Banco de Crédito del Perú — Res. 242-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Sub materia: asignaciones). 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información requerida el día 07 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información requerida el día 18 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Señala que no se encuentra obligada a presentar información sobre su representatividad, pues, dicha información se encuentra en el portal institucional de SUNAT, por lo que se estaría vulnerando el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1246.

ii. En cuanto a la presentación de los contratos de trabajo, boletas de pago y pagos de la asignación familiar, refiere que no se encuentra en la obligación de presentarlos, pues, ha transcurrido más de cinco años para la conservación de dichos documentos, conforme lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1310, por lo que, alega, se vulnera el principio de legalidad.

iii. En ese sentido, la sanción impuesta afecta el principio de razonabilidad. Además, indica que se debió imponer una sola infracción, por ser el incumplimiento imputado una infracción continuada, pues, en los dos requerimientos de información, la autoridad administrativa solicitó se presente la misma información.

iv. Por lo expuesto, solicita se declare la nulidad de la resolución sancionadora.

i. Que, cada requerimiento de información constituye una de las modalidades de actuación de investigación a las que se encuentran facultados los inspectores

2 Notificada a la impugnante el 31 de marzo de 2022, véase folio 69 del expediente sancionador.

actuantes, por lo que los requerimientos realizados han sido efectuados en fechas y circunstancias distintas, esto es, el 07 y 18 de octubre de 2021, por lo que son independientes y diferentes y no una misma acción, de allí que no implican una nueva oportunidad o ampliación del plazo para su cumplimiento.

ii. Por tanto, ante los incumplimientos a los requerimientos de información, que sucedió en el presente caso, tienen como consecuencia que sean de comisión inmediata e insubsanable, no siendo factible retrotraer el tiempo y enmendar dicha conducta. Por lo que, el inspector comisionado concluye que se configura la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

iii. Respecto al documento que acredite la representatividad de la impugnante frente a las inspecciones de trabajo, precisa que, dicha información en específico, no es una de libre acceso para el inspector de trabajo, menos aún que se pueda obtener a través del internet y otro medio, como SUNAT. En tal sentido, lo solicitado constituye requisito de procedibilidad para la determinación de la representación de la persona jurídica a través de su apoderado. Más aún, si en su recurso de apelación se advierte que la impugnante cuenta con quince apoderados, de los cuales, sin la presentación de la información solicitada, resulta imposible determinar cuál de ellos ejerce su representación, así como evidenciar las facultades conferidas a cada uno de ellos. Por lo que, desestima los argumentos de la impugnante en este extremo.

iv. Respecto a los otros documentos que sí se encuentran en poder del empleador, la Intendencia indica que, la aplicación de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1310, invocado por la recurrente, que prescribe que el empleador se encuentra obligado a conservar los documentos y constancias de pago hasta cinco años, resulta de aplicación imposible al presente caso, pues, la impugnante no ha acreditado fehacientemente el pago de las remuneraciones y asignación familiar a favor de la trabajadora afectada, por lo que, no se puede computar el plazo de los cinco años. Además, nada impedía cumplir a la recurrente con presentar las boletas de pago de los periodos de 2016 al 2020. Por lo que, concluye, que los requerimientos han sido emitidos conforme a ley, no afectándose el principio de legalidad.

v. Finalmente, concluye que, no se afectó los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues, al existir dos incumplimientos se efectúa dos infracciones, por lo que al momento de la sanción se toma en cuenta la tabla contenida en el Decreto Supremo Nº 015-2007-TR.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 099-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

i. Vulneración del debido procedimiento, en razón que la autoridad administrativa no ha sido clara al justificar las razones por las cuales se pretende sancionar. En vista a estas consideraciones, solicitan al Tribunal se sirva con aplicar correctamente el ordenamiento legal vigente y rectificar el sentido de la Resolución de Intendencia y excluir las multas impuestas, por no ser debidamente motivadas.

ii. Vulneración del principio de tipicidad debido a que no se han demostrado todos los presupuestos que establece la conducta infractora, lo cual constituye causal de nulidad.

iii. Asimismo, alega la vulneración del principio de presunción de licitud, debido a que a través de las actuaciones inspectivas que realizan los inspectores, es la Administración quien tiene que recabar medios probatorios suficientes y acreditar que el administrado ha cometido alguna infracción. Esta posición es respaldada por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 056-2021.

En el presente caso, afirma que es la Administración quien debe acreditar que ha cometido alguna infracción, sin embargo, la SIRE y la Intendencia parten automáticamente del supuesto que el Banco no ha brindado la información solicitada.

iv. Alega la vulneración a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, en razón de que se han imputado dos incumplimientos como conductas independientes, a pesar de que finalmente constituirían una misma acción infractora, y esto es, por presuntamente no cumplir con los requerimientos de información que solicitan el mismo pedido.

v. De esta manera, en el caso concreto se desconoce la figura de la infracción continuada, lo cual trae como consecuencia que el Banco sea sancionado por dos infracciones distintas y no solo una, lo cual afecta al derecho de los administrados a que las actuaciones de la Administración, sean las menos gravosas, vulnerándose el principio de razonabilidad.

vi. Cabe resaltar que la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral emitió la de un accidente de trabajo que constituyan incumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, en base a lo dispuesto por el artículo 28.10, deberán tipificarse de forma conjunta y subsumirse en dicho tipo infractor, no debiendo ser calificadas y tipificadas de forma independiente. Si bien es cierto, el tipo infractor es distinto, es aplicable a este caso, pues el principal fundamento es que ello constituye una infracción continuada.

vii. Alegan la vulneración a los principios de legalidad, defensa, debida motivación y razonabilidad de la medida de requerimiento, en vista que realizaron una motivación inexistente o aparente.

viii. Por último, solicita la nulidad de la resolución impugnada porque considera se ha visto afectada su derecho de defensa, pues tanto la SIRE como la Intendencia realizaron un análisis aparente.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al deber de motivación, defensa y debido procedimiento

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Numeral 1.4 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 11 Ibídem.

premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre los requerimientos de información

12 Principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

13 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 14 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones

se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”15.

- Del documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 07 de octubre de 2021, notificado mediante casilla electrónica, se otorgó un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar la siguiente documentación: Figura Nº 01

- Asimismo, respecto al envío de las alertas de notificación, conforme a la información de OGTIC, se evidencia que se envió éstas en las fechas del 07 y 18 de octubre de 2021 a los siguientes correos electrónicos: ceciliamanrique@bcp.com.pe; asesoria.bcp3@gmail.com; mpoicon@vinateatoyama.com; msanchez@vinateatoyama.com; mrodriguez@vinateatoyama.com; mjparedes@vinateatoyama.com; asalvador@vinateatoyama.com; catherineyrodriguez@bcp.com.pe, conforme consta en las siguientes imágenes:

no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 15 Morón Urbina, J. (2019), “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 14va ed., Tomo II., p. 421. 16 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

Figura Nº 02

- Asimismo, conforme se verifica de los numerales 4.3 del Acta de Infracción, el inspector comisionado dejó constancia que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada en el plazo otorgado. Motivo por el cual, reitera el 18 de octubre de 2021, el requerimiento de información notificado mediante casilla electrónica; en un plazo máximo para su cumplimiento de cuatro (04) días hábiles.

Figura Nº 03

- Sin embargo, fue incumplido por la impugnante conforme consta en el numeral 4.3 del Acta de Infracción; lo cual impidió la continuación de las actuaciones inspectivas, al no haberse podido verificar la existencia o no de infracciones a las normas sociolaborales, conforme se aprecia del numeral 4.4 del Acta de Infracción.

tipicidad17, ni de legalidad. En efecto, la impugnante señala en su recurso de revisión, que cumplió con remitir la información solicitada; sin embargo, dicha afirmación, conforme se observa de los actuados, no ha sido sustentada, pues, no se ha presentado ningún medio de prueba que acredite y/o corrobore la afirmación del impugnante, lo cual resulta de especial trascendencia a efectos de desvirtuar la presunción de certeza de los hechos constatados en el acta de infracción, toda vez que de los numerales 4.3 y 4.4 del Acta de Infracción se advierte que los requerimientos de información notificados vía casilla electrónica de la impugnante, no fueron atendidos. Asimismo, de la revisión del expediente inspectivo y sancionador, no se evidencia ningún documento que corrobore lo alegado por la impugnante.

17 Se advierte, además, que ha sido debidamente notificada del procedimiento sancionador, conforme las constancias de notificación de folios 34, 42, 48 y 69 del expediente sancionador.

del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dichos artículos. No obstante, en el presente caso, se advierte que las actuaciones inspectivas estaban orientadas a verificar la materia: “Remuneraciones: asignaciones”; en mérito a ello el inspector comisionado notificó los requerimientos de información vía casilla electrónica el 07 y 18 de octubre de 2021, para que la impugnante cumpla con proporcionar la información y/o documentación solicitada. Sin embargo, la impugnante no atendió los requerimientos de información, incurriendo en infracciones a la labor inspectiva, incumpliendo con su deber de colaboración a la labor inspectiva.

Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad

“Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

administrativa determinó, adecuadamente, la configuración de dos infracciones a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Del principio de buena fe procedimental

“(…) utilizar el procedimiento o algunas de sus actuaciones para lograr fines fraudulentos, reiterar un pedido simultánea o sucesivamente hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada antes, alegar hechos contrarios a la realidad, emplear maniobras dilatorias o que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento, ocultar información sobre terceros interesados, son conductas contrarias a la buena fe ejecutadas por los administrados, y que vician un procedimiento por aplicación de este principio”19.

18 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 19 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. Página 106.

aparente cuando la autoridad simplemente omite motivar o no exponga los elementos fácticos y jurídicos necesarios que den sustento a su decisión (…) en vista que nuestra representada sí cumplió con remitir la información requerida por lo que se adolece de una debida motivación en la resolución de intendencia”, sin que acompañe algún medio de prueba que sustente su afirmación, toda vez que, de lo actuado en el proceso inspectivo y sancionador, no se advierte lo alegado por la recurrente, siendo que en los numerales 4.3 y 4.4 del Acta de Infracción, consta que el sujeto inspeccionado -Banco de Crédito del Perú- no cumplió con remitir la información requerida en dos oportunidades, requerimientos que fueron debidamente notificados. Por ello, esta Sala identifica que el actuar de la impugnante, vulnera este principio, al señalar argumentos sin sustento probatorio alguno, pretendiendo con ello, hacer incurrir en error a este Tribunal, aludiendo supuestas vulneraciones a derechos fundamentales y señalando el comportamiento ajeno a la Ley de la autoridad administrativa, sin que desvirtúe los hechos recogidos y constatados en el Acta de Infracción, los cuales ostentan presunción de certeza conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la LGIT. Por tales razones, se exhorta a la impugnante a adecuar su conducta al mencionado principio.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No facilitar la información requerida el día 07 de octubre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No facilitar la información requerida el día 18 de octubre de 2021 Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 099-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 681-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 099-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230315ECHV