Banco Bbva Perú — Res. 382-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Bonificación (Sub materia: incluye todas), Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones y horas extras), Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones), y, Registro de control de asistencia (sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber otorgado 9 de los 30 días de descanso físico vacacional que le correspondieron hacer efectivos a la recurrente Correa Briones Alicia Gisella, correspondientes al récord del 19.09.2016 al 18.09.2017, dentro del plazo legalmente establecido en el artículo 23° del D. Leg. 713, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el íntegro de la medida inspectiva de requerimiento, debidamente notificada, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Como se puede advertir, la norma indica que el descanso vacacional debe gozarse hasta antes de cumplir un año adicional, en el caso en concreto, el periodo en cuestión es setiembre 2016- setiembre 2017.Ahora bien, la denunciante ingresó a prestar servicios a favor de su representada el 19 de setiembre del año 2011, por lo tanto, los días 18 de setiembre de cada año significan un nuevo cómputo para cada periodo vacacional. En el presente caso, solo se cuestiona el periodo 2016-2017, por lo tanto, la fecha máxima para gozar de vacaciones del referido periodo terminó el 18 de setiembre del año 2018.De autos se desprende que la denunciante inició el goce vacacional el 13 de setiembre de 2018, es decir, antes de la fecha máxima (18 de setiembre de 2018); y la inspección de trabajo les sanciona pues 9 días fueron gozados fuera de la fecha máxima, sin embargo, debe tenerse presente que el goce de todo el bloque vacacional inició dentro del plazo y no fuera de este, por lo tanto, el inicio del disfrute fue dentro del año siguiente a aquél en el que adquirió el derecho. En ese sentido, consideramos que la interpretación correcta del artículo 23 del Decreto Legislativo 723 es que el inicio del goce debe ser antes del tope máximo, indistintamente, si algunos días cayeron después de este (en el caso en concreto 9 días).Como señala la propia norma, la indemnización

corresponde solo en caso no se disfrute el descanso vacacional dentro del año siguiente respecto del cual se obtuvo el derecho, y en este caso, la recurrente sí hizo efectivo su descanso vacacional de forma oportuna, siendo que el inicio de sus vacaciones se dieron dentro de dicho periodo y el hecho de que el mismo culmine fuera del periodo se debe a la propia decisión de la recurrente quien programó de esa forma sus vacaciones. En consecuencia, no procede la multa interpuesta, pues no incumplieron con la normativa respecto de las vacaciones de la denunciante. ii. Sobre el requerimiento efectuado por la autoridad inspectiva. Al respecto, ello se traduce en que con fecha 6 de julio de 2022 fueron instados a cumplir con el pago de la indemnización vacacional en un plazo máximo de 4 días hábiles de notificada la citada resolución. Sin embargo, y como puede verse de lo expresado en el punto anterior, su parte viene sosteniendo que sí ha cumplido con otorgar el descanso vacacional a la recurrente dentro del plazo legalmente previsto para ello. En ese sentido, resulta un despropósito que se multe al BBVA por no cumplir con una Medida de Requerimiento que justamente consiste en reconocer algo que contraviene lo que ha venido sosteniendo a lo largo del presente procedimiento inspectivo: el pago oportuno del derecho a goce vacacional por el período 2016-2017.En tal sentido, consideran que la multa por no haber cumplido una solicitud de requerimiento carece de razonabilidad y competencia, cuando la decisión y exigencia no devienen de un funcionario público con las facultades para emitir actos administrativos ni del Poder Judicial.

i. Existe un criterio reiterado y uniforme, respecto al pago de la indemnización vacacional, inclusive en aquellos casos en el que el trabajador haya hecho disfrute extemporáneo de su descanso vacacional, que no puede ser desconocido por la inspeccionada, alegando que habría otorgado solo parte del descanso vacacional dentro del año siguiente del señalado por ley y la diferencia fuera de dicho periodo (09 días), como se ha dejado constancia en el Acta de Infracción. ii. Siendo así, de conformidad con el principio de legalidad, esta instancia no puede interpretar dicho dispositivo legal en el sentido propuesto por la inspeccionada, en tanto ello no se puede desprender del tenor de lo establecido por el legislador, ya que la norma en mención y la jurisprudencia señala claramente que el descanso vacacional de manera íntegra se realiza dentro del año siguiente en que se adquirió el derecho y no que parte de ella (09 días) hayan sido otorgadas en forma extemporánea, aunado a ello

2 Notificada a la impugnante el 24 de octubre de 2022.

que el tiempo de reposo para recuperar el desgaste físico y tener un tiempo de esparcimiento se ve mermado mucho más allá del periodo anual siguiente en que se adquirió el derecho, careciendo de sustento lo esgrimido por la inspeccionada en este extremo de su recurso de apelación, debiendo confirmarse la sanción referida a esta materia. iii. De la revisión del expediente de actuaciones inspectivas, se verificó que el Inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento el 06 de junio de 2022, otorgando el plazo de (04) días hábiles para que la inspeccionada proceda a subsanar el incumplimiento detectado, a favor del trabajador afectado, sin embargo, la inspeccionada no acreditó el cumplimiento de la referida medida inspectiva, en consecuencia debe confirmarse la sanción establecida en la resolución venida en grado de apelación en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Banco Bbva Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 160-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes fundamentos:

i. Consideran que existe un error al momento de citar las casaciones de la referencia e interpretación del artículo 23 del Decreto Legislativo 713, ello debido que las casaciones citadas indican que en los casos de no gozar en forma oportuna del descanso vacacional

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

corresponde la indemnización vacacional, pero no están referidas al caso en concreto, es decir, no se pronuncia respecto del momento exacto en el cual se deba gozar de las vacaciones para no generar indemnización, es decir, la jurisprudencia citada no establece que si durante las vacaciones, iniciadas dentro del periodo pero que terminan fuera del mismo, se genere indemnización vacacional. ii. Reitera que ha existido una interpretación errónea del mencionado artículo ya que el goce inició dentro del plazo que da la norma. iii. Como se puede advertir, la norma indica que el descanso vacacional debe gozarse hasta antes de cumplir un año adicional, en el caso en concreto, el periodo en cuestión es setiembre 2016- setiembre 2017. iv. Ahora bien, la denunciante ingresó a prestar servicios a favor de su representada el 19 de setiembre del año 2011, por lo tanto, los días 18 de setiembre de cada año significan un nuevo cómputo para cada periodo vacacional. En el presente caso, solo se cuestiona el periodo 2016-2017, por lo tanto, la fecha máxima para gozar de vacaciones del referido periodo terminó el 18 de setiembre del año 2018. v. De autos se desprende que la denunciante inició el goce vacacional el 13 de setiembre de 2018, es decir, antes de la fecha máxima (18 de setiembre de 2018); y la inspección de trabajo los sanciona pues 9 días fueron gozados fuera de la fecha máxima, sin embargo, debe tenerse presente que el goce de todo el bloque vacacional inició dentro del plazo y no fuera de este, por lo tanto, el inicio del disfrute fue dentro del año siguiente a aquél en el que adquirió el derecho. En ese sentido, consideramos que la interpretación correcta del artículo 23 del Decreto Legislativo 723 es que el inicio del goce debe ser antes del tope máximo, indistintamente, si algunos días cayeron después de este (en el caso en concreto 9 días). vi. Como señala la propia norma, la indemnización corresponde solo en caso no se disfrute el descanso vacacional dentro del año siguiente respecto del cual se obtuvo el derecho, y en este caso, la recurrente sí hizo efectivo su descanso vacacional de forma oportuna, siendo que el inicio de sus vacaciones se dio dentro de dicho periodo y el hecho de que el mismo culmine fuera del periodo se debe a la propia decisión de la recurrente quien programó de esa forma sus vacaciones. vii. Con fecha 6 de julio de 2022 fueron instados a cumplir con el pago de la indemnización vacacional en un plazo máximo de 4 días hábiles de notificada la citada resolución. Sin embargo, y como puede verse de lo expresado en el punto anterior, viene sosteniendo que sí ha cumplido con otorgar el descanso vacacional a la recurrente dentro del plazo legalmente previsto para ello. En ese sentido, resulta un despropósito que se multe al BBVA por no cumplir con una Medida de Requerimiento que justamente consiste en reconocer algo que contraviene lo que ha venido sosteniendo a lo largo del presente procedimiento inspectivo: el pago oportuno del derecho a goce vacacional por el período 2016-2017. viii. En tal sentido, considera que la multa por no haber cumplido una solicitud de requerimiento carece de razonabilidad y competencia, cuando la decisión y exigencia no

devienen de un funcionario público con las facultades para emitir actos administrativos ni del Poder Judicial.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el pago de las vacaciones e indemnización vacacional 6.1 De los actuados se verifica que, la inspectora comisionada dejó constancia en el numeral 4.7 de los hechos constatados del Acta de Infracción que la Inspeccionada, con relación al descanso físico vacacional que ha sido otorgado respecto al período laborado precisado en el cuadro, no acreditó haber pagado la indemnización correspondiente respecto al número de días de descanso físico que fueron otorgados con posterioridad al período dentro del cual la inspeccionada debió otorgar el descanso físico.

a) Una remuneración por el trabajo realizado; b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo.

El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago.

acreditado el pago íntegro de la indemnización vacacional, la infracción imputada se mantiene.”

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

Figura N° 01

descanso físico vacacional no otorgado en la oportunidad que correspondía, por lo tanto, no se acreditó la reversión del incumplimiento mencionado en el Acta en relación a la materia vacaciones.

Sobre la solicitud de uso de la palabra 6.28 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten9 (énfasis añadido).

9 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No haber otorgado 9 de los 30 días de descanso físico vacacional que le correspondieron hacer efectivos a la recurrente Correa Briones Alicia Gisella, correspondientes al récord del 19.09.2016 al 18.09.2017, dentro del plazo legalmente establecido en el artículo 23° del D. Leg. 713. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con el íntegro de la medida inspectiva de requerimiento, debidamente notificada. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por BANCO BBVA PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 160-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 281-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 160-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a BANCO BBVA PERU, y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240417MLA