Banco de Crédito del Perú — Res. 1088-2024

Mediante Orden de Inspección N° 32-2022-SUNAFIL/IRE-LOR, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 35-2022- SUNAFIL/IRE-LOR (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no asistir a las comparecencias citadas los días 20 y 26 de abril de 2022.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 53-2022-SUNAFIL/IRE-LOR/SIFN, de fecha 13 de julio de 2022, notificada vía casilla electrónica el 18 de julio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 058-2022-SUNAFIL/SIFN, de fecha 6 de setiembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Loreto, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 077-2022-SUNAFIL/IRE-LOR/SISA, de fecha 21 de setiembre de 2022, notificada vía casilla electrónica el 26 de setiembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 24,196.00 soles por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 14 de octubre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 077-2022-SUNAFIL/IRE-LOR/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 0027-2022-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 26 de noviembre de 20222, la Intendencia Regional de Loreto declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la sanción de multa, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 23 de diciembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Loreto el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 0027-2022- SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 26 de noviembre de 2022.

La Intendencia Regional de Loreto elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N° 87-2023-SUNAFIL/IRE-LOR, recibido el 24 de febrero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores- inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.”, siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1111 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En principio, se verifica de autos que previamente a las comparecencias objeto de sanción, el personal inspectivo había notificado una primera citación12 para el día 14 de marzo de 2022 a las 11:00 horas, en dicha fecha, un apoderado del sujeto inspeccionado asistió13 y presentó la documentación requerida.

Seguidamente, con la finalidad de recabar información complementaria, con fechas 12 y 20 de abril de 2022, el personal inspectivo procedió a notificar presencialmente14, los requerimientos de comparecencia, programados para el 20 y 26 de abril a las 12:00 horas respectivamente, ambos con el siguiente contenido:

Además, es importante recalcar que tales requerimientos de comparecencia señalan expresamente que la inasistencia constituye una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, según lo dispone los artículos 36 y 39 de la Ley N° 28806 y los artículos 45 y 46 de su Reglamento.

Al respecto, en los numerales 4.6 al 4.9 del Acta de Infracción los Inspectores comisionados dejaron constancia que en ambos casos no se apersonó ningún representante o apoderado del sujeto inspeccionado a pesar de haber sido válidamente notificado, y por lo cual se cometió dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, de conformidad con el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Cabe mencionar en este punto que el artículo 1615 de la LGIT, ha establecido que los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Asimismo, el artículo 4716 de la misma norma, ha determinado que Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.

En el presente caso, los hechos constatados en el Acta de Infracción no han sido rebatidos, es decir, la impugnante no niega que haya inasistido a dichas comparecencias, únicamente cuestiona temas relacionados al procedimiento seguido que pasaremos a analizar en los siguientes acápites.

Como primer punto, la impugnante alega que habría una incongruencia en las sanciones impuestas, puesto que se habría identificado a otra empresa al momento de establecer las sanciones.

Sobre el particular, de acuerdo a Morón Urbina17, los errores materiales para poder ser rectificados por la Administración Pública deben: i) evidenciarse por sí solos sin necesidad de mayores razonamientos, manifestándose por su sola contemplación y ii) el error debe ser tal que para su corrección solamente sea necesario un mero cotejo de datos que indefectiblemente se desprendan del expediente administrativo y que, por consiguiente, no requieran de mayor análisis.

Asimismo, en el numeral 210.1 del artículo 210 del TUO de la LPAG, se establece que los errores materiales en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

Al respecto, esta Sala verifica que este argumento de defensa ya fue alegado anteriormente, amparándose en un error material que se produjo en un extremo del Acta de Infracción, concretamente en los numerales 5.3.1 y 5.3.2 de dicha Acta, donde el personal inspectivo se confundió e introdujo por error el nombre de “CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS S.A.C.” en dos líneas de Acta, sin perjuicio que en el resto de este documento si se identificó correctamente a dicha impugnante, al igual que en el resto del procedimiento inspectivo y sancionador.

Sobre el particular, las instancias previas ya habían desestimado este alegato de defensa toda vez que dicho error material no alteró lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión del Acta de Infracción. Sobre ello, esta Sala coincide con dicho criterio toda vez que no se evidencia ninguna incongruencia al momento de identificar al sujeto responsable en el presente procedimiento, ya que un error material como el indicado, no deslegitima las infracciones cometidas por la impugnante, más aún si se ha comprobado su inasistencia a las citaciones de comparecencia programadas.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, la impugnante cuestiona que no se le habría notificado válidamente en las citaciones a las comparecencias y por ello, se habría afectado su derecho al debido procedimiento.

El debido procedimiento administrativo se manifiesta en la necesidad de garantizar a las partes todos los derechos y garantías asociadas al procedimiento sancionador, de acuerdo con lo regulado en el numeral 1.2 del artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo del TUO de la LPAG, el principio del debido procedimiento implica que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

Respecto a la notificación efectuada para citar a las comparecencias, se verifica que está no tuvo ningún defecto, toda vez que, tanto la primera citación18 para el día 14 de marzo de 2022 a las 11:00 horas, donde un apoderado del sujeto inspeccionado asistió19 así como la segunda y tercera vez para las fechas 20 y 26 de abril de 2022, donde no asistió nadie, la modalidad de notificación fue exactamente la misma, ya que en todos esos casos el personal inspectivo hizo visitas inspectivas en el centro de trabajo ubicado en Jirón Prospero Nro. 200 del distrito de Iquitos, provincia de Maynas y departamento de Loreto y en el mismo acto notificó presencialmente los requerimientos de comparecencia. En tal sentido, es insulso que la impugnante señale que se le debió notificar también por casilla electrónica y enviarle las alertas correspondientes, aun cuando es en las propias visitas inspectivas cuando el personal inspectivo notificó las citaciones a comparecencia según

No perderse de vista que según la Directiva N°001-2020-SUNAFIL/INII “Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva” en el numeral 7.11 establece que existen diferentes modalidades actuación inspectiva, tales como: i) requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, ii) visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, iii) requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante, iv) comprobación de datos o antecedentes.

Asimismo, el numeral 7.11.2. de dicha directiva, determina que “El personal inspectivo evalúa, de acuerdo con la materia de la orden de inspección, la condición de los trabajadores involucrados, los derechos presuntamente afectados, entre otros factores, la pertinente o adecuada modalidad de iniciar sus actuaciones inspectivas, y si se realizan de forma presencia y/o virtual”. Es decir, no es que solo se pueda requerir información por casilla electrónica, habiendo otras modalidades de actuación inspectiva como las visitas inspectivas o requerimiento de comparecencia, tal cual sucedió en el presente caso.

Asimismo, en cuanto a las resoluciones emitidas por este Tribunal mencionadas en el escrito de revisión (Resoluciones N° 547-2021-Sunafil/TFL, 548-2021-Sunafil/TFL y 552- 2021-Sunafil/TFL), se verifica que estas se refieren a la notificación de requerimiento de información por casilla electrónica, por tanto los criterios asumidos en dichas resoluciones no tienen nada que ver con la infracción discutida en el presente caso, sobre inasistencia a la comparecencia que fue notificada válidamente de forma presencial.

En tal sentido, del examen efectuado por esta Sala de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados.

La Impugnante señala que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad y razonabilidad, por haberse multado dos veces por una infracción.

Sobre el particular, el numeral 3 del artículo 248 del TUO del LPAG, prescribe que:

Respecto a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, corresponde indicar que respecto a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, no existe normativa que permita al personal inspectivo o sancionador graduar las multas con criterios de proporcionalidad y razonabilidad aplicados al caso en concreto, ya que se trata de un sistema de multas tasada, el cual, según el artículo 38 de la LGIT determina que las multas se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) gravedad de la falta cometida b) número de trabajadores afectados y c) tipo de empresa.

Por otro lado, al haberse identificado por parte del personal inspectivo dos infracciones a la labor inspectiva por la inasistencia a dos requerimientos de comparecencia de diferentes fechas, se impuso una sanción independiente por cada una, cumpliendo así, lo dispuesto en la Directiva N°001-2020-SUNAFIL/INII “Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”, que en el numeral 7.15.9. determina lo siguiente: “Tratándose de hechos que configuren infracción a la labor inspectiva, por cada hecho verificado se propone una multa, teniendo en cuenta que al ser conductas independientes deben sancionarse por separado”. Lo cual no transgrede el principio de razonabilidad y proporcionalidad al momento de imponer la presente multa administrativa, obedeciendo la misma, a los parámetros legalmente establecidos por el ordenamiento de inspección de trabajo. Por ello, sostener que ha existido una misma infracción continuada es ajeno a la realidad.

Por consiguiente, corresponde a la impugnante asumir la sanción económica impuesta, no resultando amparable dicho extremo del recurso de revisión.

Ahora, con relación a la tipicidad, como se mencionó previamente el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, determina que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica. En este caso, precisamente se ha sancionado por estos hechos fijados en la norma porque la impugnante no asistió a dos citaciones de comparecencia de fechas 20 y 26 de abril de 2022, con lo cual, se acredita que no hubo ninguna vulneración a la tipicidad.

Por último, invoca vulneración de los principios de legalidad, debida motivación y razonabilidad de la medida de requerimiento; no obstante, en el presente procedimiento no se ha emitido y sancionado ninguna infracción relacionada a una medida inspectiva de requerimiento, por tanto, no corresponde hacer algún análisis sobre ello. Debiendo desestimar todos los alegados invocados en este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.