Banco de Crédito del Perú — Res. 1204-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Jornada y Horario de Trabajo; y, Horas extras); y, Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas).

PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

como consecuencia de la denuncia presentada por el SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con presentar el registro de control de asistencia de manera completa con la información mínima esencial (marcación de horario de entrada y salida y en algunos casos solo cuenta con una sola marcación) no permitiendo establecer el tiempo efectivamente laborado por los trabajadores sujetos a fiscalización, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con presentar el requerimiento de información notificada en fecha 27 de octubre de 2021 vía casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con presentar el requerimiento de información notificada en fecha 16 de noviembre de 2021 vía casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con presentar el requerimiento de información notificada en fecha 23 de noviembre de 2021 vía casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

i. Refieren que, la Sub Intendencia vulnera el principio de tipicidad en la medida que se sanciona al Banco en base a una norma que no resulta aplicable al caso concreto, pues erróneamente se pretende forzar la tipificación para señalar que, tanto el registro de control de asistencia no cuenta con información mínima (25.19 RLGIT) como la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores información (46.3 RLGIT), situaciones que no han sucedido. Además, precisan que, la tipificación no sanciona al empleador por no haber amonestado y/o sancionado al trabajador, como lo señala erróneamente la Sub Intendencia. Por tanto, no puede ser argumento suficiente indicar que debieron realizar acciones necesarias para que los trabajadores marquen su hora de ingreso y salida, pues la tipificación no sanciona este actuar. Incluso, les causa sorpresa que sea la propia SUNAFIL quien exhorte a tomar medidas correctivas en contra de los trabajadores, cuando de acuerdo con la facultad de dirección, esta decisión compete únicamente al Banco. ii. Alegan que, la Sub Intendencia los sanciona bajo el artículo 46.3 del RLGIT, por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 27 de octubre de 2021 (primer requerimiento). Sin embargo, la infracción contenida en el artículo 46.3 tipifica la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores información, lo cual no ha sucedido. En todo caso, la Sub Intendencia debió haber sancionado bajo el artículo 45.2, que de acuerdo a lo señalado por el Tribunal sanciona la demora en la entrega de información al inspector de trabajo, por cuanto genera retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas de los fiscalizadores actuantes y no bajo el artículo 46.3. De este modo, y habiendo quedado demostrado que sí remitieron información solicitada en el requerimiento de fecha 27 de octubre de 2021, no le es imputable la infracción tipificada en el artículo 46.3 del RLGIT, pues remitir información de ninguna manera puede ser una acción que represente la negativa de brindar información a los inspectores. Por los argumentos expuestos, están ante una flagrante afectación al principio de tipicidad, motivo por el cual la Resolución de Sub Intendencia debe declararse nula. iii. Por último, sostienen que, no se tomó en cuenta que al imputar dos infracciones e imponer una sanción por cada una de ellas, se vulneró el principio de razonabilidad, según lo establecido en el artículo 66.10 del TUO de la LPAG; lo que implicó que se duplique la multa impuesta, porque en los dos requerimientos se pide la misma información, de manera reiterada. En el presente caso no se tomó en cuenta que los hechos imputados configuran una sola infracción continuada, ya que son conductas independientes que conforman un proceso unitario y homogéneo de acción, y que en ambas oportunidades se solicitó la misma información, por lo que solo cabe imputar y sancionar por una única infracción. Por otro lado, es preciso traer a colación un ejemplo de infracción continuada, la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la Resolución N° 324-2021-SUNAFIL/TFL, dispuso que todas las causas de un accidente de trabajo que constituyan incumplimientos a la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en base a lo dispuesto por el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT debían

tipificarse de forma conjunta y subsumirse en dicho tipo infractor, no debiendo ser calificadas y tipificadas de forma independiente

i. Que, los hechos constatados por el inspector actuante contenidos en el acta de infracción cuentan con respaldo documental recabados en la investigación (Registro de control de asistencia presentado por el sujeto inspeccionado del periodo enero de 2021 hasta setiembre 2021, donde no se evidencia el tiempo efectivamente laborado de los trabajadores detallados en el Cuadro N° 04 del acta de infracción – marcaciones incompletas), corroborado por la Autoridad Instructora en la Imagen N° 04, 05 y 06 del Informe Final de Instrucción, donde la documentación en archivo digital - Registro de Asistencia de los trabajadores, resultan imprecisos respecto de las marcaciones, lo que ha conllevado en la investigación a notificar la modalidad inspectiva de requerimiento de información en dos oportunidades (16/11/2021 y 23/11/2023) y ante la negativa de parte del sujeto inspeccionado de cumplir con lo solicitado, tales hechos evidencian la falta de deber de colaboración a la labor inspectiva de parte del sujeto inspeccionado, más aún si al inicio de la investigación con el requerimiento de información de fecha 27/10/2021 no ha cumplido con remitir la información solicitada, situaciones que no logran justificar ante el inspector actuante en ejercicio de su derecho de defensa, el cumplimiento de la normativa sociolaboral, a pesar de habérsele solicitado en varias oportunidades mediante requerimientos de información. ii. Que, las conductas infractoras a la labor inspectiva determinadas por el inferior en grado en la resolución apelada, en mérito al informe final y conforme a los hechos constatados del acta de infracción, se tiene que en fecha 27 de octubre de 2021, 16 y 23 de noviembre de 2021 se notificaron los requerimientos de información por casilla electrónica; sin embargo, el sujeto inspeccionado no ha cumplido con remitir la información solicitada, dejándose las respectivas constancias de actuaciones inspectivas de investigación, ya que los hechos constatados en los acápites 4.1 al 4.9 del acta de infracción, denotan la falta del deber de colaboración del sujeto inspeccionado en el procedimiento investigatorio, al no facilitar la información y/o documentación para el desarrollo de la función inspectiva, los mismos que constituyen infracción a la labor inspectiva, por no actuar diligentemente y no cumplir con lo requerido en su oportunidad, a pesar de tener un plazo prudente para remitir la información y/o documentación solicitada. iii. En el caso de autos, el incumplimiento de los requerimientos de información por medio de sistemas de comunicación electrónica notificados en fecha 27 de octubre de 2021, 16 y 23 de noviembre de 2021, son infracciones a la labor inspectiva tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, consideradas como infracciones instantáneas, que por su naturaleza no sería aplicable el Principio de Continuidad de Infracciones, ya que es posible diferenciar cada uno de los hechos de forma independiente (numeral 7.15.9. de la versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII), consumándose la conducta infractora en la fecha que debió cumplirse tales requerimientos de información, la misma que se respalda con el Lineamiento para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las infracciones previstas en el RLGIT. iv. De la graduación de la sanción de multa respecto a las infracciones a la labor inspectiva, el numeral 1.4 del artículo IV del título preliminar del TUO de la LPAG, respecto del

2 Notificada a la impugnante el 22 de agosto de 2023.

Principio de Razonabilidad, señala: "Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.", concordante con el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG, Principios de la potestad sancionadora administrativa; por lo que, la autoridad administrativa no deberá sancionar más de lo señalado en las normas vigentes de la materia, ello en atención al Principio de Razonabilidad. v. En el presente caso, según lo previsto en el artículo 38° de la LGIT, las sanciones a imponer por la comisión de Infracciones, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios: (i) gravedad de la falta cometida, (ii) número de trabajadores afectados y (iii) tipo de empresa; siendo así, para efectos de la propuesta de multa el inspector comisionado ha aplicado para el cálculo de la sanción la tabla de sanciones para la “No MYPE”, que se encuentra establecida en el numeral 48.1 del artículo 48° del RLGIT. Por lo que, en aplicación del mencionado dispositivo legal, corresponde efectuar la graduación de la sanción de multa teniendo en cuenta los citados criterios.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

(15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 23 de agosto de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Refieren que, la resolución de intendencia aplica incorrectamente el artículo 25.19 del RLGIT, porque sí contaban con un registro de control de asistencia con los requisitos mínimos según Ley, con el hecho de que algunos trabajadores omitieron marcar su ingreso y/o salida, lo cual es ilegal, en cuanto que constituyen dos hechos distintos. ii. Precisan que, cuentan con un registro de control de asistencia digital mediante módulos de marcación de asistencia en cada centro de trabajo y están al acceso de todos los trabajadores durante toda la jornada de trabajo. iii. Alegan que, la resolución de intendencia inaplica el principio de legalidad y contraviene la Constitución Política del Perú, pues se está pretendiendo sancionar una conducta que no se encuentra dentro del artículo 25.19 del RLGIT. iv. Sostienen que, la Intendencia inaplica el artículo 248.10 del TUO de la LPAG, en tanto que, no se puede atribuir que su registro de control de asistencia no cuenta con las características mínimas, ya que fueron los mismos trabajadores quienes no cumplieron con registrar su salida. Al respecto, invocan la Resolución de Sala Plena N° 007-2023- SUNAFIL/TFL, referido a que el personal inspectivo tiene que acreditar que el empleador fue negligente. Sin embargo, en el presente caso, mediante las actuaciones inspectivas de investigación, no se solicitó evidencia de las acciones frente al incumplimiento de llenado de sus trabajadores. v. Consideran que se ha inaplicado el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en tanto que, no se observó que la imputación efectuada por el inspector y por las autoridades vulnera el principio de tipicidad al imputar inadecuadamente una causal no prevista en el artículo 25.19. Al respecto, agregan que, nos se habría configurado ninguna de las presuntas fallas amparadas en el artículo en controversia, en tanto que, de los actuados, se puede apreciar que la inspectora y las autoridades del procedimiento señalan que el registro no contenía la información mínima, porque los supuestos trabajadores afectados no habían registrado en algunas ocasiones su ingreso o salida del centro de trabajo, supuesto no previsto en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. vi. Consideran que, no se han configurado las infracciones imputadas, en tanto no se acreditó que haya existido una negativa, ni mucho menos que esta presunta acción haya impedido la realización de la inspección, toda vez que fue la propia autoridad inspectora quien decidió dar por concluidas las actuaciones inspectivas, a pesar de contar aún con plazo hasta el 20 de diciembre de 2021 para hacerlo, e inclusive, tener la posibilidad de solicitar la ampliación de plazo de la investigación. vii. Aducen que, en todo caso, se debió haber sancionado bajo el artículo 45.2, que de acuerdo con lo señalado por el Tribunal sanciona la demora en la entrega de información al inspector de trabajo, entrega incompleta, por cuanto genera retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas de los fiscalizadores actuantes y no bajo el artículo 46.3

viii. Señalan que, se ha Inaplicado el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG y el artículo 66.10 de la LPAG, sobre el principio de razonabilidad, pues se debe sancionar de la manera menos gravosa posible. Al respecto, invocan la Resolución de Sala Plena N° 010-2022- SUNAFIL/TFL, referido al principio de razonabilidad. ix. Refieren que, no se tomó en cuenta que al imputar dos infracciones e imponer una sanción por cada una de ellas, se vulneró el principio de razonabilidad, según lo establecido en el artículo 66.10 del TUO de la LPAG, lo que implica que se duplique la multa impuesta, porque en dos requerimientos de información se pide la misma documentación de manera reiterada. x. Sostienen que, la Intendencia ha inaplicado lo dispuesto en la Versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, en tanto que, el inspector comisionado tenía treinta días hábiles para desarrollar actuaciones inspectivas, y si éstas iniciaron el 27 de octubre de 2021 el funcionario comisionado tenía la obligación de desarrollar otras actuaciones inspectivas hasta el 20 de diciembre de 2021. xi. En ese sentido, la resolución de intendencia, debe ser declarada nula y por tanto el presente procedimiento administrativo, toda vez que no se han determinado de manera correcta quienes son los trabajadores afectados.

xii. Invocan precedentes de observancia obligatoria con respecto a la necesidad de los inspectores de utilizar medios alternativos ante la falta de respuesta de un primer requerimiento de información, como la Resolución de Sala Plena N° 012-2023- SUNAFIL/TFL, y Resolución de Sala Plena N° 021-2024-SUNAFIL/TFL. xiii. Agregan que, el inspector debe ejercer todas sus potestades para tutelar los derechos sociolaborales, sin limitarse a solicitar información, basándose en los principios de primacía de la realidad y razonabilidad. Es así como, lo realizado por la Inspectora de Trabajo atenta contra los principios propios del derecho administrativo sancionador, ya que no se están cumpliendo con la finalidad de la labor del procedimiento inspectivo. xiv. Alegan que, dieron respuesta al primer requerimiento de información; no obstante, se indicó que la información se encontraba “incompleta” y “dividida”. No conforme con ello, la Inspectora volvió a solicitar el registro de asistencia. Esto evidencia que se han utilizado las herramientas de la inspección de trabajo, como son los requerimientos de información, de manera desproporcional. Además, la Inspectora ya tenía conocimiento que no contaban con el Registro de Asistencia tal como lo había solicitado. Sin embargo, a pesar de ello, volvió a solicitar la misma información. xv. De igual forma, refieren que, no se impidió la continuación de las actuaciones inspectivas de investigación. Tal es así que la Inspectora pudo haber agotado otros medios de investigación, teniendo en cuenta que contaba con 35 días hábiles para realizar diferentes actuaciones o una segunda visita al Centro de Trabajo. Sin embargo, decidió concluir sus investigaciones.

xvi. Adjuntan la Resolución N° 217-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, N° 415-2024-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, N° 235-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y N° 316-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, que refuerzan su posición, en tanto que, confirman la posición tomada por el TFL en situaciones similares a la presente. xvii. Sostienen que, la Autoridad Instructora y Sancionadora avalaron la imputación de cuatro (4) infracciones que vulneran el principio de predictibilidad y confianza legítima. En vista de estas consideraciones, solicitan que se tenga presente lo resuelto por el TFL y declare la nulidad de la Resolución de Intendencia, por vulneración al debido procedimiento, o en su defecto, se revoque la multa impuesta. xviii. Reiteran que, no se agotaron los medios para verificar la materia de la orden de inspección conforme lo exige la Versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, en tanto que, el inspector comisionado tenía treinta días hábiles para desarrollar actuaciones inspectivas, y si éstas iniciaron el 27 de octubre de 2021 el funcionario comisionado tenía la obligación de desarrollar otras actuaciones inspectivas hasta el 20 de diciembre de 2021, pero las dio por terminadas el 09 de diciembre de 2021. xix. Por tanto, solicitan se declare la nulidad de la resolución de intendencia, o en su defecto se revoque la multa impuesta.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022- SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del

artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

10 Morón Urbina, J. C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (Tomo I, 14.ª ed., p.160).

“6.10 En sentido estricto, los procedimientos administrativos contenidos en la LGIT o la RLGIT, así como al ejercicio de la actividad administrativa de fiscalización del sistema de inspección del trabajo, deben observar, necesariamente, lo dispuesto en el TUO de la LPAG. A excepción de aquellos casos en que la norma especial (LGIT o la RLGIT) establezca una regulación más favorable a los administrados, se aplicarán tales normas en lugar de la norma común (TUO de la LPAG), conforme lo dispone el numeral 1.6 del artículo IV del TUO de la LPAG, así como el numeral 247.2 del artículo 247 del mismo cuerpo normativo, ordenador de los sistemas administrativos.

11 Idem, p. 92. 12 Ocampo Vázquez, F. (2015). El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los Organismos Reguladores. IUS ET VERITAS, 26 de abril de 2015. 13 Cassagne, J. C. (2019). El acto administrativo (teoría y régimen jurídico) (1.ª ed., pp. 93–94). Ediciones Olejnik.

actuaciones de la administración. De observarse lo expuesto, el órgano administrativo a cargo deberá evaluar si es física y jurídicamente posible la aplicación de la acumulación de procedimientos, dispuesto en el artículo 160 del TUO de la LPAG. Esto en virtud de una multiplicidad de intereses públicos concurrentes, entre los que podemos referir: i) proveer una eficiente atención a las necesidades ciudadanas de quienes denuncian que sus empleadores cometieron infracciones típicas de diversas normas de trabajo; ii) reducir el número de procedimientos, privilegiando que uno solo pueda tener diversos objetos; reducir el riesgo de que la Administración Pública emita pronunciamientos contradictorios.

a. Identidad del sujeto investigado. Debe advertirse si las actuaciones de la inspección de trabajo y/o la del órgano administrativo sancionador, se ejercen o ejercerán contra el mismo administrado. b. Conexidad de hechos. En relación con la materia del reproche administrativo, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deben observar la homogeneidad de la norma infringida, bien jurídico lesionado, así como la conexión temporal existente. c. Conexidad de afectados. Es necesario que los agentes del Sistema de Inspección del Trabajo determinen si las diversas actuaciones se producen respecto del mismo trabajador o trabajadores afectados en ambos procedimientos. En este caso debe prestarse atención a los casos promovidos por un trabajador singular y un sindicato que actúe en su nombre, sea que se trate de un afiliado a dicha organización de trabajadores o no. d. Unidad del órgano competente. Finalmente, la Administración Pública debe evaluar y analizar si los procedimientos están a cargo de un mismo órgano administrativo, es decir, cuando dicha competencia corresponda que sea ejercida a través de una sola intendencia regional de la SUNAFIL. De lo contrario, no será posible disponer su acumulación si dichos procedimientos se encuentran dentro de la competencia territorial de distintos órganos administrativos (carácter suprarregional de una infracción, que en el actual estado de cosas motiva actuaciones coordinadas entre las diversas intendencias intervinientes).

N° ORDEN DE INSPECCIÓN N° SUJETO INSPECCIONADO FECHA DE LA ORDEN DE INSPECCIÓN MATERIAS 1014-2021- SUNAFIL/IRE- PUN BANCO DE CREDITO DEL PERU 15.10.2021 Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Jornada y horario de trabajo; Horas extras); Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). 1015-2021- SUNAFIL/IRE- PUN BANCO DE CREDITO DEL PERU 15.10.2021 Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Jornada y horario de trabajo; Horas extras); Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). 1016-2021- SUNAFIL/IRE- PUN BANCO DE CREDITO DEL PERU 15.10.2021 Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materias: Jornada y Horario de Trabajo; y, Horas extras); y, Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas)

N° ORDEN DE INSPECCIÓN N° MOTIVO DEL INICIO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE LA DENUNCIA SUMILLA DE LA DENUNCIA FECHA DE EMISIÓN DEL ACTA DE INFRACCIÓN FECHA DE INICIO DEL PAS (NOTIFICACIÓN DE LA IC) 1014-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia presentada por el SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. 29.8.2021 Solicita inspección urgente para comprobar el no pago de horas extras impuestas a la salida del término de la jornada laboral en las distintas agencias de la denunciada y dentro de la jurisdicción territorial de vuestro despacho de fiscalización laboral. 30.12.2021 18.10.2022 1015-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia presentada por el SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. 29.8.2021 Solicita inspección urgente para comprobar el no pago de horas extras impuestas a la salida del término de la jornada laboral en las distintas agencias de la denunciada y dentro de la jurisdicción territorial de vuestro despacho de fiscalización laboral. 30.12.2021 18.10.2022 1016-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia presentada por el SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. 29.8.2021 Solicita inspección urgente para comprobar el no pago de horas extras impuestas a la salida del término de la jornada laboral en las distintas agencias de la denunciada y dentro de la jurisdicción territorial de vuestro despacho de fiscalización laboral. 30.12.2021 18.10.2022

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha

14 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto,

desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado)

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 179-2023- SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 09 de junio de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 081-2022-SUNAFIL/IRE-PUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 179-2023- SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 09 de junio de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Puno y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.40 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Puno, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250910MCR – HR 129208-2021