Banco de Crédito del Perú — Res. 23-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Sub materia: Asignaciones (Subgrupo: Asignación familiar)). CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

Trabajadores del Banco de Crédito del Perú (en adelante, el Sindicato), de fecha 05 de abril de 20192.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la asignación familiar, a favor de cuarenta (40) trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,900.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 23 de octubre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

i. Que, a lo largo del presente procedimiento, sostiene haber cumplido con acreditar el pago íntegro y oportuno de la asignación familiar de junio de 2019, a los 40 trabajadores considerados como afectados, el mismo que ha sido reconocido en los considerandos 12 y 13 de la resolución de primera instancia, evidenciándose que han acordado con los trabajadores un determinado monto pero compuesto de dos conceptos distintos: i) remuneración básica; y, ii) asignación familiar prevista en la Ley N° 25129. Es por ello que, en las boletas de pago, ambos conceptos se encuentran registrados de forma independiente, porque son conceptos distintos y tienen naturaleza distinta; sin embargo, la Sub Intendencia, en los considerandos 15 y 17 de dicha resolución, pretende, a criterio de la impugnante, desconocer la entrega de este beneficio social, ya no como consecuencia de la forma en la que es pagada, sino en el entendido que el impugnante no entregaría este concepto por la “carga familiar”, modificando el cuestionamiento inicial del inspector y la autoridad instructora, alegando el incumplimiento de pago por una supuesta “desnaturalización” de este beneficio.

2 Véase folio 4 al 10 del expediente inspectivo.

ii. Por otro lado, niega haber pagado dicho concepto simplemente como parte de su remuneración habitual, en tanto se encuentra plenamente identificado como “asignación familiar Ley N° 25129” en las boletas de pago. Asimismo, desmiente que dicho beneficio no se pague en función a la carga familiar de cada trabajador, pues conforme lo ha acreditado, la asignación familiar es otorgada por aquel a los trabajadores que, al tener a su cargo hijos menores de 18 años, cuentan con carga familiar y deben ser beneficiados con la misma, en la cual precisamente se encuentran los 40 trabajadores comprendidos en la presente inspección. Ahora bien, no considera un impedimento que, en ejercicio de su poder de dirección como empleador, regule una “asignación familiar BCP” que, conforme a las políticas internas, es otorgada a aquellos trabajadores que no tienen hijos a modo de apoyo adicional en favor de éstos, pues ello, bajo ningún punto, desnaturaliza o genera que la asignación familiar pierda su verdadera finalidad, ya que los trabajadores con carga familiar perciben efectivamente la misma en estricto cumplimiento de lo previsto en la Ley. iii. Considera oportuno señalar que ya ha sido fiscalizado por la misma materia, mediante Orden de Inspección Nros 4844-2018-SUNAFIL/ILM, 13990-2018- SUNAFIL/ILM, 2800-2020-SUNAFIL/IRE-LIB, 2875-2020-SUNAFIL/IRE-PIU y 2787- 2020-SUNAFIL/IRE-PIU, todos concluyendo a través de Informes de Actuaciones Inspectivas, luego de haberse acreditado el pago de la asignación familiar a favor de los trabajadores denunciantes, en los que se reconoce expresamente la validez de las cláusulas pactadas a través de los contratos de trabajo que se vienen cuestionando en el presente procedimiento, validándose con ello el pago de la asignación familiar a todos los trabajadores. Por ende, afirma que no ha incurrido en una infracción pasible de ser sancionada con respecto al pago de la asignación familiar, los mismos que fueron puestos de conocimiento en los descargos contra el Informe Final de Instrucción. Pese a ello, sostiene que la Sub Intendencia pretende sancionarla porque supuestamente el pago de la asignación familiar no sería válido, resultando arbitraria la sanción, lo cual sostiene debe ser desestimado por la Intendencia. En ese sentido, señala que la resolución de primera instancia vulnera, por un lado, el principio del debido procedimiento, en tanto no se encuentra debidamente motivado y, por otro lado, el principio de predictibilidad y de confianza legítima, por cuanto la Sub Intendencia debió desarrollar claramente las razones por las cuales no se compartía el criterio seguido en los Informes de Actuaciones Inspectivas presentados. iv. Así también, la Sub Intendencia habría convalidado graves vulneraciones al principio de interdicción de la arbitrariedad, pues en el considerando 30 de la resolución de primera instancia, se pretende justificar la demora excesiva en la notificación de la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción y en la emisión del Informe Final, en la carga laboral propia de la Administración Pública, así como al incremento de

recurrentes ante la inspección del trabajo. Sobre ello, trae a colación lo referido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución N° 234-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, el cual ya ha desestimado este tipo de justificación señalando que el Auto que dicta la ampliación para emitir la resolución de primera instancia hace una referencia genérica a la complejidad de las materias. Anteriormente, dicho criterio ya se estipuló en las Resoluciones N° 137-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y 166-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, por lo que, no puede desestimarse la grave vulneración del derecho a un plazo razonable denunciado por la impugnante, en tanto dicho incumplimiento de los plazos legales constituye un vicio de nulidad, al no poder ejercer su derecho de defensa. 1.5. Mediante Resolución de Intendencia N° 226-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 31 de enero de 20223, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. Previa exhibición de la base de datos del impugnante en la diligencia de comparecencia de 05 de setiembre de 2019, constata la autoridad sancionadora que el impugnante cuenta con trabajadores con hijos menores de edad, con los cuales no ha cumplido con acreditar el pago de asignación familiar, ya que el concepto que viene entregando como “asignación familiar” no es otorgado en función a la carga familiar de cada trabajador (si tiene hijos o no), sino como parte de su remuneración habitual. ii. Al respecto, le parece pertinente los artículos 1 de la Ley N° 25129 y el artículo 3 de su Reglamento regulado por el Decreto Supremo N° 035-90-TR, los cuales establecen que “la asignación familiar es una percepción económica que el empleador otorga a sus trabajadores con carga familiar a fin de que éstos puedan disminuir los gastos que implica esta situación. Esta asignación tiene naturaleza remunerativa, por lo que deberá ser considerada para el cálculo de cualquier beneficio social. No obstante, ella en sí misma es considerada un beneficio social, pues el abono de esta asignación apoya a la inclusión social del trabajador y de su familia”. Por lo tanto, reafirma dicha instancia que la asignación familiar está condicionada solo a la carga familiar que tiene el trabajador. iii. Sobre ello, la Intendencia señala que el impugnante alega haber acreditado el cumplimiento del mismo con la presentación del contrato de trabajo sujeto a modalidad, el cual establece, en la cláusula cuarta: “El trabajador percibirá una remuneración fija mensual (…) la misma que en todos los casos comprende tanto el sueldo básico como la asignación familiar”; es decir, el contrato de trabajo, ha otorgado un tratamiento a la asignación familiar que la subsume dentro del marco contraprestativo de la remuneración, siendo totalmente distinto a lo que señala la normativa sobre el tema, la cual define a la asignación como un pago adicional a la remuneración otorgada, por lo que cabe exigirse su distinción. iv. Por tanto, la Intendencia desarrolla tal argumento señalando que dicha cláusula desnaturaliza la naturaleza de la asignación familiar, en tanto que las normas antes señaladas no permiten que se acumule en un mismo monto, con la remuneración mensual, sino por el contrario, debe ser discriminado el concepto de manera independiente.

3 Notificada a la impugnante el 02 de febrero de 2022, véase folio 161 del expediente sancionador.

v. En tal sentido, la redacción así planteada de la cláusula cuarta de los contratos de trabajo exhibidos por la impugnante reflejaría que no ha considerado la carga familiar de sus trabajadores al momento de su suscripción, no otorgando, por tanto, un beneficio adicional a todos los trabajadores, y más bien incumpliendo con el pago del concepto de asignación familiar, encubriéndolo al pretender incluirse dentro de su remuneración. Por tanto, la Intendencia señala que estaría acreditada la vulneración del pago de las remuneraciones (asignación familiar), tipificado en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. vi. Respecto a los Informes de Actuaciones Inspectivas presentados en el descargo al Informe Final, señala que no son pronunciamientos definitivos ni vinculantes, sobre el cual no hay una obligación de un criterio a seguir. vii. Sobre la supuesta vulneración al principio de predictibilidad o de confianza legítima, señala que el fundamento de la decisión se encuentra contenida en las normas citadas como sustento, constituyendo la misma una base objetiva para la toma de decisión en cada instancia. Asimismo, aprecia que el inferior en grado ha motivado su decisión de sancionar al impugnante por las infracciones que fueron imputadas en el Acta de Infracción, no solo en base a las conclusiones arribadas por el personal inspectivo, sino evaluando el material probatorio que se tuvo a la vista en la etapa de actuaciones inspectivas y los alegatos presentados, por lo que, señala no puede acusarse que el pronunciamiento venido en alzada haya vulnerado el principio del debido procedimiento y de predictibilidad. viii. Por último, la Intendencia no justifica ningún acto de dilación en el trámite del procedimiento; sin embargo, también precisa que el cumplimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, en atención al orden público, no lo eximen de sus obligaciones. En ese sentido, si bien advierte que hubo una demora para emitir el Informe Final de Instrucción, ello no constituye causal de nulidad, en la medida que dicha actuación administrativa no tiene un plazo de naturaleza perentoria que sea considerada como causal de nulidad según la ley. ix. Por otro lado, respecto a la medida inspectiva de requerimiento, el impugnante no ha desvirtuado ni esbozado argumento alguno; por lo que, la Intendencia considera que el pronunciamiento de la autoridad de primera instancia se encuentra debidamente motivado, debiendo confirmarse la sanción impuesta por dicho extremo. 1.6. Con fecha 23 de febrero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia Nº 226- 2022-SUNAFIL/ILM, solicitando informe oral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…).” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 226-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Sostiene que se ha aplicado erróneamente el artículo 14 de la LGIT y el numeral 18.2 del artículo 18 del RLGIT, en razón que, la medida inspectiva de requerimiento motivo del presente procedimiento sancionador fue extendida en base a una interpretación errónea de las normas que regulan el pago de la asignación familiar, exigiendo un pago indebido al banco a favor de sus trabajadores.

ii. Reitera que en el BCP se paga la asignación familiar a todo el personal, tanto aquellos trabajadores con carga familiar (mandato legal) como aquellos sin carga familiar (convencional). En ambos casos, la asignación familiar se adiciona a la remuneración básica por acuerdo establecido en el contrato de trabajo. Alega que ha demostrado que sí ha pagado de forma íntegra y oportuna dicho concepto, correspondiente a los 40 trabajadores involucrados, todos ellos con carga familiar, conforme al acuerdo entre las partes al momento de la firma del contrato de trabajo, así como las boletas correspondientes al mes de junio de 2019.

iii. A pesar de ello, señala que la Intendencia erróneamente considera que este beneficio ha sido desnaturalizado, en tanto fue extendido al resto de trabajadores que no cuentan con carga familiar, ello en ejercicio de la facultad de dirección como empleador. En tal sentido, aduce que el razonamiento de la Intendencia carece de un nexo lógico jurídico debido a que la extensión de este beneficio en absoluto niega el hecho que sí pagaron este beneficio a los trabajadores que cumplen con los requisitos legales para su otorgamiento, y no existe norma expresa que prohíba dicha extensión.

iv. Al respecto, sostiene que la Intendencia pretende desconocer los acuerdos realizados entre los trabajadores y el Banco, así como desconocer que el pago que se realiza se hace en forma independiente y diferenciada a la remuneración, interpretando de manera errónea lo dispuesto en la Ley N° 25129 y su Reglamento, debido a que éstas no prohíben que este beneficio social sea extendido a los trabajadores que no cumplen con los requisitos establecidos por ley. En razón que, la asignación familiar es un beneficio que tiene la naturaleza de mínimo de derecho necesario o piso normativo, por lo que, nada impide que el empleador pueda mejorar su tratamiento, a menos que exista norma expresa que lo impida, lo que, señala, no ocurre en el presente caso.

v. Por otro lado, considera importante mencionar que, existen tres supuestos bajo los cuales se otorga la asignación familiar: 1) aquellos que cumplen con los requisitos establecidos por ley; 2) aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos por ley y, 3) aquellos que por el paso del tiempo y las circunstancias ya no cumplen con los requisitos establecidos en nuestra normativa. De esta forma, da por sentado que se paga la Asignación Familiar de todos los trabajadores, hayan o no perdido el derecho a percibirla, así como en los supuestos en los que no se cumplen los requisitos legales.

vi. A modo de ejemplo, trae a colación el caso de uno de los trabajadores afectados, el señor Jhon Rubén Cabrera Rivas, por el cual se observa de su boleta de pago del mes de abril de 2018 que se otorga la asignación familiar de manera independiente; observándose en el documento que ante una inasistencia se realiza un descuento por los días no laborados, pero éste solo afecta al básico mas no a la asignación familiar. Asimismo, trae a colación el incremento de la asignación familiar del mes de marzo a abril de 2018, para señalar que queda acreditado que efectivamente el impugnante otorga de manera independiente y diferenciada la asignación familiar, en la medida que dicho incremento se realizó solo al concepto de Asignación Familiar.

vii. Por tanto, sostienen que el personal inspectivo no debió emitir la medida inspectiva de requerimiento, en tanto se acreditó el pago oportuno de la asignación familiar y, siendo ello así, solicitan que se corrija la Resolución de Intendencia y se excluya la propuesta de sanción por el presunto incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

viii. Considera que se ha inaplicado el artículo 248.11 del TUO de la LPAG, vulnerándose el principio Non Bis In Ídem, en razón que se propone multar por no cumplir con la medida de requerimiento notificada el 23 de octubre de 2019, en la que se exige, entre otros, acreditar el pago de la asignación familiar a favor de los trabajadores. Al no cumplir con la medida de requerimiento, por considerar la autoridad sancionadora que no se ha efectuado el pago de dicho concepto conforme

a ley, se imponen dos sanciones frente a un mismo hecho: el presunto incumplimiento de no haber acreditado el pago de la asignación familiar, lo cual vulnera el principio de Non Bis In Ídem, al evidenciarse que ambas infracciones tienen origen en un solo acontecimiento.

ix. También, sostiene que se ha inaplicado el principio de predictibilidad y confianza legítima, en tanto que, la SUNAFIL, a solicitud del Sindicato, emitió una serie de órdenes de inspección a nivel nacional para la verificación de la misma materia, siendo que en otros procedimientos se ha concluido con la emisión de informes de actuaciones inspectivas sin propuesta de multa. Sin embargo, si bien es cierto, que los pronunciamientos no son vinculantes, éstos sí son definitivos, en tanto dan por concluidas las actuaciones inspectivas y, además, son próximos en el tiempo a la orden de inspección que ha dado origen al presente procedimiento. Es por ello, que, en aplicación de dicho principio vulnerado, en la Resolución de Intendencia considera se debió desarrollar claramente las razones por las cuales no se compartía el criterio seguido en dichos pronunciamientos, y no por el contrario, optar por multar con una motivación aparente y evidenciando deficiencias en la motivación externa. En ese sentido, solicitan se declare el archivo del presente procedimiento, debido a que existe una causal de nulidad por contravenir la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias.

x. Sostiene la inaplicación de la norma referente al debido procedimiento, incurriéndose en defectos de motivación, en tanto no entienden cómo la Intendencia pretende sancionar amparándose en argumentos sin ningún sustento fáctico o jurídico, pues, no se ha demostrado, cómo es que se “desvirtuaría la naturaleza de la asignación familiar” o cómo es que “perdería su verdadera finalidad”. Al contrario, ha desvirtuado los hechos del presente procedimiento al señalar que el Banco se limitó a fundamentar su defensa en base a la cláusula del contrato.

xi. Añade que, con resoluciones como la que se impugna, la SUNAFIL está desincentivando que las empresas mejoren los beneficios del personal. Si bien el ámbito de aplicación de la Ley N° 25129 y su Reglamento es reducido y limitado; no obstante, si el verdadero fin de la ley es brindar un apoyo económico al trabajador respecto de su carga familiar a través de una asignación, es indiscutible que la ley no contempla otros supuestos como el de cuidado del padre o la madre, familiar discapacitado, etc., supuestos que el BCP toma en cuenta para brindarles un apoyo adicional, lo cual no constituye desmedro para los trabajadores que perciben la asignación familiar. De seguir con la posición que adopta la Intendencia, señala se generaría un mal clima organizacional, así como se invisibilizaría la situación familiar de muchos trabajadores que cuentan con una carga familiar distinta a la contemplada por ley. VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020. 11 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Numeral IV, 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4.

revisión de los actuados se observa que el inspector comisionado sustenta la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, en la revisión de las boletas del mes de junio de 2019, exhibidas por la impugnante, a través de las cuales se advierte que a todos los trabajadores se les consigna como “ingresos” un concepto de Asignación Familiar: S/ 93.00, el mismo que es disgregado de su remuneración mensual; ya que tal como lo señaló en la comparecencia de fecha 16 de agosto de 201912, la apoderada de la impugnante, la señora Irina Valverde Del Águila, “dicho concepto está incluido en su remuneración mensual y se lo pagan a todos sus trabajadores (tengan hijos o no), tal como lo establece su contrato de trabajo”. Por lo que, señala se constató el incumplimiento de la impugnante a sus obligaciones sociolaborales.

Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. 12 Véase folio 61 del expediente inspectivo. 13 Entendemos que ella se refiere en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente Sancionador N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4.

requerimiento. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Sobre el principio del non bis in ídem 6.20. Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto, el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

14 Véase el fundamento jurídico 3.3. 15 Véase el fundamento jurídico 19. 16 Morón Urbina, J. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 9na ed., Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2011, pp. 729-730.

la infracción en materia de relaciones laborales, cuyo incumplimiento ha sido imputado a la impugnante en el presente procedimiento administrativo sancionador.

Sobre la vulneración del principio de predictibilidad y confianza legitima

“1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podría obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables” (énfasis añadido).

absolución de consultas, publicación de normas, difusión de requisitos, procedimientos, trámites, autoridades, etc.17”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

17 Ibídem, pp. 126.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que

ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No pagar la asignación familiar por el mes de junio de 2019, a favor de cuarenta (40) trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento de fecha 23 de octubre de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 226-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 31 de enero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5037-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 226-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA

20230111MCR