Banco de Crédito del Perú — Res. 263-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Participación de utilidades (Sub materia: Pago). 2 Véase folio 31 del expediente inspectivo. 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el pago por concepto de reparto de utilidades de manera oportuna correspondiente a los ejercicios 2019 a favor de la extrabajadora, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

II. DEL RECURSO DE REVISIÓN 2.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,

3 Véase folio 78 del expediente sancionador. 4 Notificada a la impugnante el 03 de octubre de 2022. Véase folio 101 del expediente sancionador.

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

5 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 24 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 060-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, solicitando la nulidad de la misma, bajo los siguientes alegatos:

i. Refieren que pusieron en evidencia la caducidad del presente procedimiento; sin embargo, en la Resolución de Intendencia no se pronuncian sobre ese extremo, lo que acarrea la nulidad del presente proceso.

ii. Alegan que, en el caso en concreto, con fecha 15 de mayo de 2021 se depositó la Imputación de Cargos y con fecha 17 de mayo de 2021, se notificó, razón por la cual, SUNAFIL tenía hasta el 17 de mayo de 2022 para emitir pronunciamiento de primera instancia; sin embargo, ello no ocurrió, operando el plazo de caducidad.

iii. Manifiestan que se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, en tanto que, pusieron en evidencia que no se han tomado en cuenta documentos e informes; asimismo, señalan que siempre han cumplido con remitir la información solicitada en cada comparecencia, situación que no ha sido debidamente valorada ni tomada en cuenta al momento de establecer las supuestas infracciones, y que además han adjuntando toda la documentación referente a las utilidades del año 2019; con lo cual también cuestionan la afectación al derecho de la prueba y al derecho de defensa.

iv. En cuanto a las utilidades y el descuento autorizado, aducen que tal situación no ha sido verificada ni valorada de manera adecuada.

v. Por otro lado, señalan que cumplieron con adjuntar la evidencia que corrobora que dicho pago no se realizó, dado que la Srta. García, de manera libre y en pleno uso de sus facultades, firmó una autorización de descuento, mediante la cual, el Banco podía, ante su eventual cese, realizar el descuento de la suma de S/ 8,000.00 de su liquidación de beneficios sociales, de cualquier remuneración, de la suma compensatoria por descansos vacacionales adquiridos y no gozados, de las gratificaciones legales o de cualquier otra índole, utilidades, entre otros ingresos que sean necesarios; a fin de poder regularizar el faltante de caja que se diera

mientras se desempeñaba en el cargo de Promotora Principal del BCP, que nunca pudo justificar.

vi. Sobre dicho extremo, dejan claro que el inspector de manera equivocada y subjetiva cuestiona la autorización de descuento, señalando que, del documento en copia simple, se puede advertir que no fue legalizado, tampoco cuenta con sello que testifique su recepción, menos presenta las características de haber sido recibido y/o envidado mediante correo electrónico, o cualquier otro medio informático. No obstante, no señala que normativa establece que, el Banco haya tenido que seguir la formalidad señalada, máxime de la revisión del documento se puede apreciar su firma grabada en puño y letra, así como el número de cuenta sobre la cual se realizaría la retención.

vii. Asimismo, señalan la importancia respecto a que el empleador puede efectuar descuentos sobre la base de la remuneración y beneficios sociales, cuando el trabajador preste su autorización, situación que se dio en el presente caso.

viii. Por otro lado, cuestionan que el inspector haya señalado de manera incorrecta que no se acredita que durante el tiempo de servicio la extrabajadora haya incurrido en una falta laboral y que se haya realizado una investigación mediante proceso administrativo disciplinario, lo que atenta con el debido procedimiento, siendo desproporcional e inexacto.

ix. Al respecto, precisan que nunca fueron requeridos para presentar la información correspondiente al historial de faltas o sanciones impuestas a la excolaboradora, en ese sentido, señalan que resulta no solo perjudicial sino irregular, en tanto que, no se estaban revisando los procedimientos sobre sanciones utilizados por el banco.

x. Sin embargo, señalan que es de conocimiento de la denunciante que luego del apoyo brindado por el banco para la investigación del faltante de dinero, se determinó que no se llegó a verificar el motivo de la diferencia. Por tanto, se le indicó a la colaboradora que debía apoyar en asumir la responsabilidad de sus acciones, autorizando el descuento, el cual se realizó solo de sus utilidades, concepto que no se considera como remunerativo en las boletas de pago. Por tanto, en mérito al principio de razonabilidad no se debió multar sobre hechos inexistentes.

xi. Refieren que se ha vulnerado el principio de tipicidad, debido a que no se han demostrado todos los presupuestos que establece la conducta infractora, no se ha establecido de manera clara y precisa cuál habría sido la conducta infractora por sancionar, más aún si de los actuados, no solo remitieron información, sino que, además, adjuntaron informes. Asimismo, que se ha vulnerado el principio de culpabilidad, porque existe una falta de antijuricidad de la supuesta conducta imputada.

xii. Manifiestan que, la Sub Intendencia ni la Intendencia, han tenido la mínima diligencia de revisar los argumentos, sino que lo único que han hecho es copiar y pegar fundamentos sin verificar los hechos del caso, por lo que se evidencia una grave afectación al debido proceso, lo que conlleva una grave afectación al derecho a la defensa, adoleciendo de una debida fundamentación que conlleva a su nulidad.

xiii. Por otro lado, aducen que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad y razonabilidad, al haberse imputado dos incumplimientos como conductas independientes, a pesar de que constituirían una misma acción infractora, por presuntamente no cumplir con los requerimientos de información que solicitaban el mismo pedido, al respecto, invocan la Resolución N° 324-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala.

xiv. Asimismo, alegan que se ha inaplicado la Resolución N° 432-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, en tanto que la imputación de responsabilidad basada en la norma sancionadora citada no es pertinente, debido a que no existe una afectación a la colaboradora y menos aún, cuando existe una autorización de descuento.

xv. Precisan que se han inaplicado los artículos 16 y 47 de la LGIT y el principio de la realidad, en tanto que el inspector laboral no ha realizado un correcto análisis del caso, ni ha valorado los medios probatorios que acreditan que se ha cumplido con las obligaciones laborales.

xvi. Señalan que se ha inaplicado el principio de non bis in ídem, en tanto que supuestamente habrían cometido dos infracciones muy graves, pero la misma infracción se repite por los mismos hechos, que es la supuesta infracción relacionada a la negativa de emitir documentación, por tanto, la infracción es la misma, la cual subsiste en el tiempo, más no se pueden imponer multas por el mismo supuesto. Por lo que, resulta errado y abusivo sancionar un mismo hecho dos veces.

xvii. Por último, refieren que se ha vulnerado el principio de legalidad, debida motivación y razonabilidad de la medida de requerimiento, en tanto que, se les impone dos multas sobre un mismo hecho, situación que es contraria, conforme a lo establecido en el artículo 66.10 del TUO de la LPAG.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo.

3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”6.

6 Morón Urbina, J.C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 14va Ed., Tomo 2, pp. 538 – 539.

Figura N° 01: Línea de Tiempo

7 Véase folio 78 del expediente sancionador. Inicio del cómputo de plazo 17.05.2021 (Se notifica la Imputación de Cargos y Acta de Infracción)

Sub Intendencia N° 94-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SIRE, luego de la fecha máxima que tenía para ser notificada, según los alcances del artículo 259 del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra la Resolución de Intendencia N° 060-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 30 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ucayali, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 020-2021- SUNAFIL/IRE-UCA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el BANCO DE CREDITO DEL PERU recaído en el expediente sancionador N° 020-2021- SUNAFIL/IRE-UCA, de la Intendencia Regional de Ucayali, por los fundamentos expuestos en la presente resolución, disponiendo su archivo.

TERCERO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Ucayali, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240313MCR