Banco de Crédito del Perú — Res. 1042-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Subgrupo materia: Asignaciones).

el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la asignación familiar de los perí odos de mayo 2018 hasta el 06 de diciembre de 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificado con fecha 10 de junio de 2022 y debió cumplirse en fecha 16 de junio de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Sostiene, que la resolución apelada vulneró el principio del debido procedimiento, al no haberse respetado las garantías mínimas que le asisten. Asimismo, alega una vulneración al principio de confianza legítima, argumentando que la decisión cuestionada contradice actuaciones inspectivas anteriores y sentencias del Poder Judicial que, en casos similares, reconocieron que cumplió con el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones y beneficios sociales. Precisa además que, en varias ocasiones, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL ya lo había fiscalizado sin hallar infracciones, incluso verificando que tanto el haber básico como la asignación familiar estaban correctamente detallados y pactados contractualmente como parte de la remuneración fija mensual. ii. Señala que existen decisiones judiciales que convalidan la modalidad de pago adoptada por la impugnante. Cita el Expediente N° 418-2022-0-2301-JR-LA-01, donde la Sala Laboral Permanente confirmó que una trabajadora percibió adecuadamente la asignación familiar, y el Expediente N° 00038-2022-0-2008-JM-LA- 01, en el cual se declaró infundada la demanda presentada por otra trabajadora. iii. También, advierte la vulneración del principio de legalidad, ya que el personal inspectivo habría emitido una medida inspectiva de requerimiento, sin haber verificado previamente la existencia de una infracción. Además, se sostiene que se vulneró el principio de tipicidad, dado que la conducta atribuida a la impugnante no califica como infracción. iv. Finalmente, se invoca el principio de presunción de licitud, señalando que no se acreditó la comisión de una infracción, toda vez que la extrabajadora percibió todos

sus conceptos remunerativos conforme al contrato de trabajo y a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

i. Manifiesta que, el pago de la asignación familiar ostenta un carácter social y su entrega se encuentra vinculada únicamente al favorecimiento de los hijos del trabajador (manutención), no siendo una contraprestación que conlleve la posibilidad de sujetarla a ningún tipo de descuento, más aún si la Ley N° 25129 – Ley que dispone que los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de Asignación Familiar– no establece la posibilidad de realizar pagos proporcionales a favor de los trabajadores con derecho al beneficio; por tanto, si el trabajador acredita tener derecho a dicho pago, el empleador se encuentra en la estricta obligación de cumplir con el pago íntegro del beneficio materia de análisis. ii. En el caso concreto, en las boletas de pago consta que el concepto de asignación familiar es otorgado como parte de la remuneración habitual del trabajador, es decir, en la boleta de pago se consigna un concepto remunerativo descrito como asignación familiar que forma parte de la remuneración mensual del trabajador. En consecuencia, se vulnera lo establecido en el artículo 1 y 2 de la Ley N° 25129– Ley que dispone que los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de Asignación Familiar–, así como los artículos 3,4,5 y 6 del Decreto Supremo N° 035-90-TR; por lo que, a todas luces no se cumple con el pago de la asignación familiar. iii. Precisa que, si bien no existe norma que impida que el empleador otorgue mayores beneficios a sus trabajadores; sin embargo, ello no implica que pueda denominar dicho beneficio económico como una de asignación familiar establecida en la Ley N° 25129 – Ley que dispone que los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de Asignación Familiar–, pues no puede variar la naturaleza de aquellos plasmados en la ley. La asignación familiar que aduce la impugnante no es beneficio regulado por el ordenamiento jurídico, más es evidente que

2 Notificada al impugnante el 07 de julio de 2023.

sería un acto de liberalidad, constituyendo un componente remunerativo habitual y no se otorga en función a la carga familiar de cada trabajador –si tienen o no hijos–; por ende, no puede pretender que ello se encuentre regulado en la Ley N° 25129 – Ley que dispone que los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de Asignación Familiar–. iv. Se descartó que la actuación inspectiva vulnere los principios de tipicidad y legalidad, toda vez que la conducta infractora se encuentra expresamente prevista en el artículo 24.4 del RLGIT como infracción grave. v. Por tanto, el pronunciamiento de la Autoridad Administrativa concluye que el empleador no cumplió con abonar la asignación familiar de manera autónoma y conforme a derecho, configurándose una infracción grave en materia de relaciones laborales por no otorgar este beneficio a quien sí le correspondía legalmente. vi. De otro parte, indica que no se encuentra obligada a seguir las posiciones de otros inspectores de trabajo, máxime si considera razones suficientes para sustentar su posición, las cuales han sido debidamente desarrolladas. vii. En cuanto a la medida inspectiva de requerimiento, de acuerdo al estudio de los actuados en la Orden de Inspección y procedimiento sancionador, es determinante que la impugnante se encontraba en la obligación de acreditar el cumplimiento del pago de la asignación familiar correspondiente; en consecuencia, debe tenerse en claro que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, conforme el artículo 14 del LGIT. Sin embargo, no cumplió con lo solicitado dentro del plazo otorgado. viii. Respecto de la proporcionalidad y razonabilidad de la multa, precisa que la determinación de la multa no se encuentra sometida al libre albedrío del personal inspectivo o de la autoridad sancionadora. De conformidad con los principios que rigen la actividad sancionadora de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, se tiene que en el Título IV del RLGIT hace referencia a que en el RLGIT se encuentran regulados los criterios de graduación de sanciones, eximentes de sanción, la cuantía y aplicación de las sanciones, etc.; por lo que, concluye que tanto las conductas infractoras como las sanciones se encuentran previamente determinadas y, en modo alguno responden a apreciaciones subjetivas y pueden ser consideradas como arbitrarias. ix. Finalmente, indica que no advierte vulneración alguna al debido procedimiento, principio de legalidad u otro principio alegado. En ese sentido, concluye que no resulta cierto que la resolución apelada adolece de una debida motivación; toda vez que, existe una clara correspondencia entre los hechos constatados y las normas jurídicas infringidas, menos que se hayan inobservado los principios que rigen la potestad sancionadora. El inferior en grado realizó el cálculo de la multa a imponer basado en el artículo 38 de la LGIT; asimismo, observa que, en estricto cumplimiento a los principios ordenadores del derecho, no ha dejado en estado de indefensión a la impugnante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión-. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, Artículo 14 y Decreto Supremo N°004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, Artículo 14.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco De Credito Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Aplicación errónea del artículo 14 de la LGIT: La medida inspectiva de requerimiento fue emitida de manera ilegal, debido a que solo puede ser adoptada y emitida en el escenario en el que, concluidas las actuaciones inspectivas de investigación, se tenga la certeza de estar frente a un incumplimiento de naturaleza subsanable. En el caso concreto, el personal inspectivo solicitó que se acredite el pago de la asignación familiar y, en respuesta ello, cumplieron con remitir

documentación que acreditaba el cumplimiento del pago requerido. Sin embargo, pese a la documentación remitida, el personal inspectivo concluyó en el incumplimiento, conforme el punto 4.11 de los hechos constatados del Acta de Infracción. ii. En ese sentido, se emitió una medida inspectiva de requerimiento sin acreditar la existencia de una infracción tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, es decir, no acreditó que no cumplieron con el pago de la asignación familiar, pese a que enviaron las boletas de pago y constancias de depósito de dicho pago, conforme el punto 4.6 de los hechos constatados del Acta de Infracción. Pese a lo anterior, el personal inspectivo decide emitir una medida inspectiva de requerimiento, sin explicar el motivo por el cual no consideraba válido el pago de la asignación familiar. iii. También, sostiene que cumplieron con pagar íntegramente la asignación familiar, toda vez que, en la resolución impugnada se reconoce que en las boletas de pago se consigna el pago de la asignación familiar de la ex trabajadora , conforme el punto 3.11 que textualmente dice: “Que dé realizado un estudio de los documentos aportados por el inspeccionado, se puede determinar que, efectivamente el concepto de “asignación familiar” que consta en las boletas de pago, es otorgada como parte de la remuneración habitual del trabajador; es decir, en la boleta de pago se consigna un concepto remunerativo descrito como asignación familiar que forma parte de la remuneración mensual del trabajador”. iv. Precisa que, acorde al contrato de trabajo a plazo indeterminado, se pactó con la extrabajadora una remuneración mensual que incluía los conceptos de remuneración fija, asignación familiar y remuneración mensual. Esto se ve reflejado en su boleta de pago, donde se detalla la remuneración fija y la asignación familiar. Siendo así, esta forma de realizar el pago de la asignación familiar no va en contra de lo establecido en la ley, pues cumple con lo establecido en el punto 3.6 de la resolución impugnada. v. Inaplicación del numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG (vulneración al debido procedimiento): Las graves deficiencias que contiene la resolución impugnada son las siguientes: − Inaplicación del numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG: Se incurre en error al señalar que no han cumplido con otorgar el 10% adicional del salario como concepto de asignación familiar, conforme el punto 3.12 de la resolución impugnada. Sin embargo, de conformidad con las boletas de pago, se puede identificar que sí han cumplido con otorgar dicho beneficio; por lo que, se cuestionan cuál es lo incorrecto en el pago de la asignación familiar, máxime si dicho pago se encuentra alineado a la normativa laboral vigente. − Esta forma de pago de la asignación familiar ya ha sido avalada por el Poder Judicial y por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. Si bien la segunda instancia ha indicado que tiene autonomía para resolver, los criterios no deberían ser tan distantes entre ellos. Mediante el expediente N° 418-2022-0-2301-JR-LA-01, proceso seguido por una trabajadora, ante el primer juzgado de trabajo y, seguidamente por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna declararon infundada la demanda. En efecto, las instancias precisan que, mediante el contrato de trabajo el empleador y trabajador pueden regular la relación jurídica que genera dicho acuerdo de voluntades, así como que se enfatiza que no existe normativa que impida al empleador efectuar el pago de la asignación familiar a través de un pago extensivo.

− Por otro lado, diversas intendencias de la SUNAFIL han concluido que la modalidad de pago de la asignación familiar es válida. Siendo así, hacen referencia a la Orden de Inspección N° 907-2022-SUNAFIL/IRE-LIM (Intendencia Regional de Lima), Orden de Inspección N° 2800-2020-SUNAFIL/IRE-LIB (Intendencia Regional de La Libertad), Orden de Inspección N° 2785-2020- SUNAFIL/IRE-PIU, N° 2786-2020-SUNAFIL/IRE-PIU y N° 2787-2020-SUNAFIL/IRE- PIU (Intendencia Regional de Piura). Así, conforme a lo resuelto en diversas inspecciones sobre la misma materia, la modalidad de pago de la asignación familiar es válida y es una práctica más beneficiosa para los trabajadores. − En cuanto a que la resolución impugnada señala que no es válido que se incluya dentro o parte de la remuneración total a la asignación familiar, se cuestionan sobre la base legal que la prohíbe. Sin embargo, en ninguna parte de sus argumentos se menciona alguna norma que prohíba a los empleadores realizar este tipo de pago. En consecuencia, en el presente caso, el personal inspectivo pretendía que se le acredite un pago que ya se había realizado y jamás indicó el motivo por el que dicho pago no podía ser válido. Por tal motivo, ha quedado demostrado que tanto la primera como la segunda instancia se han limitado a manifestar, de forma genérica, que no han cumplido con el pago, sin analizar exhaustivamente la normativa laboral vigente y desacredita sus argumentos sin tener sustento jurídico para ello. vi. Inaplicación del principio de tipicidad: Se avala que se pretenda sancionar por no cumplir con una obligación que ya había sido cumplida. En efecto, cumplieron oportunamente con realizar el pago de la asignación familiar, conforme las boletas y constancias de depósito, siendo el medio probatorio idóneo con el que se podía acreditar el pago y, si hubiera existido otro medio, el personal inspectivo debió solicitarlo expresamente. La primera y la segunda instancia no ha logrado desacreditar los pagos de la asignación familiar, habiendo argumentado que la forma en cómo se pagó no era la correcta, sin sustento jurídico alguno; por lo que, se evidencia que no se ha revisado exhaustivamente el caso, tipificando la infracción de manera incorrecta, lo cual vulnera el principio de tipicidad y derecho de defensa. vii. Inaplicación de los principios de licitud y verdad material: El principio de presunción de licitud se encuentra estrechamente ligado con el principio de verdad material; además, hace referencia a la Resolución de Sala Plena N° 001-2023- SUNAFIL/TFL. En el caso concreto, pese a que es una obligación de la Intendencia justificar y probar debidamente la existencia de infracciones para poder imputar y sancionar a una empresa, se presume que no se ha realizado un pago correcto de la asignación familiar. Por tanto, se deberá tener en cuenta los argumentos expuestos y pruebas presentadas a lo largo del presente procedimiento administrativo sancionador.

viii. Finalmente, en ejercicio a su derecho a la contradicción, derecho de defensa, así como de presentar y producir pruebas, solicitan el uso de la palabra por ser su derecho.

i. A través del referido escrito, la impugnante hace referencia a que el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la Resolución N° 496-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y la Resolución N° 461-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, validó el pago de la asignación familiar realizado por la empresa. En dichas resoluciones se confirma que la orden de inspección tenía como fin verificar dicho pago, el cual fue efectivamente realizado, concluyéndose que la infracción vulnera el principio del debido procedimiento. Por ello, solicita que se declare la nulidad de la resolución impugnada o, en su defecto, se revoque la multa. ii. Por otro lado, solicita que se considere lo resuelto en sede judicial, específicamente en la Casación Laboral N° 55323-2022-TACNA, donde se concluyó que la empresa cumplió con el pago de la asignación familiar y que el trabajador busca un doble pago ya otorgado desde el inicio del vínculo laboral. Asimismo, el expediente N° 038-2022-0-2008-JR-LA-01 confirmó que las remuneraciones, incluida la asignación familiar, fueron pagadas oportunamente, figurando como conceptos separados en las boletas de pago, conforme a un acuerdo expreso entre la empresa y la trabajadora. iii. De otra parte, solicita se tenga presente lo resuelto por la autoridad sancionadora e inspectiva. Así, se hace mención de la Resolución de Intendencia N° 112-2024 de la Intendencia de Moquegua, mediante la cual se resuelve que la empresa cumplió con el pago de la asignación familiar. De igual forma, diversas intendencias de la SUNAFIL han concluido que la modalidad de pago de este beneficio es válida (Orden de Inspección N° 2800-2020-SUNAFIL/IRE-LIB y Orden de Inspección N° 2787-2020-SUNAFIL/IRE-PIU).

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento 6.12. El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 11 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) 6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis añadido).

sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

12 Danós Ordoñez, Jorge. “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones “que causan estado”. En: Ius et Veritas. Año 9, Nº 16. Lima, junio, 1998, pp. 209- 210, señala que: “(...) acto administrativo que “causa estado” es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la Administración, constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, (...) por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial.

documentación idónea el cumplimiento, bajo los términos especificados por el personal inspectivo.

FIGURA N° 01:

manera general y situaciones donde ello perjudica a quienes sí tienen derecho exclusivo a ese beneficio, lo cual podría constituir una infracción si está expresamente tipificada como tal. De lo contrario, se corre el riesgo de sancionar conductas que no están prohibidas, más aún si todo lo que no está prohibido por ley está permitido.

13 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

precedente vinculante; por lo que, sólo tiene efecto para las partes involucradas en el caso concreto.

Artículo 22.- Precedentes de observancia obligatoria Los pronunciamientos de la Sala Plena que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia constituye precedentes de observancia obligatoria para las entidades del Sistema cuando así se precise expresamente, siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario. Cuando el Tribunal resuelva apartándose de un precedente anterior, modificándolo o revocándolo, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la resolución y las razones del apartamiento.

Para dichos efectos se deberá contar con mayoría calificada. Artículo 23.- Publicación de resoluciones y de los precedentes de observancia obligatoria Sin perjuicio de su notificación al impugnante, el texto íntegro de las resoluciones y de los precedentes de observancia obligatoria que emita el Tribunal se publica obligatoriamente en el portal institucional de la SUNAFIL. Los precedentes de observancia obligatoria además se publican en el Diario Oficial El Peruano, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida. La publicación en el Diario Oficial El Peruano de los precedentes de observancia obligatoria se hace dentro de los quince (15) días hábiles de expedidos, bajo responsabilidad del Titular de la SUNAFIL.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales No acreditar el pago de la asignación familiar de los per íodos mayo 2018 hasta el 06 de diciembre de 2021.

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el BANCO DE CREDITO DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 109-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 05 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Lima dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 341-2022- SUNAFIL/IRE-LIM , por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Subintendencia N° 191-2023-SUNAFIL/IRE-LIM/SISA, de fecha 12 de mayo de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 109-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva , tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT .

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al BANCO DE CREDITO DEL PERU, y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250813SPDC- HR 5853-2022