Banco de Crédito del Perú — Res. 1331-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo materias: Jornada y horario de trabajo; y, horas extras) y; Registro de control de asistencia (Subgrupo materia: Incluye todas).

de 2021 y por no cumplir con el requerimiento de información solicitada el 25 de octubre de 2021; y, una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no acreditar con presentar los registros de control de asistencia de los trabajadores.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con registro de control de asistencia; tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia a la diligencia de comparecencia; tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,572.00.

i. Contaban con el registro de asistencia, pero algunos trabajadores omitieron marcar su ingreso y/o salida. El numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT sanciona: a) No contar con el registro de control de asistencia: Sin embargo, el registro de control de asistencia es un documento existente, b) Impedir el registro de tiempo de trabajo al trabajador: Sin embargo, en ningún momento, han frustrado la posibilidad de que el trabajador marque sus horas de ingreso y salida, c) Contar con el registro de asistencia, pero el empleador haya sustituido información de tiempo de trabajo brindada por el trabajador: Sin embargo, nunca han manipulado y/o reemplazado el contenido del registro de tiempo de trabajo. Por tanto, no han incurrido en ninguna de las conductas descritas en el numeral 25.19 del artículo 25

2 De conformidad con el punto 5.41 de la Resolución de Sub Intendencia N° 1086-2022-SUNAFIL/IR-LL/SISA, se advierte que no se acoge la propuesta de multa relacionada con la medida inspectiva de requerimiento.

del RLGIT. Asimismo, citan la Resolución N° 543-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la misma que señala que no cabe interpretación extensiva. ii. El registro de control de asistencia es un documento, en el que el trabajador tiene el deber de registrar su hora de ingreso y salida del centro de trabajo, recayendo en las manos de los trabajadores y no de la empresa, la obligación de mantener debidamente completo este. Además, la empresa tiene un procedimiento, contenido en su reglamento interno de trabajo, que regula expresamente la obligación del registro. iii. La resolución de primera instancia incurre en errores que evidencian una falta de diligencia para resolver el presente caso. La autoridad sancionadora presentó un cuadro de infracciones con información incongruente, con fecha que no son acorde a la realidad, lo que contraviene a un debido procedimiento. iv. La resolución de primera instancia vulneró el principio de licitud, por no existir evidencia de que no hayan actuado conforme a sus deberes. Es obligación del personal inspectivo y de la autoridad instructora justificar y probar debidamente la existencia de una infracción, para poder imputar y sancionar. Sin embargo, la primera instancia omite lo siguiente: a) Se considera que no actuó apegado a sus deberes por supuestamente no contener el registro de control de asistencia, cuando no hay evidencia de ello, b) Se presume la comisión de tres (03) infracciones sin argumentos ni mucho menos pruebas y, c) Se le pretende trasladar la carga de la prueba. v. La autoridad sancionadora no tomó en cuenta que nunca hubo negativa expresa de su parte, y no se configuró el tipo infractor del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Debe tenerse en cuenta la Resolución de Sala Plena N° 001-2022- SUNAFIL/TFL, en la que se indica que sólo podrá sancionar, bajo el referido tipo infractor, cuando se cumplan dos (02) requisitos. Una negativa por parte del administrado y, su comportamiento imposibilite la fiscalización. Por tanto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL debió probar la concurrencia de ambas condiciones para imputar el tipo infractor previsto en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Sin embargo, ello no ha ocurrido, vulnerándose el principio de tipicidad. vi. La resolución apelada contravino el principio de legalidad, por haberse inaplicado lo señalado en el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII que privilegia los sistemas de comunicación virtual durante el estado de emergencia. En el presente caso, el personal inspectivo solicitó la asistencia a la comparecencia de forma presencial, con la única finalidad de presentar documentación, pese a que no era obligatorio asistir para únicamente presentar documentos. Asimismo, el referido protocolo regula el ejercicio de la función inspectiva en el marco de la emergencia sanitaria, conforme lo contenido en la Resolución N° 347-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. vii. Se contravino el principio de razonabilidad, es decir, se busca sancionar de la forma más gravosa posible, pese a que se solicitó la misma información. En el presente

caso, se pretende sancionar por el supuesto incumplimiento del requerimiento de información; no obstante, no se ha tomado en consideración que la información solicitada el 15 de octubre de 2021 ya había sido presentada de forma general y previa en el primer requerimiento de información de fecha 27 de setiembre de 2021; por lo que, se estaría solicitando la misma información en ambos requerimientos. Se debe tener en cuenta la Resolución N° 347-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala.

i. Se le sanciona a la impugnante por no haber presentado el registro de control de asistencia de los trabajadores que figuran en el Acta de Infracción; por lo que, no es correcto lo alegado por el impugnante vinculado con que sí contaban con un registro de control de asistencia. Tampoco, se conoce si los trabajadores registraron o no su ingreso y salida, toda vez que, la impugnante no presentó el registro de control de asistencia al personal inspectivo. ii. Con relación a que la resolución apelada contiene errores materiales en el cuadro N° 02, se tratan de errores materiales que se tratan de fechas que no vulneran el derecho de defensa del administrado, debido a que han tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y presentar sus descargos, durante todo el procedimiento administrativo sancionador, como ha sucedido en el presente caso. Por tanto, no se ha vulnerado el principio al debido procedimiento, más aún si los datos de las fechas no alteran el fondo de la decisión de la resolución, ni mucho menos se ha modificado la tipificación o la infracción. iii. En cuanto a la vulneración del principio de licitud, señala que en el Acta de Infracción se ha dejado constancia de que no se exhibió el registro de control de asistencia; entonces, no puede indicar cumplimiento de sus deberes sociolaborales; muy por el contrario, el no contar con el registro de control de asistencia, el personal inspectivo no ha podido verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo. Cuando se menciona que la autoridad instructora y sancionadora no han podido acreditar que la impugnante no haya cumplido con sus deberes sociolaborales, debe tenerse presente que, en el Acta de Infracción se dejó constancia de que no se exhibió el registro de control de asistencia; por lo que, los hechos constatados del personal inspectivo que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan merecen fe y se presumen ciertos, conforme el artículo 16 y 47 de la LGIT. iv. En ese sentido, la infracción relacionada con contar con el registro de control de asistencia no ha sido desvirtuada por parte de la impugnante; por lo que, concuerda con lo señalado en el Acta de Infracción y en la resolución de primera instancia. v. Con respecto a la negativa de brindar información a la labor inspectiva, el personal inspectivo dejó constancia que, con fecha 25 de octubre de 2021, se depositó en casilla electrónica de la impugnante el requerimiento de información cuyo plazo límite de respuesta fue hasta el 28 de octubre de 2021; además, tenía la finalidad que cumpla con exhibir la documentación solicitada. Sin embargo, de la revisión del sistema, la impugnante incumplió con remitir la información solicitada dentro del plazo establecido, pese a encontrarse válidamente notificado. Por tanto, se obstruyó la labor del personal inspectivo para verificar el cumplimiento de la normativa laboral objeto de inspección; por lo que, se configura una infracción a la

3 Notificada a la impugnante el 05 de setiembre de 2023.

labor inspectiva. En ese sentido, el personal inspectivo determinó la configuración de una infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. vi. Siendo así, considera importante precisar el numeral 3) de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de trabajo, aprobada por Resolución N° 029-2009- MTPE/2.11.4, la que señala que las infracciones a la labor inspectiva son insubsanables. vii. Considerando el acuerdo plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, específicamente en los fundamentos 14, 15 y 16, menciona que, para atribuirle una conducta a la impugnante, prevista en el numeral 45.2 del artículo 45 o en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, resulta imprescindible efectuar un juicio de motivación puntual y suficiente que permita determinar, de manera fehaciente, si la conducta de la impugnante perturbó, retrasó o frustró las actuaciones inspectivas del personal inspectivo. Además, tal situación debe constar expresamente en el Acta de Infracción, siendo obligación de las autoridades administrativas, dentro del procedimiento sancionador, sustentar debidamente la tipificación de la infracción. viii. Por otro lado, precisa que la denuncia de la trabajadora contiene lo siguiente: “SOLICITAMOS INSPECCIÓN URGENTE PARA COMPROBAR EL NO PAGO DE HORAS EXTRAS IMPUESTAS A LA SALIDA DEL TÉRMINO DE LA JORNADA LABORAL EN LAS DISTINTAS AGENCIAS DE LA DENUNCIADA Y DENTRO DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE VUESTRO DESPACHO DE FISCALIZACIÓN LABORAL” ix. Por consiguiente, estando a que la impugnante no cumplió con remitir la información requerida, consistente en la presentación del registro de control de asistencia, el personal inspectivo no pudo verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo de los trabajadores afectados. Por ello, el personal inspectivo atribuye infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. x. Asimismo, como bien lo señala la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, el presente caso se trata de una negativa a entregar el registro de control de asistencia, pese a los diferentes requerimientos por parte del personal inspectivo. Aun cuando el Sr. Dulio Dávalos indicó que los trabajadores registraban su asistencia con el fotocheck en la máquina de ticket de la plataforma; sin embargo, con el requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, mediante el cual se solicitó el registro, la impugnante hizo caso omiso a dicho requerimiento y no remitió el registro de control de asistencia. Entonces, quedó acreditado la negativa de exhibir el registro de control de asistencia, comportamiento que imposibilitó la fiscalización de la jornada de trabajo de los trabajadores afectados. xi. Respecto a la Resolución N° 347-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, refiere que no se aplica al caso concreto debido a que en la mencionada resolución el sujeto inspeccionado se apersona a la diligencia de comparecencia fuera del horario dictado por el personal inspectivo y, aun cuando logra presentar los documentos

requeridos, se sanciona por la infracción a la labor inspectiva y confirmada por el Tribunal de Fiscalización Laboral. xii. El Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII privilegia los sistemas de comunicación virtual durante el estado de emergencia. Sin embargo, el personal inspectivo tiene la facultad de decidir qué modalidad de actuación inspectiva decide utilizar con la finalidad de que se cumpla con la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales. En el presente caso, aun cuando la impugnante no pudo asistir a la comparecencia de fecha 09 de noviembre de 2021, debió de indicar los motivos por los cuales no pudo asistir a dicha diligencia y remitir el registro de control de asistencia; sin embargo, no lo hizo. xiii. Con respecto al principio de razonabilidad, no se ha impuesto la sanción más gravosa a la impugnante, sino más bien la que corresponde. Asimismo, el personal inspectivo se encuentra en la facultad de requerir información que considere pertinente, más aún si en el caso concreto la denuncia versa sobre incumplimiento de la jornada de trabajo; por lo que, era imprescindible contar con el registro de control de asistencia, para determinar si existió incumplimiento relativo a la jornada de trabajo. xiv. En consecuencia, la impugnante no acreditó haber cumplido con remitir la información requerida a la fecha de vencimiento del plazo otorgado, así como tampoco asistió a la diligencia de comparecencia de fecha 09 de noviembre de 2021; por tanto, corresponde que confirme la multa impuesta en estos extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

tipificadas en el numeral 46.3 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 06 de setiembre de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 280-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Sobre la vulneración al principio de legalidad: La Intendencia avaló los actuados, pese a que el personal inspectivo, la autoridad instructora y la sancionadora vulneraron el principio de legalidad, regulado en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la LPAG. Es decir, no realizaron sus funciones en los términos en la que la norma se los permite, conforme a continuación se detalla: − La autoridad instructora corrigió el contenido del Acta de Infracción por cuenta propia cuando debió devolverlo al personal inspectivo: Cuando se advierta que el personal inspectivo omite requisitos mínimos del Acta de Infracción, tales como la normativa vulnerada o resulte necesaria su adecuación o corrección, la autoridad instructora le comunicará dichas omisiones, otorgándole un plazo no mayor de tres (03) días hábiles para que puedan ser subsanadas. Para tales efectos, la autoridad instructora procederá a devolver el acta de infracción.

Sin embargo, en el presente caso, la autoridad instructora hizo caso omiso a dicho precepto, ya que no comunicó ni devolvió el Acta de Infracción, cuando detectó que el personal inspectivo omitió consignar la normativa vulnerada en el caso concreto.

La autoridad instructora vulneró el principio de legalidad por haber corregido el contenido mínimo del Acta de Infracción unilateralmente, cuando debió hacer entrega de la misma para que el personal inspectivo haga las correcciones pertinentes, solicita que se rectifique el sentido de la resolución impugnada y se excluya de la misma la multa impuesta.

− La Intendencia validó el erróneo actuar de la autoridad sancionadora de primera instancia con respecto a adecuar el contenido del Acta de Infracción sin tener competencia para ello: El procedimiento sancionador del sistema de inspección del

trabajo consta de una fase instructora y una fase sancionadora. Mientras la autoridad instructora despliega actuaciones a fin de determinar la responsabilidad del empleador infractor, la autoridad sancionadora toma la decisión de imponer sanción, tomando en cuenta la propuesta de la autoridad instructora, de conformidad con el numeral 2 del artículo 248 y el numeral 254.1 del artículo 254 del TUO de la LPAG, artículo 53 de la LGIT, así como el punto 6.4.1.1 y 6.4.2.1 de la Versión N° 02 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador de Sistema de Inspección de Trabajo, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL.

En el presente caso, la autoridad sancionadora de primera instancia infringió la normativa, dado que se atribuyó competencias que solo le corresponde a la autoridad instructora. Todo ello debido a que la autoridad sancionadora adecuó el contenido mínimo del Acta de Infracción sin tener competencia para realizar dicha modificación.

Con respecto a la supuesta inasistencia a la diligencia y el no haber cumplido con el requerimiento de información, la primera instancia decidió modificar el contenido del Acta de Infracción sobre los supuestos de hecho, conforme al siguiente detalle: Respecto al supuesto de hecho de inasistencia a diligencia: Inasistencia a diligencia del 09 de noviembre de 2021 (Acta de Infracción), inasistencia a la diligencia del 09 de enero de 2020 (Resolución de primera instancia), e inasistencia a la diligencia del 09 de noviembre de 2021 (resolución de segunda instancia). Respecto al supuesto de hecho de no cumplir con requerimiento de información: No cumplir con requerimiento de información de fecha 04 de noviembre de 2021 (Acta de Infracción), no cumplir con requerimiento de información de fecha 04 de febrero de 2021 (resolución de primera instancia), y no cumplir con requerimiento de información de fecha 25 de octubre de 2021 (resolución de segunda instancia).

En este contexto, recuerda que solo la autoridad instructora es competente para requerir la subsanación del contenido mínimo del Acta de Infracción, puesto que así lo establece el punto 7.1.1.2 de la Versión N° 02 de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador de Sistema de Inspección de Trabajo, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 190-2021- SUNAFIL, en concordancia con el artículo 53 de la LGIT.

Siendo así, enfatiza que, contrariamente a lo señalado por la segunda instancia (considerando 12), los errores en la resolución y de las anteriores, vulnerarían su derecho de defensa ya que pudo haber generado que incurran en error, siendo que la segunda instancia es la que dictamina cuál será sanción aplicable al administrado.

ii. Inaplicación del numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la LPAG: Se inaplica lo señalado en el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 189-2021-SUNAFIL, que privilegia los sistemas de comunicación virtual durante el estado de emergencia nacional. En el presente caso, el

personal inspectivo solicitó la asistencia a la comparecencia de la impugnante de forma presencial, con la única finalidad de presentar la documentación, pese a que no era obligatorio asistir a la misma para únicamente presentar documentos durante el estado de emergencia sanitaria, más aún cuando la propia Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL ordenaba evitar los eventos presenciales y privilegiar el uso de las tecnologías. iii. En efecto, al inicio de la emergencia sanitaria, la SUNAFIL aprobó el Protocolo N° 005- 2020-SUNAFIL/INII, Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 189-2021-SUNAFIL, el que desarrolla las reglas que deberán seguir el personal inspectivo durante el estado de emergencia nacional, así como que indica claramente la preferencia por el uso de los medios virtuales para las diligencias inspectivas, conforme el numeral 7.7.2 del referido protocolo. Esta normativa refiere que el personal inspectivo ejerza sus funciones de manera virtual y presencial (restrigida). Asimismo, enfatiza expresamente que se privilegia el uso de tecnologías de la información y comunicaciones para los requerimientos de información, así como señala que la comparecencia se aplica solo de forma excepcional, conforme los considerandos 13 y 14 de la Resolución N° 347-2021-SUNAFIL-TFL. iv. La resolución impugnada, en su considerando 33, pretende que se omita lo dispuesto en el Protocolo N° 05-2020-SUNAFIL/INII y otorgarle al personal inspectivo facultades para actuar de manera arbitraria y discrecional, cuando no tenían obligación alguna de asistir a las comparecencias presenciales programadas para solo presentar documentación, ni mucho menos debía exponer a sus representantes, protegiendo en todo momento su derecho a la salud. v. Por ello, considera que la resolución impuganada pretende omitir el referido protocolo; además, se ha apartado de lo señalado en la Resolución N° 347-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala; por lo que, solicitan se declare la nulidad de la resolución impugnada. vi. Vulneración del principio de tipicidad: Se aplica erróneamente el numeral 25.19 del artículo 25 y el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. vii. La resolución impugnada imputa que el registro de control de asistencia no cuenta con la información mínima, sustentando ello en el no haber presentado el mismo. Sobre ello, hacen un análisis lógico jurídico de la disposición normativa aplicada, con respecto a los cinco (05) supuestos de hecho que contiene el tipo infractor previsto en el numeral 25.9 del artículo 25 del RLGIT. Por tanto, no se habría configurado ninguna de las presuntas faltas amparadas en el artículo en controversia. De los actuados, aprecia que el personal inspectivo y las autoridades del procedimiento señalan que se imputa infracción por no haber presentado los registros de control de asistencia, supuesto no previsto en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

viii. Precisa que, no se negaron, en ningún momento, a presentar la documentación solicitada por el personal inspectivo mediante requerimiento de información. La Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala estableció criterios de obligatorio cumplimiento respecto a las infracciones relativas a la entrega de información. Por otro lado, el tipo infractor requiere la frustración de las actuaciones inspectivas, lo cual no ha ocurrido. ix. La resolución de impugnada inaplica lo relacionado con el principio de licitud, considerando que no solo la administración deberá presumir que los administrados actúan apegados a sus deberes, sino que se encuentra prohibida de emitir conclusiones sin acreditar objetivamente lo afirmado, lo que se encuentra relacionado con el principio de verdad material. En ese sentido, precisa que la Intendencia no se ha tomado el tiempo de revisar los medios probatorios que obran en el expediente sancionador, toda vez que, que cumplieron con demostrar que cuenta con un registro de control de asistencia con los requisitos mínimos establecidos por ley. Así, la autoridad de primera instancia omite lo siguiente: a) No se evidencia que no actuó apegado a sus deberes por supuestamente no contener el registro de control de asistencia, cuando no hay evidencia de ello, b) Se presume la comisión de tres (03) infracciones sin argumentos, ni mucho menos pruebas y, c) Se le pretende trasladar la carga de la prueba, y recuerda que la responsabilidad de probar la comisión de infracciones es exclusiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, no siendo su obligación desvirtuar presunciones. La Intendencia asume, de manera errónea, la posición de que, como supuestamente no se presentaron los registros de control de asistencia, ello calza dentro del tipo infractor contenido en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público

que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

10 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. (…)

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material11.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

obligatoria12, en el que se estableció el criterio que se debe tener en cuenta para los casos de demora en la respuesta a un requerimiento de información efectuado por el (la) inspector (a) de trabajo y su subsunción en las normas sancionadoras contempladas en el artículo 45.2 o en el 46.3 del RLGIT, según las circunstancias, conforme se aprecia a continuación:

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo con el artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento” (énfasis añadido).

12 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

respectivamente, del artículo 248 del TUO de la LPAG), lo cual satisface un estándar razonable para la imputación de responsabilidad administrativa en este tipo de casos.

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

13 Véase folios del 38 al 40 del expediente inspectivo. 14 Véase folios 41 del expediente inspectivo.

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

“4.15 (…) a. REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA (INCLUYE TODAS): Se ha verificado el incumplimiento de esta materia, ya que no sustentó el sujeto inspeccionado al no asistir a la comparecencia presencial solicitado en la medida inspectiva de requerimiento ni en el segundo requerimiento de información del personal sobre el registro de control de asistencia del periodo 01 de marzo 2021 al 30 septiembre 2021, en relación de los trabajadores que se encontraban laborando en el centro de trabajo (visita inspectiva 14.10.2021) (…) V. NORMAS INFRINGIDAS, CALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN, SANCIÓN PROPUESTA E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD (…) por las verificaciones y constataciones que se han realizado, se ha llegado a determinar que el empleador es supuestamente responsable del incumplimiento de las normas legales infringidas, según la calificación de las mismas respecto de las cuales se procede a proponer las siguientes conforme al cuadro que a continuación se detalla:

(…)”

15 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR.

habiéndose precisado, textualmente, como hecho constitutivo de infracción el siguiente: “No acreditó con presentar los registros de control de asistencia de los trabajadores (…)”, conducta que fue calificada y tipificada bajo los siguientes términos: “INFRACCIÓN MUY GRAVE – Numeral 25.19 Art.25° del D.S 019-2006-TR”.

“5.15. A manera de acotación, se debe indicar que, actualmente, mediante Decreto Supremo N° 014-2021-TR, que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, de fecha 02/07/2021, se modifica el artículo 25.19, quedando como sigue: Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: “(…) 25.19 No contar con el registro de control de asistencia, respecto de uno o más trabajadores, o que, teniéndolo, no contenga información mínima, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo 5.16 Ante lo expuesto, se evidencia que la infracción mencionada no ha sido desvirtuada por parte de la inspeccionada; en ese sentido, este Despacho en virtud a los considerandos precedentes, procede a imponer la sanción de multa propuesta por la comisionada. 5.17. En ese orden de ideas, esta instancia ha verificado que la inspeccionado ha cometido faltas al ordenamiento jurídico sociolaboral, las mismas que son pasibles de sanción económica, conforme lo establece el Reglamento”.

Infracción, se da cuenta que la impugnante no asistió a la comparecencia, solicitada mediante la medida inspectiva de requerimiento, ni atendió el requerimiento de información de fecha 25 de octubre de 2021, ambos relacionados con los registros de control de asistencia del periodo 01 de marzo al 30 de setiembre de 2021 con respecto del personal del centro de trabajo.

16 Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

17 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.41 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

18 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 19 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

20 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…).

por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren”. (Énfasis añadido). 6.51 En ese contexto, el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT dispone que: “La inasistencia del sujeto inspeccionado ante un requerimiento de comparecencia”. Así las cosas, se evidencia que para la configuración de este tipo infractor solo se requiere la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia; hecho que constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica. 6.52 Por las razones que anteceden, en atención al deber de colaboración todo empleador, trabajador y sus representantes se encuentran obligados a colaborar con el personal inspectivo cuando sea requerido, esto a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. No pudiendo desentenderse de las actuaciones realizadas, más aún, cuando el inspector comisionado se encuentra facultado para desempeñar en su integridad todos los cometidos de la función inspectiva con sujeción a los principios establecidos en la LGIT. 6.53 En el caso concreto, del análisis del expediente inspectivo se advierte que: • Al finalizar las actuaciones inspectivas, el personal inspectivo emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04 de noviembre de 2021, bajo el entendido de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización; por lo que, para los fines de su seguimiento y control, determinó que sea mediante comparecencia, para la verificación de cumplimiento.

• Así, de fojas 47 a 53 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Medida de Requerimiento” de fecha 04 de noviembre de 2021, notificado en la misma fecha, habiéndose verificado que, en el sistema de Búsqueda de Notificaciones y Alertas de Correo, que la impugnante recibió la respectiva alerta.

• Por otra parte, también el documento denominado “Medida de Requerimiento” de fecha 04 de noviembre de 2021, mediante el cual el personal inspectivo no solo requirió determinada documentación, sino que incluyó además un requerimiento de comparecencia, citando al impugnante a la diligencia programada para el día 09 de noviembre de 2021 a las 17:20 horas, en la oficina pública de la Intendencia Regional de La Libertad. Tal como se muestra a continuación:

Figura N° 01

• Sin embargo, en el día y hora fijada, el impugnante en su calidad de sujeto inspeccionado, no asistió a la comparecencia programada, conforme el punto 4.13 y 4.14 de los hechos constatados del Acta de Infracción.

22 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. Por lo que, la finalidad de dicho principio administrativo es que, en toda circunstancia del procedimiento sancionador, la Administración Pública respete todo principio y derecho invocado en el ámbito de su jurisdicción, siendo esto acorde con los principios de la administración de justicia señalados en el artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 6.55 Asimismo, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, contempla que el procedimiento administrativo se sustenta, entre otros, en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Por su parte, el artículo 72° del TUO de la LPAG dispone que la competencia de las entidades tiene como fuente la Constitución Política del Perú y la Ley. Asimismo, el numeral 1 del artículo 248° de esta última señala que en mérito al principio de legalidad solo por norma con rango de ley puede atribuirse a las entidades potestad sancionadora. Estando en tal sentido las autoridades obligadas a apreciar de oficio su competencia para iniciar o proseguir un procedimiento administrativo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 80° de la misma. En relación con el mencionado principio, Morón Urbina precisa que este se desdobla en tres elementos esenciales e indisolubles: “(…) la legalidad formal, que exige el sometimiento al procedimiento y a las formas; la legalidad sustantiva, referente al contenido de las materias que le son atribuidas, constitutivas de sus propios límites de actuación; y la legalidad teleológica, que obliga al cumplimiento de los fines que el legislador estableció, en la forma tal que la actividad administrativa es una actividad funcional”23. 6.56 Al respecto, el Tribunal Constitucional a través del fundamento 3 de la sentencia recaída en el expediente N° 2192-2004-AA/TC indica que, en relación al principio de legalidad, éste se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en ley. Para ello, se debe tener en consideración lo establecido en la sentencia recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, por el cual, el Tribunal Constitucional ha expresado que dicho principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa) y que la ley descrita un supuesta de hecho estrictamente determinado (lex certa)”. 6.57 Bajo esa directriz, la modalidad de comparecencia conforme al literal b) del numeral 12.1 del artículo 12° del RLGIT se define como: “(…) b) Comparecencia: exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 69 y 70 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS”. (El subrayado y resaltado es nuestro). En tal sentido, mediante la comparecencia se exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el personal inspectivo en la oficina pública que se señale, a fin de que aporte la documentación que se requiera en cada caso y/o efectuar las aclaraciones que estime convenientes, debiendo tener

23 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Décima Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Febrero 2014. p.64.

presente los lineamientos establecidos en el artículo 69° y el artículo 70° del TUO de la LPAG24. 6.58 Por tanto, en atención a las formalidades de la comparecencia establecidas en el artículo 70° del TUO de la LPAG, se precisa que, éstas constituyen exigencias legales que la Administración Pública debe de cumplir para poder hacer comparecer a un administrado, siendo estas medidas de seguridad para el mismo. En consecuencia, si la Autoridad correspondiente no cumple escrupulosamente con los requisitos del citatorio, el administrado no se encuentra obligado a su asistencia; no pudiendo extraer ninguna consecuencia negativa en contra del administrado ni hacerle perder derechos. 6.59 Aunado a ello, debe considerarse el criterio normativo aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N° 134-2019-SUNAFIL de fecha 23 de abril de 2019, el cual establece disposiciones expresas respecto al apercibimiento en casos de inasistencia a una citación de comparecencia. En tal sentido, dicho criterio señala que: “La citación a comparecencia emitida por el personal inspectivo, debe señalar el apercibimiento en caso de inasistencia del sujeto inspeccionado a la citación. Si el personal inspectivo propone la aplicación de una sanción sin haber señalado el apercibimiento, la sanción propuesta no será acogida”.

24 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 69.- Comparecencia personal 69.1. Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados sólo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley. 69.2. Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos. 69.3. A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, constancia de su comparecencia y copia del acta elaborada. Artículo 70.- Formalidades de la comparecencia 70.1. El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente: 70.1.1. El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente; 70.1.2. El objeto y asunto de la comparecencia; 70.1.3 Los nombres y apellidos del citado; 70.1.3. Los nombres y apellidos del citado; 70.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia; 70.1.5. La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y, 70.1.6. El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento. 70.2. La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados. 70.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los administrados.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

25 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. – La autoridad administrativa brinda los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 280-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 31 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de la Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 976-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 1086-2022- SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 25 de octubre de 2022 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 976- 2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1086-2022- SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 25 de octubre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1086-2022-SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 25 de octubre de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 280-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

SEXTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.45 de la presente resolución.

SÉPTIMO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251001SPDC - HR: 129232-2021