Banco de Crédito del Perú — Res. 1068-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Sub materia: Asignaciones y Pago de la remuneración (sueldos y salarios)). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración a favor de la recurrente por el periodo abril a diciembre de 2020, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con proporcionar información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 05.07.21, dentro del plazo otorgado, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12.07.21, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Se pudo verificar de manera fehaciente las irregularidades cometidas en el presente procedimiento, y asimismo el cumplimiento total de los requerimientos que contienen de manera reiterativa el requerimiento de información que ya había sido remitida en su oportunidad, hechos que no han sido valorados ni tomados en cuenta en su oportunidad por la AAT. ii. El impugnante desde el inicio del estado de emergencia, a lo largo del año 2020, 2021 y en lo que va de este año, ha brindado a todos sus colaboradores diversas facilidades, acompañadas de medidas de seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de prevenir el contagio y evitar la propagación del COVID-19 entre sus colaboradores; la cual empezaría con el ascenso en el puesto y posterior adecuación de la mejora remunerativa brindando durante el Estado de Emergencia, subsidio a las comisiones de diferentes puestos de trabajo, ello con la intención de que no vean afectados sus ingresos mensuales, la medida adoptada fue extraordinaria y temporal debido a la coyuntura. iii. Se cumplió con toda la información solicitada por la inspectora que obra en autos, acreditando que el requerimiento se pudo cumplir dentro del proceso de inspección, por lo que resulta irrazonable y hasta abusivo lo señalado por la Inspectora en el presente procedimiento, por lo que debe ser declarada nula.

iv. La Imputación de Cargos, el Acta de Infracción, el Informe Final de Instrucción y la Resolución de Sub Intendencia, han venido vulnerado el principio razonabilidad y debido procedimiento, así como del deber de la administración de actuar de la forma menos gravosa posible, situación que no se ha merituado ya que se presentó documentos parcialmente pero se presentó, lo que dista mucho de señalar que no se cumplió con ningún documento, solicitando a la autoridad instructora que se declare el archivo del presente procedimiento, debido a que existe una causal de nulidad. v. La Resolución de Sub Intendencia vulnera el principio de tipicidad, de los hechos mencionados se evidencia una vulneración a sus derechos fundamentales, en tal sentido, la sanción impuesta no tiene fundamento fáctico ni jurídico; por lo que, solicita sea declarada nula por afectar el derecho al debido procedimiento administrativo. 1.5. Mediante Resolución de Intendencia N° 219-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 27 de julio de 20222, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. En este sentido, conforme se puede dilucidar del análisis del expediente, el Acta de Infracción, así como el Informe Final de Instrucción, se ha cumplido con manifestarse respecto al supuesto configurante de infracción, con sujeción a lo reglado en la Directiva; habiéndose desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observando las garantías correspondientes, como son los principios administrativos; por consiguiente, el supuesto vicio deducido deviene en insustentable, no existiendo causal de nulidad ni trasgresión al debido procedimiento. ii. En efecto, el impugnante aduce que a fin de aportar al desarrollo de la trabajadora dentro de la organización, aplicó su política de promociones que empezó con el ascenso en el puesto y que la adecuación de la mejora remunerativa sería posterior, empero es que la trabajadora a partir de la fecha de su ascenso (01 de abril de 2020) asumió las funciones correspondientes a su nuevo puesto "Ejecutivo Banca Pyme ll", puesto que de acuerdo a la verificación en la planilla electrónica percibían la remuneración mensual de S/ 3800.00 soles; por lo tanto siendo que la trabajadora vino percibiendo el monto de S/ 3000.00 soles, se verifica que el impugnante no cumplió con el pago íntegro de la remuneración mensual que le correspondía, configurándose la infracción grave pasible de sanción. iii. Así, de la documentación presentada por el impugnante, se tiene que de las boletas de liquidación de haberes del periodo abril 2020 a diciembre 2021 se advierte que a la trabajadora Natali Yolanda Zevallos Núñez no se le ha pagado la remuneración

2 Notificada a la impugnante el 01 de agosto de 2022, véase folio 52 del expediente sancionador.

correspondiente a su puesto de trabajo, es decir, se le habría reducido la remuneración que le correspondía percibir durante el periodo señalado, generando una grave afectación a los derechos sociolaborales de ésta. iv. Empero, de la documentación obrante en la carpeta inspectiva, así como en la carpeta sancionadora, no obra documento alguno que corrobore el acceso por parte de la trabajadora que denote efectivamente el pago oportuno e íntegro de la remuneración que le correspondía percibir desde abril a diciembre de 2020, subsistiendo la infracción sancionada; no obstante, la oportunidad para la subsanación de ello. v. Tal como se detalla en la resolución apelada, obra en el expediente inspectivo la medida inspectiva de requerimiento notificada el 12 de julio de 2021, a través de la cual se le solicitó a la impugnante acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes adoptando las medidas necesarias para garantizar el pago íntegro de la remuneración que le correspondía percibir a la trabajadora Natali Yolanda Zevallos Núñez; empero, al vencimiento no se cumplió con lo exigido; constituyéndose en consecuencia la trasgresión pasible de sanción. vi. Consecuentemente al no haberse producido agravio alguno que devengue de la resolución apelada, al haber sido esta expedida conforme a ley, con la debida fundamentación y carente de ningún vicio que acarree su nulidad; corresponde desestimar el recurso impugnatorio interpuesto en todos sus extremos y confirmar la sanción impuesta. 1.6. Con fecha 22 de agosto de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia Nº 219-2022- SUNAFIL/IRE-AQP.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…).” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Crédito Del Perú

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 219-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Aplicación erronea de normativa relacionada a la medida inspectiva de requerimiento: nunca se evidenció comisión de infracción alguna para su emisión. ii. Resulta menester que se haya contado con la acreditación y/o verificación de tal posible afectación previamente a su aplicación como fundamento para concluir que la medida inspectiva de requerimiento fue incumplida. No hubo tal perjuicio para la Sra. Zevallos. Aun cuando la Empresa adoptó medidas extraordinarias y temporales por la pandemia, la remuneración de la referida nunca fue menor a lo ya percibido. No obstante, la Intendencia ha mantenido el paupérrimo análisis de la inspectora de trabajo sin comprobación alguna de dicho perjuicio remunerativo. Ante ello, es importante precisar que la necesidad de que exista una comprobación de la potencial infracción ha sido validada incluso por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante su Resolución No. 00082-2021-SUNAFIL/TFL. iii. Como se puede apreciar, la inspectora de trabajo ni precisó a qué se refería con pago íntegro, qué monto se tenía que "reintegrar", ni los hechos por los cuales se llegó a tal conclusión. Sumándole a que la inspección del trabajo presumió mas no demostró, un presunto incumplimiento para emitir la medida inspectiva de requerimiento, queda claro que se ha vulnerado la normativa líneas arriba descrita. iv. En efecto, en este caso la autoridad presume que la Empresa es un infractor desde las actuaciones inspectivas sin mayor sustento basándose en supuestas acciones o inacciones del administrado. Esto además del hecho de que la inspectora de trabajo no se encontraba investida de la facultad de sacar conclusiones en contra de la Empresa por algún hecho que a su criterio no denotaría un supuesto hecho infractor. v. En el punto 7.14.1 de la Directiva No. 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, aprobada por la Resolución de Superintendencia No. 031-2020-SUNAFIL refiere a que en las medidas inspectivas de requerimiento se "detallan y describen de forma clara, precisa y concisa los hechos o actos constitutivos de incumplimientos sociolaborales". Tales exigencias también para el mandato especifico que debe cumplir el sujeto inspeccionado, lo cual no se ha suscitado en el presente caso.

vi. Considerando lo señalado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, la Empresa no se encontraba obligada a cumplir con la medida inspectiva de requerimiento al no haberse identificado clara, precisa y detalladamente las presuntas omisiones incurridas. De lo contrario, se estaría vulnerando los artículos 14 de la LGIT y 17 del RLGIT. En consecuencia, BCP no estaba obligada a cumplir con la medida de requerimiento, porque no se respetó el principio de legalidad, no habiendo, por tanto, incurrido en la infracción a la labor inspectiva imputada. vii. Inaplicación del artículo 248.9 del TUO de la LPAG: se pretende sancionar a la Empresa, pese a que, desde la inspección del trabajo, se recurrió a la presunción para emitir la medida inspectiva de requerimiento. viii. Queda claro que la única forma mediante la cual la Administración pueda dejar de lado la presunción de licitud es cuando cuenta con medios probatorios idóneos. Es decir, la carga de la prueba corresponde a la Administración, pues son ellos quienes deben de acreditar que el sujeto inspeccionado ha cometido alguna infracción. Con esto, lo que se busca es que la Administración pueda contar con todos los medios necesarios para emitir un pronunciamiento debidamente motivado, situación que no ocurre en el presente procedimiento sancionador. ix. En otras palabras, es evidente que la inspección del trabajo no consideró que la única forma de dejar de lado la presunción de licitud es cuando la Administración cuenta con medios probatorios idóneos que acrediten fehacientemente que la empresa cometió las infracciones imputadas, lo cual no ocurrió en el presente caso. Todo lo contrario, BCP ha cumplido con brindar información sobre la Sra. Zevallos a lo largo de las actuaciones inspectivas de investigación; sin embargo, ello no ha sido debidamente valorado por la Intendencia. x. Inaplicación del numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG: se vulneró el principio de tipicidad. No se configura el incumplimiento en materia del artículo 46.7 del RLGIT. xi. Como se puede desprender de las normas citadas, este principio establece que el supuesto de hecho identificado para ser calificado como infracción debe ser el mismo que el tipificado en una norma de rango legal, lo cual en el caso concreto no se ha dado, toda vez que los supuestos de hechos que debieron presentarse para que se configure la presente infracción imputada no han ocurrido. xii. Inaplicación del numeral 6 del artículo 248 del TUO de la LPAG: se vulneró el principio de debida motivación. No existió una claridad en las razones que respaldan la multa por el presunto incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento ilegal. xiii. Se evidencia, entonces, que la Intendencia pretende trasladar la carga de la prueba a BCP para demostrar lo contrario. Ello resulta ser una muestra más de que no se ha incurrido en el supuesto incumplimiento cuando es claro que a quien corresponde acreditar de manera fehaciente que el sujeto inspeccionado ha cometido la infracción es a la Administración, y ésta, de ninguna manera, debería trasladársela al administrado. xiv. Considerando lo expuesto, ha quedado más que demostrado que la carga probatoria en el presente caso correspondía a la Administración, por tanto, ha debido ser la inspectora de trabajo quien, de manera fehaciente, compruebe que la Empresa ha cometido el presunto incumplimiento. Además de lesionar el derecho a una debida motivación, se estaría vulnerando el principio de licitud, dado que desde un inicio se consideró a BCP como infractor desacreditando los argumentos señalados por el mismo a lo largo del procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual

que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Numeral IV, 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.

Sobre la validez de la medida de requerimiento 6.13. Respecto al argumento del sujeto inspeccionado con relación a que la medida de requerimiento no cumple con los requisitos señalados en el artículo 7.14.1 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, sobre ello, cabe señalar que, este Tribunal mediante la

10 Entendemos que ella se refiere en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente Sancionador N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4.

Resolución de Sala Plena Nº 009-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 23 de mayo de 202311, fijó como precedente administrativo de observancia obligatoria, los siguientes criterios vinculantes:

“6.26. La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”12, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago—y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fi n de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. d) Así las cosas, un análisis circunscrito únicamente a la determinación del quantum a cancelar por los incumplimientos en materia de relaciones laborales de significado económico, como supuesto de quiebre del principio de legalidad (arguyéndose la “necesidad” de una identificación específica del monto a cancelar por parte del sujeto inspeccionado por los incumplimientos laborales de naturaleza económica), resulta erróneo; toda vez que el bloque de legalidad invocable (conforme con lo dispuesto por los artículos 5 y 14 de la LGIT y los artículos 13 y 17 del RLGIT) no establece como requisito sine qua non que la medida inspectiva de requerimiento deba identificar el monto dinerario que adeuda el sujeto inspeccionado. e) En ese sentido, estando a lo dispuesto en el artículo 10 de la LPAG, solo es causal de nulidad, entre otros, la contravención a la Constitución a las leyes o a las normas reglamentarias o por el defecto u omisión de algún requisito de validez. Sobre el particular ni la LGIT ni el RLGIT, norma especial del Sistema de Inspección Laboral, así como ni la LPAG, disponen de forma expresa como condición de validez de la medida inspectiva de requerimiento, la determinación del monto que el administrado adeuda a su trabajador (a) o trabajadores (as) por un incumplimiento al ordenamiento jurídico laboral o de seguridad y salud en el trabajo o de la seguridad social, en números y letras. f) Por tanto, el argumento referido a que la medida de requerimiento es imprecisa, por no expresar en términos numéricos el monto adeudado en favor de los “supuestos trabajadores afectados” resulta infundado con relación al contenido del principio de legalidad, por no haberse previsto que este sea un requisito necesario para su validez. Además, este alegato, resulta, también, contrario al principio de razonabilidad, como manifestación de una adecuada proporción entre

11 Publicado en el Diario El Peruano el 11 de junio de 2023. 12 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

los medios y fines dispuestos ante un caso concreto; en tanto se verifique que la medida dictada ha sido emitida de acuerdo a la facultad discrecional de la inspección del trabajo, por los incumplimientos advertidos, referidos a la realización de labores en sobretiempo de sus trabajadores, hechos derivados del propio expediente y cuyo mandato resulta claro; lo que evidencia, además, su proporcionalidad. Finalmente, este argumento es desechable por contravenir al deber de colaboración con la inspección del trabajo, tomándose en cuenta que el empleador está obligado a contribuir con la fiscalización y que, además, esta colaboración redunda en un comportamiento material que le es exigible como sujeto obligado a pagar los beneficios laborales de forma integral. g) En este punto, debe recordar que de acuerdo a los principios que guían a la inspección de trabajo contenidos en la LGIT, así como los mandatos recogidos en el RLGIT, esta tiene una autonomía técnica y funcional, por lo que, los administrados, en este caso la recurrente, no puede pretender guiar o dirigir la función o competencias de dichos servidores o el modo en cómo es que se realiza la inspección de trabajo; en consecuencia, el argumento de la recurrente referido a que la medida inspectiva de requerimiento dictada debió individualizar el monto a cancelar, debe ser desestimado. (énfasis añadido)”

Sobre la carga de la prueba 6.19. Respecto al principio de presunción de veracidad13, Morón Urbina señala que “es un principio informador de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, consistente en suponer por adelantado y con carácter provisorio que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones en el procedimiento en que intervengan de modo que se invierte la carga de la prueba previa de veracidad a cargo del administrado, por la acreditación de la falsedad a cargo de la Administración en vía posterior.”14

13 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. 14 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Editorial Gaceta Jurídica. Décima Edición. 2014. pp. 79-81. Citado en fundamento 8 de la Sentencia Casación N° 4943 - 2015 LIMA, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

licitud, sin que éste aporte elementos de prueba suficientes que desvirtúen los hechos e infracciones imputadas.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Sobre los demás argumentos de la impugnante 6.29. De la revisión del presente caso, se observa que el Acta de Infracción cuenta con los suficientes argumentos y hechos constatados que determinaron las sanciones impuestas al administrado. A su vez, las infracciones se han tipificado y calificado conforme a la normatividad pertinente en materia de relaciones laborales y labor inspectiva, correspondiente al numeral 24.4 del artículo 24, el numeral 45.2 del artículo 45, y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, no existiendo ninguna afectación al principio de tipicidad.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración a favor de la recurrente por el periodo abril a diciembre de 2020. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Labor Inspectiva No cumplir con proporcionar información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 05.07.2021, dentro del plazo otorgado. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12.07.21. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en contra de la Resolución de Intendencia N° 219-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 27 de julio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 562-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 219-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

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