resolución venida en grado de apelación, tampoco ha vulnerado ningún derecho o principio alegado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 045-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, en razón que se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento. ii. No han incurrido en la infracción imputada por los inspectores, en razón que en ningún momento negaron injustificadamente el ingreso del inspector a la agencia El Quinde. iii. La Intendencia ni la Sub Intendencia han tomado en consideración que los inspectores excedieron el plazo legal previsto para el desarrollo de sus actuaciones. iv. La Resolución de Sub Intendencia ha vulnerado el principio de razonabilidad y tipicidad. v. El Informe Final de Instrucción ha validado un procedimiento donde se ha vulnerado el deber de la Administración de actuar de la forma menos gravosa posible. vi. En la Imputación de Cargos ni en el Acta de Infracción se han identificado a los supuestos trabajadores afectados con certeza. vii. No se determinó la existencia de un incumplimiento de fondo sobre las materias inspeccionadas; por lo que, no resulta razonable imponer una multa por una supuesta infracción a la labor inspectiva. viii. Solicitan la nulidad del presente procedimiento, debido a que en el mismo se ha incurrido en graves vicios que contravienen la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias. ix. En consecuencia, por las consideraciones señaladas, no se encontraban obligados a cumplir con la medida de requerimiento, porque no respetaba el principio de legalidad, ni el de debida motivación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los requerimientos de información

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Numeral 1.8.

10 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…).

- El documento denominado “Requerimiento de Información”, de fecha 18 de octubre de 2021, notificado al señor Luis Eduardo Gonzales - Otoya Shuen14, en calidad de gerente de agencia de la impugnante, otorgando un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación:

11 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 12 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 13 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44. 14 Véase folio 29 del expediente inspectivo.

Figura Nº 1:

- Asimismo, conforme se verifica del numeral 4.4 del Acta de Infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada en el plazo otorgado. Motivo por el cual, reitera el 27 de octubre de 2021, el requerimiento de información notificado mediante casilla electrónica15; en un plazo máximo para su cumplimiento de tres (03) días hábiles. Sin embargo, fue incumplido por la impugnante conforme consta en el numeral 4.5 del Acta de Infracción; lo cual impidió la continuación de las actuaciones inspectivas, al no haberse podido verificar la existencia o no de infracciones a las normas sociolaborales, conforme se aprecia del numeral 4.8 del Acta de Infracción.

15 Véase folio 37 del expediente inspectivo.

Sobre la negativa injustificada de entrada al centro de trabajo

la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del Sector Público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada” (énfasis añadido).

“1. Entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche, y sin previo aviso, en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro laboral sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia al sujeto inspeccionado o a su representante, así como al trabajador, al representante” (énfasis añadido).

“Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores del trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: 1. Entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche, y sin previo aviso, en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro laboral sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia al sujeto inspeccionado o a su representante, así como al trabajador, al representante de los trabajadores o de la organización sindical, a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar la eficacia de sus funciones, identificándose con la credencial que a tales efectos se expida”. 17 Véase folios 18 y 19 del expediente inspectivo.

el “cuadre de caja” que lleva 40 minutos aproximadamente. No obstante, el inspector comisionado a verificado la presencia de trabajadores que seguían brindando atención normal al público, así como usuarios (clientes) saliendo del interior luego de su atención. Asimismo, se evidencia que, durante la espera (1 hora y 18 minutos) por parte del inspector en la puerta, salieron del interior del Banco, dos (02) trabajadores que se encontraban en ventanilla, los cuales fueron empadronados18 en el exterior del Banco BCP – Agencia El Quinde, lo que evidencia que el cuadre de caja habría culminado.

“La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical”. Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

18 Véase folio 20 del expediente inspectivo.

los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

de la forma menos gravosa posible, así como que, no se han identificado a los supuestos trabajadores afectados con certeza y, en la supuesta vulneración al principio de legalidad, fundamentos que también fueron desarrollados y abordados en su recurso de apelación, así como en los descargos presentados durante el procedimiento administrativo, y sobre los cuales las instancias previas han emitido pronunciamiento debidamente motivado. Por tanto, no se evidencia del recurso interpuesto, fundamentos distintos a los ya analizados por dichas instancias, por lo que no corresponde acoger dichos extremos del recurso de revisión.

Sobre la solicitud de informe oral

19 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 20 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (el resaltado es nuestro). 21Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho”. 22 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten23 (énfasis añadido).

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente". 6.36 En similar sentido, el Tribunal Constitucional en la resolución recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni

23 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No facilitar la información necesaria para el desarrollo de las funciones de los inspectores actuantes, requerida el día 18 de octubre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

Labor Inspectiva No facilitar la información necesaria para el desarrollo de las funciones de los inspectores actuantes, requerida el día 27 de octubre de 2021.

Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

Labor Inspectiva La negativa injustificada de entrada en el centro de trabajo ubicado en el Jirón Sor Manuela Gil 151, Cajamarca (agencia EL Quinde), al inspector auxiliar comisionado, para que se realice una inspección el día 02 de octubre de 2021

Numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 045-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 18 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 501-2021-SUNAFIL/IRE- CAJ/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 045-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230419MCR