Banco de Crédito del Perú — Res. 1111-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Submateria: Jornada y horario de trabajo); Registro de control de asistencia (Submateria: Incluye todas). literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el registro permanente de control de asistencia a favor de los trabajadores del sujeto inspeccionado; tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. 1.4 Con fecha 05 de agosto de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 102-2022-SUNAFIL/IRE-MDS/SISA, argumentando lo siguiente:

i. Se imputó una supuesta infracción por no contar con el registro de control de asistencia, sin embargo en los considerandos 19 y 20, Sub Intendencia de Resolución reconoce que el Banco sí cuenta con un registro de control de asistencia, pero que luego de su análisis no contiene hora y minutos del ingreso y salida de los trabajadores afectados, situación que vulnera de manera evidente el derecho a la defensa, por ende podemos advertir que hay una deficiencia en la motivación interna de la resolución incurriendo en un grave vicio de motivación. Además, se ha transgrediendo el principio de tipicidad se pretende sancionar al Banco por hechos que no tiene coincidencia con la conducta infractora tipificada. ii. Se vulnera el principio de legalidad al no aplicarse correctamente el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, además cabe indicar que el Banco cuenta con un procedimiento para que los trabajadores puedan registrar su asistencia, asimismo la obligación de registrar la hora de ingreso y salida del centro de trabajo es plenamente conocida por los trabajadores ya que se encuentra en el reglamento interno del Banco. Asimismo, se ha vulnerado el principio de licitud, toda vez que Sub Intendencia de Resolución, no considero que la única forma de dejar de lado la presunción de licitud es cuando la administración cuenta con medios probatorios idóneos que acrediten fehacientemente que la empresa cometió la infracción imputada, lo que no ocurrió en el presente caso, por lo cual piden la nulidad de la resolución.

declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. Se pudo advertir que la infracción versa íntegramente en advertirse que el recurrente al momento de la visita de inspección al centro de trabajo, y luego del requerimiento verbal por el comisionado, este no contaba con un registro de control permanente de sus trabajadores, por el contrario, se entregó un documento que pretendía suplir al documento requerido, siendo este denominado Herramienta de Asistencia DCA, de los meses junio a setiembre 2021, el mismo que de su análisis se advirtió que no contaba con la información mínima que permita dilucidar el adecuado control de asistencia permanente de los trabajadores, de conformidad con el art. 2° del D.S N° 011-2006-TR. ii. Es evidente que la conducta del recurrente, era reprochable legalmente, más aún si hasta el estado procedimental no presentó el Registro de control de asistencia permanente de su entidad, o en su defecto demostrar documentalmente por qué no cuentan con la misma, y solo su sede Principal Lima, lo debe custodiar o tener, quedando solo su argumento indicado en el expediente inspectivo (visita inspectiva al centro laboral), como afirmaciones sin sustento documental probatorio.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 2.2 Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; esto es, el 07 de marzo de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 028-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el artículo 27 de la LGIT establece que no podrá imponerse sanción económica por infracción que no se encuentre previamente tipificada y contenida en el RLGIT. Así pues, solo constituye conducta sancionable administrativamente las que cumplan con el supuesto de hecho de las infracciones previstas en norma con rango de ley en atención al principio de tipicidad, agregan que la Intendencia no respetó aquella exigencia, ya que confirmó la resolución de Sub-Intendencia, mediante la cual se sancionó al BCP por la comisión de la conducta infractora tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT; pese a que, no se cumplió el supuesto de hecho. ii. Sostienen que el tipo infractor del numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT contiene cuatro supuestos de hecho: i) no contar con el Registro de Control de Asistencia; ii) contar con un Registro de Control de Asistencia que no contenga información mínima; iii) impedir al trabajador el registro de su tiempo de labores; y iv) sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de labores. Pues bien, como se puede observar en el Acta de Infracción, la conducta que se le atribuyó al Banco es no contar un registro permanente de control de asistencia; por lo que, debe quedar claro que se hace referencia al primer supuesto de hecho del tipo infractor. iii. Refieren que la Sub Intendencia en sus fundamentos 10, 19 y 20 reconoce la existencia de un registro de control de asistencia; sin embargo, la Intendencia se distanció del juicio de la Sub-Intendencia al señalar no solo que el documento que presentó el BCP no constituye un Registro de Control de Asistencia, sino que, además, afirmó que dicho documento no contiene la información mínima conforme al artículo 2 del Decreto Supremo 004-2006-TR, referido al contenido mínimo. iv. Manifiestan que la existencia de competencias definidas y diferenciadas entre la Autoridad Instructora y la Autoridad Sancionadora es una garantía indispensable del respeto al principio del debido procedimiento; en este caso la Autoridad Sancionadora se ha atribuido ilegalmente competencias de la Autoridad Instructor, debido a que se imputó un supuesto adicional del artículo 25.19 del RLGIT, referido en la Imputación de Cargos y Acta de Infracción. Específicamente, se añadió el no contar con la información mínima y no solo el no contar con el registro en mención. En ese sentido, al ser evidente la contravención al derecho a un debido procedimiento del Banco en la Resolución de Intendencia, por lo que solicitan al Tribunal se sirva a rectificar el sentido de la Resolución de Intendencia y excluir de la misma la multa impuesta. v. Alegan que la Administración Pública solo le puede atribuir responsabilidad administrativa por la infracción al administrado cuando quiebre la presunción de licitud, en otras palabras, cuando acredite fehacientemente la comisión de la conducta infractora y su autoría, lo cual, en el caso concreto, no sucedió. Por el contrario, la Intendencia le atribuyó responsabilidad al BCP; pese a que, no quebró la presunción de licitud, en otros términos, no acreditó los hechos ni su autoría.

vi. Sostienen que la Intendencia incurre en una inexistencia de motivación o motivación aparente, ya que se construye la atribución de la conducta infractora prevista en el artículo 25.19 del artículo 25 del RLGIT sobre la base de un hecho inexistente. Efectivamente, se busca sancionar el siguiente incumplimiento: “No contar con un registro permanente de control de asistencia” cuando lo suscitado es que se presentó la documentación referida.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el Registro de Control de Asistencia

8 “Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada”, publicado el 06 de abril de 2006 en el diario oficial El Peruano. 6.4 La finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Para tales efectos, dicho registro debe contener la siguiente información mínima “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro Único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; Las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo”9

“Artículo 1.- Ámbito Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas. No existe obligación de llevar un registro de control de asistencia para trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes durante el día.” (énfasis añadido)

9 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR 10 Véase a folios 16 del expediente inspectivo. 11 Sobre este deber, se puede tomar como referencia jurisprudencial lo desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP. N.º 02111-2010-PA/TC- LIMA: “En ese sentido, el informe reconoce a la debida diligencia como un componente esencial del mencionado deber empresarial, definiéndola como “aquel conjunto de medidas que debe tomar una empresa para tener conocimiento, prevenir y responder a los efectos negativos que su actuación produce sobre los derechos humanos” [Proteger, respetar y remediar…, op. cit., párrafo 56]. Esas medidas incluyen: la adopción de una política de derechos humanos

no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realicen las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad. Así, por ejemplo, en caso de que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, no solo lo deberán poner a disposición de sus trabajadores, sino que también deberán asegurar, bajo responsabilidad, que el mismo se realice respecto a todos los trabajadores, adoptando los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador 6.10 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

al interior de la corporación, medidas de evaluación de los impactos, mecanismos de integración de las políticas en toda la organización, y finalmente, procedimientos de vigilancia y control de las medidas implementadas. Finalmente, el informe señala que la debida diligencia no tiene un alcance fijo o inamovible, sino que puede variar según las circunstancias, por lo que, para determinarlo, las empresas deberán tener en cuenta los siguientes factores: a) el contexto del país en el que tienen lugar sus operaciones; b) los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos según el contexto; y c) si pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas (es decir, en su relación con sus socios mercantiles, proveedores, organismos estatales y otros actores no estatales).” estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091- 2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514- 2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No contar con el registro permanente de control de asistencia a favor de los trabajadores del sujeto inspeccionado Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 028-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, emitida por la Intendencia Regional de Ucayali dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 187-2021-SUNAFIL/MDS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 028-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a el BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Ucayali, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250827LGN - HR 129234-2021