Banco de Crédito del Perú — Res. 1053-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de exámenes médicos ocupacionales, comité (o supervisor) de Seguridad y Salud en el Trabajo, Registro de enfermedades ocupacionales), Planes y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Formación e información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Ergonomía (Sub materia: prevención de riesgos económicos). soft 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la evaluación medico ocupacional de retiro, tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la formación en seguridad y salud en el trabajo (periodo determinado), tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la prevención en riesgos ergonómicos, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

i. Que, ha cumplido con realizar los exámenes médicos ocupacionales, a los que se encontraba obligado. En relación al examen médico ocupacional de salida, solo es obligatorio a solicitud del trabajador; no obstante, en el presente caso, no consta solicitud alguna de la trabajadora que genere obligación alguna del BCP de la realización de dicho examen. Además, alega que cumplió con brindar las cuatro capacitaciones anuales correspondientes a todos sus trabajadores; pese a ello, en una oportunidad la trabajadora Bernal Walde se encontraba fuera de la oficina y que actúo apegado a sus deberes al elaborar el documento de prevención de riesgos ergonómicos. ii. Argumenta que la Resolución de Sub Intendencia no valoró las pruebas presentadas por el banco, las cuales acreditan que se capacitó a la señora Bernal Walde, que los inspectores de trabajo no otorgaron a la empresa tiempo suficiente para remitir toda la información, que las actuaciones inspectivas duraron tan solo un (1) mes y seis (6) días, así como se vulnerado el principio de licitud.

iii. La Sub Intendencia no consideró que la única forma de dejar de lado la presunción de licitud, es cuando la administración cuenta con medios probatorios idóneos que acrediten fehacientemente que la empresa cometió las infracciones por las cuales se pretende sancionar, lo que no ocurrió en el presente caso. Asimismo, consideran, que se vulneró el principio de culpabilidad, puesto que existe una falta de antijuridicidad de las supuestas conductas imputadas y no hay responsabilidad subjetiva.

i. Que, la orden de inspección 26-2021, tuvo plazo de investigación de 25 días hábiles, iniciando sus actuaciones con fecha 05/02/2021 y culminando el 11/03/2021, fecha en que se emite el Acta de infracción; en consecuencia, el inspector comisionado si realizó sus actuaciones inspectivas de investigación dentro del plazo otorgado, no determinándose lo contrario, conforme lo deja entrever la inspeccionada, por lo que, se evidencia que los plazos otorgados en las actuaciones inspectivas son proporcionales al plazo que el inspector tenía para desarrollar sus actuaciones inspectivas. ii. En el presente caso, no existe documento y/o prueba alguna que desvirtué lo constado por el inspector actuante, muy por el contrario, se determinó que la trabajadora afectada si solicito se realice el examen médico ocupacional de retiro, vulnerándose de esta manera lo estipulado al artículo 49°, literal d) de la LSST; y el artículo 101° literal a) y b) del Reglamento de la LSST. iii. Asimismo, no se identifica capacitación específica, teniéndose en cuenta los riesgos del puesto específico (PROMOTORES DE SERVICIOS), considerando la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos adjunta por el empleador en la etapa de investigación; de igual forma, la inspeccionada, respecto el periodo 2017, no acredita registro que evidencien 4 capacitaciones al año, asimismo las capacitaciones descritas en el año 2018 y 2019, no se encuentran orientadas en función al riesgo del puesto de la trabajadora afectada. iv. Bajo este contexto, la inspeccionada es plenamente responsable de las infracciones que se le imputan, puesto que con dichas omisiones ha vulnerado lo establecido en el artículo 35 letra “b” y articulo 49 letra “g” de la LSST, el artículo 50 literal “a” y “b”, y artículo 56° de la LSST, el artículo 49°, literal d) de la LSST; y el artículo 101° literal a) y b) del Reglamento de la LSST. v. Finalmente, no se advierte vulneración alguna al derecho de defensa ni al debido procedimiento, principio de legalidad, u otro principio alegado por la inspeccionada.

2 Notificada a la impugnante el 14 de febrero de 2022, véase folio 75 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 07 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0024-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del numeral 1.1. del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que regula el principio de legalidad; ya que la Intendencia no tuvo en consideración al momento de concluir que el BCP incurrió en la infracción tipificada en el 28.13 del RLGIT, la normativa respecto de la obligación de los empleadores de realizar exámenes médicos ocupacionales. ii. No se generó la obligación de realizar exámenes médicos ocupacionales de salida a la señora Bernal Walde, pues ella nunca presento solicitud alguna al BCP, lo cual fue corroborado con el departamento de Gestión y Desarrollo Humano del BCP. Por lo que, resulta sorprendente que la Intendencia confirme que existió una entrega notarial de dicha solicitud al BCP y por si fuera poco en el considerando 3.6 de la Resolución, haga mención a que dicha entrega notarial fue adjunta al expediente de la OI N° 702-2019 cuando se está en el expediente de la OI N°26-2021, careciendo de sustento lógico y jurídico confirmar la existencia de la entrega notarial de dicha solicitud. iii. Inaplicación del numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, que regula el principio de licitud, en la medida que la única forma en la cual la Administración puede dejar de lado la presunción de licitud es cuando cuenta con medios

probatorios idóneos, es decir la carga de la prueba le corresponde a la Administración. iv. La Intendencia pretende trasladar la carga de la prueba al BCP requiriéndole que desvirtué los hechos constatados por el Inspector de Trabajo. Lo cual no es responsabilidad del BCP, por si fuera poco en ningún momento el inspector de trabajo constato que la señora Bernal Walde solicito la realización del examen médico ocupacional de retiro. v. Motivación aparente, puesto que la intendencia convalido la multa propuesta sin justificación, ni mucho menos presento prueba alguna que dé cuenta de las razones mínimas que sustenten la decisión.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 10 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 11 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

“Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias”.

De la vulneración a los principios de legalidad y licitud 6.9 Es preciso señalar que, el principio de legalidad, como contenido del Derecho al Debido Proceso, constituye un límite a la facultad sancionadora del empleador; por lo que, las faltas y prohibiciones deberán estar debidamente tipificadas, prohibiéndose de este modo la aplicación por analogía de conductas reprochables.

Figura N°01:

LIMA en el considerando 3.6, hace referencia al al citar esta orden de inspeccise, debiendo desestimarse este argumento.

Sobre la presunta vulneración al principio de motivación de las resoluciones administrativas 6.20 Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre la infracción muy grave imputada 6.27 Por otro lado, se advierte del expediente inspectivo y del Acta de Infracción, que la impugnante, no cumplió con efectuar el examen médico de salida a la trabajadora denunciante. Lo dicho ha sido corroborado por el inspector en el numeral 5.1. del acta de infracción en cuanto señala: “no acredita registro que acredite el examen de retiro”. Por tal motivo, se le atribuyó a la impugnante, la comisión de la infracción tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT, el cual prevé lo siguiente:

“Artículo 28.- Infracciones muy graves de seguridad y salud en el trabajo Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 28.13 No cumplir con realizar los exámenes médicos ocupacionales y/o no cumplir con realizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la evaluación médico ocupacional de retiro

Numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar formación seguridad y salud en el trabajo (periodo determinado) Numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar prevención en riesgos ergonómico Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-

TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, en contra de la Resolución de Intendencia N° 0024-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 569-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 0024-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

20221108JCR