Banco de Crédito del Perú — Res. 24-2022

1. ANTECEDENTES

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (sueldo y salarios)); Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: otros hostigamientos) y, Trabajo remoto (Sub materia: Incluye todas) 20555195444 soft

del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no proporcionar la documentación e información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 17 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a la suma de S/ 11,572.00 soles.

i. La autoridad inspectiva incurrió en una arbitrariedad al otorgarle solo un plazo de 03 días para cumplir con el requerimiento de información de fecha 17 de marzo de 2021. ii. Se inobservó que el plazo otorgado, es irrisorio. Atendiendo, al gran número de trabajadores que posee (aproximadamente 17 mil) y las diversas agencias e instalaciones a nivel nacional; y, tienen una gran demanda de requerimiento de información semanalmente, aproximadamente 06, en las diferentes intendencias de SUNAFIL, a nivel nacional. iii. No se valoró que la impugnante, no se negó a cumplir con la labor inspectiva, pues cumplió con brindar la información requerida, en el primer y segundo requerimiento. Y respecto al tercer requerimiento de fecha 17 de marzo de 2021, con la finalidad de cumplir con aportar la información requerida, solicitó dentro del plazo de la ley, una ampliación de plazo de 3 días adicionales a los ya otorgados por el inspector. iv. Se ha impuesto sanción por no proporcionar información, que ya había sido solicita en el primer requerimiento de fecha 15 de febrero de 2021 y en el segundo requerimiento del 22 de febrero de 2021. Lo que, resulta desproporcional, al suponer una supuesta negativa para proporcionar la información solicita.

i. En tenor al numeral 7.5.12 de la Directiva Nº 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”; la impugnante alega que se debió aprobar su solicitud de ampliación al plazo fijado para el cumplimiento del requerimiento de información. Sin embargo, no tomó en cuenta los numerales 7.5.9 y 7.5.10, de la misma directiva; que establece que quién solicita la ampliación de

2 Notificada a la impugnante el 23 de setiembre de 2021, conforme obra a folios 63 del expediente sancionador.

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plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas únicamente le compete al inspector de trabajo comisionado, facultad que es ejercida a su discreción. Por lo que dicho argumento debe ser desestimado. Además, se debe indicar que el objeto materia de inspección, en este caso, no reviste de complejidad, al no estar dentro de los criterios establecidos por la Resolución Nº 189-2019-SUNAFIL. ii. La inspeccionada alega, que se le había solicitado la misma información en más de una oportunidad. Al respecto, se aprecia que en el requerimiento de información de fecha 22 de febrero de 2021, se le requirió presente siete documentos; sin embargo, solo presentó cuatro, conforme la constancia de actuaciones inspectivas de fecha 08 de marzo de 2021. Por lo que fue reiterada en el tercer requerimiento de fecha 17 de marzo de 2021. Y si bien, la inspeccionada no se encontraba obligada a presentar una información que hubiera presentado con anterioridad. Lo cierto es que no presentó ninguna documentación, incurriendo en una infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. iii. Respecto a la razonabilidad en el plazo otorgado por el inspector comisionado, referido a los tres días hábiles para cumplir con el requerimiento de fecha del 17 de marzo de 2021. Tal como lo resolvió la Sub Intendencia de Resolución, en la resolución que es materia de impugnación. En el presente caso se verifica que el inspector comisionado aplicó un criterio razonable, al fijar el plazo otorgado, atendiendo a la documentación requerida; por lo que, sus argumentos dirigidos en este extremo, no son de relevancia en el presente procedimiento sancionador. Más aún, si se tiene en cuenta que la documentación solicitada el 17 de marzo de 2021, era necesaria para que la inspectora comisionada cumpla con su labor, referida a la verificación de las normas sociolaborales, materia de la Orden de Inspección Nº 150- 2021-SUNAFIL/IRE-CAJ.

2. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

3. DEL RECURSO DE REVISIÓN

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

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recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

4. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14. 9 Iniciándose el plazo el 24 de septiembre de 2021.

5. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Con fecha 06 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 149-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

- Infracción normativa consistente en la interpretación errónea del literal 7.5.12 de la Directiva Nº 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva. - Dada la cercanía del plazo de los 30 días para culminar con las investigaciones, cumplir con el procedimiento requerido en la mencionada directiva no era posible. La SUNAFIL, desde un principio hubiera solicitado toda la información que consideraba pertinente, pues antes del requerimiento del 17 de marzo, el inspector efectuó otros dos requerimientos de información, el 15 y 22 de febrero de 2020, otorgando 4 y 9 días hábiles respectivamente para su cumplimiento; y a los cuales ha dado respuesta, brindando toda la información solicitada. Además, si bien la norma invocada, está referida a la facultad del inspector de trabajo para ampliar la investigación, de ningún modo, una interpretación amplia del deber de colaboración puede significar un espacio de indefensión para el sujeto inspeccionado. Siendo el objeto de la ampliación de plazo presentada, el poner en conocimiento al inspector de trabajo, la situación de la compañía, debido a los diversos requerimientos de información que recibe de forma semanal de las diversas intendencias de la SUNAFIL; por lo que, sin pretender que ello sea una excusa para evadir el deber de proporcionar información, se solicitó un tiempo razonable para proporcionar lo requerido. - Infracción normativa por interpretación errónea del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Se ha inobservado la conducta de la inspeccionada de haber colaborado con brindar toda la información requerida el 15 y 22 de febrero de 2021. Incluso el 17 de marzo de 2021, se ha requerido información que ya había sido presentada en los anteriores requerimientos. - Infracción normativa por inaplicación del artículo 31 de la LGIT; se inobservó que las infracciones a la labor inspectiva, estarían calificadas como graves y no como muy graves. - Vulneración al principio de interdicción de la arbitrariedad. - No se valoró que siempre colaboró con la labor inspectiva, por lo que, la sanción impuesta es arbitraria. - Vulneración al principio de razonabilidad. Se ha impuesto una sanción, por no proporcionar información. La cual ya fue solicitada el 15 y el 22 de febrero de 2021; por ende, la multa impuesta es desproporcional.

6. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre el literal 7.5.12 de la Directiva Nº 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva

“ La solicitud de ampliación se presenta por escrito ante el Sub Intendente de Actuación Inspectiva, Sub Director de Inspección o autoridad que haga sus veces, con tres (3) días hábiles de antelación al vencimiento del plazo originalmente previsto, debidamente fundamentada, con el visto bueno del Supervisor Inspector o quien haga sus veces habiéndose realizado previamente visita inspectiva o

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diligencia de comparecencia; solicitud que debe ser atendida dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada. El otorgamiento de la ampliación, así como el plazo de la misma, responderán a la pertinencia, razonabilidad y proporcionalidad del caso concreto, en concordancia con los fines de la inspección.

Figura Nº 01:

Figura Nº 02

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

10 LGIT, artículo 1. 11 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

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Sobre la conducta tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

12LGIT, aprobada por Ley N° 28806, numeral 3.1 del artículo 5: En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. 13LGIT, aprobada por Ley N° 28806, artículo 11: “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. (El énfasis es añadido). 14 Ley General de Inspección del Trabajo, aprobada por Ley N° 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…)(énfasis añadido).

Figura Nº 03

15 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 16 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 17 Véase folio 48 del expediente inspectivo.

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Figura Nº 04

18 TUO LPAG Artículo IV. 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

nuestro ordenamiento sociolaboral, por lo que corresponde desestimar el presente alegato expuesto.

Sobre el argumento referido al artículo 31 de la LGIT 6.21 De acuerdo con el recurso materia de revisión, la impugnante considera que se ha realizado una indebida calificación al hecho imputado, porque -a su juicio- correspondía que el incumplimiento del requerimiento fuera calificado como una infracción grave.

19 Inciso b) 20 Inciso c)

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encuentra debidamente imputada por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; es decir, bajo los alcances de un tipo infractor calificado como muy grave. Por tanto, las instancias inferiores han observado el principio de legalidad21 al determinar la responsabilidad administrativa de la impugnante, por lo que, esta Sala desestima este extremo del recurso de revisión.

Sobre la solicitud de informe oral

21 TUO de la LPAG Artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 22 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en contra de la Resolución de Intendencia N° 149-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 173-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 149-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUTARTO. – Notificar la presente resolución al BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Cajamarca.

SEXTO. –Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente