Banco de Crédito del Perú — Res. 254-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (Submateria: Incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: horas extras). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no registra su salida en el registro de control de asistencia, los trabajadores que se indican en los cuadros N° 1 y 2 del numeral 4.9 de los hechos comprobados en el acta de infracción, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no presentar la información solicitada mediante requerimiento de información notificado con fecha 10 de noviembre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

i. La autoridad no analizó los argumentos que han presentado en sus descargos a la Imputación de Cargos y Acta de Infracción, y al Informe Final de Instrucción, en especial, lo argumentado sobre los trabajadores con respecto al registro de sus horas. ii. La obligación de registrar la hora de ingreso y salida del centro de trabajo es de los trabajadores, por encontrarse expresamente establecido en el artículo 14° del Reglamento Interno del Trabajo. iii. La Resolución Nº 469-2021- Primera sala del TFL, mediante la cual, se establece que el deber de supervisión no consiste en que los empleadores estén vigilando en todo momento a sus trabajadores, toda vez que señala que los trabajadores conocen el procedimiento de registro de sus horas. iv. Se vulneró el principio de tipicidad al no acreditar la concurrencia de las condiciones mínimas para confirmar una sanción.

2 Notificada a la impugnante el 27 de marzo de 2023, ver folio 186 del expediente sancionador. soft

i. El administrado, no ha acreditado en el registro de control de asistencia haberse consignado el registro de salida de los trabajadores, cuando la responsabilidad es del sujeto inspeccionado verificar el correcto llenado del Registro de Control de Asistencia; por lo que, el no contar con el registro de salida de los trabajadores, constituye infracción en materia de relaciones laborales, las cuales son de caracter insubsanable. ii. Se han identificado correctamente las infracciones que la accionante habría incurrido de manera específica y consecuentemente la multa correspondiente, evidenciándose la debida motivación, así mismo se ha notificado dentro del plazo para que también puedan presentar sus descargos que por ley le corresponden, siendo evidente así que tampoco se le ha vulnerado su derecho de defensa, razón por lo cual no existiría ninguna nulidad al procedimiento inspectivo, puesto que no se ha lesionado su derecho a un debido procedimiento. iii. Debe tener en cuenta la administrada que en el requerimiento de información solicitado de fecha 10 de noviembre de 2021 contenía información distinta a la solicitada en el requerimiento de comparecencia de fecha 21 de setiembre de 2021 (ver folio 13 y 14 del expediente inspectivo), por lo que no puede señalar que era la misma información, asi mismo debe tenerse en cuenta que en el requerimiento de información de fecha 10 de noviembre de 2021, se señalaba que el negarse a proporcionar la información solicitada constituía una infracción a la labor inspectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Regional N° 062-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, señalando los siguientes alegatos:

- Inaplicación del numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues no se observó que la imputación efectuada por el inspector y por las autoridades vulneran el principio de tipicidad al no precisar el supuesto de hecho en que habría incurrido el BCP y al sancionarlo por un supuesto de hecho no contenido en el tipo infractor. Asimismo, cuenta con un registro de control de asistencia que cubre todos los requisitos mínimos y que fue presentado como medio probatorio.

- Solo se podrá sancionar bajo el numeral 46.3 del RLGIT cuando se cumpla con (i) una negativa de parte del administrado y (ji) su comportamiento imposibilite la fiscalización. El Banco respondió al requerimiento de comparecencia, con fecha 29 de setiembre de 2021, brindando toda la información que tiene en su base de datos y archivos. Sin embargo, el 10 de octubre de 2021, el Inspector irrazonablemente solicitó de nuevo la misma información; por lo que, el Banco optó por no contar el siguiente requerimiento de información, ya que se solicitaba información repetida y con la que el Inspector ya contaba. Asimismo, no frustró en ningún momento la inspección

- Se ha vulnerado el derecho a obtener una resolución debidamente motivada, pues la Intendencia incurre en una falta de motivación interna del razonamiento, en tanto se presenta incoherencia narrativa en la argumentación que presuntamente sustenta la sanción.

- El hecho de que un trabajador omita marcar su ingreso y/o salida en el registro de control. no significa que en el empleador no cuente con un registro de control de asistencia que cumpla con los requisitos mínimos.

- La Resolución No. 469-2021-Primera Sala del TFL, mediante la cual, el citado, TFL señaló que el deber de supervisión no consiste en que los empleadores estén vigilando en todo momento a sus trabajadores.

- Se analizó el principio de culpabilidad a partir de la supuesta tipicidad de la infracción imputada y no desde la responsabilidad subjetiva que debe atribuirse al infractor. La Intendencia no analizó quién fue responsable de que no se registren algunas marcaciones en el Registro de Control de Asistencia.

Con fecha 11 de febrero de 2025, la impugnante presentó un escrito con la sumilla “Téngase presente para mejor resolver”, señalando los siguientes alegatos:

- Es preciso tomar en cuenta al momento de resolver que a través de tres resoluciones de Sala Plena, se estableció precedentes de observancia obligatoria con respecto a la necesidad de los Inspectores de utilizar medios alternativos ante la falta de respuesta de un primer requerimiento de información (Resolución de Sala Plena No. 012-2023-

SUNAFIL/TFL, Resolución de Sala Plena No. 021-2024-SUNAFIL/TFL, Resolución No. 217- 2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución No. 415-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución No. 235-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución No. 316-2024- SUNAFIL/TFL-Primera Sala). Su inaplicación vulnera el principio de predictibilidad y confianza legítima, debiéndose declarar la nulidad.

- Las infracciones atribuidas no se ajustan a lo establecido por el TFL. De acuerdo con los precedentes la Inspectora de Trabajo no solo debió agotar los medios de investigación, bajo el principio de razonabilidad, sino que propuso infracciones que no cumplen con el principio de tipicidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004- 2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Sobre el Registro de Control de Asistencia

“(…) Se ha verificado que el sujeto inspeccionado BANCO DE CREDITO DEL PERU cuenta con un registro de control de asistencia, cuyo periodo de presentación ha sido comprendido del 01/01/2018 a la fecha de inspección 28/09/2021, por lo que de la revisión de dicho documento se advierte que los trabajadores que se indican en el CUADRO Nº 1, sólo han registrado su ingreso pero no la salida de la jornada de trabajo, cuyas fechas se detallan en el Anexo de insubsanabilidad, infringiendo el art. 2 del D.S Nº 004-2006-TR modificado por el D.S Nº 011-2006-TR, es decir no contar con la información mínima.”

“(…) En el presente caso los trabajadores que se indican en el CUADRO Nº2, han sido calificados como trabajadores de confianza sujetos a fiscalización, por lo que

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022- SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

existe la obligación del sujeto inspeccionado BANCO DE CREDITO DEL PERU de llevar un registro de control de asistencia. (…) Se ha verificado que el sujeto inspeccionado BANCO DE CREDITO DEL PERU cuenta con un registro de control de asistencia, cuyo periodo de presentación ha sido comprendido del 01/01/2018 a la fecha de inspección 28/09/2021, por lo que de la revisión de dicho documento se advierte que los trabajadores que se indican en el CUADRO Nº 2, sólo han registrado su ingreso pero no la salida de la jornada de trabajo, cuyas fechas se detallan en el Anexo de insubsanabilidad, infringiendo el art. 2 del D.S Nº 004-2006- TR modificado por el D.S Nº 011-2006-TR, es decir no contar con la información mínima.”

“Se tiene que el sujeto inspeccionado BANCO DE CREDITO DEL PERU cuenta con un registro de control de asistencia, pero no con las formalidades de ley, es decir no contar con la información mínima al no haber registrado su salida los trabajadores que se indican en los CUADROS Nº 01 y 02 del punto 4.9 de los hechos comprobados de la presente Acta, cuyas fechas se detallan en el Anexo de insubsanabilidad, por lo que se incurre en una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, previsto el numeral 25.19 del Artículo 25º del D.S. N° 019- 2006-TR, la misma que señala "No contar con el registro de control de asistencia, respecto de uno o más trabajadores, o que, teniéndolo, no contenga información mínima, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo"; Pues dicha infracción es naturaleza insubsanable, en cuanto se trata de un registro de control diario que debe ser realizado de forma personal por el trabajador, cuya obligación prescribe diariamente, no teniendo validez ni utilidad un registro realizado o llevado de forma posterior, por cuanto sus efectos dañosos ya tuvieron lugar y causaron perjuicio en el trabajador no siendo posible para el sujeto inspeccionado reparar el perjuicio ocasionado al no poder retrotraer en el tiempo, por lo que se procedió a comunicar este hecho al sujeto inspeccionado, siendo los trabajadores los que se indican en los CUADROS Nº 01 y Nº 02.”

“36. Como podemos observar, el artículo en mención despliega diversas situaciones; la primera, contempla la posibilidad de que el sujeto inspeccionado no cuente con un registro de control de asistencia; la segunda, que no contenga la información mínima; y, la tercera, que se le impida o sustituya al trabajador en el registro de su tiempo. En este contexto normativo, queremos centramos en la conducta referida al contenido de la información mínima; si bien, el Banco manifiesta que su registro contaba con los datos requeridos en el citado decreto

supremo, para este despacho, la interpretación efectuada por el Banco es errada, puesto que, descontextualiza el artículo 2º del D.S. Nº 004-2006-TR, cuando las normas deben interpretarse en su conjunto y no de forma aislada como se pretende. 37. Así también, es importante resaltar, que el espíritu del artículo en mención tiene como propósito, llevar un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, este documento es útil para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. 38. En tal sentido, resulta incongruente atribuirle la responsabilidad al trabajador las omisiones de marcado, cuando de los registros efectuados dependerá el pago de la remuneración de cada uno de los trabajadores; por lo tanto, los argumentos en este extremo son desestimados, pues como observa del trigésimo quinto considerando de la presente resolución, el artículo 25º del numeral 25.19 del RLGIT contempla varios supuestos y uno de ellos es que el registro de control no contenga la información mínimo, situación que fue advertida por el Inspector comisionado.”

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso” (énfasis añadido).

jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo”10.

“6.10 La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que la obligación de registro del control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia11 en su manejo, pues la normativa invocada no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realice las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad, pues constituye un deber de la inspeccionada en su implementación, el adecuado llevado, control y supervisión continua del registro del control de asistencia.

10 Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, “Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada”. 11 Véase la sentencia recaída en el expediente Nº 02111-2010-PA/TC- LIMA, Fundamento jurídico 42, tercer párrafo: “En ese sentido, el informe reconoce a la debida diligencia como un componente esencial del mencionado deber empresarial, definiéndola como “aquel conjunto de medidas que debe tomar una empresa para tener conocimiento, prevenir y responder a los efectos negativos que su actuación produce sobre los derechos humanos” [Proteger, respetar y remediar…, op. cit., párrafo 56]. Esas medidas incluyen: la adopción de una política de derechos humanos al interior de la corporación, medidas de evaluación de los impactos, mecanismos de integración de las políticas en toda la organización, y finalmente, procedimientos de vigilancia y control de las medidas implementadas. Finalmente, el informe señala que la debida diligencia no tiene un alcance fijo o inamovible, sino que puede variar según las circunstancias, por lo que, para determinarlo, las empresas deberán tener en cuenta los siguientes factores: a) el contexto del país en el que tienen lugar sus operaciones; b) los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos según el contexto; y c) si pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas (es decir, en su relación con sus socios mercantiles, proveedores, organismos estatales y otros actores no estatales).”

“25.19. No contar con el registro de control de asistencia, respecto de uno o más trabajadores, o que, teniéndolo, no contenga información mínima, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”.

- Regla N° 1: No contar con registro de control de asistencia, es decir, debe entenderse la ausencia total del registro respecto de un trabajador. - Regla N° 2: Teniendo registro de control de asistencia, impide al trabajador el registro. - Regla N° 3: Teniendo registro de control de asistencia, reemplaza al trabajador en el llenado del mismo.

12 El periodo de presentación ha sido comprendido del 01/01/2018 a la fecha de inspección 28/09/2021. 13 Vigente desde el 4 de julio de 2021, Decreto Supremo N° 014-2021-TR. 14 “25.19 No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo.”

conjunto de trabajadores; sin embargo, el trabajador no consigne de forma personal15 el registro de asistencia diario de una persona o personas en específico solicitado por el personal inspectivo. Para ello, nos remitimos a la definición brindada por la Real Academia de la Lengua que respecto al término “registrar” establece lo siguiente:

Registrar (...) 4. verbo transitivo Transcribir o extractar en los libros de un registro público las resoluciones de la autoridad o los actos jurídicos de los particulares. 9.verbo transitivo Contabilizar, enumerar los casos reiterados de alguna cosa o suceso.

15 Conforme lo exige el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR.

desarrollado en la misma; sin perjuicio de ello, los fundamentos citados se refieren a una infracción en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, diferente a la sancionada en el presente expediente sancionador. Por tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Sobre el requerimiento de información

16 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

17 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…).

- Requerimiento de comparecencia del 21 de setiembre de 2021, notificado en la casilla electrónica de la impugnante en la misma fecha, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación:

18 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 19 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 20 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

- Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación, del 10 de noviembre de 2021, notificado en la casilla electrónica de la impugnante en la misma fecha, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación:

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del

artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos

administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales No registra su salida en el registro de control de asistencia, los trabajadores que se indican en los cuadros N° 1 y 2 del numeral 4.9 de los hechos comprobados en el acta de infracción. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

Labor Inspectiva No presentar la información solicitada mediante requerimiento de información notificado con fecha 10 de noviembre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-

TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 062-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, emitida por la Intendencia Regional de Ancash dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 252-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 062-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250312CEC – HR 129215-2021