Banco de Crédito del Perú — Res. 1205-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago integro de la remuneración convencional, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega del Reglamento Interno de Trabajo conforme a ley, tipificada en el numeral 23.5 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,144.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incurrir en actos de hostilidad que afecta la dignidad de la trabajadora (…), tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. El Banco no ha incurrido en ningún acto de hostilización, en tanto, conforme a lo resuelto en la Resolución N° 128-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, a través de la cual se desarrollan las principales características que se deben tomar en cuenta para determinar si estamos frente a un acto de hostilidad, en el caso de la señora (…), las sanciones impuestas no fueron actos arbitrarios, pues cometió una serie de faltas que no se podían pasar por alto, y fueron razonables, habiendo sancionado en algunos casos con una amonestación escrita y en otros con una suspensión sin goce de haber de forma proporcional a la falta cometida. ii. La autoridad sancionadora en ningún párrafo desarrolla de qué forma la empresa afectó la dignidad de los trabajadores, ni ha evaluado los criterios descritos; por lo que el solo hecho de verificar un descuento en las remuneraciones de la trabajadora no implica la existencia de una infracción, incluso el no haberse otorgado un plazo para descargos previo a la notificación de la carta con la sanción no invalidad los hechos imputados en cada una, porque la normativa no exige un procedimiento previo, sino solo en los casos de despido; entonces la Sub Intendencia comete un error al concluir que los descuentos son injustificados. Además, el BCP le otorgó la posibilidad de reclamo y esta pudo haber sido efectuada después de la sanción

disciplinaria, conforme lo establece el artículo 88 del Reglamento Interno de Trabajo. iii. Se acreditó que la trabajadora desde el inicio de su vínculo laboral tuvo conocimiento de todas las normas internas del banco, incluido el reglamento interno de trabajo, toda vez que el Banco cuenta con una plataforma virtual llamada Workplace a la cual tienen acceso todos los trabajadores y se encuentran todas las normas internas del Banco; además, en el contenido del contrato de trabajo debidamente suscrito por la trabajadora, declaró conocer que esta norma interna fue puesta a su disposición desde el inicio de su vínculo laboral, mediante el Intranet del Banco-Workplace, siendo su responsabilidad tomar conocimiento de su contenido y cumplirlo. Por otro lado, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha validado el uso de tecnologías de la información y comunicación para acreditar el cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador, conforme a lo establecido en la Resolución N° 613-2021-SUNAFIL/TFL, Resolución N° 368-2021- SUNAFIL/TFL y Resolución N° 424-2021-SUNAFIL/TFL; por lo que, en aplicación de los principios de presunción de veracidad, verdad material y razonabilidad, se deje sin efecto la multa impuesta en este extremo. iv. El Banco no adeuda pago alguno por remuneraciones, los descuentos existentes son válidos, pues estos corresponden estrictamente a los días de suspensión sin goce de haber ante las faltas cometidas por la trabajadora que fueron sancionadas. Además, el RIT sí contempla un plazo para descargos contra sanciones distintas al despido, por lo que se incurre en un exceso de punición sancionar con dos infracciones que se sustentan en una misma conducta. v. La Sunafil vulneró el principio de legalidad, pues no tiene competencia para analizar la validez o invalidez de una sanción disciplinaria, menos dejar sin efecto ordenando el reintegro de descuentos, lo cual es ilegal, ello le corresponde al Poder Judicial. En tanto, es requisito para la existencia de la Medida de Requerimiento que se compruebe fehacientemente que el empleador ha omitido el cumplimiento de una obligación legal, es decir que el Inspector de Trabajo agote las actuaciones inspectivas para llegar a la firme convicción y demuestre que el empleador no ha cumplido con cierta obligación, partiendo de la premisa que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario conforme al principio de presunción de licitud previsto en numeral 9 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. vi. La Resolución de Sub Intendencia vulnera el principio de concurso de infracciones porque se multa a la empresa por la comisión de dos infracciones que parten de un solo hecho, la primera por Incurrirán actos de hostilidad que afecta la dignidad de la trabajadora y la segunda por no acreditar el pago íntegro de la remuneración convencional; cuando se debió proponer sólo la infracción de mayor gravedad, ya que en caso a un mismo hecho pueda aplicársele más de una infracción, la sanción sería desproporcionada y constituiría un ejercicio abusivo de derecho por parte de la autoridad correspondiente.

vii. La resolución de Sub Intendencia carece de una debida motivación, pues no señala cuál es la conducta infractora que determinó la configuración de los actos hostiles situación que nos deja en estado evidente de indefensión, en tanto, la conducta infractora debe estar debidamente identificada, cuál es el hecho que vulnera los derechos, de lo contrario, se le quita la oportunidad al sujeto inspeccionado de verificar si dicha conducta fue subsumida correctamente en el tipo infractor por el cual se les sanciona. Señala que el Banco ha afectado la dignidad de la trabajadora porque la falta del pago íntegro de la remuneración "desalienta a los miembros de su círculo familiar quienes esperan la totalidad de la contraprestación de la trabajadora o fin de costear los gastos mensuales del hogar”; no obstante, la Sub Intendencia sustenta la imputación en meras presunciones, siendo que en ningún extremo de la resolución impugnada se acredita con medio probatorio lo señalado. No es razonable imputar responsabilidad al empleador por actos en los que la trabajadora incurrió y que, además, fueron sancionados dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad. Debe recordarse que, la carga de la prueba del hecho objeto de sanción corresponde a la Administración, no al administrado. viii. La resolución de Sub Intendencia vulnera el principio de tipicidad, pues sanciona a la empresa por no haber respetado, aparentemente, el derecho de defensa de la trabajadora involucrada en la presente inspección, al momento de sancionarla con suspensiones sin goce de haber, una obligación que la ley no ha impuesto porque, no existe norma que establezca la obligación de brindar oportunidad para los descargos en casos de sanciones diferentes al despido ni existe una tipificación que pueda subsumir la presunta conducta infractora. El incumplimiento atribuido de una obligación que carece de asidero legal, es una interpretación extensiva e ilegal del artículo 31 del TUO de la LPCL. Asimismo, respecto al tipo infractor antes mencionado, 25.14 del artículo 25 del RLGIT, también se realiza una interpretación extensiva e ilegal para incluir una conducta que no corresponde. La Resolución de Sub Intendencia pretende fundamentar su sanción en el literal g) del artículo 30 del TUO de la LPCL, que establece como actos de hostilidad aquellos que afecten “la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador”; sin embargo, no establece cómo es que el uso legítimo del poder disciplinario ante las faltas cometidas por la trabajadora afectó su dignidad. Por tanto, solicita se declare la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia o se revoque la sanción impuesta.

i. Sobre la competencia de la Sunafil, la autoridad administrativa, a fin de cumplir con su finalidad de vigilar y exigir el cumplimiento de los derechos laborales reconocidos en la normativa a favor del trabajador involucrado en la investigación, no está impedido de poder interpretar aquellas disposiciones que sean relevantes para dilucidar el caso concreto, mediante las actuaciones inspectivas llevadas a cabo por el Inspector comisionado, con el objeto de comprobar y garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales; en tanto que, mediante el procedimiento administrativo sancionador se determina la existencia o no de la responsabilidad administrativa en la comisión de las infracciones advertidas mediante las Actas de Infracción derivadas de las mencionadas actuaciones inspectivas de investigación; por consiguiente, lo alegado por la inspeccionada en este extremo carece de asidero.

2 Notificada a la impugnante el 16 de enero de 2023, ver folio 115 del expediente sancionador.

ii. Sobre los actos que vulneran el derecho de defensa del trabajador, la resolución apelada sancionó al inspeccionado por incurrir en actos de hostilidad que afecta la dignidad de la trabajadora (…), al haber afectado su derecho de defensa, incurriendo en la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. iii. La inspeccionada admite haber impuesto sanciones alegando que no fueron actos arbitrarios, señalando que la trabajadora (…) cometió una serie de faltas que no podían pasarse por alto, y que las sanciones fueron razonables, habiendo sancionado en algunos casos con una amonestación escrita y en otros con una suspensión sin goce de haber de forma proporcional a la falta cometida y ello no implica la existencia de una infracción. Además, señala que la normativa no exige un procedimiento previo, sino solo en los casos de despido y que BCP le otorgó la posibilidad de reclamo y esta pudo haber sido efectuada después de la sanción disciplinaria, conforme lo establece el artículo 88 del Reglamento Interno de Trabajo. iv. En cuanto al procedimiento seguido por el inspeccionado al ejercer sus facultad de dirección y sanción, al imponerle sanciones disciplinarias de suspensión a la trabajadora (…), en ninguno de los casos señalados en el cuadro del fundamento 3.10 de la apelada, se advierte que le haya otorgado a la trabajadora, el derecho de efectuar sus descargos previamente; de lo cual se ha determinado correctamente que ello constituye afectación a la normativa sociolaboral, pues afecta derechos y/o garantías constitucionales que sí se encuentran debidamente regulados en la ley. v. Si bien dentro de nuestro ordenamiento jurídico laboral no se ha establecido taxativamente un procedimiento previo respecto a la imposición de una sanción disciplinaria que ha de realizar todo empleador al momento de la comisión de una falta cometida por sus trabajadores; sin embargo, el marco normativo, sí regula una obligación que debe ser observada por el empleador, obligación que está referida con las garantías constitucionales, siendo justamente uno de ellos, el derecho de defensa que se le debe conceder a todo trabajador, para que pueda cuestionar, los argumentos de sanción que todo empleador pretende imponer. vi. Otra obligación implícita que debe observar el empleador, al momento de imponer una sanción disciplinaria a sus trabajadores, está relacionada al contenido del debido proceso, esto es, verificar o dilucidar si las sanciones aplicadas por los empleadores se han realizado dentro del marco legal vigente, respetando los criterios de razonabilidad; ello tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; asimismo en su artículo 23, señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales del trabajador. vii. En relación con el artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (en adelante, el TUO de la LPCL), dicha norma legal plasma el poder

de dirección a cargo del empleador que se expresa en las atribuciones de dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador, siempre dentro de los límites de la razonabilidad a efectos que el ejercicio del poder de dirección no sea considerado como arbitrario e irregular; para lo cual existen dos límites: internos y externos; de manera que el poder de dirección del empleador no puede ser ejercido de manera irrazonable y menos aún puede vulnerar los derechos reconocidos por la Constitución como el derecho de defensa. viii. En el marco de la teoría de la garantía procesal de los derechos fundamentales, si bien se ha consagrado como principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, según el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, se advierte que también se ha introducido el principio de no ser privado del derecho de defensa, en todo procedimiento sancionador. ix. En tal sentido, la Autoridad de primera instancia ha concluido correctamente que la inspeccionada afectó los derechos constitucionales de la trabajadora afectada, al no haberle permitido ejercer su derecho de defensa previo a la imposición de las sanciones disciplinarias de suspensión aplicados, habiéndose extralimitado en sus facultades como empleador; toda vez que antes de emitir una sanción hacia sus trabajadores, debe respetar las garantías constitucionales que la ley concede a todo trabajador; además de ello, debe desarrollar el criterio de razonabilidad, a efectos de verificar si la falta atribuida a la trabajadora afectada, era suficiente y/o ameritaba una sanción de “suspensión”, que en este caso inclusive fue incrementado, por no haber recibido el documento de suspensión”, sin previamente tener la certeza de los incumplimientos o faltas que se le atribuyeron; determinando que ello atenta contra el derecho de defensa y contra su dignidad reconocidos en la Constitución Política; en tal sentido, lo alegado por la inspeccionada no desvirtúa la infracción atribuida. x. Además, lo contemplado en el Reglamento Interno de Trabajo presentado por el inspeccionado, no desvirtúa que el inspeccionado haya ejercido su potestad sancionadora vulnerando las garantías de un debido procedimiento administrativo disciplinario, como es el derecho a la defensa. En tanto, presentar pruebas, disponer de un plazo razonable, ser informado por escrito de los cargos que se le imputa, la debida motivación, entre otros, todo lo cual garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales, los que no fueron contemplados en el Reglamento Interno de Trabajo del Inspeccionado, pues no se advierte que la trabajadora haya podido ejercer su derecho de defensa. xi. En todo caso, lo que se puede ver de lo establecido en el mencionado Reglamento Interno de Trabajo es haber previsto el principio de pluralidad de instancias, es decir el ejercicio a efectuar su impugnación ante una sanción impuesta, lo cual es posterior a la sanción, previendo que se pueda presentar un “descargo” dentro de las 24 horas de plazo posteriores a la notificación de la sanción aplicada, lo cual evidentemente no puede suplir el procedimiento ni el plazo que se debió prever en dicho RIT, a efectos de garantizar el derecho de defensa de la trabajadora, previo a la emisión de la sanción; en tal sentido, dicha omisión evidencia la precariedad del procedimiento disciplinario instaurado contra la trabajadora afectada, a quien se le puso en estado de indefensión, afectando la dignidad de la trabajadora, e infringiendo el inspeccionado con su accionar, los artículos 2 y 23 de la Constitución Política del Perú, como el artículo 9 y el literal g) del artículo 30 del Texto Único Ordenado del TUO de la LPCL. xii. Lo alegado, no exime al inspeccionado de su responsabilidad de haber vulnerado lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política: “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre

cualquiera otra obligación del empleador”. En tal sentido, para acreditar el cumplimiento de dicha obligación de pago, el empleador tiene la carga de la prueba conforme al último párrafo del artículo 19 del Decreto Supremo N° 001-98-TR, por lo que, al no haber cumplido con su carga de probar el cumplimiento de pago, no es procedente dejar sin efecto la sanción determinada por la autoridad de primera instancia respecto a la infracción tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. xiii. Sobre el concurso de infracciones, solo es aplicable el concurso a las infracciones que se produzcan en virtud de una misma conducta; al respecto, en virtud a las infracciones en materia de relaciones laborales, precisadas en el considerando 1.3 de la presente resolución, la autoridad de primera instancia sancionó a la inspeccionada por: (i) Incurrir en actos de hostilidad que afecta la dignidad de la trabajadora afectada, al haber afectado su derecho de defensa, incurriendo en la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT; y, (ii) No acreditar el pago íntegro de la remuneración convencional a favor de la trabajadora (…), tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RIGIT, las cuales configuran la comisión de conductas infractoras claramente disímiles entre sí, además, derivan de diferentes hechos y que se fundamentan jurídicamente en distintas normas sustantivas. xiv. En cuanto a la infracción vinculada a la entrega del reglamento interno de trabajo, si bien en el referido Contrato de trabajo, se menciona información relacionada a haber tomado conocimiento, ello no es suficiente, por cuanto, no se acredita que el trabajador afectado haya tenido el acceso a la plataforma de la inspeccionada, máxime si, de la revisión tanto del expediente inspectivo como sancionador, no adjunta algún documento que acredite que se le haya otorgado una contraseña y con ello el acceso a toda la información, incluido el reglamento interno de trabajo, por lo que, este Despacho estima no acoger este extremo de lo alegado por la inspeccionada en su escrito recursivo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0027-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i) Inaplicación del numeral 9.2 del artículo 9 del RLGIT y del numeral 1.1 del artículo IV del título preliminar del TUO de la LPAG, debido a que se dispuso la ampliación del plazo de la orden de inspección sin solicitud del inspector. No obra la solicitud de ampliación por escrito, conforme se señala en el numeral 7.5.12. versión 1 de la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, aprobada mediante Resolución de Superintendencia No. 031-2020-SUNAFIL. Luego, a folios 29 del expediente inspectivo, obra el proveído de fecha 3 de junio de 2021, suscrito aparentemente por la Sub-Intendente de Actuación Inspectiva, en el que señala que, visto el oficio presentado por el Inspector, visado por su Supervisor-Inspector, autoriza la ampliación de plazo de la Orden de Inspección de 30 a 60 días hábiles, sin embargo, no obra la solicitud escrita del inspector. Las autoridades sancionadoras del primera y segunda instancia del procedimiento sancionador no han advertido que se ha vulnerado el principio de legalidad al haberse ampliado el plazo de la Orden de Inspección sin seguir el procedimiento regular previsto en el numeral 9.2 del artículo 9 del RLGIT, desarrollado por el numeral 7.5.12 de la versión 1 de la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, ya que no se cuenta con la solicitud escrita del Inspector, visada por su Supervisor-Inspector. Por tanto, corresponde declarar la nulidad del Acta de Infracción, y las resoluciones de primera y segunda instancia. ii) Inaplicación del artículo 13 de la LGIT y del numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, ya que el inspector emitió la medida de requerimiento y el acta de infracción sobre materias que no fueron asignadas en la orden de inspección y que tampoco fueron refrendadas. En la medida inspectiva de requerimiento del 21 de julio de 2021, el Inspector requirió al BCP que acredite la entrega del Reglamento Interno de Trabajo a la trabajadora, pese a que dicha materia no estaba incluida en la Orden de Inspección, ni tampoco correspondía a las materias refrendadas. Pese a que había emitido una medida de requerimiento sobre una materia respecto de la cual

no se le había asignado competencia, el Inspector emitió el Acta de Infracción proponiendo la imposición de una multa al BCP por la supuesta falta de entrega del Reglamento Interno de Trabajo; para lo cual, con una actuación totalmente ajena a la verdad, el Inspector consignó en el Acta de Infracción que entre las materias encargadas se encontraba el Reglamento Interno de Trabajo, cuando en realidad había solicitado el refrendo de la Sub - materia Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. A fojas 74 del expediente inspectivo puede encontrarse el Informe No. 075-2021-SUNAFIL/ILM/SIAI/JRG, del 6 de octubre de 2021; por el cual, el Supervisor-Inspector comunicó a la Sub-Intendencia de Actuación Inspectiva que no refrendaba el Acta de Infracción por haber propuesto una multa respecto de una materia que no había sido encargada. Ni en el expediente inspectivo, ni en el expediente sancionador, obra la decisión de la Sub-Intendencia de Actuación Inspectiva que dirima la discrepancia entre el Inspector y su Supervisor-Inspector. Conforme al numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG y el artículo 13 de la LGIT, corresponde declarar la nulidad de la medida de requerimiento, el Acta de Infracción, la Resolución de Sub-Intendencia y la Resolución de Intendencia, debido a que el Inspector se pronunció sobre una materia que no formaba parte de la Orden de Inspección, debiéndose dejar sin efecto la multa impuesta al BCP. iii) Inaplicación del artículo 46 de la LGIT y del artículo 54 del RLGIT, debido a que el acta de infracción no cumple con el contenido mínimo exigido por dichas normas. Así, el inspector ha incurrido en varios incumplimientos, como no señalar las normas vulneradas, haber señalado normas vulneradas incorrectas y haber imputado infracciones en las que no se subsumen los hechos atribuidos al BCP. (i) En el numeral 2 del cuadro insertado, el Inspector no consignó la norma vulnerada en el supuesto de no entregar el Reglamento Interno de Trabajo. (ii) En el numeral 1 del cuadro insertado, el Inspector señaló normas que no tienen relación con el pago de la remuneración. En el numeral 3 del cuadro insertado, el Inspector citó al Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, el cual modificó el RLGIT, específicamente, respecto de la tipificación de la infracción; es decir, el Inspector imputo la vulneración a una norma adjetiva y no sustantiva como exigen el artículo 46 de la LGIT. (iii) En el numeral 2 del cuadro insertado, el Inspector imputó la infracción contenida en el numeral 23.3 del artículo 23 del RLGIT, pese a que luego se sancionó por el numeral 23.5. Del mismo modo, en el numeral 4 del cuadro insertado, el Inspector imputó la comisión de la infracción muy grave prevista en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, sin embargo, se ha sancionado al BCP por la comisión de la infracción prevista en el numeral 25.14. Frente a dichos defectos del Acta de Infracción, la Autoridad Instructora debió actuar conforme al literal c del numeral 7.1.2.2. de la Directiva que regula el procedimiento sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo. Sin embargo, no se advierte que se haya solicitado al inspector que subsane el Acta de Infracción, por lo que corresponde declarar la nulidad del Acta de Infracción, la resolución de sub intendencia, la resolución de intendencia, dejándose sin efecto la multa.

iv) Inaplicación del numeral 1.2 del artículo IV y del artículo 6 del TUO de la LPAG debido a que la medida de requerimiento, el acta de infracción, la resolución de Sub-Intendencia y la resolución de intendencia vulneran el derecho a la debida motivación, y por ende el principio del debido procedimiento, al no señalar el fundamento jurídico que obliga al BCP a pagar por labores no realizadas, evidenciándose una inexistencia de motivación. Bajo ese contexto, la medida de requerimiento, el Acta de Infracción, la Resolución de Sub Intendencia y la Resolución de Intendencia, no han observado la garantía de la debida motivación al exigir que el Banco subsane la infracción por la supuesta falta de pago de remuneraciones de la trabajadora. Si la trabajadora, supuestamente afectada, no laboró los días de suspensión sin goce de remuneraciones, cuál es el motivo por el que se pretende que el Banco pague remuneraciones a dicha extrabajadora. Nuestro ordenamiento laboral sí prevé los supuestos en los que el empleador está obligado a pagar a los trabajadores las remuneraciones dejadas de percibir por el periodo en el que no prestaron servicios a partir de una decisión unilateral del empleador, tal como sucede en el caso de la declaración judicial de la nulidad de despido y en la improcedencia de la suspensión temporal perfecta. En dichos supuestos, pese a que no existe prestación de servicios por parte del trabajador, la ley establece una ficción jurídica y exige al empleador el pago de las remuneraciones que no percibió el trabajador debido a una decisión unilateral del empleador. Sin embargo, al momento de emitir la medida de requerimiento, el Inspector no señaló cuál es esa norma que supuestamente le habilitaba a exigir al Banco que pague la remuneración de la trabajadora por días no laborados. Del mismo modo, las autoridades del procedimiento sancionador tampoco han explicitado la supuesta obligación legal. En ese sentido, para ordenar el pago de remuneraciones por un periodo en el que los trabajadores no prestaron servicios, el Inspector y las autoridades del procedimiento sancionador debieron señalar la norma que justifique ese mandato -norma que por cierto no existe-; por lo que, habiéndose incurrido en inexistencia de motivación en la medida de requerimiento, el Acta de Infracción, la Resolución de Sub-Intendencia y la Resolución de Intendencia, se ha vulnerado del derecho a la debida motivación y, por ende, el principio del debido procedimiento; por lo que, el procedimiento inspectivo y el procedimiento sancionador devienen en nulos, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG. En consecuencia, debe declararse la nulidad de pleno derecho de la medida de requerimiento, el Acta de Infracción, la Resolución de Sub-Intendencia y la Resolución de Intendencia; lo que implica que no debe acogerse la multa propuesta contra el BCP. v) Aplicación incorrecta del literal a) del artículo 30 del TUO de la LPCL, debido a que no existió una falta de pago de remuneración ya que la trabajadora no laboró por estar suspendida; sin que exista norma jurídica que habilite a la inspección del trabajo a exigir el pago de la remuneración de días no laborados con motivo de una sanción disciplinaria. Por tanto, el Inspector como las autoridades del procedimiento sancionador aplicaron incorrectamente el literal a) del artículo 30 del TUO de la LPCL, pues en el caso de la trabajadora no existía la obligación de pagar remuneración pues no había laborado; por lo que, menos aún podría establecerse que se había incurrido en la falta de pago de una remuneración que no correspondía. Por consiguiente, corresponde que se revoque la Resolución de Intendencia, al haber aplicado incorrectamente el literal a) del artículo 30 del TUO de la LPCL, dejando sin efecto la multa impuesta al Banco. vi) Inaplicación del artículo 14 del LGIT y del artículo 20 del RLGIT, debido a que el inspector no emitió la medida de requerimiento conforme a las disposiciones de la autoridad central del sistema de inspección del trabajo. La SUNAFIL emitió la

versión 1 de la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, regulando en su numeral 7.14.1. los requisitos que debían cumplir los inspectores al momento de emitir una medida inspectiva de requerimiento. Al respecto, no se ha cumplido con precisar las normas vulneradas ante el supuesto incumplimiento de falta de entrega del Reglamento Interno de Trabajo y sobre el incumplimiento del pago de la remuneración; no se han precisado los numerales en los que se encontrarían las supuestas infracciones detectadas y que serían subsanadas con el cumplimiento de la medida de requerimiento; el Inspector solicita “el cese inmediato de la hostilidad a la trabajadora”, sin que este sea específico, sin que se advierta que este pueda ser subsanado al ya haberse consumado; además, respecto de la entrega del Reglamento Interno de Trabajo, no se encontraba dentro de las materias de la Orden de Inspección. Por tanto, debe declararse la nulidad de la medida de requerimiento, en aplicación de los artículos 14 de la LGIT y 20 del RLGIT, al no haberse cumplido con las disposiciones de la SUNAFIL previstas en la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva. vii) Inaplicación del principio de predictibilidad o de confianza legítima, previsto en el numeral 1.5 del artículo IV del TUO de la LPAG. Debe tenerse en consideración los criterios del Tribunal de Fiscalización Laboral: En la Resolución No. 599-2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, el Tribunal de Fiscalización Laboral, señaló que se debe verificar que el inspector de trabajo haya fundamentado de manera fehaciente que el comportamiento del administrado constituya un ejercicio desmedido de la facultad de dirección. Por ello, teniendo en consideración que el BCP sancionó a la trabajadora en el ejercicio de su facultad disciplinaria como empleador y que en ningún momento la SUNAFIL demostró que ejerció este derecho de manera desmedida, se solicita al Tribunal proceda a aplicar correctamente el ordenamiento legal vigente y se sirva a rectificar el sentido de la Resolución de Intendencia y revocar las multas impuestas. viii) Además de ello se debe tener en cuenta que, la Inspección de Trabajo no está facultada para analizar la validez o no de sanciones y, menos aún, para solicitar al empleador dejarlas sin efecto. Es más, en reiterados pronunciamientos, la SUNAFIL ya ha concluido que no resulta competente para realizar y cuestionar la validez de las medidas disciplinarias. A continuación, las siguientes: Resolución de Intendencia No. 022-2020-SUNAFIL-IRE-ANC, Resolución de Sub-Intendencia No. 127-2021- SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE; Informe emitido el 17 de marzo de 2021 por la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría (INPA). Recientemente en sede judicial se reafirma que la entidad con competencia para cuestionar las sanciones impuestas a los trabajadores es el Poder Judicial y no el Sistema de Inspección del Trabajo, conforme observamos en la Sentencia de fecha 22 de marzo de 2022 emitida en el Expediente No. 13579-2020-0-1801-JR-LA-23. ix) Inaplicación del artículo 30 del TUO de la LPCL al incumplirse el procedimiento legalmente establecido para el cese de actos de hostilidad. De acuerdo con los artículos 3 de la LGIT y 4 de su Reglamento, las facultades y atribuciones de la

inspección del trabajo se agotan, por ejemplo, en verificar si existió o no un acto de hostilidad. Y, en todo caso, requerir que no vuelva a ocurrir en el futuro. Ninguna de sus facultades, finalidades u objetivos está dirigida a retrotraer los efectos de un acto de hostilidad. Y esto porque ello es una facultad del Poder Judicial. Recordemos que los artículos 30 y 35 del TUO de la LPCL. Inclusive, el literal d) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley No. 29497 (NLPT) y el literal d) del artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo No. 017-93-JUS (TUO-LOPJ) han establecido que los Juzgados Especializados de Trabajo (Poder Judicial) son los competentes para resolver casos de cese de actos de hostilidad, es decir, determinar cuándo se configura uno y, si corresponde, retrotraer sus efectos a su origen. En ese sentido, es evidente que el Inspector excedió sus facultades al proponer multar al BCP por no cesar los actos de hostilidad presuntamente verificados durante el procedimiento inspectivo. Estas conductas vulneran el principio de legalidad porque el inspector de trabajo se atribuyó competencias que no tiene legalmente. Y, lo que es más grave aún, ejerció indebidamente competencias atribuidas exclusivamente a los Juzgados Especializados de Trabajo (Poder Judicial). En vista a estas consideraciones, el Tribunal de Fiscalización Laboral deberá declarar la nulidad de la Resolución de Sub- Intendencia y de la Resolución de Intendencia, y revoque la multa impuesta. x) Se solicita una audiencia a fin de que se permita informar oralmente los alegatos en el presente procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones leves y graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“[…] la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas

por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

9 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (...) 5.5 Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción a la labor inspectiva. (...)”. 10 Así, en el fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00295-2012-PHC/TC del 14 de mayo de 2015 (declarado doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) se reconoce que en aquellos casos en los cuales se prolonga el proceso más allá de lo razonable, “…no puede establecerse, por ejemplo, la exclusión del procesado,

Figura N° 01:

el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera un equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidadas por los órganos competentes”.

11 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…) 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

12 Artículo 156.- Impulso del procedimiento La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.

Sobre los actos que afectan la dignidad de la persona humana

"(...) Para este Colegiado Supremo, la decisión del empleador sobre las condiciones laborales de un trabajador debe ser considerada sobre la base insustituible del factor humano y de las circunstancias en medio de las cuales actúan los poderes discrecionales, sin soslayar naturalmente los preceptos y derechos reconocidos en la Constitución. (…)”

13 Casación Laboral N° 18711-2015 AREQUIPA. 14 Cfr. inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 15 Fund. 4 del EXP. N.° 06389-2015-PA/TC. 16 Fund. 43 del Exp. N° 0023-2005-AI/TC. 17 Fund. 4 del Exp. N° 3359-2006-PA/TC. 18 Cfr. artículo 9 del TUO de la LPCL. 19 Consagrado en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 20 Tercer párrafo del fund. 4.3.1 del Exp. N° 02563-2012-AA/TC. 21 Fund. 3 del Exp. N° 02165-2018-PHC/TC.

un (…) particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías”22.

“(…) 22. Así, conforme con las resoluciones invocadas en el numeral 16 del presente Acuerdo Plenario, es preciso establecer la existencia de actos de hostilidad cuando se despliegan medidas disciplinarias contra trabajadores sin haberse seguido un procedimiento que cumpla con los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso o a la prueba, derechos constitucionales que deben tener plena vigencia en la relación de trabajo, conforme con el tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución. 23. En ese sentido, la autoridad instructiva y sancionadora, durante la tramitación del procedimiento sancionador respectivo, deberá examinar que en la inspección de trabajo donde se analice la presunta comisión de actos de hostilidad en contra de trabajadores sancionados con medidas disciplinarias; se haya verificado si previamente a la imposición de la sanción, el empleador siguió un debido procedimiento cautelando el derecho a la defensa y a la prueba; preservándose el ejercicio disciplinario que sea justo y respetuoso de tales derechos.”

“6.9. Toda relación laboral supone para el trabajador el cumplimiento de obligaciones y para el empleador, el derecho a normar reglamentariamente las funciones y labores a

22 Fund. 32 del EXP. N° 00156-2012-PHC/TC. 23 Cfr. MOLERO MANGLANO, Carlos; SÁNCHEZ-CERVERA VALDÉS, José Manuel y otros. Manual de Derecho del Trabajo. 5ta. Edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 2005, pp. 270-273.

desarrollarse, dictar las órdenes y sancionar la falta de acatamiento de las mismas. Esto último, es traducido como el poder de dirección, que no puede ser ejercido de forma arbitraria, pues debe practicarse de acuerdo a ciertos parámetros: a) sujeción a la Constitución y la ley; b) respeto de los derechos fundamentales y c) el respeto del principio de razonabilidad que limita el poder del empleador a tomar decisiones arbitrarias.

estos casos, consideren mediante los medios de investigación que recoge la LGIT y el RLGIT, recabar medios de prueba o indicios suficientes, que permitan la comprobación del elemento objetivo y subjetivo del acto de hostilidad, objeto de la Orden de Inspección.” (énfasis añadido)

de un plazo determinado, aportando los medios probatorios necesarios que permitan probar o no la falta cometida.

24 Octavo párrafo del artículo 1 de la LGIT 25 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (el resaltado es nuestro)

Figura 02: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

26 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 03:

27 Notificada vía casilla electrónica el 21 de julio de 2021, conforme la consulta al sistema de Búsqueda de Notificaciones y Alertas de Correo de esta administración, donde también se encuentra la constancia de notificación, la alerta remitida y el íntegro de la medida inspectiva de requerimiento.

contra las conductas imputadas. Por tanto, conocido los fundamentos de las inconductas sancionadas, la impugnante no puede pretender justificar los incumplimientos normativos en los que ha incurrido con argumentos referidos a temas formales, en la medida que ello no le exime de la responsabilidad administrativa determinada.

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9. En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT,28 pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10. De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia.”

28 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL-

29 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones laborales No acreditó el pago de íntegro de la remuneración convencional. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

Relaciones laborales No acreditó la entrega del Reglamento Interno de Trabajo conforme a ley. Numeral 23.5 del artículo 23 del RLGIT LEVE Relaciones laborales Incurrir en actos de hostilidad que afecta la dignidad de la trabajadora (…) Numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplió con la medida inspectiva de requerimiento Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-

TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, contra la Resolución de Intendencia N° 0027-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 12 de enero de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1483-2021- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 0027-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 y a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante en el extremo en el cual se soslaya la necesidad de aplicar rigurosamente y de forma tutelar los principios vinculados con el debido procedimiento y el principio de legalidad.

Considero que, con el mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido en la necesidad de analizar adecuada y jurídicamente dichas instituciones convalidando una situación que supone -a mi parecer- no solo la vulneración de garantías mínimas del debido procedimiento

administrativo, sino que, además, sientan un precedente que podría habilitar espacios de arbitrariedad en la actuación de las instancias del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

Del Análisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión Establecidos Por El Reglamento Del Tribunal

Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido.

Sobre El Principio Del Debido Procedimiento Administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139. ° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –

en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69) (énfasis añadido).

Sobre El Principio De Legalidad Y El Procedimiento Regular

3. El principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado Democrático. La Constitución lo consagra en su artículo 2º, inciso 24, literal d), con el siguiente tenor: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley” (subrayado nuestro).

4. Sobre esta base, este Tribunal, en el Expediente N.º 0010-2002-AI/TC, ha establecido que el principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones.

A partir de esta consideración del principio de legalidad y sus implicancias en la estructuración del derecho penal moderno, este Tribunal también ha establecido, en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, que: “(...) que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador (…)” (fundamento jurídico 8) (énfasis añadido).

Art. 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos

[…] 5. Procedimiento regular. – Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento previsto para su generación.

Sobre la ampliación del plazo de la Orden de Inspección N° 15470-2021-SUNAFIL/ILM

30 Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados para: (...)

“9.2 El inicio de actuaciones inspectivas, por iniciativa de los inspectores o de los equipos de inspección designados, que sólo pueden llevarse a cabo en los casos prescritos en el literal e) del artículo 12 de la Ley y el literal d) del numeral 8.4 del artículo 8 del presente Reglamento, debe ser refrendada por el directivo competente de la Inspección del Trabajo mediante la ampliación de la orden de inspección o la emisión de una nueva, conteniendo el refrendo de las materias nuevas a ser investigadas, disponiéndose su inclusión en el sistema de registro de órdenes de inspección.

En los casos de ampliación de la orden de inspección, el inspector de trabajo podrá solicitar al directivo competente la concesión de un plazo adicional para la investigación que es otorgado siempre y cuando existan causas objetivas y razonables para su procedencia.” (énfasis añadido)

“7.5.12. La solicitud de ampliación se presenta por escrito ante el Sub Intendente de Actuación Inspectiva, Sub Director de Inspección o autoridad que haga sus veces, con tres (3) días hábiles de antelación al vencimiento del plazo originalmente previsto, debidamente fundamentada, con el visto bueno del Supervisor Inspector o quien haga sus veces y habiéndose realizado previamente visita inspectiva o diligencia de comparecencia; solicitud que debe ser atendida dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada. El otorgamiento de la ampliación, así como el plazo de la misma responderán a la pertinencia, razonabilidad y proporcionalidad del caso concreto, en concordancia con los fines de la Inspección del Trabajo.” (énfasis agregado)

Figura N° 01:

Sobre la naturaleza del Acta de Infracción y la nulidad de esta

importante identificar las consecuencias de la vulneración de los principios generales del derecho administrativo en el Acta de Infracción.

“aquellos actos intermedios que ora impidan a los sujetos afectados adquirir la condición de interesados (piénsese, por ejemplo, en la negativa de la Administración a admitir la personación del titular de un interés legítimo vinculado al objeto del procedimiento), ora liquiden o limiten el ejercicio de los poderes instrumentales que a los mismos asisten en el seno del iter administrativo (impidiendo el acceso a un determinado documento, reduciendo el plazo previsto para la presentación de alegaciones, rechazando la práctica de una prueba, omitiendo el trámite de audiencia, entre otras hipótesis) (…)”34 .

31 Sobre el particular, la Resolución de Intendencia N° 085-2015-SUNAFIL/ILM del 30 de marzo de 2015, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, señala en el fundamento 8 que “…la naturaleza de las Actas de Infracción no es la de un acto administrativo, por el contrario son actos de administración, consistentes en manifestaciones o declaraciones, expresiones intelectivas de voluntad, conocimiento, opinión recomendación, juicio, deseo, etc., formando gran parte de las piezas procesales de los expedientes administrativos, considerándose actos no productores de efectos jurídicos directos, pudiendo ser medidas de prueba que la administración produzca durante el procedimiento: Pericias, declaraciones testimoniales, producción de pruebas, actas documentales o instrumentales, etc.”. 32 Similar posición se plantea, por ejemplo, en los fundamentos 6 al 12 del precedente administrativo sobre nulidad de oficio de actos administrativos emitidos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, en el marco de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, aprobado por Resolución de Sala Plena N° 002-2019-SERVIR/TSC y publicada el 8 de septiembre en el diario oficial El Peruano. 33 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. Página 202. 34 CIERCO SEIRA, César. “La participación de los interesados en el procedimiento administrativo” En: Publicaciones del Real Colegio de España. Bolonia; citado por DANÓS ORDOÑEZ (2007).

“lo relevante para determinar el carácter impugnable o inimpugnable de manera separada de un acto de trámite no se deriva de su situación en el procedimiento administrativo, sino exclusivamente de la magnitud de sus efectos perjudiciales que pueda producir en alguno de los participantes en el citado procedimiento (…) un acto administrativo de trámite puede tener dimensiones diferentes según se enjuicie desde la perspectiva de uno u otro destinatario (…)”35.

35 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. (2007). “La impugnación de los Actos Administrativos de Trámite en el Procedimiento Administrativo y la Queja”. EN: Revista Derecho y Sociedad, N° 28, 267 - 271. 36 Versión 2 aprobada por Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL.

10442-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 27 de julio de 2021 han sido dadas a cabo en clara contravención al numeral 13.4 del artículo 13 del RLGIT.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Resultado Del Análisis Realizado

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250910RZR - HR 26808-2021