Banco Azteca del Perú S.A — Res. 527-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones Colectivas (Sub materia: Convenios Colectivos). 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el literal d) de la cláusula segunda del Convenio Colectivo de trabajo 2016-2017, en perjuicio de Anthony Joshimar Núñez Correa, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,467.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 12 de diciembre de 2017, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,112.50.

i. La resolución apelada es nula por vulnerar los principios de verdad material y presunción de veracidad, toda vez que la autoridad inspectiva concluye que no ha hecho entrega de la motocicleta con placa C51370 en cumplimiento del “CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 2016-2017”, al extrabajador Anthony Núñez Correa, cuando el deber de probar la infracción recae en la autoridad inspectiva. ii. Ha hecho entrega de la motocicleta al extrabajador Anthony Núñez Correa; sin embargo, la autoridad inspectiva ha desestimado sus afirmaciones, cuando debió considerarlas apegadas a la realidad por el principio de presunción de veracidad. iii. A lo largo de todo el procedimiento administrativo sancionador, se ha vulnerado el principio de verdad material al no comprobar la ocurrencia de la supuesta falta que motiva la sanción. iv. En el momento mismo que se hizo entrega de la motocicleta al extrabajador, la transferencia se entiende perfeccionada, no siendo necesaria la realización de una diligencia adicional para que dicha transferencia exista y sea válida. v. AI no existir infracción al ordenamiento sociolaboral, no resulta exigible que la inspeccionada cumpla con un requerimiento que, justamente, buscaba el cese de una infracción inexistente.

2 Notificada a la impugnante el 23 de setiembre de 2021, véase folio 81 del expediente sancionador.

i. De la revisión de autos, no obra documentación que acredite que la inspeccionada efectuó la transferencia de la propiedad del vehículo automotor con placa N° C51370, a favor del ex trabajador afectado, conforme lo establece el artículo 947 del Código Civil, esto es, con la tradición (entrega física), ya que ni en las actuaciones inspectivas ni durante el procedimiento sancionador se ha evidenciado la posesión del extrabajador afectado sobre la motocicleta de placa N° C51370, ni la suscripción del acta de transferencia vehicular por vía notarial y con solicitud de inscripción registral, por lo menos (entrega ficta). ii. La inspeccionada ha presentado la Carta Notarial, de fecha 14 de abril de 2021, diligenciada el 17 de abril de 2021, que requiere el apersonamiento al extrabajador afectado a las oficinas de la inspeccionada con la finalidad de formalizar la transferencia de la motocicleta YAMAHA, de placa C51370; sin embargo, la falta de respuesta de dicha carta notarial por el señor Anthony Joshimar Núñez Correa, en modo alguno, enerva su responsabilidad en tanto no acredita la transferencia de la propiedad de la motocicleta, que debió ser realizada en forma diligente a fin de evitar futuras contingencias en su formalización tras el cese de la relación laboral. iii. Los inspectores actuantes han hecho lo necesario para determinar la comisión de la infracción, tanto más si se exhibió la tarjeta de identificación vehicular emitida por SUNARP y el Certificado de Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito - SOAT 2016, donde se evidencia que la propiedad aún se encuentra con la denominación de la inspeccionada. Por ende, no se puede sostener que no la autoridad inspectiva no haya agotado todo lo que esté a su alcance para determinar la infracción, por lo cual no se incurre en una vulneración al principio de verdad material. iv. No se vulnera el principio de presunción de veracidad, ya que para el presente caso no basta presentar cualquier documentación o una mera declaración para acreditar que se ha cumplido con la transferencia de propiedad de la motocicleta. v. Dado que la inspeccionada tampoco acreditó durante el procedimiento sancionador haber cumplido lo requerido a través de la citada medida inspectiva de requerimiento, antes de la notificación de la imputación de cargos; corresponde confirmar la sanción impuesta por la infracción muy grave a la labor inspectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1494-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Aplicación errada del artículo 14 de la Ley General de Inspección del Trabajo, el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo y el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ii. Cumplió con hacer entrega de la motocicleta señalada al extrabajador Anthony Joshimar Núñez Correa. Sin embargo, debido a diversos factores imputables a las partes (esto es, BAZ y el extrabajador), no se ha podido dejar constancia de la transferencia ante el registro correspondiente del bien mueble a favor del extrabajador. iii. Existe un deber de la Administración de cumplir con el principio de verdad material. iv. El inspector actuante no comprobó ni verificó la ocurrencia de una infracción, requisito indispensable para la emisión de cualquier medida de requerimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

9 Folio 73 del expediente inspectivo.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

10 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. 11 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones “que causan estado”. En: Ius et Veritas. Año 9, Nº 16. Lima, junio, 1998, pp. 209- 210, señala que: “(...) acto administrativo que “causa estado” es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la Administración, constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, (...) por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

doctrina administrativista, la motivación en las resoluciones puede ser satisfecha a través de “referencias ciertas y seguras”12, como ha ocurrió en el presente caso.

Información Adicional

N° Materia Presunta conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales

El sujeto inspeccionado no cumplió con el literal d) de la cláusula segunda del Convenio Colectivo de trabajo 2016-2017, en perjuicio de Anthony Joshimar Núñez Correa.

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR

GRAVE

12 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I. 14va. Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 246. 13 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Labor Inspectiva El sujeto inspeccionado no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12 de diciembre de 2017.

Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el BANCO AZTECA DEL PERU S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1494-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N°209-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1494-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución al BANCO AZTECA DEL PERU S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES