Banco de Crédito del Perú — Res. 1551-2025

Mediante Orden de Inspección N° 3239-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 61-2022-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 864-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN de fecha 13 de julio de 2022, notificada a la impugnante el 15 de julio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 781-2022-SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 14 de octubre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 260-2023-SUNAFIL/IRE- SISA-AQP, de fecha 17 de marzo de 2023, notificada el 20 de marzo de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 46,200.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 12 de abril de 2023 la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 260-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP. La Intendencia Regional de Arequipa mediante Resolución de Intendencia N° 134- 2023- SUNAFIL/IRE- AQP de fecha 18 de mayo de 2022, notificado el 22 de mayo de 2023, declaró la nulidad de oficio de la Resolución de Sub Intendencia N° 260-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, por falta de una debida motivación en cuanto a la falta de valoración de los argumentos de defensa.

La Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 587-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 07 de junio de 2023, notificada el 09 de junio de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 46,200.00 por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 28 de junio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 587-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

Mediante Resolución de Intendencia N° 211-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 19 de setiembre de 20232, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 12 de octubre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 211- 2023-SUNAFIL/IRE-AQP. Asimismo, con fecha 12 de febrero de 2025, la impugnante presentó un escrito denominado “téngase presente para mejor resolver”.

Mediante Resolución N° 312-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 11 de abril de 2025, notificada el 29 de abril de 2025, la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral declaró fundado en parte el recurso de revisión y en consecuencia NULA la Resolución de Intendencia N° 211-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, y se ordenó RETROTRAER el procedimiento hasta la emisión de dicha resolución de intendencia.

Ante ello, la Intendencia Regional de Arequipa emitió la Resolución de Intendencia N° 224-2025-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 21 de mayo de 2025, notificado el 28 de mayo de 2025, donde se resolvió infundado el recurso de apelación y confirmó la Resolución de Sub Intendencia N° 587-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 07 de junio de 2023.

Con fecha 13 de junio de 2025, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 224-2025- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-907-2025- SUNAFIL/IRE-AQP recibido el 07 de julio de 2025 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 224-2025- SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta de S/ 46,200.00 por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 29 de mayo de 2025.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.

El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública se encuentra sujeta –entre otras condiciones– a su tramitación dentro de un plazo preestablecido, sancionándose la superación de éste con la figura de la caducidad. Así, el artículo 259 del TUO de la LPAG, establece lo siguiente respecto de la caducidad:

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina señala que la caducidad tiene las siguientes características:

Cabe precisar que la caducidad del procedimiento sancionador no se computa desde la fecha de emisión de la Imputación de Cargos, sino desde que se notifica la misma con la cual se da inicio al procedimiento sancionador y, una vez transcurrido el plazo para resolver sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento.

En el presente caso, se aprecia que el procedimiento administrativo sancionador inició el 15 de julio de 2022, por lo que de conformidad con el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, la autoridad sancionadora (Sub Intendencia de Sanción) tenía hasta el 15 de abril de 2023, para emitir y notificar la resolución de sanción. Verificándose que se notificó la Resolución de Sub Intendencia N° 260-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, el 20 de marzo de 2023, por medio de la cual se sancionó a la impugnante.

Asimismo, mediante Resolución de Intendencia N° 134-2023-SUNAFIL/IRE-AQP de fecha 18 de mayo de 2022, notificada el 22 de mayo de 2023, la Intendencia Regional de Arequipa declaró la nulidad de oficio de la Resolución de Sub Intendencia N° 260-2023- SUNAFIL/IRE SISA-AQP, de fecha 17 de marzo de 2023, y dispuso remitir los actuados a la Sub Intendencia de Sanción para la emisión de un nuevo procedimiento. En mérito a ello, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 587-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 07 de junio de 2023, notificada el 09 de junio de 2023, se dispuso a sancionar a la impugnante.

El plazo máximo para resolver el procedimiento se cumplió el 16 de junio de 2023, al haberse reiniciado el cómputo del plazo de caducidad. Verificándose que se notificó la Resolución de Sub Intendencia N° 587-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, el 09 de junio de 2023, dentro del plazo máximo establecido en el TUO de la LPAG. Para mejor ilustración se adjunta la línea de tiempo siguiente:

En tal sentido, la Resolución de Sub Intendencia N° 587-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 07 de junio de 2023, que resuelve en primera instancia administrativa el presente procedimiento, fue notificada a la impugnante, el 09 de junio de 2023, esto es, dentro del plazo máximo señalado en el párrafo precedente. Por tanto, no corresponde declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador recaído en el presente Inicio del cómputo de plazo 15.07.2022 (Se notifica la Imputación de Cargos y Acta de Infracción) 20.03.2023 Se notifica la Resolución de Subintendencia Reinicio del cómputo del plazo

Se notifica la Resolución de Intendencia que declara Nula la Resolución de Sub Intendencia 16.06.2023 Culminaba el plazo máximo para resolver 8 meses y 5 días

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.”, siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1112 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En principio, se verifica de autos que con fechas 08 y 14 de diciembre de 2021, el personal inspectivo procedió a notificar vía casilla electrónica, los requerimientos de comparecencia, programados para el 14 y 20 de diciembre de 2021, a las 9 y 8 horas respectivamente.

Además, es importante recalcar que tales requerimientos de comparecencia señalan expresamente que la inasistencia constituye una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, según lo dispone los artículos 36 y 39 de la Ley N° 28806 y los artículos 45 y 46 de su Reglamento.

Al respecto, en el numeral 4.12.2 del Acta de Infracción el Inspector comisionado dejó constancia que en ambos casos no se apersonó ningún representante o apoderado del sujeto inspeccionado a pesar de haber sido válidamente notificado, y por lo cual se cometió dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, de conformidad con el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Cabe mencionar en este punto que el artículo 1613 de la LGIT, ha establecido que los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Asimismo, el artículo 4714 de la misma norma, ha determinado que Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe,

En el presente caso, los hechos constatados en el Acta de Infracción no han sido rebatidos, es decir, la impugnante no niega que haya inasistido a dichas comparecencias, únicamente cuestiona temas relacionados al procedimiento seguido que pasaremos a analizar en los siguientes acápites.

La impugnante menciona que no se aplicó y contravino el Protocolo N° 005-2020- SUNAFIL/INNI que establece la excepcionalidad de la comparecencia presencial en el marco de la COVID-19, ya que debía priorizarse el uso de las TICS.

Al respecto, de la revisión de la Versión 3 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INNI, denominado “PROTOCOLO SOBRE EL EJERCICIO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES LABORALES Y ECONÓMICAS A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TERRITORIO NACIONAL”. Efectivamente, en el numeral 7.7 sobre MODALIDADES DE ACTUACIÓN INSPECTIVA, se menciona que:

En el marco de la Emergencia Sanitaria y Nacional, se privilegia los sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de los TICs, para las modalidades de requerimiento de información, visitas de inspección y comprobación de datos. De forma excepcional, estas modalidades se aplicarán de forma presencial. Asimismo, solo aplica de forma excepcional la comparecencia, en la que se exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector de trabajo en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes (énfasis añadido).

De la cita de este Protocolo, se evidencia que sí recomienda el uso de las tecnologías de información para realizar las actuaciones inspectivas pero, en ningún momento, se prohíbe de manera definitiva utilizar la comparecencia presencial, solo indica que esta debería ser usada excepcionalmente para recabar información o para efectuar las aclaraciones pertinentes. Esto último justamente se dio en el presente caso pues la Inspectora comisionada al momento de notificar los requerimientos de comparecencia hizo la aclaración que ello tenía por objeto: Recoger manifestaciones y/o declaraciones. Y por otro lado, se le pedía Exhibir y/o presentar documentación pertinente.

Entonces, no se aprecia que el personal inspectivo haya contravenido de forma frontal alguna normativa de carácter imperativo, simplemente que la Inspectora comisionada vio por conveniente utilizar esa modalidad de actuaciones inspectiva para recabar la

La Impugnante señala que se inaplicó el principio de razonabilidad cuando se optó por sancionarlos por dos supuestas conductas infractoras que corresponden a un mismo ilícito.

Sobre el particular, el numeral 3 del artículo 248 del TUO del LPAG, prescribe que:

Respecto a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, corresponde indicar que respecto a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, no existe normativa que permita al personal inspectivo o sancionador graduar las multas con criterios de proporcionalidad y razonabilidad aplicados al caso en concreto, ya que se trata de un sistema de multas tasada, el cual, según el artículo 38 de la LGIT determina que las multas se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) gravedad de la falta cometida b) número de trabajadores afectados y c) tipo de empresa. En presente caso al haberse identificado dos infracciones a la labor inspectiva cada una se sanciona de forma independiente16, en función al número de trabajadores afectados.

Por tanto, de los actuados se verifica la observancia del principio de razonabilidad y proporcionalidad al momento de imponer la presente multa administrativa, obedeciendo la misma, a los parámetros legalmente establecidos por el ordenamiento de inspección de trabajo, siendo la medida punible más idónea y de menor afectación para la inconducta verificada en autos y de acuerdo con la dimensión empresarial de la

La impugnante invoca el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL de fecha 13 de setiembre de 2023, publicado en el diario oficial El Peruano en fecha 24 de setiembre de 2023. No obstante, de la revisión de los criterios vinculantes aprobados en dicha resolución de sala plena se advierte que ninguno tiene relación a lo discutido en el presente caso, es decir, ninguno es sobre requerimiento de comparecencia tipificado como infracción en el numeral 46.10 del artículo 46 del RGLIT, sino que el criterio citado es sobre la finalidad y razonabilidad de los requerimientos de información.

Sin perjuicio de ello, esta Sala identifica que ambos requerimientos de comparecencia por los cuales se le sanciona en el presente caso no contenían el mismo pedido de información, sino que estos se diferenciaban en algunos aspectos, en todo caso, resultaba lógico que el segundo requerimiento de comparecencia pueda parecerse al primer requerimiento porque no se obtuvo ninguna respuesta en la primera oportunidad, lo cual no tiene nada de irregular y menos aun vulnera algún aspecto del precedente citado.

Asimismo, las Resoluciones N° 877-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, N° 894-2023- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, N° 901-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, y N° 907-2023- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, que cita la impugnante en su escrito de revisión, tampoco se relacionan con la infracción materia de análisis, debido a que en todos los casos se vio infracciones tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, y el criterio en mayoría asumido en dichas resoluciones no es vinculante para el caso en concreto, pues entre otras cosas, en dichos casos, se analizó la emisión de las alertas junto con los requerimientos de información, aspectos que no se relacionan con el objeto de discusión materia de autos, pues la impugnante nunca negó que haya tomado conocimiento de los requerimientos de comparecencia objeto de sanción. En razón a ello, también debe desestimarse dicho extremo del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.